Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
La oposición en una democracia debe corresponder a la representación de ideas y propuestas que en medio del disenso fortalezcan el debate, y que a su vez promueva la participación de la sociedad civil. Por tanto es desafortunado que se confunda la oposición con la incitación a obstaculizar el ejercicio de gobierno y en medio de la insensatez terminar perjudicando a la ciudadanía; ese tipo de actuaciones desprecian la responsabilidad política y la actuación ética que requiere la sociedad para orientar sus deliberaciones por el camino que conduzca a las mejores decisiones para el interés general.
De acuerdo con nuestra Constitución Política “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas” (Art. 112). Así mismo señala que “una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”, en este sentido se esperaría que también de forma explícita se establezcan responsabilidades políticas y disciplinarias de manera que el ejercicio de la oposición no se vea afectado por actores que buscan influir según su conveniencia obstruyendo el normal desarrollo de las instituciones y sus políticas.
La oposición no puede entenderse como el acto de desinformar con montajes en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación para incitar y luego utilizar a las personas como si se tratase de objetos para los intereses de quienes siguen viendo a Bogotá como un fortín electoral, pero que en su momento en el poder no actuaron según las exigencias que implica gobernar esta ciudad. Por tanto, resulta irresponsable que caigan en ese tipo de manipulación para afectar el inicio de una administración, con lo cual terminan afectando las actividades de los ciudadanos que habitamos la ciudad y requerimos cada día sus bienes y servicios, que son nuestros bienes y nuestros servicios.
A pesar de ser un tema claro para todos, dados los hechos recientes conviene recordar que problemas como la congestión y fallas en la frecuencia del sistema de transporte público no se generaron en los dos primeros meses del año en curso correspondientes a la nueva administración, así mismo, que el incremento del 11,1% en la tarifa del transporte obedece a que durante los cuatro años anteriores no se realizaron los ajustes graduales. Así las cosas, los antiguos dirigentes tuvieron su periodo para gobernar, ahora no es momento de dar lecciones de gobernanza, eso se demuestra en la planeación, gestión y ejecución correspondientes al servicio público; bienvenida su crítica como representantes de organizaciones políticas y como ciudadanos.
Bogotá necesita por parte de sus actores políticos y civiles el ejercicio propositivo y de control frente a cada una de las instancias de poder, un ejercicio que realmente contribuya al desarrollo de políticas públicas.