Por: Freddy Osorio
Ni con la pandemia, ni con los falsos positivos aprendimos la lección. Hoy, igual que a principio de milenio, las políticas de seguridad en Colombia están premiando la muerte y no la solución a los problemas reales. Por ejemplo, con la extorsión.
Según cifras de la policía, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 se han registrado 4.448 casos de extorsión. La extorsión por llamadas telefónicas, sigue siendo la más frecuente, representando el 43% de las extorsiones que se han hecho en el año 2021. La extorsión usando redes sociales el 25%
Fuente: Policía Nacional – grupo de información de criminalidad. Período enero 1 a 31 de agosto 2021
Piénsenlo: hasta el 31 de agosto del 2021, 4.448 colombianos fueron víctimas de extorsión. Sin embargo, las cifras sobre combatir el crimen organizado demuestran que el gobierno del Presidente Iván Duque está priorizando las muertes en operaciones.
Número de miembros del crímen organizado muertos a agosto 2021. Fuente: Ministerio de Defensa (página 39)
Además, hoy nos enfrentamos a un segundo escándalo, tras las denuncias sobre el posible bombardeo a un presunto campamento del ELN, sin distinción entre menores (víctimas) y combatientes (victimarios). Todo esto no sólo va en contravía de la constitución, que no permite la pena de muerte, sino que va contra la evidencia histórica de lecciones que debimos aprender. ¡Segundo bombardeo a campamentos sin distinción de menores en un mismo gobierno!
Qué fácil y barato es el discurso de “dar de baja” a los delincuentes, pero qué difícil es que el estado organice y estructure políticas para solucionar los problemas reales. Proteger la vida debería ser la prioridad. Y eso se hace imposible, si seguimos estructurando políticas sin aprender de los errores. Necesitamos una mejor política de seguridad, que se enfoque en desarticular el crimen organizado, y no en tratar de matar hasta que los problemas se vayan.
*Miembro Fundador
