Por: Liliana María Guaca

La conmemoración del día internacional de la mujer en Bogotá, estuvo atravesada por una multitudinaria marcha hacia la plaza de Bolívar de cientos de mujeres con un mensaje claro en contra del patriarcado; un sistema que históricamente ha generado brechas evidentes entre hombres y mujeres, afectando el goce y la realización plena de nuestros derechos.

Detrás de estas jóvenes que marchaban hay una serie de luchas contra el sistema, contra las prácticas machistas que están tan arraigadas en la cultura del país y que tienen un efecto directo en las trayectorias individuales, educativas y profesionales de las mujeres.

Esta lucha empieza en la escuela; el escenario en el que todos y todas encontramos una oportunidad para materializar nuestros sueños. No obstante, a diferencia de los niños, las niñas tienen un mayor riesgo de abandonar la escuela, de ver truncado su proceso de formación, o en no poder tan siquiera, acceder al sistema de educación pública. Durante la pandemia y frente a la situación propia de aislamiento y cierre de las escuelas, la profundización de las brechas de género aumentó significativamente.

Este es el punto de partida para tomar en cuenta varias recomendaciones de organismos como ONUmujeres y algunas ONGs reconocidas, que adelantan programas educativos en regiones donde las dificultades de las niñas para acceder al sistema y permanecer son todo un desafío. Y no solo nos referimos a aquellas categóricas regiones en donde la desigualdad está naturalizada como algunas zonas del Pacífico o la Amazonía, sino también en las zonas rurales y localidades de Bogotá con mayor nivel de vulnerabilidad socio- económica como Sumapaz, Usme o Ciudad Bolívar.

Según un estudio reciente desarrollado por UNESCO, ONU Mujeres y la Fundación Plan, antes de la pandemia las principales causas de deserción escolar de las niñas en la educación regular están asociadas con la violencia basada en género, violencia sexual, brecha digital, embarazo adolescente/ infantil forzado y trabajo del cuidado al interior de la unidad familiar. 

Durante la pandemia el 36% de las niñas y adolescentes que abandonan sus estudios lo hicieron por estas dos 2 últimas causas. Adicionalmente, el estudio deja en evidencia una verdad incómoda: “las niñas que no asisten a la escuela tienen más probabilidades de ser obligadas a casarse o unirse a un hombre.”  

En este escenario, en donde aún el sistema educativo distrital y nacional no regresa presencialmente, se pone en evidencia el riesgo exponencial al que se ven enfrentadas las niñas y jóvenes al no contar con una escuela de puertas abiertas, que representa en muchos casos su único entorno protector y garante de derechos. Claramente, existen menos posibilidades de regreso a la escuela por parte de las niñas, se pueden presentar afectaciones graves a la salud física, mental, sexual y reproductiva y por supuesto, la disminución de su participación y recreación en espacios públicos y privados que son fundamentales para su proceso de empoderamiento.

Es clave entonces para los gobiernos locales y regionales entender en primer lugar, que la deserción escolar debe tener un enfoque de género, que no se reduce a identificar cuantos niños y niñas abandonan la escuela, sino entender que las causales, los impactos y las acciones de mitigación para frenarlo deben ser diferenciadas. Existen acciones estratégicas que permiten identificar los riesgos de deserción con enfoque de género en la escuela así:

1. En numero de niños frente al de niñas matriculados, por edad y zona (barreras de acceso).
2. Recopilación y análisis de datos desagregados por género sobre el comportamiento de la deserción (intraanual- interanual)
3. Identificar riesgos de abandono asociado a cargas de trabajo doméstico o tareas de cuidado que impidan su asistencia a clase.
4. Sensibilización del equipo docente sobre la identificación de posibles situaciones de violencia de género, de explotacion y/o abuso a las niñas que conforman su grupo a cargo y reportar frente a las autoridades educativas competentes.
5. Desarrollo de acciones de articulación interinstitucional con el sector salud para mitigar el aumento de las tasas de embarazo adolescente durante los cierres escolares, que afecten la continuidad de los estudios.
6. Frente al desarrollo de las clases virtuales la falta de acceso a dispositivos electrónicos o plataformas de aprendizaje, limita de igual forma las oportunidades de acceso al conocimiento, condición que debería tenerse en cuenta en el marco de estrategias gubernamentales de dotación de equipos.
7. Las instituciones educativas deben garantizar dentro de sus currículos contenidos relacionados con el desarrollo de competencias en las niñas sobre el acceso y manejo de las plataformas virtuales en condiciones de seguridad, a fin de no aumentar aún más el riesgo de ser violentadas también a traves de estos medios.
8. Desde el  mismo hogar desmantelar los estereotipos de género que hoy evidencian una mayor afectacción de las niñas sobre los niños frente a la deserción escolar.

Sino frenamos éstos condicionantes que determinan el futuro de nuestras niñas y adolescentes en el sistema educativo, estaremos condenados a repetir generación tras generación los círculos de la pobreza, en donde vemos mujeres que tuvieron que abandonar los estudios, como madres cabezas de familia, sin educación y con pocas oportunidades de salir adelante. Según Naciones Unidas se estima que, por cada 3 meses que continúe el confinamiento, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Estamos a tiempo para tomar acción y evitar que estas desigualdades sigan minando el camino.

Es urgente y necesario la vuelta a la aulas, no solamente como el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho fundamental a educacarse, sino poder hacerlo en igualdad de oportunidades. 

Que se abran las escuelas!

*Miembro Dirección de Educación 

Por: Liliana María Guaca

Las universidades durante la pandemia se enfrentaron al reto de transformar sus procesos académicos y administrativos para lograr mantener no solo la matrícula sino también, poder generar procesos pedagógicos acordes a la nueva realidad. 

De lo anterior, se desprende la discusión sobre la pertinencia de los contenidos de cara a los cambios tecnológicos actuales, en ese sentido, ¿Los estudiantes están preparados para ellos? ¿Estamos formando a nuestros estudiantes en habilidades y capacidades para enfrentar estos desafíos y los que se desprenden de un futuro laboral cada vez más automatizado?

Según una encuesta realizada por WorkUniversity dirigida a 1.257 estudiantes universitarios, 160 tecnólogos y 82 jóvenes en formación, la deserción para el segundo semestre  del 2020 fue entre el 24 % y el 50% a pesar de los alivios en matrícula y diferentes estrategias de retención que han venido desarrollando las diferentes universidades. 

Según la citada encuesta los principales factores de retiro del sistema universitario obedecen a dificultades económicas (62,5%), lo complejo que supone mantener las clases virtuales (20,80%), no contar con suficiente Internet ni medios, como un computador (12,50%) o no tener una práctica universitaria (4,20%). A estos elementos se suma que el 58% de la población desertora, fueron estudiantes de los primeros semestres.

Esta cifras ponen de presente, la fragilidad económica en la que se encuentran nuestros estudiantes universitarios. Desertar del sistema para aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad, puede tener un costo mayor que para el que cuenta con el capital, económico, social y cultural para retornar. Lo anterior, debido a factores asociados como ser cabeza de familia,  tener hermanos o adultos mayores a cargo o ser el principal miembro proovedor de la unidad familiar a la que pertenece. 

Adicionalmente, la alta deserción en los primeros semestres puede obedecer a otros adicionales, como errada orientación vocacional en la educación media que los lleva a transitar por espacios de formación alejados de sus verdaderos interéses y que terminan en un proyecto de vida que no es consistente con su expectativas, con lo que aprendieron y lo que requiere el mercado laboral. 

La deserción observada agrava más la situación si tenemos en cuenta el antecedente de la baja absorción de egresados en las universidades que según cifras del Ministerio de Educación para 2018, evidencia que solo el 48,5 % de los estudiantes de colegios oficiales y privados aparecen en los registros de absorción a la educación superior. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a la culminación de sus estudios de bachiller y de esos 48, la mitad desertaron en los primeros semestres.

Desde esa perspectiva, la educación superior tiene 2 grandes desafíos: En primer lugar, definir estrategias de orientación, acceso y  permanencia articuladas entre niveles, que permitan retener a los estudiantes de manera satisfactoria en cada una de sus etapas y asi lograr la culminación de sus estudios; En segundo lugar, presentar una oferta pertinente, que cumpla con los fines misionales de las universidades en términos de la formación integral pero que también se corresponda con las necesidades laborales del mercado y de la sociedad.

El distrito capital con apoyo de la UNESCO, el PNUD y la OIT hoy se están pensando estos desafíos en conjunto con las universidades a través de una propuesta de modelo de acceso, permanencia y graduación de la educación post-media. Allí se  plantea un escenario formativo a traves de las construcción de rutas de aprendizaje diseñadas por los mismos estudiantes, de conformidad  con la oferta que actualmente han venido planteando las universidades que decidieron participar de la estrategia Reto A la U, que se desprende de este modelo y que actualmente es desarrollada por la Secretaría de Educación del Distrito.

Esta innovadora propuesta, busca que tanto las universidad públicas como privadas hagan parte de un gran ecosistema de formación que le permita al estudiante, contar con una oferta diversa y pertinente que no se limite a universidad específica, sino que sea el resultado de las elecciones e interéses del estudiante; un sistema que acompaña la construcción de su proyecto de vida y que como resultado de dicha experiencia, pueda contar al final con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral; desarrollando de conformidad con sus elecciones un proyecto de vida más promisorio.

Lo anterior, supone como sistema educativo en conjunto, un gran compromiso por el desarrollo educativo en la ciudad, a través de:

1.  El desarrollo de estrategias que permitan mayores oportunidades de acceso, permanencia y de calidad en los aprendizajes entre niveles.
2. La generación de un camino que le permita a los estudiantes navegar en este escenario a través de créditos, que en palabras mas técnicas representa la construcción y concertación de  rutas de homologación conjuntas entre las universidades que hacen parte del sistema.
3. Si bien las universidades seguiran siendo generadoras claves del conocimiento cientifico, deben lograr ampliar su mirada sobre lo que hoy representa el mercado y las demandas que este tiene.
4. La clara necesidad de actualizacion curricular y de innovacion educativa en el que tendran que entrar las universidades, ya que en este modelo no se está hablando solo de conocientos académicos sino tambien de habilidades para el trabajo. 
5. Los procesos de  acreditación y de mejoramiento institucional serán claves para lograr avanzar en esta dirección y las consecuente alienación que se proyecta entre los diferentes ciclos de formación (universitaria, tecnológica y para el trabajo y desarrollo humano) que toma vida a través de este modelo y que vuelve a traer al estudiante como centro del proceso de formación.
6. El rol esencial de regulación y el financiamiento que cumplirá la naciente Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología creada en noviembre del 2020 y su relación o vinculación con la Secretaría de Educación Distrital y con otras entidades distritales.

Para finalizar es importante tener en cuenta que para llevar a feliz término la materializacion de este modelo, el sector productivo tendra que tener un papel más protagónico no solo en lo que tiene que ver con acercar sus necesidades de formación a los currículos, sino tambiénn en plantear articulaciones hacia el empleo más concretas adicionales a una mera práctica profesional.

Sobre este punto, la Ley del primer empleo y la Ley de pasantías son fundamentales Esta ultima liderada por el representante a la Cámara Jose Daniel Lopez y sancionada recientemente por el Presidente de la República,  busca romper el cuello de botella que muchos jovenes tenían al no contar con experiencia laboral certificada para presentarse a convocatoria laborales. 

Lo anterior, le da posibilidades mayores a los jóvenes universitarios que se les sea renocida esta experiencia y que junto con ésta estrategia de formación propuesta por la Secretaría de Educación, se logre un efecto directo y sistemático sobre el mejoramiento del empleo y la empleabilidad, así como de lucha contra la informalidad y la pobreza en la ciudad.

*Miembro Dirección de Educación

Por: Liliana María Guaca

El COVID 19 se ha convertido en parte activa de nuestro lenguaje común y ha afectado  muchas de las dimensiones de la vida de los ciudadanos. Una de las aristas de esta crisis que no termina por resolverse, es la que tiene que ver con el regreso de los estudiantes a las clases presenciales.

Los niños y niñas de este país se encuentran en medio de los temores de sus padres, la falta de garantías para que los docentes vuelvan a las instituciones educativas y la normativa gubernamental, que propende por un regreso gradual en atención todas las medidas de bioseguridad, pero que aun está lejos de materializarse en la vida real.

Así, este aparente regreso pone de presente las desigualdades de siempre; mientras que los colegios de estratos altos y medios realizan inversiones, aunque nada fáciles en medio de un periodo de recesión económica para garantizar el regreso de sus estudiantes a clases, la educación pública, siempre rezagada, no cuenta con la infraestructura, ni los recursos suficientes que le permitan echar a andar de nuevo el sistema. A esto se le suman las presiones de los sindicatos como FECODE, que ha puesto de manifiesto que no existen las condiciones mínimas para este regreso.

El Ministerio de Educación Nacional informó a Semana que se han hecho transferencias por el orden de los $92.000.000 a las Secretarías de Educación para realizar adecuaciones que les permitan mejorar los ya identificados problemas de agua potable, deficiencia de aulas, aumento de baterías sanitarias y lavamanos en las instituciones. No obstante, las entidades territoriales manifiestan que los recursos aún son insuficientes. Leyendo este panorama, el regreso no parece ser algo cercano.

La UNESCO y varios expertos en educación alrededor del mundo han puesto de presente los efectos negativos que tiene que los estudiantes no vuelvan a la presencialidad, tales como la afectación de sus procesos de aprendizaje, que según cifras del Banco Mundial, representarían una perdida entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad. A esto se le suman las dificultades psicológicas que se están evidenciando; De acuerdo con el Instituto Colombiano de Neurociencia, el 88 % de los estudiantes “están teniendo una afectación en su salud mental por permanecer en sus hogares” debido a largos periodo de confinamiento, sumados a una exposición excesiva a las pantallas y dispositivos electrónicos.

En medio de este difuso escenario de regreso, se plantean alternativas como el de la senadora Paloma Valencia, quien ha propuesto la entrega de bonos escolares a los padres de familia ya que dentro del sistema público no están dadas las condiciones para el retorno. La senadora plantea que estos bonos pueden asimilarse a estrategias de financiamiento similares a las definidas para el programa de Generación E,  así como una oportunidad para que los padres de familia tengan opciones diferentes a la educación pública, respecto de la educación de sus hijos.

Estas declaraciones causaron polémica y muchos de sus detractores manifestaron que avanzar en esta propuesta solo incrementaría las brechas entre el sector público y el privado, sumado a que cuando ésta se lanzo al aire, no se contaba con estudios técnicos que permitieran evaluar la capacidad real de absorción de la población a los privados. Otro elemento importante, es que las éstas trasferencias realizadas a las Secretarías de Educación, son el resultado de ajustes internos del presupuesto general del Ministerio  y solo podrían ir direccionadas a fortalecer el sector que más lo necesita, en este caso las instituciones educativas publicas en cada región.

Si bien nos encontramos en un escenario de incertidumbre, se debe tener presente la responsabilidad del estado como garante de los derechos fundamentales. En este sentido, lo correcto es aunar esfuerzos para aumentar las transferencias a los territorios, que permitan avanzar en las adecuaciones en infraestructura educativa requeridas y promover la apertura gradual del servicio con miras a un 2021 con normalidad.

El COVID surgió como una oportunidad real para que las instituciones educativas percibieran recursos que no se tenían pensados. Lo que quiere decir, que hoy estas transferencias están resolviendo algunas de las demandas de las comunidades educativas y que los sindicatos han puesto de presente por años; falta de aulas y condiciones de infraestructura escolar (sanitarias principalmente) adecuadas con un servicio de calidad, y por su puesto el mejoramiento de las condiciones de ejercicio de la profesión docente. 

Adicionalmente, se deben generar mayores estrategias para ganar la confianza de los padres de familia y hacer visibles y comprensibles para ellos, los efectos nocivos a mediano y largo plazo de no enviar a sus hijos a clase. La presencialidad debe ser el objetivo común como sociedad y gobierno. Lejos de las presiones sociales y políticas de turno, está el bienestar de los niños y niñas que hoy encuentran en la escuela una espacio protector y garante de derechos; más en contextos violentos o en regiones apartadas y excluidas de las oportunidades de desarrollo, este es el único espacio seguro y garante de derechos con el que cuentan.

La educación es un derecho fundamental así como fue ratificado en la carta que 84 académicos y políticos firmaron para exigir el retorno a clases, en donde se presentan también varios factores asociados que complejizan este escenario de confinanamiento, como lo son, el aumento del la violencia sexual, los embarazos en adolescentes, que ha sido uno de los flagelos contra los que el sector ha luchado, así como el efecto negativo de la pandemia sobre la mujer,  con el aumento del desempleo femenino y la sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar.

Finalmente, el cupo epidemiológico definido en las ciudades debe privilegiar la asistencia de los estudiantes a las aulas y se deben establecer medidas claras por parte de los gobiernos locales para materializar este regreso cuanto antes.

*Miembro Dirección de Educación

Por: Liliana María Guaca

Frente a la situación de aislamiento social y cierre temporal de las escuelas, se ha definido desde el Gobierno Nacional estrategias de acompañamiento escolar a los niños y niñas desde el hogar, a través de la mediación tecnológica. En las zonas urbanas, estas medidas se han logrado desarrollar debido al acceso a bienes y servicios que garantizan condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad académica. No obstante, en las zonas periféricas y rurales donde las oportunidades no son las mismas, que para las familias urbanas de mayores ingresos, la situación es totalmente opuesta.

Es así, que la pandemia ha puesto de relieve la desigualdad entre los estudiantes rurales y urbanos en el sistema educativo. En este caso, la pobreza, la discapacidad, la etnia, y la dispersión geográfica son factores asociados que agudizan la situación y ponen evidencia el alto riesgo de deserción escolar al que se enfrentan hoy las instituciones educativas rurales.

Las dificultades en el acceso a los medios tecnológicos como tablets o computadores, sumado al factor conectividad, se convierten en los principales factores de exclusión, ya que es a través de las plataformas virtuales, que se procura mantener el proceso de escolarización.

Según un estudio de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios del país no desarrollan el proceso escolar de manera virtual porque más del 50% de los estudiantes de grado 11º de las escuelas rurales no tienen computador ni acceso a internet, sumado a que en caso de contar con algunos equipos, estos no son modernos y no permiten desarrollar un proceso educativo de calidad.

Respecto del acceso y la conectividad, el Censo DANE (2018) reveló que solo el 16.2% de las zonas rurales tienen acceso a internet. De los 32 departamentos, 22 tienen menos del 30% de viviendas conectadas y La Guajiara, Chocó, Caquetá y Vaupés, encabezan la lista de los que tienen la más baja conectividad del pais, siendo este último el más bajo con un 4%.

El cuarto informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación – Todos, sin excepción de la UNESCO aplicado a 209 países   “Identifica una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19 y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medios- bajos, no han prestado apoyo a los alumnos desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas”. Con este panorama los desafios de la educación rural en Colombia son titánicos, y se deben plantear escenarios posibles para lograr mantener a estos niños y niñas dentro del sistema educativo y así no perpetuar los circulos intergeneracionales de la pobreza.

En medios nacionales, algunos docentes rurales frente a esta situación han desarrollado alternativas para mantener a sus estudiantes escolarizados, optando por visitar en moto u otro medio alternativo, vereda a vereda para poder llevar el conocimiento a sus estudiantes, hasta familias que frente a la falta de conectividad y medios tecnológicos, han tenido que viajar hasta las cabeceras municipales o capitales de departamento para encontrar las guias de trabajo para sus hijos o un servicio de internet para conectarse con el sistema.

En este escenario tan complejo, se vislumbran algunas alternativas de cómo se puede avanzar en el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio educativo rural. Recientemente se sancionó una ley en el congreso liderada por la Representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus del Partido Verde, que permite la flexibilización del transporte escolar en la ruralidad, en donde no aplica es bus amarillo y con cinturones de seguridad, ya que no existen operadores que presten los servicios o  las condiciones de vias de acceso terrestres son limitadas.

Si bien se abre la posibilidad a los territorios que se reglamenten otro tipo de trasportes alternativos que permitan pensarse un sistema multimodolal que beneficie a los territorios, estos deben garantizar las medidas de seguridad del caso y desde el gobiierno nacional se deben fortalecer el acompañamiento, especialmente a las regiones en su reglamentación con prontitud. Esta ley combate las brechas entre lo urbano y lo rural al proveer a los niños y niñas oportundidades de movilizarse hasta sus escuelas  de manera altenativa y garantizar así el acceso a la educación.

Finalmente, se espera de parte de los gobiernos locales que una vez los estudiantes vuelvan a las aulas, se desarrollen programas de refuerzo, acompañamiento y nivelación, y se definan acciones claras de  seguimiento a la efectiva adquisición y evaluacion de  los aprendizajes en la ruralidad, y que no resulte siendo un proceso que en apariencia garantiza la escolaridad pero que en el fondo, acrecenta las brechas y la exclusion educativa de aquellos que más lo necesitan.

*Miembro Dirección de Educación

Por: Liliana María Guaca

Inicia el primer trimestre del año y los gobiernos locales se encuentran planeando sus estrategias para mejorar la educación en sus territorios. Dependiendo del nivel de desarrolllo económico y la importancia otorgada a este tema en las agendas públicas, será el lugar en el que se debe situar la discusión respecto a lo que se quiere avanzar.

A continuación, esbozaré algunas cuestiones que cualquier jefe de cartera en temas educativos, debería tener en cuenta antes de dirigir sus esfuerzos a materializar su plan sectorial de educación, que en algunos casos desafortunados, resulta desconectado de la visión del gobierno nacional o descontextualizado en la mirada que se debe tener entre lo local y la diversidad propia de nuestra nación.

1. Sobre el acceso y permanencia de los niños y niñas en las instituciones educativas

Las estrategias de búsqueda activa son fundamentales para que ningún niño o niña se pierda la oportunidad de entrar a estudiar. En un esfuerzo por garantizar este derecho Bogotá ha sido un referente en el desarrollo de este tipo de intervenciones al lograr bajar la deserción escolar del 3,6% al 1,6%, uno de los indicadores mas bajos en los últimos 20 años.

La clave aquí consiste en que el Gobierno vaya a los territorios y no viceversa; en este caso, unidades móviles y equipos en campo en brigadas puerta a puerta se acercaron a la ciudadanía para invitarla a hacer parte de este proyecto, donde niños y niñas así como adultos y jóvenes en extra edad fueron beneficiados, en lo que para algunos significó el regreso a clases después de haber desertado del sistema o para otros, el inicio de su proyecto educativo en las aulas.

La búsqueda activa aunque parezca dirigida a un tipo de población específica, se devela como una estrategia de inclusión de familias en condición de vulnerabilidad que encuentran un estado cercano a la ciudadanía, con un lenguaje incluyente y con acciones concretas que van en beneficio de la comunidad.

La permanencia también es un factor determinante en el logro de trayectorias educativas completas. Los estudios demuestran que los mayores niveles de deserción ocurren en el cambio entre niveles educativos. Es decir, entre la primera infancia y el primer año, entre quinto grado y el inicio de la básica secundaria y en la transición entre la educación básica y la media. En el sector rural, la deserción puede ser más alta y aún mayor para las niñas y adolescentes.

De forma general, las distancias geográficas, el nivel de ingresos de los padres, y su nivel de educación, son algunos de los factores preponderantes en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Adicionalmente, los asociados a los patrones culturales clásicos machistas, la asignación de roles de cuidado del hogar, crianza y labores domésticas, acrecéntan la brecha y determinan desde muy temprana edad una trayectoria educativa fallida.

Por esta razón, es clave pensar en estrategias diferenciadas con un enfoque que tenga en cuenta, servicios de alimentación escolar focalizados de acuerdo a los ingresos de las familias, transporte en aquellos casos, donde la distancia geográfica se convierte en una barrera, en textos y útiles escolares que fortalezcan el proceso de enseñanza en el aula.

Además, se hace necesario una fuerte estrategia de acompañamiento y acercamiento de las familias como actores fundamentales en el proceso formativo de sus hijos, un pacto con la escuela para trabajar de manera conjunta y armónica cuestiones fundamentales sobre el clima escolar y la incorporación de enfoques inclusivos que reconozcan, la diversidad, étnica, cultural, la atención a población con discapacidad y que fomente la igualdad de género desde la temprana edad. La familia es uno de los principales activos del sistema para fortalecimiento de sus comunidades educativas y no debe perderse de vista.

2. Formación permanente, sistematización de la práctica pedagógica y sistema de estímulos docente:

En los planes sectoriales se hace mucho énfasis en los niños y niñas, pero la fórmula ganadora sólo puede darse al vincular a los docentes en la ecuación. Un docente feliz, trabaja con vocación en su institución educativa, innova, deja huella en sus estudiantes y transforma su comunidad. Por tal razón, sus ingresos, las oportunidades formativas y de calificación, así como espacios dignos para desempeñar su labor, son claves para el éxito del sector.

Las generaciones presentes y venideras deben ser formadas por docentes calificados que abanderen reformas respecto de los modelos educativos que implementan sus instituciones, que planteen iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social de las comunidades que han sido golpeadas por el conflicto armado y que movilicen desde el ejercicio de la práctica pedagógica, un sistema de valores en sus estudiantes basado en la ética, la solidaridad y el desarrollo ambiental sostenible.

En ese sentido, la formación y el acceso permanente a oportunidades de posgrado, maestría y doctorado son esenciales para proponer desde la escuela discursos y prácticas novedosas, que contribuyan al desarrollo local y a la transformación cultural que requiere nuestra sociedad. Claramente, éstas investigaciones deben apuntar a la producción de nuevo conocimiento en la escuela, y no deben quedarse en debates epistemológicos que no atienden al contexto o a las necesidades de su comunidad. El docente se debe a su institución y el estado debe fortalecer y fomentar el desarrollo continuo de su talento humano.

Así mismo, los programas de formación Permanente de docentes – PFPD son una oportunidad valiosa para la actualización de contenidos, nuevas tendencias en la pedagogía y didáctica, así como en el desarrollo de metodologías de clase apropiadas a los desafíos del sigo XXI. La formación en competencias y habilidades socio emocionales están en la agenda educativa actual y por ende deben ser prioridades en los planes sectoriales.

Los estímulos al docente son necesarios para que la educación llegue a los lugares más apartados del país. En las zonas rurales los docentes no cuentan en algunos casos, con condiciones mínimas de permanencia (alojamiento cerca de sus estudiantes situados en cabildos indígenas, afrocolombianos, comunidades aisladas del desarrollo, o en conflicto armado permanente) por esta razón, las vacantes en estos sectores no logran ser cubiertas y los niños y niñas ven interrumpido su proceso formativo de manera constante. Por el contrario, en las ciudades capitales hay sobre oferta de docentes, toda una paradoja.

En ese sentido, proponer estrategias de fomento a la permanencia de docentes en zonas vulnerables, rurales dispersas, municipios en transición hacia La Paz -PDET a través de estímulos en el ingreso, vivienda en alianza con el Fondo Nacional de Ahorro, y estabilidad para el docente y su familia, podrían garantizar el acceso universal a la educación de los más excluidos, vulnerados y olvidados del país.

Además, del desarrollo de campañas de atención psicosocial dirigidas a los docentes que permitan mitigar los efectos del estrés laboral (siendo esta la principal causa de incapacidades en el sector) el “burnout”, y la falta de herramientas para el manejo de los conflictos en territorios de extrema violencia, son fundamentales, si queremos un avance tanto en el acceso, como en la calidad de la educación.

Estas son, tan solo algunas acciones que pueden fortalecer desde la base los planes sectoriales, desde una mirada proyectiva que articule las trayectorias educativas completas, con el desarrollo social y productivo de nuestras regiones

*Miembro Dirección Educación