Por: Gabriel Cifuentes*
@gabocifuentes
Por estos días la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme responsabilidad: escoger al fiscal general de la nación. Esta decisión es de gran trascendencia, no sólo por la relevancia del cargo, sino también porque de su elección dependerá el norte de la política criminal en Colombia y, más aún, el destino de diferentes procesos que tienen una gran connotación e impacto nacional.
Si bien para muchos el segundo cargo más importante en Colombia es el del alcalde de Bogotá, a mi juicio, el funcionario que mayor poder e influencia ostenta después del presidente es el fiscal general. Éste no sólo cuenta con una entidad de más de 29.000 servidores, fuero constitucional, iniciativa legislativa, participación en múltiples instancias de alto nivel, presencia en todo el territorio nacional, salas de interceptación, un cuerpo técnico de investigación y un presupuesto jugoso, sino que también tiene una visibilidad enorme. En promedio, 3 de cada 5 noticias en nuestro país tienen que ver con temas asociados a la delincuencia o a procesos judiciales, donde inevitablemente él es un protagonista.
El poder que ostenta el fiscal general es directamente proporcional a sus responsabilidades, muchas de las cuales, así no esté previsto en nuestra arquitectura constitucional, son de carácter político. Es por eso que escoger una figura que no tenga conflictos de interés, que esté preparada para el cargo y que sea garantía de imparcialidad e independencia, es fundamental. Al respecto, la terna presentada por Duque está compuesta por juristas probos, pero ninguno de ellos es penalista y será difícil determinar cuál será su grado de independencia respecto al presidente. Todos, tal vez excepto por Camilo Gómez, son de su entera confianza y vienen de trabajar con él en el Palacio de Nariño.
Pero al margen de las cualidades de la terna presentada, lo que sí queda claro es que la Corte Suprema de Justicia está decidida a votar pronto para que Colombia tenga un fiscal en propiedad. Es improbable que se repita la jugada que le hicieron a Álvaro Uribe cuando era presidente y le devolvieron la terna. Ello sólo conllevaría a dilaciones que resultan dañinas para la institucionalidad y para la misma entidad.
Es así que para el 2020 tendremos un nuevo fiscal. Éste deberá enfrentar sendos retos en circunstancias no menos difíciles. Dentro de las tareas del ente investigador se encuentran, nada más ni nada menos, que aquellas relacionadas con el proceso de paz. Habrá que ver cuál será la posición del próximo fiscal frente a la JEP y cuál será el grado de colaboración con dicha dependencia. Así los procesos hayan sido trasladados con sus respectivos informes a la jurisdicción especial de paz, es indudable que para el éxito del modelo de justicia transicional se requiere de una relación solidaria y colaborativa por parte del ente investigador.
Otro tema importante donde el fiscal general deberá intervenir es en la reforma a la justicia. Ya viene siendo hora de que el gobierno nacional concerte con los organismos de la rama una reforma estructural que resuelva los problemas de la justicia en Colombia. Las soluciones no sólo pasan por un aumento del presupuesto o por tramitar pañitos de agua tibia. Acá se necesitan soluciones que mejoren el acceso y la calidad a este derecho fundamental. Se precisa responderle de manera ágil a la ciudadanía y mejorar los índices de impunidad, que en estos días rondan alrededor del 98%, en especial en lo que tiene que ver con delitos asociados a la seguridad ciudadana.
Además de los temas estructurales que se deberán abordar en la próxima administración, como por ejemplo la corrupción al interior de la entidad, el régimen de carrera, el coto a las interceptaciones ilegales y la modernización del ente investigador, el próximo fiscal encontrará en su despacho varios chicharrones. Casos como el de Odebrecht y los demás escándalos de gran corrupción, la financiación de campañas políticas, la muerte de Enrique Pizano, los abusos del ESMAD, las chuzadas ilegales, el narcotráfico y demás economías ilegales, los bombardeos a las GAO y bandas residuales, los procesos en contra de allegados al ex presidente Uribe, entre muchos otros casos polémicos donde hay tanto de justicia como de política.
No es una tarea fácil la que le espera al próximo fiscal. Tendrá que saber balancear una coyuntura política con complejidades pocas veces antes vistas y, una ciudadanía que exige más y mejor justicia, menos impunidad y resultados contundentes frente a la criminalidad rampante. Son muchos los que han perdido la confianza en las instituciones de la rama judicial y para recuperarla se necesitará de una persona que asuma el cargo con responsabilidad y sin aspiraciones políticas y pantalleras.
*Director de Seguridad y Justicia del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Gabriel es Doctor en derecho penal de la Universidad de Roma, con Maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, Maestría en derecho internacional (LLM) de la Universidad de Nueva York. Es Abogado y magister de la Universidad de los Andes.