La guerra contra las drogas continúa: ¿Importamos las políticas incorrectas?

Por: Mauricio Trujillo

Hace dos semanas el CESED (Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes), junto con varios académicos enviaron una carta1 a la administración del presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidiendo que se revoque la decisión de seguir apoyando la aspersión de cultivos ilícitos como herramienta de guerra contra las drogas. La carta señala que Biden está siguiendo los pasos de su antecesor al apoyar esta iniciativa, y justifica su petición en las pruebas científicas que demuestran que la aspersión con este químico es ineficiente para acabar de raíz el problema de las drogas y además tiene consecuencias que pueden acabar con el medio ambiente, más específicamente con una de las áreas más biodiversas en el mundo: la amazonía.

Este debate ha estado en el centro de la discusión en Colombia por muchos años. Desde que comenzó el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana, la política de drogas ha estado asociada a la ayuda militar de los Estados Unidos y a la aspersión de los cultivos ilícitos con glifosato cómo una herramienta de guerra. Sin embargo, el uso de este químico ha sido cuestionado por científicos y académicos, ya que la guerra contra las drogas se ha concentrado en políticas reactivas y se ha demostrado que la aspersión no soluciona el problema de raíz. El CESED hace énfasis en que los cultivos asperjados con glifosato tienden a ser replantados con una probabilidad del 36% en comparación a la sustitución voluntaria con una tasa de sólo 0.2%. Adicionalmente, se ha demostrado que la aspersión aérea en muchos casos no resuelve el problema sino que lo desplaza hacia zonas en las que la aspersión no es permitida como los parques nacionales, lo que genera otra serie de externalidades ambientales. Desde el punto de vista económico, las aspersiones también son costosas e ineficientes. Las cifras son claras: asperjar una hectárea de coca reduce el área cultivada entre 0.02 y 0.065 hectáreas, y con este mecanismo hay que invertir cerca de $465 mil dólares para reducir la oferta de cocaína en un kilogramo2.

Pero la aspersión no sólo es inefectiva, sino que afecta al sector de la población más pobre y vulnerable. Quienes siembran coca suelen ser campesinos que no tienen alternativas para subsistir. El campesino se queda con cerca del 1% de las ganancias totales del tráfico de cocaína, mientras el otro 99% se queda en la distribución logística del producto por medio de los grandes cárteles y el microtráfico en las grandes ciudades3. Así y todo, la siembra de coca es más viable que otros cultivos, ya que los grupos ilegales y armados pagan mejor y el transporte es más fácil. La pasta de base de coca se vende por alrededor de 2 millones de pesos por kilo. Esta cifra sigue siendo baja para el campesino promedio, pues los costos del cultivo son altos debido al tiempo que este demora y la cantidad de productos que el cultivo necesita y que no son subsidiados ni por los grupos que trafican la droga ni por ninguna entidad. El cultivo de coca es más viable que otros como el tomate, sandía o cacao, en los cuáles los costos en tiempo y transporte son más altos debido al mal estado de las vías y las ganancias son menores4.

Organizaciones de campesinos como COCCAM han manifestado que preferirían buscar alternativas al cultivo de coca si tuvieran otra oportunidad mejor para subsistir, pero que la poca presencia del Estado en estas áreas restringe sus posibilidades5. Acabar con el cultivo de un campesino es acabar con su sustento, lo cual genera un problema socio-económico que bien resalta la carta escrita por el CESED: si este problema no se soluciona de raíz con presencia del Estado y con otras alternativas, los campesinos no se van a quedar de manos cruzadas cuando acaben con sus cultivos, van a buscar otro pedazo de tierra para poder volver a sembrar. La aspersión puede llevar a los mismos campesinos a talar más bosque incluyendo zonas de parques naturales para plantar sus cultivos.

El uso del glifosato como sustancia ha sido cuestionado y restringido en otras partes del mundo debido a sus efectos ambientales y para la salud de las personas. Hace poco en Alemania decidieron ponerse la meta de prohibir todo uso de glifosato para 2023. Esto debido a que dicho herbicida ha estado ligado a la contaminación de las aguas, la erosión del suelo y la disminución de especies polinizadoras como las abejas y las mariposas6. Además de esto, Bayer-Monsanto ha pagado cerca de 10 billones de dólares para llegar a un acuerdo con cerca de 90,000 demandas que vinculan el uso del herbicida con problemas de salud como cáncer7.

Por último, la carta hace propuestas alternativas a la aspersión con glifosato como la sustitución voluntaria de cultivos que está funcionando desde la implementación del acuerdo de paz, ya que la misma es más costo-efectiva. Aunque las cifras siguen siendo disputadas, se estima que asperjar una hectárea cuesta 72 millones en contraste con 42 millones en el programa de sustitución voluntaria8. En el programa de sustitución, se le transfiere a cada familia cerca de 10 mil dólares. En la carta se hace énfasis en lo importante que es seguir lo pactado en el acuerdo de paz en relación con la política de drogas, pues este tiene un enfoque comprensivo de lo económico, lo social y lo ambiental. También señala que toda política de erradicación debe estar acompañada de programas sociales de desarrollo en las regiones más afectadas, y del acompañamiento a los campesinos para que puedan encontrar alternativas viables para subsistir. Este es un paso fundamental para acabar con las políticas prohibicionistas y dar paso a visiones más humanas y que solucionen el problema de raíz. La decisión de la administración de Biden de seguir apoyando las aspersiones aéreas con glifosato puede ser un retroceso en materia de política de drogas, pues se ha demostrado que esta misma no ha dado los resultados en costo-eficiencia que se esperaban y que hay alternativas ya probadas que tienen un enfoque más humano y ambiental, consecuente con las políticas que el mismo presidente está promoviendo en Estados Unidos.

Esta decisión no sólo demuestra una doble moral hacia los países menos desarrollados, si no que es una continuación a lo que Estados Unidos ha entendido como guerra contra las drogas por mucho tiempo, ya que se ha tenido y se sigue teniendo un enfoque punible, prohibicionista, sin soluciones de raíz y poco beneficioso para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Esto importa más aún, cuando el país norteamericano ha tenido tanta incidencia histórica en las políticas implementadas en Colombia y en la región.

Referencias