Panorama económico de Colombia y el mundo para el 2021
Sebastián Trujillo, Director de Asuntos OCDE y Economía Internacional, nos comparte su nueva video columna donde analiza el «Panorama económico de Colombia y el mundo en el 2021»
#SoluciónAlAgroYa
Por: Manuel Riaño
Hace unos meses escribí una columna en donde resaltaba la éxito de los “mercatones” organizados por la Alcaldía de Bogotá y las Gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá (https://www.alcentro.co/por-mas-mercatones-y-mas-apoyo-especializado-para-nuestros-heroes-campesinos/). Una iniciativa coordinada que permitió generar un “alza del 155% para el pago a los campesinos, un incremento del 400% de utilidad para ellos y la reducción de un 10% en los precios para el consumidor”. Un productor de papa de Zipaquirá, durante el evento de cierre manifestó que la iniciativa le permitió vender a dos veces más el precio que estaba vendiendo antes. Probablemente ese mismo productor de papá salió en televisión hace unos días a quejarse de las enormes gabelas a los productos importados en detrimento de los productores locales. Fue triste ver la imagen de nuestros campesinos prácticamente regalando su producto en las bermas de las carreteras.
Pasó la euforia de los #mercatones y, como también lo expuse, era una estrategia interesante pero insostenible para una entidad estatal sin experiencia ni capacidad logística para mantener semejante operación. Claramente una lluvia refrescante para muchos productores, pero sin una solución de fondo ni sostenible.
El pasado fin de semana de mediados de noviembre vi y sentí de nuevo con mucha euforia el #papatón. Esfuerzo loable del sector público regional por visibilizar la problemática y por poner de nuevo vis-a-vis al productor campesino con el cliente final. Muchos empresarios se metieron la mano al dril también para poner su granito de arena y comprar la papa a precio de oferta para entregarla a los más vulnerables. Otro éxito mediático con resultados buenos pero muy efímeros para los productores, algo de farándula política y muchas fotos para mostrar que los campesinos nos importan.
Sin embargo, como todo en las redes sociales, estos retos pasan rápido y llegarán otras preocupaciones más mediáticas que ocupen titulares y se lleven nuestra atención. Seguramente y por supuesto bien lo valen, las preocupaciones y acciones de la sociedad alrededor de las inundaciones que este año han puesto de manifiesto, una vez más como cada año, la fragilidad de nuestra infraestructura vial y la mediocre preparación y planificación que tenemos en gestión de riesgos y desastres.
Antes de comenzar el #papatón, leí varios artículos de octubre de este año que hablaban sobre la tragedia del maíz en Córdoba: 20 mil toneladas de maíz recogidas en la reciente cosecha y que no habían podido ser comercializadas debido a los precios bajos que ofrecían los compradores. Los agricultores exigen lo mismo de los otros productos: mayores aranceles para el producto importado, subsidios al producto local, garantías para la siembra y comercialización.
En el Meta el problema viene de la mano de la yuca y la guayaba. La crisis viene desde antes de 2018 dicen representantes de dignidad agropecuaria. El precio al que pagan el bulto ha caído a la mitad, así no le cuadran las cuentas a ningún productor. La coyuntura por la emergencia de salud solo agudizó y profundizó la crisis de los campesinos de esta región. En el Putumayo la problemática se habla en clave de plátano, maíz blanco y fríjol. El #BuenaPapa es no es tan pegadizo si usamos los otros productos.
Es menester pues que el gobierno nacional no dependa de la solidaridad de los compatriotas, que sabemos unirnos en las malas, y se comprometa con soluciones de mediano y largo plazo con los productores. La propuesta de la Gobernación de Cundinamarca de fortalecer las Centrales Campesinas y la constitución de una Agencia Comercial que permita acercar al gran comprador con el pequeño productor, disminuyendo o eliminando la intermediación, es una idea que bien valdría la pena llevarse a nivel nacional.
El gobierno nacional debe comprometerse y pasar del discurso a la acción a la hora de potencializar las actividades productivas del campo, esto es, que los campesinos logren mayores ingresos y accedan a más oportunidades a partir de la transformación de sus productos, de mejoras en la infraestructura vial, de la apertura de mercados a través de la especialización productiva y de mejoras en la competitividad tecnológica.
Es hora de evaluar los subsidios locales a la luz de los alivios en aranceles al producto importado y como se fortalece el eslabón de la comercialización. La coyuntura dejó en evidencia igualmente, que es hora de llevar a cabo acciones que mejoren la postcosecha en el país. Planes para mejorar las herramientas y generar incentivos para el secamiento y almacenaje de los productos, son necesarios urgentemente. #SoluciónAlAgroYa
*Director Temático del Departamento de Cundinamarca
Una mirada integral a la política de drogas.
En esta ocasión, Humberto Izquierdo, Director de Constitución y Democracia y Daniel Mejía, analizan la política de drogas desde una mirada integral.
A 4 años del Acuerdo de la Habana, la agenda política que esperanza a Colombia: es la Paz.
Por: Jorge Forero
“Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” Estanislao Zuleta
El camino para la construcción de paz en los 200 años de vida republicana en Colombia se encuentra atravesado por el anhelo tropical del consolidar un Estado-Nación, que bien podría ser plurinacional como se viene construyendo en Bolivia, por la gran diversidad étnica, territorial y de pueblos que existe en el país. Los contenidos del Acuerdo de Paz que culminaron en 2016, reflejan los límites de la democracia colombiana y la incapacidad de las élites de hacer cumplir la Constitución Política que rige el país, derivada precisamente de otro acuerdo de Paz en Colombia, el que se dio en su momento con el M19, el Quintín Lame y parte del EPL.
Del ultimo conflicto armado, el que derivó de violencia bipartidista y los límites a la consolidación de la agenda democrática de corte socialista liberal que inspiraba Jorge Eliecer Gaitán y la posterior conformación de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN , aún no nos recuperamos. Que hace 4 años por una pequeña diferencia el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de la Habana se hubiera perdido en medio de una campaña de mentiras, temor y desprestigio de lo acordado, liderada por el hoy partido de gobierno y del jefe de estado, reflejó los miedos de millones de colombianas/as a pensar, sentir y soñar que la paz sí es posible. La gran lección la dieron las víctimas y los territorios más afectados por la guerra que masívamente votaron por el Sí, empujando la esperanza.
Ahora bien, el impulso que se dio a seguir con lo acordado, luego de las movilizaciones masivas a nivel nacional e internacional, incluyendo la de las nuevas ciudadanías, los movimiento sociales, la comunidad internacional y especialmente la de jóvenes soñadores con otra Colombia posible, fue fundamental. También lo fue la decisión política de incluir las propuestas de modificaciones de quienes se abanderaron la victoria del NO en el plebiscito, y que derivo en la firma del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Este hecho político a favor de limitar la narrativa de la guerra, de volver a hablar de paz y de impulsar una mirada integral a los territorios más afectados por la guerra, de parar los fusiles y humanizar los rostros de los alzados en armas, de los hospitales militares libres de amputados y heridos de guerra y de la tranquilidad de sus familias, inspiro en los primeros 2 años de la firma muchos cambios. Las elecciones de 2018 al Congreso demostraron apertura política con la elección de una importante bancada multipartidista a favor de la agenda de paz, así como las presidenciales disputaron una alternativa a las élites, que finalmente juntaron sus maquinarias con la elección de Duque. Luego las elecciones regionales de 2019 consolidaron esa mirada hacia una agenda de paz con justicia social y en las más importantes ciudades capitales y en varios departamentos y alcaldías, ganaron candidaturas alternativas.
Si bien, la agenda para la implementación que firmó Santos estaba ya débil y no se construyeron bases sólidas, en especial en materia de financiación y de nueva arquitectura institucional para la paz, claramente con la llegada de Duque y el Uribismo la implementación de lo acordado quedó aún más desfinanciada y sin prioridad. La incapacidad de Duque de resolver la violencia en los territorios más afectados por la guerra, su agenda ultra conservadora y el tratamiento a la diferencia política y la protesta social, tiene el anhelo de paz en su peor momento.
Inspira sin embargo, la gran movilización social y popular a favor de la implementación de lo acordado en 2016, de más y mejor educación como las del 21N del año pasado, de la MINGA y el encuentro con nuestra identidad indígena, campesina, negra, manifestaciones que han dejado un mensaje de cambio sembrado. Es importante la solidaridad y rechazo de la muerte de los líderes sociales por parte de los medios masivos de comunicación, que va haciendo posible salir de la fiesta de la narrativa de la guerra, y alegran los ojos bien abiertos y exigencia al cumplimiento de lo acordado del Sistema de Naciones Unidas incluyendo su Consejo de Seguridad y de todas las embajadas en el país. Inspira el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Justicia Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que a pesar de los ataques, esta haciendo un trabajo con y para las víctimas. Pequeños grandes pasos para la reconciliación del país, y poder pensar la construcción de paz como horizonte de país, más allá de los acuerdos o de quienes los firmaron.
Para las elecciones presidenciales y de congreso de 2022, la paz seguirá en la agenda, será protagonista hablar del cumplimiento de lo acordado en 2016 y de sentar en la mesa al ELN y otros actores armados y para fortuna de la espiral del tiempo, completaremos entonces una década hablando de fin del conflicto armado, aquella que empezó con el inicio de las conversaciones en la Habana con las FARC-EP. El camino es aún largo como lo ha sido el anhelo de paz en el país, pero convencidos hay que decir que estamos mejor que hace una década y mucho más conscientes que hace 2 décadas dónde ante el fracaso de la paz de Pastrana y Marulanda, el país eligió con pasión el fin de la guerra, con más guerra.
*Director de Construcción de Paz
El ambiente y territorio también son víctimas del conflicto armado
Por: Daniel Albarracín
El pasado 6 de noviembre se conmemoró el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente y la naturaleza en la guerra y los conflictos armados, conmemoración que se realiza desde el 2001 por cuenta de la Resolución 56/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adicionalmente en 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados.
Ciertamente, Colombia no ha sido ajena a la conexión entre el conflicto armado y la explotación del medio ambiente y la naturaleza, y si bien existen ejemplos directos como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o los atentados a la infraestructura petrolera, la relación va mucho más allá. Se trata de como controlamos, entendemos, y nos apropiamos de nuestros territorios.
Este control y apropiación de nuestros territorios, nos convoca ineludiblemente a tener en cuenta “la lucha por la tierra”. Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2016, “Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas”, la posición institucional frente a la tierra, y su reglamentación, fue algo de poco interés hasta entrado el siglo XX, dado que los grandes propietarios de la tierra eran los mismos políticos y militares en el poder.
Es ciertamente cuando surgen las primeras organizaciones agrarias (como los sindicatos o las ligas agrarias) que se plantea una disputa por la tierra, y con ella la estructura agraria. Sin embargo, sería a finales del siglo XX que la disputa por la tierra y los recursos naturales entre diferentes actores se intensifica. Para comprender estos elementos, acá unos casos ejemplares:
La represa Urra I, en el Alto Sinú, se presentó como un proyecto para el progreso de la región y del gremio ganadero. Sin embargo, la apuesta por controlar el caudal del río Sinú implicó para el pueblo Embera Katío la vulneración de sus derechos a la consulta previa, así como la desaparición, asesinato, y desplazamiento de miembros de la etnia por parte de grupos paramilitares con la justificación de su “accionar contrainsurgente”.
Destaca el caso del líder indígena Kimy Pernia Domico, secuestrado y asesinado por un comando paramilitar en 2001, quien lideraba la lucha contra el proyecto y por la defensa de los derechos territoriales del pueblo Embera Katío. Los impactos ambientales de la represa de Urra I afectaron los ciclos de inundación en el valle del río Sinú y con ello la producción agrícola y piscícola de la región; así como la perdida de tierra cultivable por el espejo de agua de la represa.
Un segundo caso ha sido la explotación de “maderas finas” que se ha vivido en el Chocó biogeográfico, primero por las dinámicas coloniales y más recientemente como una opción de financiamiento de diferentes grupos armados y de ciertos empresarios “de bien”. Cabe destacar el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por alias “El Alemán”, que facilitó la intervención del Ejército en la Operación Génesis en 1997 (a cargo del Gr Rito Alejo del Rio) y la explotación maderera por parte de Maderas de Darién S.A., filial de Pizano S.A., contraviniendo a las negativas judiciales al respecto.
Tras la desmovilización de las AUC en 2006, la deforestación en el Chocó Biogeográfico se ha mantenido por la prevalencia de diferentes grupos armados (guerrillas y grupos posdesmovilización) y de economías irregulares e ilegales; especialmente la minería. Tan solo en Riosucio (Chocó) se calcula una explotación de maderas finas de 140 mil metros cúbicos por año, lo que se refleja en las 11.457 hectáreas deforestadas en el departamento del Chocó durante el 2019, según cifras del IDEAM.
Estos dos casos, en conjunto, dan luces de la relación que existe entre ciertos grupos armados (como los paramilitares), los intereses de ciertos grupos económicos, y la condición de la naturaleza como víctima, también, del conflicto armado. Los impactos ecológicos de difícil recuperación se suman a las condiciones sociales de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades que presiona a realizar prácticas productivas insostenibles, y un modelo económico centrado en el extractivismo.
Reconocer la naturaleza como víctima y como sujeto de derechos, es un paso necesario para plantear una perspectiva integral de nuestros territorios y de nuestro futuro como país. Poder superar las causas estructurales del conflicto social y armado, será un paso fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de una paz con justicia social y ambiental.
*Miembro Dirección de Construcción de Paz y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
¿De un tratado a una declaración conjunta para frenar la contaminación con plástico?
Por: Felipe Peña
La posible vía para prohibir el plástico podría no ser una declaración conjunta sino más bien un cambio propio como consumidores, así muchos digan lo contrario…
En días pasados salió la noticia acerca de la propuesta de WWF, la Fundación Ellen MacArthur y Boston Consulting Group para la negociación y posterior firma de un tratado internacional centrado en frenar la contaminación con plástico, que si bien puede parecer a primera vista una propuesta cuando menos interesante, trae consigo una serie de dificultades que hacen de su mera negociación, una realidad bastante improbable.
Pero, mejor arrancar por lo básico ¿En qué consiste un tratado internacional? En palabras castas, es “un acuerdo entre Estados y otros sujetos de derecho internacional que es regido por el Derecho Internacional bajo el cual se entiende por ratificación, aceptación por parte del firmante su voluntad expresa a obligarse bajo el contenido de este” (Naciones Unidas, 1980). En síntesis, son compromisos vinculantes que generalmente adquieren los Estados, y he aquí el meollo del asunto.
Si bien políticamente para un Estado es beneficioso declarar de manera pública que está a favor de combatir la contaminación generada por el plástico, el petróleo o cualquier otro material, lo cierto es que grupos económicos al interior de cada país suelen llevar a cabo presiones políticas que en nuestras democracias electorales pueden significar perder elecciones a corto plazo en la medida en que estos actores no estén dispuestos a financiar dichas campañas.
Es así como, entre otras tantas razones, es improbable que se de en el seno de la ONU una negociación, firma y ratificación de dicho acuerdo. Por el contrario, lo más probable es que haya una declaración que en términos generales suele no ser de carácter obligatorio en su cumplimiento y por ende de más fácil consenso.
Ahora, si bien es rescatable el esfuerzo del sector privado con grandes empresas como Coca-Cola, Unilever, Woolworths o Nestlé, apoyando dicha proposición, desafortunadamente de acuerdo con el informe sobre Plástico de un solo uso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo115 países tienen regulaciones para la utilización de bolsas plásticas de un solo uso, que en muchos casos se quedan cortas, es improbable que por un acuerdo internacional se llegue a más regulación interna.
Adicionalmente, si bien dicho acuerdo en una situación hipotética fuese llevado a firma y ratificación, tampoco sería suficiente para solucionar el problema dado que sería una acción pensada para el futuro, pero hacia atrás poco o nada propone, y es ahí en dónde más problemas la humanidad tiene con el plástico.
Por ejemplo, al 2017 según cifras de las Naciones Unidas los micro plásticos estaban presentes en el mar hasta en 51.000 millones de partículas que si bien se ha identificado varias industrias como la cosmética y sobre todo la textil sintética, lo cierto es que la industria no parece tener intención de autoregularse y en el mundo tampoco hay ejemplo de una política efectiva que regule o aplique gravámenes a telas y productos que general altas emisiones de microplásticos para financiar los costos del tratamiento de aguas para solucionar el problema.
Sin embargo, el lector se preguntará ¿Esto tendrá que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas? ¡Claro que sí! Y es que lograr que el plástico desaparezca de nuestro sistema de producción impactaría de manera positiva varios de los objetivos, dentro de los cuales se cuenta el 6 alrededor del Agua Limpia y Saneamiento; el 12 en Producción y Consumos Responsables; el 13 de Acción por el Clima y el 14 acerca de Vida Submarina; el plástico, es sin lugar a dudas uno de los mayores contaminantes industriales de la humanidad y tristemente de los más usados, de hecho en la actualidad solamente el 9% del plástico es reciclado según la ONU un porcentaje ínfimo, más teniendo en cuenta que en promedio al año se producen 400 millones de toneladas.
Así las cosas, en lugar de quedarnos como simples espectadores de una declaración más como las que se han dado desde 1972 con la Cumbre de la Tierra y la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, como individuos podemos empezar a tomar acciones concretas que busquen impactar de manera positiva nuestro entorno y ahí es dónde puede estar la solución al problema.
Para empezar, toda acción del ser humano tiene una connotación política, así las cosas, deberíamos arrancar por votar y hacer control político a aquellos cuyas propuestas tengan un enfoque ambiental y más aún a aquellos quienes no lo tienen.
Adicionalmente, nuestro estilo de vida puede variar y ser encaminado a tener una menor huella con el medio ambiente. Podemos evitar comprar productos hechos con plástico al máximo y dado que dicho material está presente en prácticamente todo lo que usamos, cuando menos evitar usar plásticos de un solo uso y además activar el ingenio que tanto nos caracteriza a los seres humanos para darle usos secundarios a productos de uso diario que pueden caer en desuso y así evitar que terminen en botaderos como el Doña Juana en Bogotá.
Y si bien habrá quien desestime el poder que tenemos como individuos, yo personalmente soy un convencido de que hasta que no seamos los consumidores y votantes quienes no cambiemos nuestros patrones de utilización en el corto y mediano plazo, difícilmente gobiernos y empresas privadas se autoregularán. Sino, que lo diga Nike y su cambio organizacional luego del escándalo por explotación laboral de producción en sus fábricas y el boicot de consumidores occidentales, subsecuente chinas en los noventa y que al día de hoy es una de las compañías con un código de conducta más solido en el mundo.
* Miembro Dirección de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
