Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

Por: Daniel Albarracín

La última serie con la cual cierro este tríptico de reflexiones y recomendaciones, se desarrolla en un contexto mucho más cercano en tiempo y espacio al contexto Colombiano. “Patria”, disponible en HBO, es la adaptación para televisión –streaming- de la novela del mismo nombre escrita por Fernando Aramburu, y en ella se hace un relato sobre el impacto del conflicto armado y político en el País Vasco.

La historia se desarrolla en la localidad de Guipúzcuo en la “Euskadi profunda” en la cual el grupo armado ETA tenía una amplia actividad militar y acogida social. Esta historia aborda un elemento que las anteriores series no habían tratado (ciertamente no lo pueden abordar todo), y son los lazos comunales y familiares que se transforman a calor de los conflictos armados. Esta vez, la amistad entre las familias protagonistas se ve rota por las amenazas y posterior asesinato de Txato Lertxundi (transportista) y la captura de Joxe Mari (integrante del ETA).

El relato inicia con la declaración en 2011 de ETA en la que anuncia el cese definitivo de su actividad armada, lo cual permite a Bittori –viuda de Txato- poder buscar la verdad sobre la muerte de su marido. El egreso de Bittori a Guipúzcio, no es bien recibido por los habitantes del pueblo, incluido el párroco y su antigua amiga (Miren) por miedo a abrir la heridas del pasado. En su proceso de búsqueda de la verdad, se van sumando fragmentos de los “años de plomo” que sacudieron a España.

Si bien esta serie no contó con la participación de la televisión pública en su producción, especialmente al ser la adaptación de una novela (best seller en su momento) deja a la audiencia extranjera una mirada muy especial de las fracturas sociales que generan los conflictos armados, las incoherencias de los grupos armados al largo plazo, la represión institucional sin distinción alguno. Pero sobre todo lo que genera la ausencia de un proceso de negociación que deja en el limbo a las víctimas y los victimarios frente a sus derechos y responsabilidades.

Ciertamente ETA, a pesar de contar en diferentes momentos con representaciones políticas electorales (Herri Batasuna) y de los diferentes intentos  de lograr una negociación política –de casi en todos los gobiernos democráticos-, lo cierto es que ETA tuvo una disolución unilateral. La posibilidad de una victoria armada se fue haciendo cada vez menos posible, y el “tren de la historia” los dejo como un “grupo terrorista” al margen de las posibilidades políticas españolas del siglo XXI.

A las heridas de la dictadura franquista se le suman las de ETA, ambas son una caja de pandora para la política y sociedad española igual o más polarizada que la colombiana; especialmente por grupos de extrema derecha como VOX (admirado por políticos del Centro Democrático) que atacan toda posibilidad de búsqueda de la verdad que no se ajuste a su versión de la historia. En ese contexto una serie como “Patria” puede ser una lección de historia, muy sutil, para quienes no lo vivieron o un recordatorio no tan agradable para quienes vivieron eso años tan difíciles y sangrientos.

Para el contexto Colombiano, esta serie nos permite valorar la importancia de una salida negociada al conflicto armado y sobre todo de contar con un como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); que entre sus retos y críticas generará unos aportes fundamentales para las víctimas y la sociedad en general. Elementos que no se aplicaron para los grupos guerrilleros que se desmovilizaron a en vísperas de la Constitución de 1991, y cuyos actos quedaron sepultados en un indulto generalizado.

Actualmente el SIVJRNR y la implementación del Acuerdo son fruto de un cambio en la relación de fuerzas entre las FARC y el Estado colombiano, y de una apuesta por una participación política-electoral por parte de los exguierrilleros. Pero con las disidencias de las FARC, el ELN, los reductos del EPL y otros grupos armados no se ve pronto una salida negociada (elementos de la próxima columna).

Con esta tercera columna cierro un ciclo especial de reflexiones sobre ciertos acercamientos –audiovisuales y comerciales- a partir de tres momentos y contextos especiales por su crueldad y que nos pueden aportar en gran medida como sociedad en un proceso de transición. Ya veremos cuando nos toque la oportunidad de relatar nuestra historia en estos formatos digitales, y la manera en que nos representaremos o nos representarán.

*Miembro dirección de Construcción de Paz

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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

La descentralización, un lugar común

Por: Ernesto Forero

 

El año 2021 es un año “pre electoral”, como denominamos en Colombia al año anterior al que habrán de realizarse elecciones para cargos de elección popular. Los años pre electorales son años que se han caracterizado a través de la historia por estar cargados de promesas de cambio, de renovación, de purgas partidistas, de críticas acérrimas al gobierno de turno, y, como no, por surgimiento de mesías redentores. 

Lo que hemos podido apreciar durante lo que va corrido del primer trimestre del presente año 2021, es que será un año pre electoral típico: la izquierda nos ha prometido un pacto histórico (con Roy y Benedetti incluidos); la derecha prepara una propuesta política que promete aglomerar a ex mandatarios locales coronados con halos de éxito en sus gestiones; el centro sigue siendo una especie de terreno deseado, místico, atractivo, inexplorado (aunque atacado. Qué paradoja); las antiguas FARC se relanzan y el Centro Democrático aun no despliega su estrategia. Tampoco han faltado los mesías, claro. El más reciente es sin dudas el profesor Alejandro Gaviria, quien se ha dedicado a esquivar abrazos partidistas que le han lanzado desde todas las esquinas.

Lo que hasta el momento hemos echado de menos en toda la dinámica anterior son las propuestas que subyacen (o deben subyacer) bajo los cimientos de las promesas salvadoras. Son las propuestas, y no las luces de los anuncios, ni el ingenio de los tuits, las que deben servir de guía para toda esa población (el suscrito incluido) que ha sido seducida por la promesa generalizada de un mejor país. 

Hasta el momento, de propuestas pocón. 

La descentralización, en particular, es un tema sobre el cual todos los colombianos deberíamos conocer qué piensan y qué proponen los partidos (nuevos y viejos), las nuevas alianzas y claro, también los mesías. A diferencia de otras propuestas, las cuales giran sobre un tema específico, la descentralización se refiere a un modelo de país, y la forma como lo conciba un partido o un jefe de un gobierno, puede llegar a tener un impacto fundamental en la vida de los colombianos. Este es un terreno en el que todos patinan, y no es para menos. 

Quienes vivimos en la provincia, como se denominaba en la antigua Roma aquellos territorios conquistados fuera de Roma, hemos podido observar cómo el modelo actual de descentralización hace depender el porvenir de una región de coyunturas particulares como son, por ejemplo, que el alcalde o gobernador de turno tenga buena relación con el Presidente, o que el gobierno local tenga la fuerza política de contar con un ejército de senadores y representantes que patinen temas y recursos en la Capital, o que el Gobierno central deseé conquistar políticamente el territorio y por tal virtud interesarse en él. Como ejemplos de lo anterior, podríamos mencionar casos como el de Barranquilla durante el gobierno Santos o el de Medellín durante el gobierno Uribe.  

Esa dinámica crea cantidades de círculos viciosos que terminan a la postre supeditando la gestión de los mandatarios regionales a una buena y fluida cooperación con el Gobierno central, lo cual, si bien es un deseable, no puede convertirse en un condicionante para garantizar la buena gestión de los gobiernos regionales. Aseguramos que se forman círculos viciosos al interior de otros círculos viciosos pues esa necesaria dependencia entre gobierno local y central abona el terreno para la aparición, por ejemplo, de intermediarios políticos que hacen de la política un negocio, o para el surgimiento de paralelismos en la gestión, como ocurre cuando la relación entre el mandatario local y el Gobierno central es reemplazada por la relación entre el Gobierno central y algún político local con el cual tenga afinidad.        

La descentralización en Colombia es un tema del que muy poco se habla, y cuando se habla de ella, la conversación se plaga de cascarones llenos de humo, hoy denominados “lugares comunes”. De hecho, el concepto mismo de “descentralización” se ha convertido un lugar común. Qué horror. Y pensar que por décadas nos matamos en Colombia a la luz de este concepto; en aras precisamente de establecer si resultaba mejor para el país un manejo federal o un manejo central. 

El modelo de descentralización en Colombia (y no solo presupuestal) necesita un debate que permita entender y reflexionar en relación con sus beneficios, sus problemáticas, sus efectos, pero, sobre todo, su futuro. El pueblo (el suscrito incluido, nuevamente) necesita escuchar las propuestas y las posiciones en relación con la descentralización en Colombia, y con base en ellas, tomar postura y por supuesto tomar decisión. 

En un año pre electoral como el 2021 debemos exigir que los nuevos partidos, así como los partidos reencauchados, y los nuevos mesías, hablen de descentralización y planteen posiciones y propuestas al respecto.  

La descentralización no puede ser un tuit, una pancarta, y muchísimo menos, un lugar común. Se lo debemos a nuestra historia y a nuestro futuro. 

 

*Director Temático del Magdalena 

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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

De Hatshepsut a Alejandra Ocasio-Cortez y ¿Por qué importa cómo se visten las mujeres en política?

Por: Vanessa Monterroza

La historia de Hatshepsut siempre me ha intrigado. Se representaba a sí misma como un hombre. Era la hija primogénita, pero no podía ser Rey, por ser mujer y el cargo de Reina era inexistente. 

A la muerte del padre, su hermano era un niño y no pudo asumir el trono, entonces, ella ocupó la regencia (hasta aquí, parece novela). Lo que me intriga de su historia, es que se representara como hombre, ¿Lo hacía para indicar que una mujer también podría ser Rey, usar atuendos y posturas de un rey? o ¿Lo hacía porque pensó que solo asumiendo comportamientos de hombre sería un digno y real Rey? La diferencia entre una razón y otra, es abismal. 

En el primer caso, se trata de una actitud de puro feminismo (acepto que se me trate de anacrónica), pero para mi, eso sería un comportamiento feminista —por lo menos, como yo entiendo el feminismo—.  Hatshepsut usaba los atuendos propios de un rey y se paraba como Rey, porque estaba convencida que siendo mujer, también podría ser Rey, sobre todo, dado que su primogenitura, así se lo debió permitir. 

En el segundo caso, es un comportamiento que en mi concepto, es contrario al feminismo (me vuelvo a excusar por el anacronismo). Hatshepsut pensó que debía despojarse de su identidad y de su calidad de mujer, para poder asumir un cargo. 

Esta situación que ocurrió en el antiguo Egipto, sirve para ambientar un debate de plena actualidad: a las mujeres que incursionan en política, se les juzga por cómo se visten. 

En el año 2018 un reportero de The Washington Examiner tuiteo, refiriéndose a la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, que: «Un miembro del personal del Congreso me envió esta foto de Ocasio-Cortez hace un momento. Les diré algo: esa chaqueta y el abrigo no se parecen a una chica que lucha». El comentario del reportero causó polémica en los Estados Unidos, pues en lugar de referirse al currículo o a las posturas de Ocasio-Cortez, se refería a cómo se vestía.  

En el año 2008, la canciller alemana Angela Merkel lució un vestido con escote en la inauguración de la Ópera de Oslo y algunos medios alemanes titularon sus notas de prensa así: «Merkel saca pecho» o «Merkel enseña escote». Pese a que a la canciller no le parecieron ofensivos los comentarios, expresó a través del viceportavoz del gobierno, lo siguiente: «La canciller federal continuará eligiendo su vestuario de noche para actos de gala según su gusto personal, a su antojo». En este caso, una vez más, una mujer política fue juzgada por cómo se viste, incluso en actos propios de su vida privada, pero el mensaje de la canciller fue claro: las mujeres pueden vestirse como lo deseen, incluso si son políticas. 

Doce años después (2020) la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fue duramente criticada por la prensa de su país, por posar en una foto con un blazer, sin usar brasier. Las críticas fueron calificadas por feministas como una muestra de desprecio hacía la mujer y generó el movimiento en redes sociales #ImWithSanna, mensaje acompañado de fotos con blazer sin brasier, no solo de mujeres, sino también, de hombres. 

Los casos reseñados muestran como a las mujeres políticas se les juzga por cómo se visten, algo que no sucede con respecto a sus colegas hombres. Ahora, la pregunta que surge, y aquí volvemos al tema de Hatshepsut, es si una mujer política debe adoptar atuendos de determinado tipo para tener un lugar en la política. En otras palabras, si las mujeres políticas deben lucir como lucen generalmente los hombres políticos, quienes, valga recordar, son quienes históricamente han ocupado cargos de este tipo.

En mi concepto, esta pregunta debe ser contestada negativamente. Las mujeres pueden vestirse como lo deseen, sin que sean obligadas a adoptar comportamientos contrarios a su libre desarrollo de la personalidad, para «encajar» en un mundo que históricamente ha estado dominado por hombres. Las mujeres políticas, o mujeres en cargos de decisión en todas las esferas en general, no deben ser constreñidas, directa o indirectamente, a usar determinados atuendos para que se les considere merecedoras de ocupar esos cargos. La igualdad de género, también cobija el reconocimiento de las mujeres como sujetos capaces de decidir sobre su propia vida, en temas tan básicos como la ropa que usan.  

 

*Director de Constitución y Democracia 

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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

El e-commerce: clave para la reactivación económica

Por: Juan Falkonerth

Sigue avanzando el 2021 y con él varios retos: salvar el mayor número de vidas, contrarrestar la pandemia y reactivar la economía. Estos tres propósitos no difieren entre sí, como quizá se pensó al inicio de esta emergencia sanitaria, cuando varios gobiernos del mundo nos pusieron a resolver dicotomías frente a estas, por el contrario, son más los puntos donde convergen y encontrar soluciones a cada uno de estos propósitos nos permitirán retornar a nuestro anterior estilo de vida ¡Más temprano que tarde!

Esto nos obliga a repensar las estrategias que resulten más amigables y a la vez más efectivas para lograr los tres propósitos mencionados. Una de las estrategias que puede ser transversal y contribuir con estas causas está contenida en el denominado E – Commerce, ya que, a través de él, las personas logran satisfacer sus necesidades básicas sin exponerse a aglomeraciones, se pueden ofrecer precios más competitivos de bienes, productos y servicios, acordes a la nueva realidad económica de las familias y lo mejor, permite seguir operando al aparato productivo del país pese a las restricciones anunciadas, las cuales, aunque impopulares necesarias.

Para lograr estos fines, se deben robustecer las plataformas tecnológicas y digitales, las cuales permitirán alojar y operar a las tiendas virtuales en la nube, como también habilitar las pasarelas de pago a través de la red, en lo cual las MYPYMES parecen llevarle amplia ventaja a las grandes empresas del país. Estos cometidos traen enormes retos, como lo son la bancarización, la educación financiera, el acceso a la internet y la construcción de infraestructura.

Y es que el comercio electrónico representa en sí una oportunidad de cambio y progreso, variando las dinámicas del mercado y bajando ostensiblemente los costes al sector productivo. Quizá por esta razón no todos perdieron durante la pandemia, obsérvese por ejemplo, como los empresarios más ricos en Estados Unidos, incrementaron su patrimonio en cerca de 931.000 millones de dólares (de forma colectiva) durante el 2020, según cifras de la Revista Forbes. Muchos de ellos asociados de alguna manera con empresas tecnológicas y digitales. Por su parte, Mercado Libre, sumó cerca de 17 millones de nuevos compradores en América Latina. Ejemplos como estos existen muchos.

Esta experiencia nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es el comercio electrónico en estos tiempos. Recientemente Jeff Bezos, CEO de Amazon, en su libro Crea y Divaga, muy recomendado por cierto, relata cómo construyó parte de su imperio económico y el papel que jugó el E – Commerce. Todo comenzó siendo un empleado. Gracias a su curiosidad notó que aquello que denominaban la internet (poco conocida por esos días) crecía a un ritmo exponencial y que esto era un llamado para quienes tuvieran ideas de negocios y quisieran sumarse, fue así como decidió apartarse de su empleo, bien remunerado por demás, y fundó una librería virtual, años después incluyó otros productos y posterior, convirtió a Amazon en una de las más grandes empresas distribuidoras minoristas del mundo.

Durante este relato, llama la atención la importancia que da el autor al cliente y su experiencia de compra, definiéndolos como pilares fundamentales para la empresa. Por esta razón, la organización enfoca gran parte de sus esfuerzos tecnológicos, administrativos y logísticos, en brindar soluciones a quienes visitan sus portales y compran a través de estos. No es solo vender por vender.

Colombia no ha sido ajena a esta transformación digital y a las nuevas dinámicas del comercio. Durante la pandemia se promovieron varias jornadas para aumentar su presencia en el país, entre estas están: los tres días sin IVA, el Black Friday Colombia y Madrúgale a la Navidad. Estas arrojaron cifras positivas según informes del Gobierno Nacional y los  boletines expedidos por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE.

Pese a esto, también se registraron episodios que no brindaron la mejor experiencia al consumidor y que son objeto de reflexión, para mencionar algunos, encontramos las deficiencias logísticas en la entrega de productos, poca efectividad en los trámites de reclamos y devoluciones, caídas de las plataformas y, el peor de todos, el sistema de turnos, que resultó ser fatal. Esto no se puede repetir ya que se estaría perdiendo una oportunidad muy valiosa para fidelizar a los clientes con una grata experiencia de compra en la nube.

Para contrarrestar esto y siendo conscientes de su importancia, recientemente, se aprobó en el país el CONPES de Comercio Electrónico, con el cual, se pretende hacer una inversión económica de $88.339 millones, para ampliar su presencia en el país, así mismo, dentro de las metas de la política pública están contenidas las capacitaciones a cerca de 3.900 MIPYMES y a 20.000 empresarios. Metas claves para el país. Sin embargo, debemos sumarnos a la observación hecha por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico -CCCE, en la cual, hacen la reflexión sobre la poca extensión que tiene el pago electrónico en dicho documento y que es de vital importancia.

Con este escenario, Colombia debe asumir hoy más que nunca el reto de fortalecer el E – Commerce, haciendo frente a los desafíos que plantea la bancarización, la educación financiera, la conectividad y la capacidad de pago para acceder a ella y sobre todo, la migración de las empresas y las unidades productivas a estos portales, tarea nada fácil pero muy necesaria. Solo así podremos posicionar al país como un referente de innovación comercial y reactivación económica. ¡Pensemos a largo plazo!

 

*Director de Emprendimiento

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Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

Por: Daniel Albarracín 

Si el “Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este” nos dejó con una sensación de la complejidad que significo para las naciones aliadas construir un proceso judicial tan novedoso para juzgar a los máximos responsables del imperio nipon en la década de los 40’s, la historia de “Black Earth Rising” es aún más profunda.

Esta serie de 2018, disponible en Netflix, es una coproducción entre BBC two (nuevamente televisión pública) y Netflix, en la que se desarrolla la historia de Kate Ashby, una investigadora legal (abogada investigadora) británica nacida en Rwanda y adoptada por una prestigiosa abogada (o Barrister, en lenguaje jurídico) que se desempeñaba ante la corte penal internacional de La Haya.

En 8 capítulos, muy intensos, se va develando de manera personal los diferentes elementos de la compleja historia del genocidio de 1994. Si bien el pico de la confrontación interétnica duro 100 día con el genocidio de gran parte de la etnia Tutsi (minoría) por parte de los Hutus (mayoría), tras el asesinato del presidente y dictador Juvénal Habyarimana.

El inicio de juicio contra Simon Nyamoya (exjefe militar Tutsi) abre un debate sobre el rol de la Corte Penal Internacional y las críticas a la poca responsabilidad sobre las antiguas metrópolis como Francia o Bélgica ante los horrores de 1994. El asesinato de Eve Ashby, madre de la protagonista, desencadena una búsqueda por parte de Kate sobre la verdad acerca del genocidio y de su historia personal.

Los episodios más dolorosos son personificados por animaciones que permiten representar con una debida sutileza tales momentos, normalmente relatados por los propios sobrevivientes. En cada episodio se va agregando una capa de tensión que mantiene al espectador tratando de comprender el rompecabezas que involucra a ONGs, a Naciones Unidas y a los Estados Unidos; por cierto uno de los pocos países que no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma.

La búsqueda de la protagonista le permite confrontar los demonios de su historia de vida, abordar las complejidades del posconflicto y las heridas que dejó tanto el periodo colonial como las luchas interétnicas; incluyendo su propio origen en uno de los campamentos de refugiados tras los 100 días del genocidio.

A diferencia de “El proceso de Tokyo” que está centrado en las deliberaciones jurídicas de un tribunal de vencedores, en este caso se trata de la reconciliación y la construcción de una verdad a partir de versiones fragmentadas y dolorosas, con una carga personal importante. No se trata de una visión binaria básica “de blancos contra negros” o “buenos contra malos”, sino de la naturaleza humana y la capacidad autodestructiva que puede lograr.

Vale anotar que Ruanda tras el genocidio vivió (a principios de 1994) inició un proceso de justicia transicional ad hoc a partir del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), patrocinado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde finales de 1994. El TPIR tiene una estructura y finalidad similar al tribunal para la exYugoslavia, y permitió la condena de 35 militares y políticos vinculados con el genocidio a cadenas entre los 15 años y la cadena perpetua.

El poder de la memoria, en este caso más que el de la justicia tiene un poder de cambio y transformación tanto individual, para la protagonista, como para la sociedad Ruandesa que ha sido ejemplo de una gran capacidad de resiliencia y transformación. La invitación es acompañar a Kate en la búsqueda de la verdad de su pasado, una travesía en la que los relatos de la población tienen voz, protagonismo y muestran de manera humana lo que sucedió. 

Una travesía que en Colombia no es fácil, pues el mecanismo que surge del Acuerdo de Paz la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha tenido asignada una labor titánica en muy poco tiempo, y con diferentes dificultades (entre ellas la muerte de dos de sus Comisionados). Por lo cual, al concluir su mandato a final de este año quedará el Centro Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de ley 1448.

Así mismo, el caso de Ruanda destaca por la transformación social que tuvo el país tras el genocidio al punto de ser un referente no solo en temas de posconflicto sino a nivel económico en el continente africano. El lograr una convivencia pacífica que logre gestionar los diferentes conflictos y prevenir las diferentes formas de violencia, es realmente la paz-positiva.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz 

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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

No dejar gobernar ¡Qué mala idea!

Por: Andrea Carreño 

A la fecha, se han presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 28 solicitudes de revocatorias de mandato contra alcaldes. El tema, más que incumplimiento de los programas de gobierno o desaprobación de las mayorías, parece estar motivado por críticas a fenómenos coyunturales y usado como método de oposición política. No en vano, los revocables, en su mayoría, pertenecen a movimientos independientes.

Esta avalancha inició a solo una semana de que se cumpliera el mínimo exigido por la ley, y los movimientos ciudadanos que activaron dicho mecanismo justificaron su intención, primero, porque los gobernantes habían incumplido su plan de gobierno.  ¿Cómo cumplir en un año un plan de gobierno diseñado para cuatro? A ello se suma que a pocos meses de iniciar sus mandatos, los dirigentes locales actuales tuvieron que afrontar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) y, por tanto, diseñar planes de emergencia en consecuencia. Claramente, la emergencia sanitaria actual ha trastocado las proyecciones de todos los gobiernos nacionales y mundiales. 

También fueron alentadas, dicen los movimientos pro revocatorias, por un descontento generalizado de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar del desgaste normal de los alcaldes ante la pandemia, la aprobación de las gestiones de algunos de ellos, por ejemplo, en Bogotá y Medellín, aún es favorable. Según la última encuesta de Invamer Gallup, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, goza de una percepción favorable de 61 por ciento, a pesar de que se redujo en diez puntos con relación a octubre del año pasado. A su vez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bajó 12 puntos con respecto al año anterior, sin embargo, aún cuenta con una aprobación a su gestión del 55 por ciento, según la misma encuestadora. Y si bien, las encuestas no son un método acertado de evaluación de la administración pública, sí nos ayudan a descartar, en estos casos, el rechazo del electorado como causal.

Si bien la Registraduría suspendió las iniciativas hasta que el Ministerio de Salud y la Protección Social dé su concepto sobre la viabilidad de recoger firmas en medio de la pandemia, la politización de este mecanismo de participación ciudadana no es solo preocupante porque hacerla puede ayudar a la propagación del virus, sino por la desviación de recursos de lo prioritario.

Solo un mandatario ha sido destituido por la dificultad que representa reunir todos los requisitos que exige la ley. Probar su eficacia, una vez más, y en plena pandemia, podría costarle al país 150.000 millones de pesos, “un derroche de recursos públicos”, como lo catalogó la Red Nacional de Veedurías.

¡Ciento cincuenta mil millones!, justo cuando el  país pasa por su mayor contracción económica y la taza de desempleo a cierre de 2021 podría variar entre 14,5 y 15 porciento, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en sus perspectivas para este año; cuando la incertidumbre sigue persiste ante el posible restablecimiento de medidas de confinamiento que golpearían la ya azotada actividad productiva; cuando la estabilidad del sistema de salud se tambalea sobre un Plan Nacional de Vacunación lento y de inicio tardío, si se compara con el resto de la región, los probables imprevistos logísticos para llevarlas a las zonas rurales y la desconfianza del 40,1 por ciento de los colombianos (encuesta Pulso Social del Dane) en los biológicos pondría en riesgo el objetivo del Gobierno de vacunar a más de 70 por ciento de la población con el fin de lograr la inmunidad de rebaño. Un panorama sombrío sumado a que los intentos revocatorios también son susceptibles de focos de corrupción, por lo cual necesitamos que la Fiscalía General de la Nación y los entes de control estén con los ojos bien abiertos para hacer seguimiento especial y vigilancia estricta a los financiamientos de las diferentes revocatorias.

En momentos cuando deberían enfocarse en solucionar los retos continuos de la pandemia, estos alcaldes estarán ocupados con su defensa y, nuevamente, en campaña gracias a revocatorias sin sustento.

En ninguno de los municipios donde están en marcha hay una crisis por falta de cumplimiento de un programa o descontento popular frente a la administración. Basta de saboteos entre nosotros, menos ahora, cuando todos los esfuerzos deben estar dirigidos a superar esta crisis.

* Directora de Constitución y Democracia

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