El 2021 en tres temas ambientales
Por: Marcela Ángel y Daniel Albarracín
El 2021 inicia con el creciente impacto de la pandemia del COVID-19 y las sucesivas olas de contagios y muertes en todo el mundo. Pero a pesar de las medidas de confinamiento, la desaceleración económica global, y el impacto demográfico de la pandemia los problemas ambientales no se detuvieron. Las imágenes de la breve recuperación de la vida silvestre fueron cosa de unos titulares pasajeros. Desde la perspectiva ambiental, hay tres temas que merecen seguimiento durante este año: a escala nacional, los conflictos socio-ambientales relacionados a la conservación; a escala regional, la deforestación de la Amazonia y otros bosques de gran valor ecológico, cultural y social; y a escala global, las crisis climática y de biodiversidad y la posición de la nueva administración Biden frente a los temas ambientales.
Con la reciente publicación de la “Guía para la Planificación de todas las categorías del SINAP” se dió un paso significativo en la modernización de la política sobre áreas protegidas, las cuáles representan 30 millones de hectáreas (es decir el 16% de la superficie terrestre y 14% de la cobertura marítima de Colombia). La implementación de esta guía, así como la nueva dirección de Parques Nacionales Naturales (PNN), se enfrentan a retos interconectados en el territorio como los conflictos socio-ambientales en ciertos ecosistemas estratégicos (como Santurban o Sierra Nevada), la falta de coordinación entre las entidades territoriales para la planeación, el licenciamiento y control ambiental, las seguridad de los líderes sociales, y las actividades económicas irregulares (minería ilegal y cultivos de uso ilícito), así como la ocupación histórica de comunidades campesinas y otros actores (legales e ilegales) en zonas de estabilización de la frontera agrícola que constituyen importantes focos de deforestación.
La conservación y el uso de áreas naturales no deben ser antagónicas con procesos de aprovechamiento sostenible como el turismo, la agroforestería u otros negocios verdes. Por el contrario, el uso y aprovechamiento puede generar grandes sinergias con la conservación, pero este es un balance delicado que debe estar soportado por la ciencia, el adecuado manejo ambiental, y la participación de las comunidades locales y étnicas, sobre todo indígenas y afrodescendientes que tienen presencia en 26 de estas áreas. Es por esto que en 2021, la implementación de los nuevos lineamientos de áreas protegidas debe estar acompañada de decisiones coherentes con respecto a la aspersión aérea sobre cultivos de uso ilícito con glifosato, los planes piloto de explotación de hidrocarburos vía fracking, y el trámite legislativo frente al Acuerdo de Escazú.
El segundo tema que no deja de ocupar a investigadores y activistas ambientales es la acelerada deforestación de los bosques del Pacífico, la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Amazonía. Particularmente en el frente Amazónico, por la falta de resultados por parte de las autoridades de los países amazónicos y las alertas sobre el riesgo de alcanzar un punto de no retorno ecológico. La presión de ciertos sectores económicos como la ganadería, la agricultura a gran escala, y proyectos de infraestructura continúan depredando el ecosistema. La Amazonía está llegando a un nivel de degradación con el cual se podría alcanzar un punto de inflexión y desencadenar una transformación ecológica. Lo que sucede dentro y fuera de nuestros límites fronterizos tiene impactos sobre el ecosistema que podrían desencadenar circuitos de retroalimentación que llevarían a la transformación de grandes áreas de bosque tropical a sabana.
La falta de un trabajo multilateral por parte de los países amazónicos y las posiciones pro-industriales de presidentes como Jair Bolsonaro, también denominado el capitán motosierra, son alarmantes frete a las necesidades de protección. Lo cierto es que de no reconocer los costos de conservación y el rol de las comunidades locales para detener los procesos de deforestación del bosque Amazónico, los impactos en la región y a nivel global serán sin precedentes en cuanto a la pérdida de biodiversidad, la afectación en los procesos de regulación climática y la pérdida de bienes y servicios ambientales, además del deterioro cultural, social y los medios de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Amazonas.
El último elemento que merece atención es la nueva presidencia de Estados Unidos, y los cambios que esta traiga a la agenda climática internacional y con respecto a las prioridades de cooperación con América Latina, dónde las agendas internacionales de cambio climático (UNFCCC for sus siglas en inglés) y diversidad biológica (CDB) están estrechamente relacionadas. Ciertamente las metas del Acuerdo de París dependen de la vinculación de los países que generan la mayoría de las emisiones causantes del cambio climático, como el mismo Estados Unidos, y su retorno al acuerdo de Paris es motivo de celebración. La administración Trump significó retrocesos en múltiples procesos de regulación ambiental en pro de una agenda conservadora y populista. Biden, como candidato, propuso una meta de cero emisiones netas para el 2050 y un plan ambisioso para alcanzarla. En sus primeros días en la Casa Blanca, Biden ha comezado a reestablecer muchas de las políticas ambientales a través de un tren de ordenes ejecutivas.
La necesidad de cumplir los compromisos internacionales frente al cambio climático y las promesas de campaña implicarán transformaciones sin precedentes, lo cual tendrá efectos geopolíticos en las relaciones entre actores como la Unión Europea, China y otros países altamente industrializados y con repercusiones para América Latina. Dejar a un lado la dependencia de hidrocarburos (especialmente los no convencionales vía fracking) así como planear la transición justa hacia una economía baja en carbono es cuestión de tiempo. Los países que se queden atrás se verán privados de las oportunidades económicas y ventajas competitivas de quienes se muevan rápidamente en esta dirección. Además de la clara urgencia del presidente Biden para enfrentar la crisis climática a nivel global, se suman los llamados de un grupo de exfuncionarios de alto nivel para proteger el Amazonas a través de recursos, acuerdos comerciales, regulaciones financieras y compromisos corporativos. En este nuevo panorama, Colombia tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo ambiental en la región, pero para lograrlo se requiere fortalecer una serie de alianzas estratégicas y redefinir la agenda de cooperación con el gobierno Biden.
El año que tenemos por delante, podría sentar las bases para un futuro más sostenible, equitativo, regenerativo para los ecosistemas y determinante para la estabilidad climática y la biodiversidad a través de una agenda ambiental robusta a nivel nacional, regional e internacional. Desde la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de AlCentro le estaremos haciendo seguimiento a estos temas y otras problemáticas ambientales en el 2021 para aportar desde el debate público, la investigación, y la propuesta de alternativas de soluciones a las apuestas por nuevos modelos de prosperidad positivos para la naturaleza y la sociedad.
*Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad
* Miembro dirección de Construcción de Paz
Energía verde, el nuevo café del siglo XXI
#OpinionConEvidencia: “Energía verde, el nuevo café del siglo XXI”
¿Qué importancia tiene la transición energética en nuestro país? ¿Es la energía verde nuestro nuevo café? Estos interrogantes son resueltos por @jja2011, @silvihabib, @cristhianprado y @CaroFierroVal en nuestra nueva entrevista. Los invitamos a verla
¿Qué importancia tiene la transición energética en nuestro país? ¿Es la energía verde nuestro nuevo café? Estos interrogantes son resueltos por @jja2011, @silvihabib, @cristhianprado y @CaroFierroVal en nuestra nueva entrevista. Los invitamos a verla
No más excusas para el regreso a clases presenciales en Bogotá
Por: Diego Escallón
El 15 de febrero debía iniciarse el regreso a clases presencial, gradual y alterno en Bogotá. Sin embargo, tan solo 8 de 400 instituciones educativas oficiales regresaron a la presencialidad, lo que representa el 2%, a comparación de casi el 35% de los colegios privados de la ciudad. La explicación de esto es que la Asociación Distrital de Educadores (ADE), sindicato de profesores del Distrito, pidió que se retrasara la medida y rechazó el regreso a las clases presenciales, según ellos, porque no existen las condiciones de bioseguridad necesarias para proteger su salud (El Espectador, 2021).
Aunque Bogotá no cuenta con cifras que permita dimensionar la afectación de la pandemia a la calidad de la educación o el impacto sobre el aprendizaje o sobre las dificultades socioemocionales que pueden estar sufriendo niños y niñas en la virtualidad, recientemente se publicó un estudio de la Universidad de los Andes, el Centro Nacional de Consultoría y ProBogotá (2021) en el que se revisó la incidencia de la virtualidad en la educación primaria, básica y media en Bogotá.
Este estudio concluyó que el 22% de encuestados presenta dificultades de acceso a clases en vivo virtuales, el 27% de los estudiantes tiene dificultades de acceso a actividades en internet y menos del 50% cuenta con dispositivos electrónicos exclusivos para estudiar. Además de estos datos, este estudio evidenció que la brecha entre colegios privados y públicos se agranda con la virtualidad, pues el 30% de estudiantes de colegios privados reportaron alguna dificultad para acceder a las actividades en casa, mientras que en los colegios oficiales fue el 52%; el 66% de estudiantes de colegios oficiales tiene disponibilidad de un computador y el 15% a una tableta, a comparación de los privados que tienen disponibilidad en un 94% y 43%, respectivamente; y el 50% de personas de colegios oficiales tiene acceso a internet de alta velocidad, mientras que para los privados este acceso se sitúa en el 80%.
Estas cifras se vuelven más alarmantes cuando se revisan a la luz de los impactos reales de la pandemia en la educación. En Estados Unidos se han llevado a cabo varios estudios que evidencian que, con ocasión de la virtualidad, niños y niñas de menores ingresos pueden retrasarse más de un año de su educación y podrían aumentarse brechas en un 15 o 20% entre personas blancas de mayores ingresos y comunidades negras, hispanas o de menores ingresos (Mckinsey, 2020). En el mismo sentido, un análisis hecho por académicos de Harvard y de Brown en el que se revisó el avance en matemáticas en una plataforma virtual, encontró que estudiantes de menores ingresos se mantuvieron un 50% por debajo de los niveles de referencia, por lo que se concluye que la pandemia puede ampliar la desigualdad en el largo plazo (Chetty, R., et al, 2020).
Con respecto a las medidas de bioseguridad, la Secretaría de Educación de Bogotá reportó que ha realizado 153 intervenciones en 109 sedes y ha adquirido 1.031.896 tapabocas lavables para estudiantes, además de otros esfuerzos por adecuar las sedes para iniciar con la presencialidad protegiendo a los miembros de la comunidad educativa (SED, 2021).
Si las clases presenciales no inician próximamente, la calidad de la educación que reciben niños y niñas de la ciudad se verá gravemente afectada por este anuncio de la ADE, además que aumentará la brecha entre colegios públicos y privados en Bogotá por el acceso a la tecnología, que ya es bastante amplia en resultados de las pruebas Saber 11 en donde los privados tienen resultados promedio más de 34 puntos por encima de estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá (Icfes, 2021). Es necesario que regresen a las aulas físicas para no ahondar más la inequidad.
Los docentes y directivos docentes con esta decisión están afectando la posibilidad de niños y niñas de recibir una educación de calidad que responda a los estándares mínimos de competencias y sus efectos se verán en el largo plazo. La pandemia continuará y los docentes deben ser conscientes del impacto de su decisión y cómo puede perjudicar o beneficiar la vida de cientos de niños y niñas de la Capital, especialmente si las condiciones están para su regreso en condiciones de seguridad.
Es importante reconocer que docentes, rectores y todo el sector administrativo de la educación, además de los padres y acudientes de estudiantes, han trabajado muy duro durante la pandemia para mantener la educación funcionando, pero no es momento de sacar más excusas y es fundamental que replanteen su decisión para regresar pronto a las aulas presenciales por el beneficio del país.
*Director Temático de Bogotá
Un año que inicia con recrudecimiento de la violencia
Por: Andrea Carreño
En tan sólo 31 días, Colombia tuvo siete masacres, un líder social silenciado cada 41 horas, y la violencia de género que no es un asunto privado, sino un problema de salud pública, tuvo un peligroso repunte de 18 mujeres victimas de feminicidio, tres de ellas, menores de 15 años. El Estado no puede permanecer ciego ante esta realidad. Es necesario tomar medidas urgentes y efectivas que frenen el asesinato de hombres y mujeres inocentes, víctimas de la violencia persistente a lo largo y ancho del país. Si estas problemáticas no son tratadas con prontitud, el año 2021 podría ser más violento que el anterior.
Colombia tuvo un inicio de año con una alarmante escalada de violencia ejercida contra campesinos, comerciantes y jóvenes por parte de grupos armados organizados. En enero hubo un total de siete masacres que dejaron como saldo 24 personas asesinadas, entre ellas, tres menores y cinco que apenas cumplían la mayoría de edad. Hasta el momento, los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Caquetá.
Si bien los motivos de este “indicador de la degradación de la guerra”, como lo catalogó la Corte Constitucional en su Sentencia C-250 del 28 de marzo de 2012, debe diferenciarse y revisar el contexto conflictivo de cada departamento, es evidente que esta recrudecimiento de la violencia es producto de una nueva fase del conflicto armado que, tras el desarme y desmovilización de las antiguas Farc, provocó la proliferación de grupos armados ilegales, la disputa por los territorios y el comercio de la droga.
Sumando a que si bien, en el 2016, la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano se comprometieron, el primero, al abandono de las armas, y el segundo, a la llegada integral del Estado a territorios donde históricamente no ha hecho presencia, en la práctica, el Estado sigue ausente y varios grupos ilegales tienen el control de múltiples regiones.
Realidad que también se ve reflejada en la cifra de asesinatos a líderes sociales. Durante el primer mes de este año, cada 41 horas fue asesinado un líder colombiano que realizaban trabajo comunitario, medioambiental o de protección de Derechos Humanos. Los 18 asesinatos son solo la punta del iceberg. A ello se suman, los atentados, el desplazamiento, el exilio y el miedo que hace que mujeres y hombres desistan de su trabajo comunitario. Sin embargo, esta problemática no afecta todos los departamentos por igual. Esta vez, las acciones contra la vida de líderes sociales se concentraron en los departamentos de Antioquia, Valle de Cauca, Córdoba, Cesar y Meta, regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
El deterioro de entornos seguros para ejercer liderazgos en las regiones, necesita de verdadera voluntad política para implementar medidas de seguridad que frenen las matanzas. El Estado debe hacer presencia en las regiones donde no tiene control y, junto con la fuerza pública, debe poner en funcionamiento real mecanismos claves como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), entre otros.
También hubo un preocupante repunte de feminicidios. La violencia machista en Colombia dejó un saldo de 18 mujeres víctimas de feminicidio por parte de sus parejas sentimentales, exparejas y familiares cercanos. Por graves que parezcan las cifras, estas pueden no reflejar el serio problema de salud pública que enfrentamos. Colombia carece de un sistema unificado de estadísticas sobre violencias basadas en género y el sistema de justicia no tiene un registro de sentencias de feminicidio.
En realidad, el estado sigue sin cumplir a cabalidad sus deberes con las mujeres. Aún hay feminicidios que son tratados como homicidios, no hay rigurosidad investigativa, la representación judicial de las víctimas es limitada y la revictimización abunda. Aún existen muchos planes locales y nacionales que carecen de acciones efectivas para eliminar la violencia contra las mujeres. Y la discriminación de género está tan enraizada en las instituciones que, aún cuando deben garantizar los derechos de las mujeres, toman decisiones basadas en estereotipos y ejercen violencia de género por omisión o acción. Recordemos el indignante caso del 14 de enero, cuando Fabián Gonzalo Canal, comisario de familia en Bucaramanga, golpeó a una usuaria en plena Comisaría de Familia.
Una gran proporción de mujeres víctimas de feminicidio acude ante las autoridades sin encontrar una respuesta oportuna. Mueren esperándola. El Estado falla, sí, pero la sociedad también. Es urgente que todas y todos dejemos de normalizar la violencia. Ninguna discusión o discrepancia justifican el uso de la fuerza.Es necesario que deconstruyamos y rechacemos, todas y todos, cualquier rol, estereotipo y relación asimétrica de poder en cualquier tipo de relación con el otro y la otra. Se hacen necesarias, entonces, legislación y jurisprudencia; entidades y funcionarios conscientes y respetuosos de los derechos de las mujeres; el compromiso del Estado con la eliminación de la violencia e individuos que rechacen el binarismo de género que produce masculinidades violentas hacia la mujer, las personas trans, afeminadas y no binarias.
Si los gobiernos locales y el nacional no responden con prontitud a estos indicadores, el año 2021 podría llegar a ser incluso más violento que los anteriores, como alertó el informe del Monitorio de Riesgo de Seguridad que elaboró la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que advierte que “el arranque de este año ha sido el más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz”.
*Dirección de Constitución y Democracia
Arte y cultura en pandemia
Por: Catalina Ceballos
La Pandemia ha sido un gran vacío para el sector de las artes y la cultura, un vacío en el estomago, en algunos casos incluso por hambre, en otros por hacer fuerza y en otros, por la rabia de sentirse invisibles. Eventos culturales cancelados, salas de teatro cerradas, compañías de danza que cierran sus puertas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, artistas incapaces de llegar a fin de mes. El impacto del COVID en el sector cultural se está sintiendo en todo el mundo. Este impacto es social, económico y político: afecta el derecho fundamental de acceso a la cultura y los derechos sociales de los artistas y creadores. La pandemia ha revelado el verdadero peso económico de la cultura y del sector creativo, además del valor intrínseco de la cultura como expresión de humanidad para el desarrollo sostenible.
En Colombia estamos sintiendo los peores efectos de la pandemia, con el sector cultural aún cerrado salvo contadas excepciones. La Pandemia en nuestro país exacerba las desigualdades sociales y se entendería que el sector debe ser una prioridad en las políticas públicas. Es el momento de acelerar cambios para capitalizar las expresiones artísticas, las prácticas culturales y las industrias creativas.
Se hace necesario reforzar el sistema de datos empezando por una inversión sustancial en un censo en todo el país que determine quienes son los agentes del sector. No solo aquellos que aportan al PIB, también los que aportan en procesos para sanar el dolor de un conflicto armado, para los que a través de sus cantos cohesionan su identidad como pueblo negros o indígenas, para los que bailan para que sus cuerpos representen la diversidad cultural de una Colombia multiétnica y pluricultural, tal como esta consignado en la constitución.
Con todo este panorama, en nuestro país, a lo largo del confinamiento, el arte, ha estado floreciendo. Los artistas con su enorme resiliencia y resistencia han aprovechado su creatividad para transmitir pautas de salud y compartir mensajes de esperanza, también se han unido, han surgido un centenar de colectivos, asociaciones, sociedades donde entre todos nos reconocemos con nombres, donde encontramos en el dolor un lugar común, donde sonreímos porque sabemos que nuestra única pauta para vivir son la ética y la estética.
El sector conformado por actores, actrices, bailarines, restauradores, escritores, editores, pintores, fotógrafos, músicos, compositores, intérpretes, directores de artes, camarógrafos, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, tramoyistas, ingenieros de sonido, productores, promotores, empresarios, cantaores, bailadores y gestores continuamos comprometidos cultural y artísticamente. La razón de esto es que todos con la pandemia de nuevo rescatamos el aspecto social de la creación, su importantísima labor en la construcción del tejido social. Su capacidad para apoyar procesos participativos y de apoyar en el desarrollo de una sociedad sana. Todo esto sigue siendo posible gracias a todos, a ellos y ellas. Para quienes disfrutamos de las artes podemos decir que estos días nos han permitido compartir información con amigos sobre los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las canciones nuevas que se han lanzado, seguimos alimentando nuestro cerebro y nuestros espíritus con las artes.
Y por eso a pesar de este momento en que el arte está sufriendo toda la fuerza de los efectos de una crisis sanitaria, económica y social mundial, también han sido tiempos para fortalecer los vínculos entre la creación artística, la sociedad, los procesos participativos, la política y la economía. Las artes y la cultura están demostrando como lo ha expuesto Jon Hawkes en su libro El 4to Pilar para la Sostenibilidad que las artes y la cultura deben hacer parte de una agenda pública para la construcción de sociedades sostenibles.
Este es un tema que sale a flote, ahora de nuevo, precisamente por que la crisis no es solo sanitaria, la crisis que vivimos como especie es una crisis ética, gobernantes dueños del fake news, la crisis climática producto entre otras cosas por un neoliberalismo exacerbado, la necesidad que tenemos como sociedades de incluir dentro de la planeación de las agendas públicas incluir el concepto de cultura más allá de las artes, más bien desde su definición antropológica, es decir tener en cuenta la cultura como un conjunto de valores. Dichos valores hacen parte de una producción social por medio de la cual se transmite identidad, valores, memoria y claro también las artes la tecnología y el uso de la misma, la gastronomía. Es decir se debe hablar de aspectos económicos, sociales, ambientales y CULTURALES.
Es por esto que el gran aprendizaje que nos dejan los diferentes agente del sector de artes y las practicas culturales es su capacidad de sentir compasión por los demás y su capacidad para contar historias, como artistas y líderes culturales han demostrado que son fundamentales para afrontar los desafíos que enfrenta un país como Colombia que pide a gritos la implementación de un acuerdo de paz, la educación como un derecho para todos y todos, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la revalorización de un sector más allá de un poco o nada integradora economía naranja.
La pandemia de COVID-19 que continúa circulando por todo el mundo ha afectado casi todos los aspectos de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, incluida aquella necesidad humana de conectar con la cultura. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitamos cultura y creatividad para hacer frente a nuestros desafíos, es ahora.
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Frente Cumbiero lanza su álbum Cera Perdida importantísimo para noches llenas de pandemia y de risas.
Teatro Petra reabre sus puertas en Bogota con la obra Yo, No estoy Loca.
Juanita Delgado y Juan Felipe Rozo dirigen una obra para niños llamada Ramiro y sus Fantasmas.
En el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) se estrena la retrospectiva de la maesrta Beatriz Gónzalez.
Alcolirykoz lanza su canción Aranjuez.
Babelgam lanza su tema KYC
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Las artes no tienen pandemia.
*Directora de Cultura
