Cuarentena empresarial ¿Hasta cuándo?

Cuarentena empresarial ¿Hasta cuándo?

Ene 26, 2021 | Columnas de Opinión, Diana Pérez, Empresa

Por: Diana Pérez

El 2021 comienza con un enero “negro” para el sector empresarial que en el mes de diciembre venía presentando una leve mejoría a causa del impacto negativo dejado por las cuarentenas, los toques de queda y demás medidas para afrontar el paso de la pandemia en el 2020, año en el que cerraron más de 54.000 empresas solamente en Bogotá y qué de acuerdo con la Cámara de Comercio de esta ciudad, la creación de empresas disminuyó un 12%, siendo ésta, la cifra más alta en los últimos 10 años.

Pese a los malos resultados del 2020, el empuje del empresario y la expectativa del consumidor eran optimistas para el 2021. Según la última encuesta de pulso empresarial realizada por el DANE con el apoyo del Banco Mundial y publicada el pasado 20 de enero, el 39.9% del total de las empresas sostuvo en diciembre de 2020 que, esperaba un aumento de sus ingresos en los próximos tres meses, expectativa que se verá reducida con la llegada de la segunda ola de contagios y con la implementación de medidas restrictivas. Esto implica una mayor crisis a los empresarios que asumieron gastos en contratación de personal y créditos para retomar nuevamente sus actividades, situación que sin duda incrementará las pérdidas a varios sectores de la economía. Nadie preveía medidas tan restrictivas comenzando el año y que a juicio del Director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, puede generarle a la economía una pérdida de 8 a 12 billones de pesos.

 

El desespero empresarial está llegando al límite con los cierres al comercio y la industria, afectando no sólo el crecimiento de la economía, sino deteniendo la generación de empleo. Recordemos que al cierre del año 2020 la tasa de desempleo se encontraba en el 13.3% y para nadie es un secreto que el sector empresarial y productivo son el motor de la economía que ayuda a la reactivación y la generación de empleo, tal y como se corrobora con las cifras del DANE y la firma Raddar, cuando señalan que el sector privado genera el 95.8% del empleo en Bogotá y más del 80% a nivel nacional respectivamente.

El panorama no es fácil y aunque reconozco que la salud es prioridad, la economía también lo es. Si las medidas restrictivas continúan, la carga en el gasto del gobierno será mayor, ya que deberán generarse más subsidios para la empresa, flexibilizar impuestos y crear programas de salvamento que conllevarían el incremento en la deuda. No queremos un Gobierno paternalista, el empresario perfectamente puede salir adelante, siempre y cuando le permitan desarrollar su actividad con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas por las autoridades. 

La experiencia que nos dejó el 2020, debió servir para afrontar de mejor manera la llegada del segundo pico de contagio, sin embargo, retrocedimos en el tiempo tomando las mismas medidas que afectaron tanto la economía y que a hoy, pareciera no tener un resultado favorable en la disminución de contagios pero si, en el bolsillo del empresario, y más cuando muchas de esas medidas fueron impuestas de manera apresurada, sin ser concertadas con el sector privado. Debemos evitar más cierres de empresas, más despidos y más crisis económica si queremos lograr un crecimiento del 4.6% según lo proyectado por el Banco de la República para el 2021 y reducir la tasa de desempleo, razón por la cual, es necesario que las autoridades nacionales y locales reconsideren algunas restricciones al sector productivo y comercial que está tratando de sobrevivir, permitir su operación de manera biosegura para recuperar lo perdido en el 2020 y dinamizar la economía en los próximos meses. 

Bien decía Churchill “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto”.

*Directora Empresa, Industria y Competitividad
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Cuarentena empresarial ¿Hasta cuándo?

EUU: Menos reality más política

Ene 20, 2021 | Columnas de Opinión, Freddy Osorio

Por: Freddy Osorio

Como observador externo de la política norteamericana, considero que prefiero la política aburrida que la política como espectáculo. En términos de entretenimiento, la presidencia de Trump fue coherente: quería que todos lo viéramos. Y el resto del mundo vimos, con la boca abierta y cara de desconcierto cada vuelta y giro de una situación propia de la televisión y no de la realidad. O de un reality show. 

La presidencia de Trump empezó con su posesión, como si fuera una actividad que debía ser cubierta por las páginas sociales, no como un trámite administrativo y solemne. Luego siguió con la mentira intrascendente del número de personas que asistieron. Como resultado de este debate, la oficina de prensa dio esa batalla contrafactual, donde terminó acuñando el término “hechos alternativos” (alternative facts). 

Y es precisamente allí donde Trump trató de llevar a la política: a una política regida por la opinión divergente y el entretenimiento. Los hechos y la realidad fueron lanzados por la ventana y remplazados por la opinión. Una opinión fuerte y gritada a cuatro vientos que no resistía que se revisara con lupa.  

Trump mostró la fragilidad de los valores políticos en los regímenes presidenciales. Eso de lo que nos acusaban a los países latinoamericanos: de tener líderes fuertes que pasaban por encima de las reglas y las normas. Hoy, es claro que no es un fenómeno de nuestras repúblicas tropicales. Espero que la academia empiece a hacer estudios y recomendaciones, con relación a todos los regímenes presidenciales, acerca de cómo podemos prevenir que un presidente pueda pasar por encima de la realidad y los hechos.

En Colombia debemos evitar caer en que el ejercicio de la política se vuelva un reality. El presidente Duque debería reflexionar acerca de lo que quiere hacer con su programa Prevención y Acción. Ya pasamos el límite entre comunicar difíciles decisiones en una emergencia y un programa de vanidad o entretenimiento. Hoy, ese programa tiene la misma credibilidad que el número de personas que asistió a la inauguración de Trump. 

Dicho esto, la discusión sobre qué artista debe cantar en la inauguración, como si una posesión presidencial fuera similar al espectáculo del Súper Bowl, no debería hacer parte de la política. El Presidente no es una estrella de rock ni un superhéroe. La política aburrida, la del diseño institucional, de programas y de indicadores para resolver nuestros problemas de inequidad y atraso está muy alejada de ser entretenida. Y eso está bien. 

Espero que la nueva era de política internacional se aleje del espectáculo, de la pirotecnia, de los desfiles y aviones volando, y se aproxime más a la solución de problemas reales, basados en la evidencia. De la política aburrida, pero necesaria.

*Miembro Fundador
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Cuarentena empresarial ¿Hasta cuándo?

Una nueva apuesta para la educación superior en la ciudad: Los nuevos retos del sistema universitario.

Ene 19, 2021 | Columnas de Opinión, Educación, Liliana María Guaca

Por: Liliana María Guaca

Las universidades durante la pandemia se enfrentaron al reto de transformar sus procesos académicos y administrativos para lograr mantener no solo la matrícula sino también, poder generar procesos pedagógicos acordes a la nueva realidad. 

De lo anterior, se desprende la discusión sobre la pertinencia de los contenidos de cara a los cambios tecnológicos actuales, en ese sentido, ¿Los estudiantes están preparados para ellos? ¿Estamos formando a nuestros estudiantes en habilidades y capacidades para enfrentar estos desafíos y los que se desprenden de un futuro laboral cada vez más automatizado?

Según una encuesta realizada por WorkUniversity dirigida a 1.257 estudiantes universitarios, 160 tecnólogos y 82 jóvenes en formación, la deserción para el segundo semestre  del 2020 fue entre el 24 % y el 50% a pesar de los alivios en matrícula y diferentes estrategias de retención que han venido desarrollando las diferentes universidades. 

Según la citada encuesta los principales factores de retiro del sistema universitario obedecen a dificultades económicas (62,5%), lo complejo que supone mantener las clases virtuales (20,80%), no contar con suficiente Internet ni medios, como un computador (12,50%) o no tener una práctica universitaria (4,20%). A estos elementos se suma que el 58% de la población desertora, fueron estudiantes de los primeros semestres.

 

Esta cifras ponen de presente, la fragilidad económica en la que se encuentran nuestros estudiantes universitarios. Desertar del sistema para aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad, puede tener un costo mayor que para el que cuenta con el capital, económico, social y cultural para retornar. Lo anterior, debido a factores asociados como ser cabeza de familia,  tener hermanos o adultos mayores a cargo o ser el principal miembro proovedor de la unidad familiar a la que pertenece. 

 

Adicionalmente, la alta deserción en los primeros semestres puede obedecer a otros adicionales, como errada orientación vocacional en la educación media que los lleva a transitar por espacios de formación alejados de sus verdaderos interéses y que terminan en un proyecto de vida que no es consistente con su expectativas, con lo que aprendieron y lo que requiere el mercado laboral. 

 

La deserción observada agrava más la situación si tenemos en cuenta el antecedente de la baja absorción de egresados en las universidades que según cifras del Ministerio de Educación para 2018, evidencia que solo el 48,5 % de los estudiantes de colegios oficiales y privados aparecen en los registros de absorción a la educación superior. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a la culminación de sus estudios de bachiller y de esos 48, la mitad desertaron en los primeros semestres.

Desde esa perspectiva, la educación superior tiene 2 grandes desafíos: En primer lugar, definir estrategias de orientación, acceso y  permanencia articuladas entre niveles, que permitan retener a los estudiantes de manera satisfactoria en cada una de sus etapas y asi lograr la culminación de sus estudios; En segundo lugar, presentar una oferta pertinente, que cumpla con los fines misionales de las universidades en términos de la formación integral pero que también se corresponda con las necesidades laborales del mercado y de la sociedad.

El distrito capital con apoyo de la UNESCO, el PNUD y la OIT hoy se están pensando estos desafíos en conjunto con las universidades a través de una propuesta de modelo de acceso, permanencia y graduación de la educación post-media. Allí se  plantea un escenario formativo a traves de las construcción de rutas de aprendizaje diseñadas por los mismos estudiantes, de conformidad  con la oferta que actualmente han venido planteando las universidades que decidieron participar de la estrategia Reto A la U, que se desprende de este modelo y que actualmente es desarrollada por la Secretaría de Educación del Distrito.

Esta innovadora propuesta, busca que tanto las universidad públicas como privadas hagan parte de un gran ecosistema de formación que le permita al estudiante, contar con una oferta diversa y pertinente que no se limite a universidad específica, sino que sea el resultado de las elecciones e interéses del estudiante; un sistema que acompaña la construcción de su proyecto de vida y que como resultado de dicha experiencia, pueda contar al final con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral; desarrollando de conformidad con sus elecciones un proyecto de vida más promisorio.

Lo anterior, supone como sistema educativo en conjunto, un gran compromiso por el desarrollo educativo en la ciudad, a través de:

  1.  El desarrollo de estrategias que permitan mayores oportunidades de acceso, permanencia y de calidad en los aprendizajes entre niveles.
  2. La generación de un camino que le permita a los estudiantes navegar en este escenario a través de créditos, que en palabras mas técnicas representa la construcción y concertación de  rutas de homologación conjuntas entre las universidades que hacen parte del sistema.
  3. Si bien las universidades seguiran siendo generadoras claves del conocimiento cientifico, deben lograr ampliar su mirada sobre lo que hoy representa el mercado y las demandas que este tiene.
  4. La clara necesidad de actualizacion curricular y de innovacion educativa en el que tendran que entrar las universidades, ya que en este modelo no se está hablando solo de conocientos académicos sino tambien de habilidades para el trabajo. 
  5. Los procesos de  acreditación y de mejoramiento institucional serán claves para lograr avanzar en esta dirección y las consecuente alienación que se proyecta entre los diferentes ciclos de formación (universitaria, tecnológica y para el trabajo y desarrollo humano) que toma vida a través de este modelo y que vuelve a traer al estudiante como centro del proceso de formación.
  6. El rol esencial de regulación y el financiamiento que cumplirá la naciente Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología creada en noviembre del 2020 y su relación o vinculación con la Secretaría de Educación Distrital y con otras entidades distritales.

Para finalizar es importante tener en cuenta que para llevar a feliz término la materializacion de este modelo, el sector productivo tendra que tener un papel más protagónico no solo en lo que tiene que ver con acercar sus necesidades de formación a los currículos, sino tambiénn en plantear articulaciones hacia el empleo más concretas adicionales a una mera práctica profesional.

Sobre este punto, la Ley del primer empleo y la Ley de pasantías son fundamentales Esta ultima liderada por el representante a la Cámara Jose Daniel Lopez y sancionada recientemente por el Presidente de la República,  busca romper el cuello de botella que muchos jovenes tenían al no contar con experiencia laboral certificada para presentarse a convocatoria laborales. 

Lo anterior, le da posibilidades mayores a los jóvenes universitarios que se les sea renocida esta experiencia y que junto con ésta estrategia de formación propuesta por la Secretaría de Educación, se logre un efecto directo y sistemático sobre el mejoramiento del empleo y la empleabilidad, así como de lucha contra la informalidad y la pobreza en la ciudad.

*Miembro Dirección de Educación
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Cuarentena empresarial ¿Hasta cuándo?

Energía verde, nuestro café del siglo XXI

Ene 18, 2021 | Columnas de Opinión, Juan José Angulo, Transición Energética

Por: Juan José Angulo

 

La transición energética llegó para quedarse pero depende de nosotros mismos que produzca resultados óptimos para nuestro país. Este espacio de opinion procura acercar a los colombianos al contexto energético formulando preguntas que nos ayuden a comprender la electricidad en nuestras vidas de una forma tangible. Comencé con un interrogante ambicioso: ¿qué deberíamos saber todos sobre el servicio de electricidad? planteando la necesidad de estar informados sobre (i) la relación entre electricidad y mejor calidad vida; (ii) el funcionamiento del mercado de energía cuyos costos siempre son trasladados a los hogares colombianos; (iii) los cambios a nivel mundial en cuanto a las formas de producir y consumir energía; y (iv) el potencial con que cuenta Colombia para producir energía en contraste con nuestra realidad actual. En la primera columna expuse algunas ideas sobre los tres primeros aspectos, dejando el último para ser abordado en esta oportunidad.

 

Como colombianos nos corresponde saber que nuestro territorio cuenta con aproximadamente nueve recursos diferentes para producir energía eléctrica y que actualmente solo utilizamos dos e importamos uno. El sol, el viento, los residuos orgánicos y vegetales, el calor del subsuelo y las corrientes marinas, son recursos renovables no convencionales para producir electricidad sin emisiones contaminantes, a precios competitivos, y reduciendo nuestra exposición al Fenómeno del Niño. También nos permiten compensar la contaminación de otras actividades. Según los datos oficiales más recientes (XM, 2021), los recursos empleados hoy en Colombia para producir energía se ordenan de la siguiente manera: 80% agua, 11% carbón, 6% gas natural, 2% gasolina u otros combustibles líquidos, y 1% biomasa de bagazo de caña. De los tres más usados, la disponibilidad del agua es amenazada permanentemente por las cada vez más frecuentes épocas de sequía, el carbón es una fuente contaminante, y la incertidumbre de gas natural es tal que desde el año 2016 importamos gas natural licuado (LNG) llegando a representar alrededor del 71% del gas usado por las termoeléctricas que emplean este recurso (Portafolio, 2020). En síntesis, el 86% de la capacidad para producir energía en Colombia hoy depende de recursos cuya disponibilidad es incierta y requiere importación y un 11% emplea una fuente contaminante. La capacidad de generación renovable no convencional actual, ronda el 0,02%.

 

Fuente: XM 2021

 

Los colombianos también debemos saber que desde el año 2001 el Congreso de la República y los gobiernos de turno han expedido leyes y señales de política pública para incentivar el uso de fuentes no contaminantes, encontrando mayor acogida en solares y eólicos que al 31 de diciembre de 2020 suman aproximadamente 160 MW en operación; y que en el 2019 se realizaron dos subastas para ayudar a viabilizar alrededor de 1.600 MW verdes que deberían comenzar a funcionar el 1 de enero de 2022. En resumen, cuando los proyectos renovables en desarrollo se materialicen, Colombia habrá logrado incrementar su capacidad de energía verde aproximadamente al 13%. Un aumento significativo, a la expectativa de que los proyectos logren su construcción y operación comercial para lo cual se están haciendo todos los esfuerzos posibles. 

 

 

 

Ahora bien, percibir los mejores beneficios de la transición energética requiere analizar la dinámica de este nuevo mercado energético con detalle y tomar decisiones que trasciendan la premura de objetivos de corto plazo y sofismas de distracción. Por ejemplo, la inclusión efectiva y decidida de energía verde en la agenda pública tuvo una estrecha relación con la situación del proyecto Hidroituango. Las Resoluciones 40790 y 40791 del 31 de julio de 2018, mediante las cuales el Ministerio de Minas y Energía aprobó algunas obras que estaban pendiente hace años para transportar energía en la Guajira y definió los detalles de la subasta de renovables, fueron expedidas tres meses después de que se hiciera pública la contingencia del proyecto hidroeléctrico el 28 de abril de 2018, con el objetivo explícito de suplir el faltante de energía de la mega obra. Antes de ello, la aplicación de la Ley 697 de 2001 fue prácticamente nula y la de la Ley 1715 de 2014 tuvo un despegue ralentizado por voces que aun predican como perjudicial incrementar la oferta de energía verde del país. También es muy ilustrativo analizar la estructura de costos y las diferentes posibilides de ingresos que ofrece un proyecto de energía renovable. Las rentas directas que estos proyectos pueden ofrecer a las familias colombianas a título de empleo y adquisición de bienes y servicios, se concentran en la etapa de construcción y previa a esta. Sin embargo, aproximadamente el 70% del costo total está representado en equipos que no se producen en el país; son importados, y, por lo tanto, los recursos que se destinan a su adquisición no se percibirán en Colombia hasta que no participemos de manera directa en este segmento productivo. En la etapa operativa se producen ingresos por venta de energía, ahorros y compensaciones ambientales que son monetizables para inversionistas, y los impuestos, regalías y contribuciones que son ingresos del Estado. Uno de los mayores beneficios de la bonanza cafetera fue generar ingresos directos para millones de familias y uno de los mayores aprendizajes de las industrias extractivas es su impacto en los ingresos fiscales. La energía verde nos ofrece a los colombianos la posibilidad de percibir beneficios en todos los segmentos (como proveedores de bienes y servicios, como inversionistas, a través del Estado y como consumidores) pero de nosotros depende que podamos multiplicar nuestro tejido empresarial, balancear el estatal y sofisticar nuestro consumo. Otro aspecto que debemos analizar en la transición energética es la transferencia de conocimiento. La construcción de proyectos renovables se suele tercerizar mediante contratos conocidos como EPC (Engeneering, Procurement and Construction) cuya naturaleza jurídica no está llamada a transferir conocimiento. Los colombianos necesitamos incrementar nuestro “know-how” y “cacharrear” el estado del arte en materia de renovables para desarrollar ventajas competitivas a partir de los recursos de nuestro territorio, donde una nueva minería colombiana será esencial en el contexto de transición energética. En el país también contamos con los minerales del futuro (ACGGP, 2020).

 

 

 

Desarrollo y medioambiente dejaron de ser palabras separadas para convertirse en el eje de nuestras sociedades modernas; y aunque tensiones permanentes entre estos conceptos parezcan excluirlos mutuamente, nuestra sostenibilidad depende de que la fusión se mantenga. La electricidad es un buen adhesivo entre ambos. En el caso colombiano, al rededor de la energía eléctrica podríamos desarrollar capacidades colectivas que permitan a las familias de Colombia ofrecer productos y servicios a un mundo que demanda energía confiable, eficiente y, sobre todo, sostenible. Iniciemos el nuevo año con la idea de que la energía verde puede ser nuestro café del siglo XXI.

 

 

*Director de Transición Electrónica

 
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El fin de la era Trump: análisis de una transición

El fin de la era Trump: análisis de una transición

Ene 16, 2021 | Entrevista, Estudios de Colombia y América Latina, Fernando Posada

¿Qué le espera a EEUU y a Latinoamérica con el fin de la era Trump y la llegada de Biden a la presidencia del país norteamericano? Un análisis de la dirección de Estudios Políticos y América Latina.
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El reto del bilingüismo

Ene 14, 2021 | Columnas de Opinión, Educación, Julián Gutiérrez

Por: Julián Gutiérrez

El artículo 10 de la constitución de 1991 que reconoce la diversidad lingüística de Colombia también abrió la puerta para el desarrollo de modelos educativos bilingües basados en la lengua española y cualquiera de las mas de sesenta lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. En este sentido los procesos de etnoeducación desarrollados hasta entonces representan una tradición importante de la educación bilingüe en el sector oficial en Colombia. Tomando eso en cuenta, resulta pertinente plantear la pregunta sobre el estado de cosas en lo que tiene que ver con la situación de la educación bilingüe en lengua extranjera en el sector oficial y los retos que enfrenta.

Es importante partir del punto de que ya no tiene sentido seguir haciendo la pregunta por la viabilidad de esta educación en tanto la evidencia apunta tanto a su viabilidad como a su utilidad para resolver brechas de acceso, aprendizaje y calidad educativa en la población. En primer lugar, es importante tener en cuenta que ya existe una masa crítica de experiencias exitosas a nivel nacional con instituciones en Barranquilla y Bogotá que han construido e implementado con éxito modelos educativos bilingües producto del trabajo de sus áreas de lengua inglesa y el acompañamiento por parte de instituciones de educación superior y organismos multilaterales, junto con los avances a nivel de escuelas normales superiores que han desarrollado planes de acción para la implementación de modelos educativos bilingües en horizontes de tiempo de 3, 5 y 8 años. 

El trabajo de estas instituciones educativas es a su vez un contraargumento claro y efectivo a la narrativa que sugiere que un modelo educativo bilingüe compromete el desarrollo de las competencias en primera lengua. La evidencia de investigaciones relacionadas con la transferencia de las competencias lectoras y escritoras muestra como los estudiantes aprenden las habilidades de lectura crítica y escritura en su primera lengua para posteriormente transferirlas a la lengua extranjera a medida que su competencia en esta avanza. En segundo lugar, la evidencia también apunta a que el aprendizaje de una lengua extranjera y el aprendizaje a través de esta les permite a los estudiantes desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, pueden reflexionar sobre su aprendizaje de tal manera que este sea mas efectivo a medida que pasa el tiempo. Finalmente, la apertura de oportunidades asociada al dominio de una lengua extranjera y la mejora en el nivel de vida que estas pueden representar es una poderosa razón para avanzar sobre lo que se ha construido en los últimos diez años.

Esta exploración general del estado de cosas de la educación bilingüe en lengua extranjera dentro del sector oficial hace necesario pasar a los retos que esta tiene en el momento, identificados gracias al trabajo pionero de las instituciones que han realizado esta apuesta y que cabe anotar, están interrelacionados. En primer lugar y subrayando algo mencionado previamente, es necesario abordar a los procesos de educación bilingüe como procesos de largo plazo a realizar en horizontes de tiempo que pueden ir hasta los diez años. Hablar de un modelo educativo bilingüe va mas allá de definir materias y currículos. Es un proceso que pasa por la selección de contenidos para la construcción de syllabus, la selección de recursos a utilizar y la articulación de ambos con los referentes existentes a nivel nacional (Como por ejemplo el currículo sugerido que ha construido el MEN). Sobre todo, pasa por la construcción de un ambiente bilingüe dentro de cada institución que les muestre a todos los miembros de la comunidad las posibilidades asociadas al uso de una lengua extranjera y que la saquen del aula. Esto mismo apunta al segundo reto: la concepción del bilingüismo como una apuesta institucional en la cual todos los miembros de la comunidad educativa tienen un aporte que hacer, una responsabilidad al respecto y se ven beneficiados por todo el proceso, lo que a su vez implica otro reto: la construcción de un liderazgo por parte de directivos y docentes el cual logre llevar a cabo este movimiento institucional a través del convencimiento del resto de actores en la comunidad educativa (docentes de otras áreas, estudiantes, padres de familia, equipo administrativo) e incluso, actores a nivel territorial y regional (p. ej, secretarías de educación) las cuales pueden apoyar el desarrollo de los modelos educativos bilingües a partir de, por ejemplo, la atención de necesidades específicas y la articulación con otras iniciativas de naturaleza similar. 

De esta manera, la construcción e implementación de un modelo educativo bilingüe para el sector oficial termina convirtiéndose en el laboratorio para políticas educativas de largo aliento que puedan trascender consideraciones administrativas y le den un nuevo enfoque a la formulación de estas por parte de actores gubernamentales. 

*Miembro Dirección de Educación
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