Por: Andrea Carreño
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”,
Constitución Política de Colombia
Hablar sobre los derechos de las mujeres suele generar una o cualquier combinación de las siguientes reacciones: se piensa que la igualdad entre los sexos ya existe, que es un intento por llamar la atención, y que el país tiene otras prioridades y este tema no forma parte de lo urgente.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemoran años de lucha para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceso y decisión, me gustaría hacer un recorrido rápido sobre la situación de nuestro género en Colombia.
Las cifras no mienten, o tal vez sí, debido a los subregistros; aun así, nos permitirán ver si tales afirmaciones son ciertas o si, por el contrario, necesitamos mujeres plenas y ejecutoras de libertades en nuestro país.
Derecho a la participación: ¿Democracia? No, sin nosotras
En Colombia, las mujeres encabezan el 12 por ciento de las alcaldías; solo lideran dos de 32 gobernaciones y son 54 de 279 parlamentarios.
Y si bien, el panorama en los puestos de toma de decisión del Estado parece alentador —45 por ciento de los cargos de mayor liderazgo están ocupados por mujeres—, hoy el Gobierno incumple la Ley de Cuotas en el gabinete; ello, sin mencionar que solo seis departamentos administrativos son dirigidos por este género. Esta ley, tras 20 años de haber sido promulgada, no se cumple en su representatividad mínima y las mujeres, muchas veces, solo son empleadas para reunir el requisito.
Sí, necesitamos paridad: el 50 por ciento de participación de la mujer en la lista de elección, pero con alternancia, 50 por ciento en los cargos del rango decisorio y 50 por ciento de la vida pública.
¿Y por qué solo el 30 por ciento, si las mujeres conforman el 51,17 por ciento de la población colombiana? Aunque ya fue aprobada la paridad en las listas del Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, necesitamos que sean muchas las mujeres candidatas, que los partidos sinceramente las apoyen para que legislen y decidan, sobre todo, en los temas económicos y presupuestales, los cuales deben contar con un enfoque de género. De esta forma, nuestra democracia tendrá más sentido y se beneficiará del pensamiento transformador y las ideas innovadoras de las mujeres para la construcción de un mejor país.
Derecho al trabajo: estudian y trabajan más, pero ganan menos
A pesar de que ellas tienen en promedio niveles educativos más altos, más del 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral, y, las que tienen un empleo, ganan 27 por ciento menos que los hombres, además de trabajar dos horas más al día que ellos, según el último informe Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, de ONU Mujeres. Asimismo, las que se emplean, lo hacen en ocupaciones sin prestaciones, inestables y mal remuneradas, lo cual, estructuralmente, limita sus oportunidades.
Y, además de salarios más bajos, no dejan de trabajar. Otra de las grandes desigualdades que enfrentan las mujeres en el país es la sobrecarga de labores de cuidados no remunerados, los cuales recaen principalmente en las niñas y mujeres.
Diariamente, las mujeres destinan siete horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres pasan menos de cuatro horas haciendo estas tareas, según la Encuesta nacional de uso del tiempo. Este trabajo, que sostiene la vida y el bienestar de otros, y cuya importancia es innegable e incuestionable para la supervivencia, se traduce en menos tiempo de educación, capacitación, empleo, ocio y cuidado personal para las mujeres, poniéndolas en gran desventaja.
El índice de feminidad de la pobreza es de 102,5, es decir que, por cada 100 hombres en condición de pobreza hay 118 mujeres pobres. De hecho, la pandemia del nuevo coronavirus hizo retroceder una década la participación laboral femenina en América Latina; muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar sus trabajos remunerados para atender la demanda de cuidados en sus hogares. Y algunas, quizás, no retomen la búsqueda de empleo, consecuencia económica y social que afecta su autonomía.
Es necesario que en casa empecemos a reconocer, redistribuir y reducir entre todos los adultos que la integran las cargas de cuidado. Asimismo, el Estado debe generar políticas públicas que respondan a esta necesidad y avance en pactos fiscales que promuevan la igualdad de género, además de evitar la profundización de la pobreza en el género femenino.
El país desperdicia a las mujeres, principalmente jóvenes y cada vez más calificadas. La evidencia indica que la inserción laboral de las mujeres no solo incrementa el Producto Interno Bruto (PIB), sino que reduce la pobreza y la desigualdad en general.
Derecho a la vida y a vivir en paz: dos mujeres en Colombia son asesinadas diariamente
Las mujeres y niñas representaron, según el último informe de Violencias hacia las mujeres y niñas, de SISMA Mujer, el 86 por ciento de los casos de violencia por parte de la pareja o expareja, el 59 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar, el 80 por ciento de los casos de violencia sexual en el contexto de violencia sociopolítica, el 86 por ciento de los casos de violencia sexual, el 88 por ciento de las víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o expareja, el 52 por ciento de las víctimas en el marco del conflicto armado y el 90 por ciento de los casos de violencia sexual. Y, según datos de Medicina Legal, una mujer es quemada con ácido cada semana.
Esta violencia está vinculada de manera directa a la desigualdad en la distribución del poder y a las relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres en nuestra sociedad que descalifican, desprecian y subordinan lo femenino. La falta de estadísticas que podrían revelar la verdadera magnitud del fenómeno es un obstáculo que dificulta la comprensión de la problemática de la violencia de género. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos, y es obligación del Estado protegerlos y garantizarlos, condición esencial para el desarrollo del país y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de toda la población.
Necesitamos políticas públicas que trabajen en cambios culturales y estructurales que conlleven al respeto de los derechos de las mujeres con una alta sanción social sobre el uso de la violencia.
Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Desde hace quince años, las mujeres en Colombia tienen el derecho a la IVE en el marco de tres causales: violación, que el embarazo ponga en peligro la salud o la vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida. Sin embargo, su derecho a decidir y autonomía reproductiva sigue enfrentando múltiples barreras que les impiden acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad que no pongan en riesgo sus vidas.
La exigencia arbitraria de requisitos innecesarios por parte de las entidades promotoras de salud (EPS), como exigir prueba de que el embarazo fue producto de una violación, certificado médico que pruebe el riesgo para la salud o vida de la mujer a causa del embarazo o autorización de familiares y/o abogados vulneran el derecho de las mujeres a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y al ejercicio de su ciudadanía plena.
No garantizar este derecho empuja a miles de mujeres a hacerse abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas: 33 por ciento del total de mujeres que tienen abortos clandestinos sufren complicaciones que requieren atención médica; y la tasa de complicaciones alcanza el 53 por ciento en las mujeres pobres de las áreas rurales.
Y es que son las mujeres de bajos ingresos, campesinas y rurales las más afectas. La tasa más alta de complicaciones en las regiones está en el Pacífico colombiano, donde el 40 por ciento de las mujeres que tienen un aborto sufren complicaciones. La tasa más baja (25 por ciento) se encuentra en Bogotá, que es una región comparativamente más próspera.
Todas estas barreras están asentadas en los prejuicios y estigmas que prestadores de salud, instituciones y sociedad tienen sobre la IVE. El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos dentro del sistema de salud garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho, y hace parte de construir una sociedad con equidad verdadera de género, justicia y libre de discriminación. La IVE es un tema de derechos, igualdad y salud pública, solo debe ser tratada con información verídica, científica y legal.
¿Exageración? Las mujeres acceden a solo el 75 por ciento de los derechos que tienen los hombres
La importancia de la igualdad de género es incontrovertible, no una exageración y, tristemente, aún no es una realidad. El país ha avanzado en materia de leyes, normas y políticas públicas para lograr una igualdad efectiva, pero este paneo corto e incompleto sobre las diversidades, a través de frías cifras, no refleja todas las desigualdades que las mujeres viven y, por tanto, la gravedad del problema.
Es que al año 2021, las mujeres solo acceden al 75 por ciento de los derechos que tienen los hombres, según informe del Banco Mundial Mujer, empresa y el derecho de 2020. Solo la transversalización de la mirada de género, acompañada de un esfuerzo por la paridad, podrá saldar la deuda histórica que existe con las mujeres con el fin de alcanzar una democracia participativa que no se quede en el papel y la retórica.
En definitiva, el país no puede permitirse esperar otros 100 años para alcanzar la igualdad de género y asumir el costo de que más de la mitad de su población se quede atrás. La igualdad de género implica altos niveles de educación y salud; mejor ingreso per cápita, crecimiento más rápido e inclusivo y una mayor competitividad internacional. Todas y todos ganamos.
*Directora de Constitución y Democracia
