Por: Julián Gutiérrez
Al momento de escribir estas líneas, faltan poco mas de 18 días para el final del año 2020. A diferencia de este año donde no había manera de pensar en la necesidad de responder a la emergencia de la pandemia de COVID-19, el campo de la educación en 2021 debe reconocer su efecto sobre el actual estado de cosas para pasar (en la medida que la metáfora lo permita) de una respuesta defensiva a una respuesta ofensiva frente a un virus y una enfermedad que han tenido un efecto devastador en el mundo.
En primer lugar, esta discusión implica pensar en el retorno de clases presenciales no como una posibilidad sino como una realidad. UNICEF señala no solo la necesidad de hacerlo sino el hecho que, de acuerdo con la evidencia, la reapertura de los colegios y escuelas no representa un riesgo de propagación significativo del virus, lo que sugiere que el primer argumento que se ha esgrimido para mantener los cierres, el contagio masivo en niños, niñas y adolescentes puede ser cuestionado. Por otro lado, como lo señala la profesora Sandra García de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el cierre de colegios y escuelas representa pérdidas en los aprendizajes de los estudiantes que a medida que pasa el tiempo se harán mas difíciles de cubrir y sobre todo en el caso de Colombia, se ven potenciadas por las brechas de acceso a recursos y calidad educativa entre los distintos sectores de la población, brechas de las que estábamos conscientes en la presencialidad y que se han mantenido en la virtualidad.
Además de estos argumentos basados en la evidencia, el caso colombiano nos está mostrando otro papel que estaba cumpliendo la escuela como garante de derechos. El cierre de escuelas y colegios ha comprometido la seguridad alimentaria de miles de niños, niñas y adolescentes, en el caso de estudiantes de programas de media especializada y preparación para el trabajo, ha afectado sus posibilidades de formación y eventualmente de ingresos y les ha quitado, a los niños y jóvenes víctimas de abuso en sus hogares, la posibilidad de acceder a un espacio seguro donde pudieran ser escuchados y atendidos. Aunque algunos de estos escenarios han sido resueltos con mayor o menor éxito por parte de las entidades territoriales (Como en el caso de Bogotá con el programa de bonos alimenticios), se puede concluir que, si la escuela es no solo un espacio de aprendizaje sino de garantía de derechos, este rol solo puede ser cumplido a cabalidad con una apertura de los espacios físicos que reconozca las necesidades de seguridad ante el virus y la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, siendo crucial subrayar este último punto. Resultaría ingenuo pensar que todos los colegios oficiales en Colombia están en las mismas condiciones como para pensar en un plan de apertura unitalla por lo que hay una responsabilidad por parte de las secretarías de educación en cada ente territorial de identificar las necesidades de apertura, la capacidad de las instituciones educativas de resolver estas necesidades y realizar las tareas necesarias para garantizar dicha capacidad en los casos en los que esto no sea del todo posible.
Partiendo entonces del punto de que la reapertura de los colegios no debe ser vista como una posibilidad sino como una certeza, tiene sentido en preguntarse por como podría ser el trabajo escolar en 2021. A fin de cuentas, los efectos de la nueva realidad en los colegios no se cuentan solo en el aula de clase sino en cada dimensión del funcionamiento de una institución educativa cualquiera y tomando eso en cuenta, vale la pena pensar en una nueva forma de abordar un tema al que no se le ha dado tanta atención como el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio. Esta falta de atención se ha dado, en un primer lugar, por una creencia afincada en muchos docentes de que ya saben todo lo que tienen que saber y no es necesario “seguir yendo a capacitaciones”, sin embargo y como la pandemia misma lo ha demostrado con las habilidades que han adquirido vía el paso a la virtualidad, un docente nunca será un producto terminado y siempre debe estar pensando en ajustes y cambios a sus prácticas en respuesta a las distintas situaciones que va encontrando.
Esta visión de las necesidades de formación de los docentes lleva a la segunda razón del abandono a la formación profesional situada pues ha hecho que esta sea vista como una tarea burocrática que quita tiempo y las mas de las veces queda relegada a sesiones de trabajo de poquísima recordación realizadas durante las semanas institucionales. En ese sentido, aunque se habla constantemente de añorar el regreso a la normalidad, quizá, en este caso, volver a la normalidad no sea tan deseable. Pensar en procesos de desarrollo profesional situado que tengan un componente virtual puede ser una manera de garantizar una mayor participación de los docentes y, pensando en el caso colombiano específico, puede ser una oportunidad para masificar el excelente trabajo que ha hecho el equipo de tutores del Programa Todos a Aprender a lo largo de los años.
Pensando en una perspectiva de largo plazo, la situación actual es un momento que permite repensar lo que representa y significa la escuela en la sociedad. A pesar de las reformas que ha experimentado a lo largo de los años, la verdad es que sigue siendo una institución que en términos generales sigue funcionando bajo las lógicas de la primera revolución industrial. Este es un momento en el que puede aprovechar entonces para ponerse a tono con el mundo en el que vivimos y mejorar sus aportes a la construcción de sociedad.
*Miembro Dirección de Educación
