Por: Juan Manuel Borráez

El 4 de agosto de 2020 sin duda será uno de los más impactantes del año en Colombia, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decretó medida de detención domiciliaria al ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

El caso es de una gran complejidad, ya que incluso inicia cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del senador Uribe contra el también senador Iván Cepeda, por una supuesta manipulación de testigos en su contra. La Corte consideró que no era Cepeda quien estaría intentando manipular testigos, mientras que Uribe presuntamente sí. Esto por intermedio de uno de sus abogados, Diego Cadena, quien también enfrenta un proceso penal por fraude procesal y soborno.

No obstante, no es intención de esta tribuna ahondar en los elementos probatorios del proceso penal o expresar una opinión sobre la inocencia o culpabilidad del senador Uribe o de su abogado Cadena. Esto será decisión, para el caso de Uribe, de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta columna busca hacer una defensa de la institucionalidad colombiana, de la división de poderes, del respeto a las decisiones judiciales y velar por los derechos procesales de quien enfrenta un proceso penal, cualquier persona que sea.

En primer lugar, por el derecho que le corresponde al ex presidente Uribe, se debe exigir  desde la ciudadanía que el proceso goce de absoluta imparcialidad, independencia judicial y transparencia. Un proceso judicial llevado a cabo de esta manera, también garantiza el derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad sobre los hechos que rodean a quien ocupó la máxima dignidad del Estado colombiano.

Sin embargo, los ciudadanos deben reivindicar y exigir que, tanto quienes ocupan un cargo público como otras figuras políticas del país, en especial las ligadas al Partido Centro Democrático, acepten y acaten las decisiones de los jueces y que éstas sean debidamente controvertidas ante las autoridades judiciales mediante los recursos que la Constitución y las leyes colombianas contemplan.

No han sido pocos los ataques que ha recibido la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia, calificándola de “izquierdista”, “antiuribista”, entre otros calificativos. Los jueces en el ejercicio de sus funciones solo están condicionados por la ley. No deja de ser llamativo y preocupante que altos cargos estatales como senadores y representantes a la Cámara, incluso embajadores, hagan llamados a desconocer las decisiones judiciales e inclusive a convocar constituyentes para reformar el Estado incluyendo a las cortes.

Capítulo aparte merece el presidente Iván Duque. Desde días anteriores a la medida de detención domiciliaria contra el ex presidente Uribe, realizó una implacable defensa suya ante un medio de comunicación. Adicionalmente, una vez conocida la medida, fue publicado un video en sus redes sociales dando una alocución en la que resaltó de Álvaro Uribe su patriotismo, reivindicó su inocencia, destacó el legado de sus dos periodos presidenciales y llamó a la “reflexión como ciudadano, para que las vías judiciales operen, y un ciudadano (Uribe) pueda ejercer su defensa en libertad”, ejerciendo una evidente presión para que la Corte tome una decisión en determinado sentido.

En su calidad personal, el presidente Duque puede tener la ideología que quiera y creer en la inocencia de cualquier persona sometida a un proceso penal. Sin embargo, debe entender que una vez se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018, su papel ya no es el de representante de una corriente política en una contienda electoral, su rol pasó a ser el de Jefe de Estado y primer mandatario de todos los colombianos. Lo que debe hacer es defender la institucionalidad, promover el cumplimiento de las decisiones judiciales y fomentar que la manera de ser cuestionadas sea en sede judicial.

Los contradictores políticos del ex presidente Uribe también deben reflexionar, pues ha sido público que cuando han tenido que enfrentar procesos judiciales o disciplinarios en su contra, han atacado a las cortes y a la institucionalidad afirmando que en Colombia no se vive en democracia o que el Estado se encuentra cooptado por el narcotráfico. Las instituciones no se pueden defender cuando es un contradictor político el que se encuentra en medio de un proceso penal, y atacadas cuando es alguien de su misma corriente ideológica quien se encuentra en uno. La defensa de los valores democráticos no puede ser selectiva.

Para finalizar, vale la pena recordar que Álvaro Uribe no ha sido condenado y nadie es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. El proceso debe continuar. En ese sentido, lo único deseable es que al ex presidente le sea respetado el derecho a la defensa y, en general, a un juicio justo y transparente.

Quienes se identifican con Uribe, tienen todo el derecho a protestar y a expresar su desacuerdo con esta decisión judicial, mientras sea por los conductos constitucionales y legales, esto incluye la protesta pacífica. Afortunadamente, la institucionalidad colombiana, aun con sus fallas y retos, tiene los medios para expresar el disenso frente a las decisiones emanadas de cualquier autoridad del Estado.

*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia

Por: Juan Manuel Borráez

El 17 de junio de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una jornada de elecciones, en donde se eligieron cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los deseados puestos fueron ganados por Irlanda y Noruega, mientras que Kenia y Yibuti competían por la representación africana, la cual fue destinada a Kenia. India no tenía rival alguno por la región Asia-Pacífico, al igual que México por Latinoamérica y el Caribe.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más poderoso e influyente de la organización, el único que, en el marco del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer efectivas por la fuerza sus decisiones y en el que de los quince miembros que lo componen, cinco lo hacen de manera permanente con derecho a vetar las decisiones y diez lo hacen de manera no permanente para periodos de dos años. 

Ser miembro del Consejo de Seguridad permite participar en la toma de decisiones en temas relacionados con la paz y seguridad internacionales, y más allá de la diferencia entre la membresía permanente y la no permanente, ningún miembro del Consejo es un actor de reparto, incluso hasta por los nueve votos necesarios para aprobar una resolución.

Quisiera resaltar la presencia de México. Más allá de toda consideración, es un actor regional y global de suma importancia, sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha procurado tener una línea aislacionista en los niveles, tanto personal, lo que le ha impedido relacionarse con otros mandatarios en reuniones de alto nivel, como de Estado, buscando extraer a México de debates globales y regionales en los que su presencia sería sumamente necesaria, insistiendo que la “mejor política exterior es la interior”.

Habrá que observar de qué lado se posiciona México en las disputas entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, así como entre Estados Unidos y la R.P. China, si prefiere decantarse por su vecino y mayor socio a todo nivel, o por lo ideológico vinculándose más de cerca a rusos y chinos. Generan expectativas sus posiciones frente al tratamiento de la dictadura venezolana, tema de especial interés para la Latinoamérica, ya que sus consecuencias las han sufrido prácticamente todos los países de la región, en especial Colombia.

De igual manera, despierta interés la presencia de la India, el segundo país con mayor población del mundo y una potencia económica, militar y política en la región asiática, más cuando en las últimas semanas ha habido una serie de escaramuzas en su frontera con la R.P. China (Valle de Galwan), la cual se encuentra en constante disputa desde la Guerra Sino – India de 1962, terminando con un enfrentamiento directo el 15 de junio en donde fallecieron veinte militares de la India. Esperaría que se alineara con las potencias occidentales del Consejo de Seguridad, para servir de dique de contención al avance internacional chino.

La llegada de dos grandes potencias regionales al Consejo de Seguridad, como la India y México, sumándose a Alemania, así como a la máxima potencia africana, Sudáfrica, quienes hoy fungen como miembros no permanentes, convertirá al Consejo en un escenario más, pero creo el más importante, en donde seguirán las disputas geopolíticas actuales. Solo para recordar, Xi Jinping, Donald Trump, Boris Johnson y Vladimir Putin, son los líderes de cuatro de los cinco miembros permanentes.

No debe dejarse a un lado la presencia de Noruega. El país nórdico, al no ser parte de la Unión Europea, cumplirá un papel de independencia que servirá de contrapeso a los diferentes actores enfrentados entre sí. Igualmente, su experiencia como mediador en diferentes conflictos armados (entre ellos el Proceso de Paz colombiano), le harán tener un peso importante durante los dos próximos años en el Consejo de Seguridad.

Las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, nacieron para que no se repitieran las guerras entre estados. No obstante, al día de hoy los conflictos armados han tomado otra dimensión en las que confluyen actores estatales como no estatales, esto hace que sea más complicado dirimir responsabilidades y que las treguas sean muy complicadas de sostener. A este cambio que en los últimos años han tenido los conflictos, hoy es claro que han surgido otros importantes desafíos a la Paz y Seguridad internacionales que exigen un Consejo a la altura de estos.

En ese sentido, el Consejo de Seguridad deberá dar respuesta a situaciones como el cambio climático, el cual debido al grave deterioro del medio ambiente, incluso se ha convertido en una amenaza para la existencia de diferentes países. Asimismo, hoy observamos como el Covid 19 y las consecuencias económicas del mismo, han incrementado y profundizado las agitaciones sociales en muchos lugares, instalando a las crisis sanitarias como grandes riesgos para la seguridad internacional.

Para finalizar, la Comunidad Internacional deberá promover propuestas de reforma a los métodos de trabajo y de toma de decisión en el Consejo en especial al veto, para evitar que las disputas geopolíticas entre los diferentes miembros, inmovilicen el actuar del organismo cuando más se necesita, y así se puedan evitar violaciones a los DD.HH, así como poder actuar ante los nuevos desafíos globales.

*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia

Por: Juan Manuel Borráez R. 

El 22 de abril del 2020, el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter (@edr_cd) un video en el cual hace la propuesta de usar fondos destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz, en la lucha contra el virus del Covid 19 (https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-usar-fondos-del-proceso-de-paz-para-emergencia-de-coronavirus/665321).

Con seguridad se puede afirmar que la propuesta contará con adeptos y ciudadanos que estarán de acuerdo con ella. No obstante, el Representante Rodríguez olvida que es un deber constitucional y legal, adoptado por todas las ramas del poder público del Estado colombiano, la integral implementación del Proceso de Paz.

Pero más allá de cualquier obligación de carácter jurídico en relación con la implementación del Proceso de Paz, cabe recordarle al congresista que de la correcta y transparente ejecución de los recursos económicos de la paz, depende que muchas de las personas que residen en los diferentes territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afronten los efectos de la pandemia. La mejora en la infraestructura de salud pública en estas regiones, especialmente las más alejadas en nuestra geografía nacional, está íntimamente ligada a la implementación de los acuerdos.

Vale la pena profundizar en la importancia que tienen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s). Como es sabido, son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los territorios (170 municipios en 19 departamentos) y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural. Esta transformación integral se encuentra programada a quince años.

Tomar los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz, sin duda atrasaría este fundamental proceso para nuestro país, que implica también, como se ha manifestado previamente, la mejora en el acceso a los sistemas de salud y a infraestructura de este tipo, para las personas residentes en estos territorios, así como a mejores condiciones de vida en general.

Sin duda, el brote del Covid 19 es un muy significativo reto para Colombia, que requiere el absoluto interés de las autoridades, así como una redirección de parte del gasto público hacia su mitigación, pero es claro que la intención de un determinado sector de usar los recursos de la paz para el combate al virus, es una propuesta con el fin de obtener réditos políticos más que una verdadera intención humanitaria.

Si antes era clara, no solo obligatoria, la necesidad de implementar correctamente el Acuerdo de Paz, ahora en el marco de esta pandemia se justifica más que nunca, para que las comunidades que han sufrido de más de sesenta años de conflicto armado y abandono estatal, no sufran más de estos males, sumado al de los catastróficos efectos de una pandemia.

Cada vez que sale una propuesta de este tipo por parte del partido de gobierno, surge la duda si de esto tenía conocimiento el primer mandatario y se estaba “midiendo el aceite” de la opinión pública, o si por el contrario son propuestas individuales que en nada representan al presidente Duque. Espero que sea así, porque en la presentación del último informe de la ONU sobre la implementación del  Acuerdo de Paz, se “acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud”. Además, a nivel internacional, se ha reconocido que las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, respecto a la lucha contra la pandemia han sido acertadas y consensuadas con expertos en asuntos de salud pública y economía.

Desfinanciar la paz es condenar a quienes han sufrido la guerra, a volver a un pasado de pobreza, abandono, insalubridad, desnutrición, y a una situación tan de vida o muerte como la pandemia: la violencia.

Para finalizar, es importante manifestar que las propuestas populistas con como un camino corto pero a un final incierto, es decir, lucen atractivas y de fácil ejecución, pero cuando se llevan a cabo, su destino final es un abismo.

*Miembro Dirección Seguridad y Justicia.