La pandemia por la que actualmente está atravesando el mundo ha puesto en evidencia las realidades de inequidad en distintas esferas de la sociedad. Una de ellas ha sido en la educación, especialmente debido a las dificultades de acceso y conectividad de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en zonas rurales o cascos urbanos periféricos en el territorio colombiano. Sumado a ello, en el país las dificultades para alcanzar a esta población se profundizan debido a las constantes y cambiantes dinámicas del conflicto armado interno que no ha entrado en cuarentena.
Es necesario aclarar que si bien Colombia ha sido testigo de más de un acuerdo de paz[1] el conflicto armado interno permanece en las regiones, con distintas dinámicas y reconfiguración de actores. Como lo expresa el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su documento ¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad, “desentrañar las lógicas de la violencia contra la población civil es desentrañar también lógicas más amplias de la guerra: el control del territorio y el despojo de tierras (…) la victimización de las comunidades ha sido un objetivo en si mismo, pero también ha sido parte de designios criminales más amplios de los actores de la guerra” (pp. 15)
Por lo anterior, las declaraciones de la senadora Sandra Ramírez sobre las cuales afirma que las FARC-EP no reclutaron menores desconocen el contexto del país y no reconocen a las víctimas ni la realidad de los NNA del campo colombiano. Además, sin mencionar que, en su caso, el ingreso a las FARC-EP fue a la edad de 17 años[2]. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, un 87,5% de los departamentos del país presentan alertas de riesgo por reclutamiento de menores [3]. Además, el Registro Único de Víctimas reconoció que desde 1985, la cifra de menores reclutados por grupos armados ilegales es de un poco más de ocho mil menores, una realidad alarmante que no da tregua, pues cifras entregadas por la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) confirman que solo en el 2019 el número de menores reclutados ascendió a los doscientos.
Entonces, ¿por qué hablar de reclutamiento de menores a la luz de la calidad educativa? Mucho se ha hablado respecto al derecho a la educación en Colombia y hoy se habla sobre la necesidad de llegar con dispositivos y conectividad a quienes no tienen acceso a las clases virtuales que en sus instituciones educativas se han venido adelantando por la situación de emergencia sanitaria que se vive en el país. Y aunque resulta necesario llegar a estas regiones con conectividad, este tipo de medidas deben realizarse dentro del contexto y la realidad en la que viven los NNA que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en el país.
Las realidades del campo colombiano y de cascos urbanos pequeños o ubicados en límites periféricos contrastan con las de las grandes urbes. Las primeras se caracterizan por ser espacios profundamente impactados por la desigualdad social fruto de la violencia estructural del país y a su vez por dinámicas del conflicto armado interno como desplazamiento forzado, confinamiento y reclutamiento a menores. Ello, dificulta el acceso a servicios cobijados dentro de los derechos fundamentales como el de la educación. De ahí, que iniciativas como el proyecto de Escuelas Radiofónicas adelantada por la Acción Cultural Popular (ACPO) a finales de la década de los 40 en Boyacá sea tan representativa, pues puso en la opinión pública la precariedad educativa en estas zonas del país.
Y aun así, no dejan de surgir interrogantes como ¿por qué los menores están “disponibles” para el reclutamiento? ¿Por qué las cifras que han logrado obtener organismos como COALICO o las llegan a los cientos de niños reclutados en tan solo un año? ¿Cuáles son las condiciones socio-económicas bajo las cuales viven los NNA que terminan enlistados en estos grupos? ¿Podría la educación de calidad contribuir a mitigar el reclutamiento de menores en las regiones rurales y cascos urbanos periféricos de Colombia?
Si bien no se puede desconocer que históricamente las escuelas y su comunidad educativa (especialmente profesores y estudiantes) se han visto afectado por dinámicas propias de la violencia directa como afectaciones físicas y fuego cruzado, generando las condiciones para el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, no se puede desconocer el potencial que esta tiene como espacio físico y comunitario para la construcción de paz local y el empoderamiento de agentes fundamentales para la misma como lo son los NNA.
Vale la pena analizar casos internacionales como los de Ruanda y Sierra Leona que nos dan indicios sobre como las políticas para el posconflicto le apostaron a calidad educativa (formación docente, estructura curricular y pedagogías contextualizadas) que tuviera en cuenta los contextos locales y los impactos que el conflicto había tenido en cada uno de ellos para contribuir a mitigar las dinámicas violentas. Partieron del reconociendo de la educación como una herramienta de transformación de realidades sociales como la violencia estructural que alimenta los conflictos armados de estos países, así como el colombiano.
Por ejemplo, en Ruanda trabajaron con “4R’s”[4]: redistribución, reconocimiento, reconciliación y representación; cuatro aspectos que le permitieron al Ministerio de Educación diseñar su marco conceptual y teórico para adelantar reformas educativas contextualizadas y tendientes hacia la construcción de paz. Así, la educación rural trascendió del marco curricular académico, no porque este fuera menos importante, sino porque entendieron que debe ir de la mano de una priorización de la agencia del profesorado y los estudiantes, así como de la verdad y la reconciliación como elementos de calidad educativa fundamentales.
Es por esto que las declaraciones de la senadora Ramírez no pueden ser tomadas a la ligera, en especial por las denuncias recientemente realizadas por El Espectador sobre el silencio de los grupos armados ilegales frente al reclutamiento, pese a ser una práctica aún recurrente en el país. Más aún cuando en el artículo 2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera se expresa que “los delitos de lesa humanidad (…) la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma” no serán objeto de amnistía o indulto.
Por eso, cuando en el país se habla de mejorar la calidad educativa y se menciona que esta es un derecho de los NNA, no se debe olvidar que este servicio debe estar contextualizado dentro de un marco de posconflicto en medio de un conflicto aún vigente. Se debe entender como una herramienta que tiene el potencial de contribuir a mitigar algunas de las violencias estructurales que llevan a que los NNA terminen en manos de grupos armados ilegales, casi como si no tuvieran otra opción.
[1] M19 en 1990, en 1991 con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, en el 2005 con las Autodefensas Unidas de Colombia y en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), entre otros.
[2] Al respecto, es importante aclarar que la Corte Constitucional, mediante el auto 251 de 2008 afirmó que jurídicamente la voluntad del menor para el caso del reclutamiento es inexistente, razón por la cual se define como víctima del delito en mención.
[3] Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Defensoría del Pueblo
[4] Para más información ver: https://pdfs.semanticscholar.org/3499/e1cffebaa75e899d465d99a1c087c33bcfea.pdf
*Miembro Dirección de Construcción de Paz
