Por: Pablo Trujillo

Iniciada la emergencia sanitaria muchos esperaban que estuviera lejos el día en el que la pandemia se abriese paso hacia los territorios más olvidados del país: El Amazonas, Chocó, la Guajira y la región insular colombiana, tendrían que soportar el golpe del virus en una situación de precariedad abrumadora. Una crisis multisectorial como la que se vive hoy en el país revela con crudeza el crecimiento disparejo entre regiones del que ha sido objeto Colombia, que mira con tristeza e impotencia el decaído estado de las regiones más desfavorecidas del país. La situación crítica en las regiones ha admitido la pregunta que algunos parlamentarios se han hecho en estos días: ¿El modelo unitario le falló a las regiones?

A pesar de vivir entre las mismas líneas fronterizas y ser acreedores de los mismos derechos, para nadie es un secreto que de departamento en departamento la situación cambia bruscamente, y entre más lejos de Bogotá, más pequeña es la porción del presupuesto nacional, donde tantas veces hay que raspar la olla para satisfacer las necesidades de 32 departamentos y sus distritos especiales. La compleja dependencia de las regiones con la capital pone sobre la mesa la fiabilidad del Estado unitario y la exclusividad en el manejo de los recursos desde el gobierno nacional.

De ser así, habría que desempolvar la discusión federalista que parecía haberse archivado hace más de un siglo. La intensificación de los problemas que residen en la construcción del país “de adentro para afuera” justifica volver al debate sobre el Estado unitario, donde es indiscutible que hay departamentos donde no se recibe acorde con lo que se da, o donde algunos departamentos simplemente no son beneficiados acorde a sus necesidades. A lo largo de los años se ha evidenciado que el gobierno nacional no puede apreciar completamente los problemas locales, no tiene ni ha tenido la capacidad operativa para resolverlos todos y tampoco le ha dado las herramientas suficientes a los departamentos para que éstos actúen. Por supuesto, el federalismo implica el reto de articular las iniciativas locales con las metas nacionales, pero a cambio veremos un crecimiento más equitativo con departamentos fortalecidos y proactivos que puedan contribuir con creces a la nación, particularmente en el ámbito económico al explotar el potencial productivo y de innovación en cada territorio.

            Tal vez la ventaja más publicitada del federalismo es la garantía de autonomía y recursos para las gobernaciones de modo que estas puedan ejercer con mayor pragmatismo y eficiencia en la construcción de políticas públicas mejor enfocadas frente a los problemas particulares que enfrenta cada región. Los gobiernos del siglo XXI han dado pasos importantes en la atención a los territorios más apartados del país, pero las funciones del Gobierno solo pueden ramificarse hasta cierto punto antes de que este empiece a perder su eficacia o incurra en gastos públicos insostenibles e injustificados. Las situaciones complejas en los departamentos requieren mayor celeridad y algo más que “paños de agua tibia”, como se han denominado en ocasiones las soluciones transitorias que más temprano que tarde terminan por caerse.

Con mayor autonomía para los territorios el federalismo permite la implementación de normas locales o departamentales, elemento beneficioso para formar una suerte de “laboratorios” de política pública donde se puedan ensayar los efectos de iniciativas como la regulación del consumo de estupefacientes o el ingreso básico universal a nivel regional antes de lanzarlas al debate nacional. La política desde los departamentos puede entonces ofrecer soluciones innovadoras al narcotráfico, a la pobreza multidimensional y al aún limitado acceso a la educación, que dependen en gran parte de legislación que el Congreso de la República tardaría en proponer, debatir y tramitar a nivel nacional.

En el caso de adoptar un modelo federal para el manejo presupuestal y tributario, gobernaciones y alcaldías tendrían mayor autonomía a la hora de estructurar su presupuesto acorde a lo que tienen y lo que necesitan sus departamentos. En las regiones menos favorecidas económicamente esto suena atractivo, entre otras cosas podría ser finalmente poseedores de las regalías por la explotación de sus recursos naturales, como es el caso del Catatumbo, largamente explotado y pocas veces beneficiado por las petroleras multinacionales.

La interminable procesión de gobernadores encargados en la Guajira y otras regiones por malos manejos del presupuesto local devela la necesidad de fortalecer las labores de control de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía a nivel nacional y departamental para evitar actos semejantes de corrupción en un escenario federal donde habría mayor erario y poder en las manos de los dirigentes locales. Igual que repensar la labor de los entes de control, habrá que discutir qué funciones deben quedar en manos del gobierno nacional y qué debe pasar al dominio de los departamentos.

Un debate como éste es largo y complejo, no se trata de un simple “cambio de canal”; Es la reestructuración de un Estado que debe velar por la equidad en el cumplimiento de los derechos de cada colombiano independiente de la región donde viva, a fin de cuentas, al igual que una cadena y sus eslabones, Colombia es tan fuerte como su región más débil y vulnerable.

Al momento no se sabe si la iniciativa federal se traduzca en un proyecto de acto legislativo para cambiar la configuración territorial del país. Sin embargo, la crisis que hoy atraviesa el país exige que nos preguntemos por la eficacia del sistema unitario colombiano y el papel de los departamentos en el plano nacional: ¿El gobierno unitario encapsula el potencial del país? ¿Qué hacer para saldar la deuda con tantos territorios olvidados?

*Columnista Invitado