#ALCENTROENVIVO ¿Qué empleos serán los más necesitados en el futuro? WEBINAR junto a Diego Tovar, CEO de everis Colombia; Maite Mijares, socia de Spencer Stuart; Francisco Maltes, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Carolina Fierro, nuestra directora de Reputación y Rendimiento Coorporativo. Moderado por: David Luna
Por: Christian Ladino
La situación actual generada por el virus SARS COV 2, afectó entre muchas otras cosas, el quehacer legislativo y generó en un punto preocupación sobre el trámite de una gran cantidad de proyectos de Ley Ordinaria y de Acto Legislativo que están en curso en el período de sesiones actual (2019-2020), y que, en el caso de los segundos, por su naturaleza y el tiempo en contra, no podrían ser parte de la discusión en sesiones extraordinarias en el Congreso.
Dentro de estos está el Acto Legislativo 23/2019 (Senado) y 182/2019 (Cámara) que busca finalmente establecer el marco jurídico para las dinámicas que recorren el territorio del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca desde siempre. Para ello, es necesario modificar el artículo 325 de la Constitución y reglamentarlo mediante una Ley Orgánica en la próxima legislatura para ser una realidad en todo sentido. Me refiero a la conformación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca como una autoridad administrativa de régimen especial cuyo fin es la generación de procesos de planificación territorial y la implementación de políticas gubernamentales en una región donde sus recursos naturales y sus comunidades comparten características y problemáticas y se relacionan entre sí.
La Bogotá-Región podría pensarse como la implementación de otro modelo de integración regional que ya existe en Colombia, como lo son las Áreas Metropolitanas (reglamentadas por la ley 1625 de 2013); sin embargo, existen diferencias en el ámbito jurídico y de competencias. Pensar en un área metropolitana como la del Valle de Aburrá, por ejemplo, para Bogotá y Cundinamarca generaría un conflicto de competencias con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (se requeriría la formación de una nueva Corporación para el Área Metropolitana) o con la Gobernación ya que no estaría incluida en dicha figura. Adicionalmente, necesitaría contar con la realización de una consulta popular en el área de interés.
En ese contexto, la conformación de una Región Metropolitana – y no un Área Metropolitana – dirime los conflictos de tipo jurídico y permite la conformación de una figura territorial especial que le permita a las entidades territoriales que la conformarán planificar su desarrollo de manera conjunta, repartiendo las cargas y los beneficios y poniéndole orden a las dinámicas de interdependencia (de todo tipo) que existen en la actualidad.
Así las cosas, es importante recalcar que el desarrollo de Bogotá ha ido de la mano de una diversificación de los municipios que están cercanos a ella, transformando la relación entre lo que consideramos el espacio rural y la ciudad. Fenómenos como la expansión urbana (un crecimiento endógeno, donde años atrás municipios como Chía, Zipaquirá o Madrid entre otros se convirtieron en centros de relevo para la población capitalina), la población flotante que en los modelos realizados por (Coscia, M., Neffke, F. & Lora, E.)[1] se estimaba en 400.000 personas durante los días hábiles de la semana en el año 2.015, y el intercambio de bienes y servicios, son factores que generaron hace mucho tiempo una relación de fluidez que sumada a las condiciones ecosistémicas compartidas (biodiversidad, suelos, paisajes, cuencas hidrográficas, etc…) son el argumento claro de la necesidad de la esperada integración regional.
Este concepto de planificación desde la integración regional está ligado a lo que se conoce como enfoque territorial, el cual según (Echeverri,2003) tiene dos objetivos mayores: el primero la cohesión social que es la construcción de sociedades basadas en la equidad, el respeto a la diversidad, la justicia social y la pertinencia; y el segundo: la cohesión territorial, que no es más que el proceso de integración del territorio con base a una distribución y gestión balanceada de sus recursos.
En tal sentido, abordar el enfoque territorial es la oportunidad desde la gestión pública y el poder institucional para generar acciones de cooperación, corresponsabilidad y una verdadera inclusión social y económica de toda la población, que en el caso de la región Bogotá-Cundinamarca serán varios millones los beneficiados con la adopción de una visión sistémica de todos los elementos que la constituyen, una visión clave para su éxito en los años venideros.
Uno de los aspectos importantes dentro de esta nueva figura de planificación es cómo se trabajará desde los planes de ordenamiento territorial, puesto que estos son los instrumentos técnicos y normativos más importantes dentro de la planificación y gestión a largo plazo; y en la actualidad no existe una cohesión espacial ni temporal enfocada a las dinámicas regionales dentro estos, generando una limitante instrumental. Lo que busca esta nueva figura es una planificación regional que se oriente a buscar consensos entre las entidades territoriales sin que se coarten principios básicos como la autonomía y el establecimiento de mecanismos para el ordenamiento del territorio que establece la ley 388 de 1997. La Gobernación de Cundinamarca en el año 1.999 en su publicación: “Directrices y orientaciones para el ordenamiento del territorio[2].” hablaba de planear y resolver de manera compartida los problemas, de forma coordinada entre las diferentes entidades administrativas, y recalcaba la necesidad de concertar entre el Distrito Capital y los municipios circundantes sus políticas, para establecer usos del suelo compatibilizando el espacio ciudad-región.
Dentro de los retos en el componente de ordenamiento territorial de la Región está el lograr la construcción de centralidades que garanticen la existencia de servicios y equipamientos que no solo estén presentes sino también articulados entre los municipios, garantizando una vocación productiva que cuente con los espacios básicos para desarrollarse. Este componente tiene que ir de la mano de una viabilidad presupuestal para el establecimiento de nodos no solo en Bogotá sino a nivel de provincias, y una voluntad gubernamental para que se cumpla su objetivo, claramente entendiendo las características geográficas y sociales de nuestra región.
En este momento se están llevando tres procesos muy importantes que definirán el rumbo de la política pública en la esperada Bogotá Región y su futura estructura, el primero es la discusión del Acto Legislativo de esta temática que al momento de escribir esta columna tiene seis debates aprobados, afortunadamente, y a esperas de su paso por la cámara alta, en este punto solo faltan dos debates; el proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo Bogotá 2020-2024 y finalmente el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca. Esperemos que se logre llegar a buen puerto y que esto sea una realidad ya que sus objetivos serán el pilar de una generación de confianza y gobernabilidad entre los territorios.
[1] Coscia, M., Neffke, F. & Lora, E., 2015. Report on the Poblacion Flotante of Bogota. CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Harvard University.https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/report-poblacion-flotante-bogota
[2] Buitrago Bermúdez, Óscar, & Carvajal Sáchez, N. (2011). La dimensión regional en los planes de ordenamiento territorial del área metropolitana de Bogota. Perspectiva Geográfica, 1(11), 21-56. https://doi.org/10.19053/01233769.1692
*Miembro Dirección Gestión de Territorio
¿Cuál será el futuro de los espectáculos después de la pandemia? Webinar junto a Eduardo Olea, presidente de TuBoleta; Catalina Ceballos, nuestra directora de Cultura; Andrés Calderón, miembro de nuestra dirección de Finanzas Públicas. Modera: David Luna
Por: Juan Manuel Borráez
El día 16 de mayo del presente año, la Cámara de Representantes, por 135 votos a favor y 22 en contra, aprobó el proyecto que tiene por objetivo que se establezca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. A la iniciativa le quedan dos debates en el Senado para convertirse en una norma de carácter constitucional. Es posible predecir que tendrá la misma suerte que en la Cámara de Representantes.
Las voces a favor, han manifestado que este proyecto busca castigar de manera ejemplar a quienes cometan estos delitos en contra de los menores, haciendo énfasis en los muy altos números de reincidencia. De igual manera, han expuesto el argumento de que, eventualmente, una pena de privación de libertad perpetua generaría una suerte de disuación a quien pensara cometer un delito sexual en contra de un menor.
Pretender que la cadena perpetua solucione el constante irrespeto a los Derechos de los niños, es querer que el Derecho Penal funcione como la máquina de tapar huecos en la incapacidad del Estado de proteger, a quienes, constitucional y legalmente, se debe cuidar de manera prevalente.
Es importante manifestar que el problema no se dirige hacia el monto de las penas, hay una muy clara incapacidad institucional para investigar y judicializar las denuncias sobre agresiones a menores. En Colombia, las tasas de esclarecimientos, imputaciones y condenas sobre delitos sexuales, para 2019 fue del 11,88% (El Tiempo – https://bit.ly/2ZmsudP). Es evidente, entonces, que la propuesta de cadena perpetua, no ataca este muy grave problema de raíz, lo cual implica que a pesar de que pueda ser aprobado por el Congreso de la República, estos deleznables actos en contra de menores seguirán sucediendo.
En el sistema penal colombiano, ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes cometen este tipo de actos en contra de los menores, que pueden rondar los sesenta años, lo que a mi juicio es, prácticamente, una cadena perpetua, teniendo en cuenta que además no cuentan con beneficios penales. El endurecimiento de penas, que ya de por si son largas, de ninguna manera tiene un efecto positivo en la reducción del crimen. Lo que sí tiene un impacto, es una pena efectiva.
En ese mismo sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento sobre Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe del año 2018, ha expresado que la supuesta disuasión del crimen, a través del aumento de penas carece de estudios rigurosos. Adicionalmente, indica que en América Latina la baja resolución de casos (menos de la mitad que en los países desarrollados) acompañado de un muy alto grado de impunidad, hacen que los potenciales criminales no observen la amenaza de encarcelamiento como algo probable (Banco Interamericano de Desarrollo – https://bit.ly/2yb5wuK) .
Por otro lado, diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Colombia, incluyen la prohibición expresa de penas crueles, inhumanas o degradantes, constituyendo la cadena perpetua una pena inhumana, así como contraria a los principios de Derechos Humanos, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (Summary Records of the 229th Meeting – UN Doc A / CN. 4 / SER. A / 1992).
Otro punto que no deja de ser relevante en la discusión es el penitenciario. El costo financiero de mantener a una personas privadas de su libertad de manera vitalicia será difícil de afrontar por el presupuesto estatal. Sumado a esto, se encuentra las dificultades operativas del INPEC, así como la sobrepoblación carcelaria causante de un hacinamiento de cerca del 53% en las cárceles colombianas.
Para concluir, este proyecto de Acto Legislativo es inconveniente, innecesario y contrario al Derecho Internacional y la Constitución Política de Colombia, en el cual se deja expuesta la incapacidad del Estado de tener una política pública integral de protección a los menores.
Es igualmente lamentable el uso que se le está dando a la tragedia de los niños agredidos sexualmente con fines politiqueros. Parece que con el proyecto de cadena perpetua, se piensa más en los votos del futuro que en los Derechos de los menores y como protegerlos de los agresores sexuales.
Es por eso que desde esta tribuna, propongo que como ciudadanos le exijamos a nuestros representantes el diseño de medidas integrales, y a largo plazo, que hagan efectiva la Constitución Política en lo que se refiere a la prevalencia de los Derechos de los menores por sobre los de el resto, no con proyectos facilistas que solo buscan acrecentar sus números de aceptación ciudadana. Es momento para darle cadena perpetua al populismo.
*Miembro Dirección Seguridad y Justicia
Por: John Jairo Ocampo
En los últimos tres meses han corrido ríos de tinta en los medios escritos y millones de megas en conferencias por internet de expertos que escriben y opinan sobre las fórmulas para superar la crisis.
Aparecen propuestas muy sofisticadas, muy buenas teorías y mucho populismo, como el de emisoras que promueven15 días sin IVA. Pero pocas se concentran en lo que debe ser la prioridad en la sociedad: El INGRESO.
Esa palabra corta, pero contundente, es motor de los hogares, del comercio, de la producción y de la economía en su conjunto. Sin ingreso nada se puede hacer para soportar la dinámica de un país.
Y es el ingreso la palabra que debemos aprender a conjugar de aquí en adelante. Los verbos claves, en mi concepto, son: Mantener, Cuidar y Recuperar.
Esto aplica para los hogares como para el Gobierno. Guardadas las proporciones todos deben cuidar el bolsillo y evitar caer en tentaciones de gastos innecesarios y muchas veces mal direccionados.
Vamos por partes. MANTENER el ingreso es esencial para los que no la han perdido. Como lo han revelado muchos estudios hay entre 10 y 12 millones de colombianos que aún mantienen su ingreso.
Entre estos están los trabajadores y contratistas del sector público, empelados de la agricultura, de los servicios públicos, de las comunicaciones, supermercados, hipermercados, de la salud, entre otros más.
Estos trabajadores, que hoy gozan del ingreso, deben hacer todos los esfuerzos para mantenerlo. En medio de esta crisis los que no han perdido su trabajo son muy afortunados.
Sé de muchas empresas, entre ellas varios medios de comunicación, que han planteado la necesidad de reducir salario a sus trabajadores Es un dilema complejo entre bajarse el sueldo o perder el empleo.
Traigo a la memoria una de las hipótesis del entonces ministro de Minas del gobierno Pastrana, Luis Carlos el “Chiqui” Valenzuela, quien en un debate a las regalías les dijo a los parlamentarios que si no se ajustaba el porcentaje que se transfiere a las regiones se pondría en riesgo la permanencia de muchas multinacionales en el país y les hizo esta cuenta: 1×0=0, si se van, y 1×1=1 si se quedan.
Cada trabajador, ni más faltaba, está en su derecho de escoger entre un ajuste temporal de su salario o perder el empleo. Eso sí, lo más importante es que estas medidas sean por unos pocos meses, y no se vuelva permanente entre los empresarios.
El otro verbo a conjugar es CUIDAR. Los que aún tienen ingreso deben ser muy cuidadosos a la hora de gastar. Si bien al estar confinados se reducen costos en transporte, comida fuera del hogar o en una que otro vento social, se suben otros gastos como servicios públicos y el mercado mensual.
Es necesario, en estos momentos tan críticos, ser cuidadosos con el gasto. Hoy cuando se está más expuesto a las tecnologías el bombardeo por redes de productos y servicios es abrumador. Para eso es que sirven las redes, para que con la inteligencia artificial y el Big-Data, lleguen mensajes promocionando cosas que uno pensó en algún momento comprar pero que ahora no son una prioridad.
Ojo con el uso de las tarjetas de crédito y las deudas en general. Hay que medir bien la capacidad del bolsillo. A manera de recomendación, si usted tiene comprometido el 30% de sus ingresos en deudas debe frenarse. Por ejemplo, si gana 1 millón de pesos y paga en créditos más de 300 mil pesos está en problemas y debe apretarse el cinturón.
Por último, el otro verbo es RECUPERAR el ingreso. Este es el gran reto para las familias y para el Gobierno. Hay millones de colombianos, que desde antes de la de crisis estaban desempleados y en la informalidad, pero lo más preocupante es que esas cifras van en un demoledor ascenso. En solo marzo 1.6 millones de personas dejaron de trabajar.
Han sido bien intencionados los esfuerzos del Gobierno para lograr que la gente más vulnerable tenga su ingreso.
Pero hay cosas que no han funcionado como se esperaba. Las garantías a los créditos para empresas no resultaron tan efectivas porque los bancos no asumieron riesgos y vetaron sectores que no han recibido un peso durante la cuarentena. Tampoco es eficiente porque dada la iliquidez de esas pequeñas empresas y la demora en la recuperación, endeudarse no es la mejor opción.
Lo del auxilio a la nómina se hizo tarde y es muy limitado. Como han dicho los empresarios “algo es algo, peor es nada”. Lo que sucede es que las empresas con cero pesos de ingresos no tienen opción distinta que suspender contratos o despedir personal. Un apoyo de 40% del salario mínimo no es suficiente ante la imposibilidad de pagar el 60% adicional más los aportes a la seguridad social.
Para recuperar el ingreso la clave pasa por una estrategia agresiva de generación de empleo. En eso el Gobierno se la debe jugar por un ambicioso plan de inversión dirigido a los sectores más intensos en la demanda de mano de obra.
Subsidios a la compra de vivienda que dispare la construcción, la inyección de recursos a los proyectos viales e infraestructura, presionar a la baja de tasas de interés de los bancos para los créditos de consumo y apoyo a todos los proyectos que generen empleos deben ser la prioridad.
Pero no todo lo puede hacer el Gobierno. Es muy importante también que las empresas, que durante años han acumulado billonarias ganancias, hagan también su esfuerzo. Las empresas deben aportar y no con donaciones que al final les representan más beneficios tributarios.
Las grandes compañías tienen billonarias utilidades acumuladas y es bueno que asuman un verdadero sentido de apoyo para que los hogares puedan recuperar el ingreso.
En la medida que haya ingreso, hay consumo. Si hay consumo se mueve el comercio. Si se mueve el comercio hay producción y si hay producción hay empleo y si hay empleo hay ingreso. Ese es el circulo al que hay que apostarle.
#ConTodoRespeto: Como van las cosas nos tendremos que acostumbrar al efecto acordeón. Abra y cierre la cuarentena. Como van las cifras me temo que en junio tendremos que ver otros 14 días de aislamiento obligatorio y estricto.
*Periodista especializado en Economía. Director de Medios de Comunicación y Libertad de Prensa
