A toda marcha el legislativo discutió la nueva reforma tributaria que en medio de su trámite pasó de 35 a 65 artículos y más de 150 proposiciones. Si bien este nuevo proyecto calmó los ánimos agitados que exacerbó el proyecto de Ley anterior, quedaron muchos aspectos pendientes para lograr una justicia tributaria acorde a las desigualdades y necesidades del país. Sin embargo, hay un aspecto a considerar entre las iniciativas legislativas presentadas y que se hundieron en medio de la pequeña discusión que tuvo esta nueva Ley; la que pretendía gravar con IVA a las bebidas azucaradas, la cual no es tan buena idea, por las siguientes razones (la primera técnica y la segunda empírica): 

En primer lugar, hay que tener claro que los impuestos gravan la capacidad económica y la capacidad contributiva desde dos vertientes: la producción y el consumo, este último mediante distintas modalidades de impuesto sobre las ventas, siendo el IVA el impuesto predilecto, toda vez que ofrece ventajas por su gran recaudo y facilidad de gestión (según datos de la DIAN el recaudo de IVA para 2020 fue de 32 billones de pesos que corresponden al 22% del ingreso tributario nacional). No obstante, presenta considerables desventajas como efectos nocivos en la equidad, que se evidencia con mayor intensidad en la distribución de la renta de los países con una desigual composición económica, porque este impuesto no consulta la capacidad del contribuyente de manera directa. 

En consecuencia, el IVA es un impuesto a la parte de la renta que las personas destinan al gasto o consumo y que, por lo tanto, tiene que soportarlo quien compra el bien o servicio (en este caso la bebida azucarada), más que las empresas, que son solo intermediarias, en vista que estas declaran el IVA y se descuentan el gravamen pagado en la producción del producto. Dicho de otra manera, no son las empresas sino los consumidores los que pagan el impuesto, así que, la persona que se gana un salario mínimo paga el mismo IVA, por el mismo producto, que quien se gana treinta salarios mínimos.

Ahora bien, el problema suscita en que, en economías precarias como la colombiana, con tan limitadas posibilidades de consumo, la política tributaria debe ser cautelosa en el impacto que pueda causar en la población de bajos ingresos, (según el DANE son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331 mil pesos mensuales) toda vez que este es el sector social más perjudicado cuando el legislador decide gravar con IVA productos que se encuentran en el listado de exentos y excluidos.

En segundo lugar, esta iniciativa es similar a la propuesta hecha por el candidato presidencial Gustavo Petro de suspender de un día para otro la producción petrolera, en la medida que ambas carecen de método, porque si bien se debe buscar depender menos de las industrias extractivas y de consumir menos bebidas azucaradas, hay que establecer un método para ello, dado que no es plausible de un día para otro prohibir las industrias extractivas o gravar los productos ultraprocesados sin un modo ordenado y sistemático que conduzca a ese resultado o fin determinado.

De ahí que, para poder gravar las bebidas altas en azucar a fin de desincentivar su consumo, por un lado, es indispensable buscar fortalecer los ingresos de la población que vive en pobreza y, por otro lado, crear políticas públicas y estrategias encaminadas a mejorar en los consumidores de bajos ingresos los hábitos alimenticios, porque no se discute el daño que causa el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas, que en efecto son una de las principales causas de obesidad y sobrepeso, sino lo que se discute es que imponer un gravamen únicamente para desincentivar su consumo no es un método en si mismo.  

Finalmente, teniendo en cuenta el contexto colombiano (alta desigualdad económica y baja capacidad de consumo), crear imprevistamente, y sin metodo previo, un impuesto a las bebidas azucaradas o imponer a la población de bajos ingresos a consumir productos sin azúcar, bajo en calorías, libre de gluten o grasas trans, mientras persistan más de 21 millones de personas que tratan de sobrevivir con menos de 331 mil pesos mensuales, será reducir la capacidad de compra a quienes mayor protección requieren del Estado. 

*Miembro Dirección de Gobernanza Metropolitana