Por: Pablo Trujillo A.
@pablotrujilloa
Cuando oímos hablar del Catatumbo, tendemos a asociar esta región con la violencia desbordada que lo atropella, con las guerrillas que controlan este territorio y con el narcotráfico del que estas se abastecen. Sin embargo, poco se habla del abandono del Estado colombiano en esta región marginada y solitaria como la raíz de los problemas del Catatumbo.
Para entender la situación actual de esta subregión en el Norte de Santander, hay que remontarse a principios del siglo pasado, cuando en 1905 el gobierno de Rafael Reyes firmó los primeros acuerdos para la explotación petrolífera en lo que hoy son las poblaciones de El Tarra y Tibú. En la medida que el petróleo adquiría más utilidad y valor, los gobiernos siguieron concediendo una explotación acelerada y agresiva del petróleo en esta región. Si bien había bonanza, prosperidad económica y ganancias, en el Catatumbo nunca se vieron reflejadas las regalías y beneficios económicos, que pasaban directo de los enclaves extranjeros a Bogotá. El Estado se olvidó de la gente y permitió que las empresas, en su mayoría petroleras ejercieran el papel del Estado, que para los años 40 ya poco se aparecía por el Catatumbo.
La segunda mitad de los años 70 se vio marcada en su mayoría por el crecimiento de las guerrillas. Las FARC avanzaron con ritmo vertiginoso hacia el oriente del país, siendo la primera fuerza guerrillera dominante en el Catatumbo, seguida por el ELN que también empezaba a incurrir en la zona. El Catatumbo era y sigue siendo un territorio neurálgico para las guerrillas por su lejanía al Estado central y la institucionalidad, y su cercanía a los vulnerables capitales extranjeros que fueron saboteados y atacados sistemáticamente por las guerrillas. El ejército intervino a finales de la década del 70 en un intento por sacar a las guerrillas del Catatumbo, pero los esfuerzos fueron en vano, ante la falta de presencia del gobierno, los grupos armados se habían convertido en amos y señores en gran parte del Catatumbo formando un Estado paralelo donde la ley y el orden habían quedado en manos de la insurgencia.
Para agravar el asunto, llegó el auge del narcotráfico, al que las guerrillas se sumaron gradualmente hasta convertirse en jefes del narcotráfico en el oriente del país. El Catatumbo es tal vez el sitio soñado para cualquier guerrilla que participe en el narcotráfico; como ya fue mencionado, el Estado pocas veces hace presencia en formas diferentes a las fuerzas armadas, la cercanía a la Costa Atlántica permite una salida ágil para la mercancía ilegal, y sumado a esto, es una zona de frontera que, a pesar de su importancia, nunca se ha custodiado con el rigor necesario.
Desde los años ochenta se han presentado altos y bajos en la disputa por el Catatumbo tanto entre las guerrillas como con el Estado, nunca mediando soluciones que trascendieran lo militar. Los cultivos ilícitos crecían, la dictadura en Venezuela debilitó aún más la frontera, abriendo las puertas del vecino país como un refugio para los grupos ilegales, ya dedicados a tiempo completo al narcotráfico, la lucha por territorios y el sabotaje a la industria petrolera, de la cual el ELN saca el mayor provecho al instalar válvulas para el robo del crudo que pasa por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que además ha sido objeto de cientos de ataques con explosivos perpetrados por las guerrillas. No hace falta mencionar las incoherencias de estos grupos ilegales cuando de petróleo se trata: es evidente que las causas socialistas las sacrificaron cuando advierten que de la droga y el petróleo son sus mejores posibilidades para la subsistencia económica.
El Catatumbo se le salió de las manos al Estado cuando le confió su autoridad como garante y protector de los derechos las multinacionales que hoy siguen explotando los recursos de la región. El Estado cedió su responsabilidad y su autoridad a esas empresas, y permitió el espacio propicio para que los grupos al margen de la ley se robaran esa autoridad. El interrogante que surge ahora es ¿cómo recuperamos al Catatumbo? ¿Aún estamos a tiempo para emprender la lucha política, social y militar? ¿El Estado colombiano perdió la autoridad? Y si es así, ¿A quiénes rinden obediencia sus habitantes?
Tras la firma de los acuerdos de La Habana, la lucha por el territorio se exacerbó mientras los grupos al margen de la ley se codean por la custodia del territorio, los cultivos ilícitos y todo lo que alguna vez era controlado por las extintas FARC, que dejaron atrás disidencias y paradójicamente, un enorme vacío de poder. En este escenario la presencia de las fuerzas del Estado es por supuesto, muy importante para conservar el orden público y mantener en cintura a los actores armados -cada vez más dispersos- que ponen en peligro a la población; pero con ejército no solucionamos el problema de fondo: la desigualdad y la marginación que sufre el Catatumbo y que origina los problemas de orden público ya mencionados
La implementación juiciosa del Acuerdo de Paz es fundamental para sacar al Catatumbo y a sus habitantes del socavón en el que se encuentran. Fortalecer la economía del Catatumbo debe ser lo primero; ofrecer alternativas y salidas a la siembra ilegal le quita trabajadores al narcotráfico y aprovecha las cualidades geográficas y topográficas que el Catatumbo ofrece para la agricultura. El Estado es el único con la capacidad, pero también con el deber de proporcionar la infraestructura vial que conecte al Catatumbo con el resto del país, y de liderar un programa de inversión social que ofrezca las alternativas que la gente necesita para alejarse de las dinámicas del conflicto. En la inversión social como complemento de la confrontación militar está la clave para empezar a dejar atrás el conflicto.
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Enero, 2020.