Por: Pablo Corredor
El buen momento para regular el cabildeo en Colombia
Hasta hoy, hemos fracasado intentado regular el lobby o cabildeo en innumerables veces. El primero en proponerlo en este siglo fue el entonces senador Germán Vargas Lleras, quien presentó seis veces un proyecto de ley en esta dirección. Vargas no ha sido el único, que durante su paso por el Congreso de la República ha tomado esta bandera, también es importante resaltar la labor que hizo en esta materia el entonces senador Carlos Fernando Galán entre los años 2014 y 2018.
Pese a los muchos intentos existentes, esto ha sido una tarea titánica y esquiva y siempre que ha surgido la discusión, se destapan sectores opositores, no se presenta una real voluntad política de los gobiernos de turno y existe sin duda una oposición férrea de ciertos intereses que bien se pueden ver en cabilderos y congresistas que ven importante mantener su relación existente sin que un tercero regule o supervise esta situación.
Como se puede ver, el escenario nunca ha sido el propicio para adelantar y conseguir la regulación del cabildeo en Colombia. Sin embargo, existen una serie de razones que nos permite considerar que la regulación de esta práctica puede estar hoy más cerca que antes.
En primer lugar, la razón más fuerte para considerar que la regulación del lobby en Colombia puede ser finalmente una realidad, es la inclusión y aceptación de Colombia como país miembro en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Hoy, 17 de los 37 países miembro de esta organización cuentan con regulación del lobby, y existe un auge en estandarizar la práctica que a principios de siglo solo había sido regulada por los Estados Unidos.
La OCDE en el 2011 publicó los diez principios esenciales para brindarle mayor transparencia e integridad a la actividad del cabildeo en sus países miembro, y esta entidad se ha encargado de promocionar la regulación del cabildeo, como eje necesario para el desarrollo de una economía justa, equitativa y transparente. Este mensaje de regulación ha sido entendido y acatado por diferentes países que hoy cuentan con una ley que regula y desarrolla la actividad del lobby, entre ellos están el Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá, entre otros.
Con el ingreso de Colombia a esta Organización, el País entra a medirse con grandes potencias, y será comparado y clasificado de acuerdo con las mejores prácticas que implemente.
Uno de los informes y clasificaciones más importantes que esta entidad genera, es la Evaluación de Integridad Pública. Este es un informe que se realiza en cada uno de sus países miembro, y concluye con una serie de recomendaciones y una evaluación. Uno de los indicadores más importantes en dicho informe es la efectividad de la regulación del lobby en el país, pues esto garantiza que las decisiones que tanto el ejecutivo como legislativo tomen sean transparentes, permitiendo que los ciudadanos participen en su elaboración y al final se satisfagan la mayor cantidad de intereses.
Hoy, Colombia al no contar con esta regulación, se expone a que, en la Evaluación de Integridad, se concluya que Colombia no cumple o no acata con las recomendaciones que este órgano ha realizado sobre la materia.
En segundo lugar, actualmente nuestro entorno internacional es propicio para que Colombia se decante por expedir la regulación del lobby. Hoy contamos con ejemplos de regulación, en México, Perú, Chile y Argentina, así como discusiones en esta dirección en Ecuador, Uruguay y Paraguay. Es el momento para que Colombia aprenda y estudie estos casos para por fin, expedir una regulación efectiva.
En tercer y último lugar, Colombia cuenta con el compromiso del gobierno nacional de regular esta actividad. Debemos recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el presidente Iván Duque, se comprometió en presentar e impulsar ante el Congreso una iniciativa dirigida a cumplir con esta tarea.
Si bien, en el año 2018, por intermedio de los senadores Rodrigo Lara y José David Name, el gobierno nacional presentó una iniciativa en esta dirección, esta no contó con el verdadero respaldo del ejecutivo, pues para ese momento los intereses y prioridades del gobierno eran otros. Sin embargo, esperemos que exista coherencia entre lo prometido, así como nuestra entrada a la OCDE.
Los efectos negativos que genera esta práctica sin regulación son evidentes, solo hay que recordar la discusión generada en el Congreso con el famoso impuesto a las bebidas azucaradas, o para no ir tan lejos recordar la entrevista que el periodista Julio Sánchez Cristo hizo, el 5 de junio del presente año, al Ministro de Industria y Comercio, en donde se indagó sobre el posible lobby que la ANDI y otros sectores de la economía estaban realizando para influenciar el proyecto de ley 185 de 2019, conocido como “Pago en Plazos Justos”, con la intención de agregar un artículo en donde prevalecería el acuerdo entre privados antes que las disposiciones contempladas en esta iniciativa.
Por lo expuesto anteriormente desde mi postura quiero agradecer a la dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno de AlCentro por ayudarme en poner este tema en el debate público e invitarlos a todos a entender que el momento de regular es YA. Sin embargo y para lograrlo se requiere más que argumentos y se necesita que de manera clara y contundente el gobierno nacional lo apoye para lograrlo.
*Miembro Dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno
