Por: Juan Manuel Borráez R.
El 22 de abril del 2020, el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter (@edr_cd) un video en el cual hace la propuesta de usar fondos destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz, en la lucha contra el virus del Covid 19 (https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-usar-fondos-del-proceso-de-paz-para-emergencia-de-coronavirus/665321).
Con seguridad se puede afirmar que la propuesta contará con adeptos y ciudadanos que estarán de acuerdo con ella. No obstante, el Representante Rodríguez olvida que es un deber constitucional y legal, adoptado por todas las ramas del poder público del Estado colombiano, la integral implementación del Proceso de Paz.
Pero más allá de cualquier obligación de carácter jurídico en relación con la implementación del Proceso de Paz, cabe recordarle al congresista que de la correcta y transparente ejecución de los recursos económicos de la paz, depende que muchas de las personas que residen en los diferentes territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afronten los efectos de la pandemia. La mejora en la infraestructura de salud pública en estas regiones, especialmente las más alejadas en nuestra geografía nacional, está íntimamente ligada a la implementación de los acuerdos.
Vale la pena profundizar en la importancia que tienen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s). Como es sabido, son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los territorios (170 municipios en 19 departamentos) y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural. Esta transformación integral se encuentra programada a quince años.
Tomar los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz, sin duda atrasaría este fundamental proceso para nuestro país, que implica también, como se ha manifestado previamente, la mejora en el acceso a los sistemas de salud y a infraestructura de este tipo, para las personas residentes en estos territorios, así como a mejores condiciones de vida en general.
Sin duda, el brote del Covid 19 es un muy significativo reto para Colombia, que requiere el absoluto interés de las autoridades, así como una redirección de parte del gasto público hacia su mitigación, pero es claro que la intención de un determinado sector de usar los recursos de la paz para el combate al virus, es una propuesta con el fin de obtener réditos políticos más que una verdadera intención humanitaria.
Si antes era clara, no solo obligatoria, la necesidad de implementar correctamente el Acuerdo de Paz, ahora en el marco de esta pandemia se justifica más que nunca, para que las comunidades que han sufrido de más de sesenta años de conflicto armado y abandono estatal, no sufran más de estos males, sumado al de los catastróficos efectos de una pandemia.
Cada vez que sale una propuesta de este tipo por parte del partido de gobierno, surge la duda si de esto tenía conocimiento el primer mandatario y se estaba “midiendo el aceite” de la opinión pública, o si por el contrario son propuestas individuales que en nada representan al presidente Duque. Espero que sea así, porque en la presentación del último informe de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, se “acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud”. Además, a nivel internacional, se ha reconocido que las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, respecto a la lucha contra la pandemia han sido acertadas y consensuadas con expertos en asuntos de salud pública y economía.
Desfinanciar la paz es condenar a quienes han sufrido la guerra, a volver a un pasado de pobreza, abandono, insalubridad, desnutrición, y a una situación tan de vida o muerte como la pandemia: la violencia.
Para finalizar, es importante manifestar que las propuestas populistas con como un camino corto pero a un final incierto, es decir, lucen atractivas y de fácil ejecución, pero cuando se llevan a cabo, su destino final es un abismo.
*Miembro Dirección Seguridad y Justicia.
