Por: Norma Rodas

En el marco de una charla en noviembre 2020, de Erick Parrado, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde sustenta que “… en la búsqueda del crecimiento inclusivo y sostenible, la inclusión financiera se transforma en una obligación…”; deja una interesante reflexión que invita a considerar acerca de los elementos de una verdadera inclusión social y financiera en nuestro país. El Banco Mundial brinda ocho importantes lineamientos para lograrlo: fomento a la diversidad de instituciones financieras, facilitar el uso de tecnologías innovadoras, ampliar actividades bancarias usando canales de bajos costos, optimización de recursos limitados, identificación y vigilancia de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, incentivar el uso de productos financieros de bajo costo y la protección al consumidor sobre divulgación, trato justo y recursos. Todo guiado a la facilitación que el Estado debe proporcionar y garantizar en el cumplimiento de su misión de inclusión financiera.

Colombia, no ha sido la excepción en implementar medidas y procesos que fomentan esta inclusión financiera, que tiene una relación directa con el desarrollo económico; y que ha avanzado en tiempo récord en cuanto a la bancarización presentando cifras impactantes; de acuerdo al registro histórico, en el 2013, 21.6 millones de personas estaban bancarizadas, siendo menos de la mitad de la población total de ese año; en contraste, en el 2020, el 83.3 % de la población esta bancarizada, alrededor de 41’899.000 personas. La aceleración indiscriminada que la pandemia trajo se ve reflejada en el programa de subsidios que el gobierno otorgo denominado “Ingreso Solidario” de los que se cuentan llegaron de forma directa a 2.6 millones de hogares colombianos y aproximadamente un millón de personas abrieron nuevas cuentas digitales usando teléfonos celulares; un logro admirable en un corto tiempo que sin duda fueron un alivio para sus beneficiarios. Sin embargo, la bancarización por sí sola, no logra un crecimiento social y económico sostenible a largo plazo. Igualmente, se debe tener en cuenta que, aunque se abren cuentas nuevas; desafortunadamente no hay recursos para ingresarle a estas cuentas una vez se saca el subsidio, y que el intercambio electrónico en medios de pago en esta población es más restrictivo debido a la falta de accesibilidad, costos y educación financiera de los negocios incipientes y las personas.

Estudios han demostrado que, los subsidios son una herramienta de estímulo económico a corto plazo. De acuerdo con el concepto de expertos, satisfacen una necesidad del momento y el dinero depositado en las cuentas tiene la característica de desaparecer del sistema en un periodo corto de días; es decir, su trazabilidad se pierde porque el dinero es retirado en efectivo debido al bajo monto del subsidio y a la falta de un ecosistema transaccional en las comunidades beneficiarias.

De otro lado, y de acuerdo con World Inequality Data Base, la inequidad en Colombia muestra que el 10% de la población obtiene el 50% de los ingresos totales del país y que según el DANE (2019) el índice de pobreza es del 27%; adicionalmente a esta cifra, un 7.2 % de la población se encuentra en pobreza extrema; sumando el 34.2% del total de la población colombiana calificada en situación de pobreza. Por tanto, es necesario apuntarle a un crecimiento económico y social sostenible usando las diferentes herramientas de inclusión social y financiera, con la participación y el compromiso del individuo, empresa privada, Estado y organismos internacionales en un modelo a largo plazo basado en el desarrollo e integración de comunidades sostenibles. 

Estos programas deben ir dirigidos a la población base de la pirámide; en Colombia se consideran el estrato 1,2 y 3 que constituye el 80% de la población, unas 36’400.000 personas; cuya vulnerabilidad ha sido evidenciada con profundidad durante la pandemia siendo la más afectada por desempleo, falta de acceso a servicios educativos, sociales y financieros, discriminación de género, estatus migratorio, madres cabeza de hogar, informalidad, entre muchos otros factores. 

La reconstrucción de un tejido social y económico se hace urgente en esta población que significa el 80% de habitantes en Colombia; es la oportunidad para formalizar empleos, crear emprendimientos que se convertirán en el largo plazo en empresas, incrementar los índices de empleabilidad, ampliar la base de personas que realizan aportes al sistema de  seguridad social, y dinamizar los ecosistemas ya existentes, integrando todos los actores en un compromiso social; teniendo como consecuencia una reactivación económica pertinente, con el objetivo de realizar una verdadera y sostenible inclusión social y financiera. 

Indudablemente existen factores de riesgo inherentes a esta estrategia de desarrollar e integrar comunidades sostenibles a partir de brindar oportunidades de sustento e ingresos; a través del trabajo, y la creación de microempresas, donde se formen economías colaborativas integradas por esas unidades económicas productivas bajo el compromiso comunitario de crecimiento, apoyadas por el mismo individuo, la empresa privada, El Estado y los organismos internacionales generando sinergias dentro de la comunidad y entre las comunidades, instaurando un desarrollo sostenible.

Existe un costo asociado a la incorporación de esta población base de la pirámide al sistema social y financiero formal, pero sin duda y a largo plazo, este costo es revertido en un impacto social positivo para el país y su crecimiento social y económico en forma exponencial. 

La inclusión social y financiera, es un compromiso que los actores del ecosistema del sector público y privado deben asumir de forma inmediata, quitarse los paradigmas del corto plazo, los resultados de inmediatez y los indicadores del hoy, para enfrentar un planeamiento cauteloso que involucra la identificación de necesidades del individuo, hasta la formalización real de personas y empresas al sistema, en una línea de tiempo amplia, con métricas de mejoramiento de calidad de vida, acceso a educación, salud, servicios sociales y financieros, además de un desarrollo económico sostenible de la comunidad. 

*Miembro Dirección de Emprendimiento