Por: Juan José Angulo
La transición energética llegó para quedarse pero depende de nosotros mismos que produzca resultados óptimos para nuestro país. Este espacio de opinion procura acercar a los colombianos al contexto energético formulando preguntas que nos ayuden a comprender la electricidad en nuestras vidas de una forma tangible. Comencé con un interrogante ambicioso: ¿qué deberíamos saber todos sobre el servicio de electricidad? planteando la necesidad de estar informados sobre (i) la relación entre electricidad y mejor calidad vida; (ii) el funcionamiento del mercado de energía cuyos costos siempre son trasladados a los hogares colombianos; (iii) los cambios a nivel mundial en cuanto a las formas de producir y consumir energía; y (iv) el potencial con que cuenta Colombia para producir energía en contraste con nuestra realidad actual. En la primera columna expuse algunas ideas sobre los tres primeros aspectos, dejando el último para ser abordado en esta oportunidad.
Como colombianos nos corresponde saber que nuestro territorio cuenta con aproximadamente nueve recursos diferentes para producir energía eléctrica y que actualmente solo utilizamos dos e importamos uno. El sol, el viento, los residuos orgánicos y vegetales, el calor del subsuelo y las corrientes marinas, son recursos renovables no convencionales para producir electricidad sin emisiones contaminantes, a precios competitivos, y reduciendo nuestra exposición al Fenómeno del Niño. También nos permiten compensar la contaminación de otras actividades. Según los datos oficiales más recientes (XM, 2021), los recursos empleados hoy en Colombia para producir energía se ordenan de la siguiente manera: 80% agua, 11% carbón, 6% gas natural, 2% gasolina u otros combustibles líquidos, y 1% biomasa de bagazo de caña. De los tres más usados, la disponibilidad del agua es amenazada permanentemente por las cada vez más frecuentes épocas de sequía, el carbón es una fuente contaminante, y la incertidumbre de gas natural es tal que desde el año 2016 importamos gas natural licuado (LNG) llegando a representar alrededor del 71% del gas usado por las termoeléctricas que emplean este recurso (Portafolio, 2020). En síntesis, el 86% de la capacidad para producir energía en Colombia hoy depende de recursos cuya disponibilidad es incierta y requiere importación y un 11% emplea una fuente contaminante. La capacidad de generación renovable no convencional actual, ronda el 0,02%.
Fuente: XM 2021
Los colombianos también debemos saber que desde el año 2001 el Congreso de la República y los gobiernos de turno han expedido leyes y señales de política pública para incentivar el uso de fuentes no contaminantes, encontrando mayor acogida en solares y eólicos que al 31 de diciembre de 2020 suman aproximadamente 160 MW en operación; y que en el 2019 se realizaron dos subastas para ayudar a viabilizar alrededor de 1.600 MW verdes que deberían comenzar a funcionar el 1 de enero de 2022. En resumen, cuando los proyectos renovables en desarrollo se materialicen, Colombia habrá logrado incrementar su capacidad de energía verde aproximadamente al 13%. Un aumento significativo, a la expectativa de que los proyectos logren su construcción y operación comercial para lo cual se están haciendo todos los esfuerzos posibles.
Ahora bien, percibir los mejores beneficios de la transición energética requiere analizar la dinámica de este nuevo mercado energético con detalle y tomar decisiones que trasciendan la premura de objetivos de corto plazo y sofismas de distracción. Por ejemplo, la inclusión efectiva y decidida de energía verde en la agenda pública tuvo una estrecha relación con la situación del proyecto Hidroituango. Las Resoluciones 40790 y 40791 del 31 de julio de 2018, mediante las cuales el Ministerio de Minas y Energía aprobó algunas obras que estaban pendiente hace años para transportar energía en la Guajira y definió los detalles de la subasta de renovables, fueron expedidas tres meses después de que se hiciera pública la contingencia del proyecto hidroeléctrico el 28 de abril de 2018, con el objetivo explícito de suplir el faltante de energía de la mega obra. Antes de ello, la aplicación de la Ley 697 de 2001 fue prácticamente nula y la de la Ley 1715 de 2014 tuvo un despegue ralentizado por voces que aun predican como perjudicial incrementar la oferta de energía verde del país. También es muy ilustrativo analizar la estructura de costos y las diferentes posibilides de ingresos que ofrece un proyecto de energía renovable. Las rentas directas que estos proyectos pueden ofrecer a las familias colombianas a título de empleo y adquisición de bienes y servicios, se concentran en la etapa de construcción y previa a esta. Sin embargo, aproximadamente el 70% del costo total está representado en equipos que no se producen en el país; son importados, y, por lo tanto, los recursos que se destinan a su adquisición no se percibirán en Colombia hasta que no participemos de manera directa en este segmento productivo. En la etapa operativa se producen ingresos por venta de energía, ahorros y compensaciones ambientales que son monetizables para inversionistas, y los impuestos, regalías y contribuciones que son ingresos del Estado. Uno de los mayores beneficios de la bonanza cafetera fue generar ingresos directos para millones de familias y uno de los mayores aprendizajes de las industrias extractivas es su impacto en los ingresos fiscales. La energía verde nos ofrece a los colombianos la posibilidad de percibir beneficios en todos los segmentos (como proveedores de bienes y servicios, como inversionistas, a través del Estado y como consumidores) pero de nosotros depende que podamos multiplicar nuestro tejido empresarial, balancear el estatal y sofisticar nuestro consumo. Otro aspecto que debemos analizar en la transición energética es la transferencia de conocimiento. La construcción de proyectos renovables se suele tercerizar mediante contratos conocidos como EPC (Engeneering, Procurement and Construction) cuya naturaleza jurídica no está llamada a transferir conocimiento. Los colombianos necesitamos incrementar nuestro “know-how” y “cacharrear” el estado del arte en materia de renovables para desarrollar ventajas competitivas a partir de los recursos de nuestro territorio, donde una nueva minería colombiana será esencial en el contexto de transición energética. En el país también contamos con los minerales del futuro (ACGGP, 2020).
Desarrollo y medioambiente dejaron de ser palabras separadas para convertirse en el eje de nuestras sociedades modernas; y aunque tensiones permanentes entre estos conceptos parezcan excluirlos mutuamente, nuestra sostenibilidad depende de que la fusión se mantenga. La electricidad es un buen adhesivo entre ambos. En el caso colombiano, al rededor de la energía eléctrica podríamos desarrollar capacidades colectivas que permitan a las familias de Colombia ofrecer productos y servicios a un mundo que demanda energía confiable, eficiente y, sobre todo, sostenible. Iniciemos el nuevo año con la idea de que la energía verde puede ser nuestro café del siglo XXI.
*Director de Transición Electrónica
