Oportunidades de reforma en lo laboral, pensional y fiscal.
Por: Felipe Rodríguez
La actual coyuntura en la que vivimos, debido a la pandemia del Covid-19, ha demostrado las grandes debilidades que tiene el país en un sinfín de materias. Así mismo, ha logrado evidenciar las falencias estructurales que se tienen en temas laborales, fiscales y pensionales, que los distintos gobiernos a través de los años no han logrado gestionar. Es por este motivo, sumado con la proximidad de la fecha en la que el Gobierno Nacional debe presentar el Presupuesto General de la Nación de 2021 ante el Congreso, que me gustaría ilustrar algunos temas transversales que deberían hacer parte de una futura, más no lejana, reforma estructural.
En primer lugar, la renta básica vitalicia ha tomado fuerza en los últimos meses y de seguro será un tema de bastante discusión en el futuro próximo. El gran argumento a favor se centra en que el gobierno, a través de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor, la devolución del IVA y otros programas estatales enfocados en otorgarles subsidios a ciertas poblaciones vulnerables, ha sentado el camino para esta política y solamente faltaría consolidar bajo una misma sombrilla los criterios de aplicación y elegibilidad. Una propuesta para su implementación podría ir encaminada a unificarla junto con la reforma pensional, esto bajo el objetivo de subsidiar únicamente a las personas que no puedan acceder a una pensión. Adicionalmente, se podrían determinar ciertos elementos para poder acceder a esta renta, por ejemplo, establecer metas de ahorro pensional que promuevan la formalidad del trabajo y así mismo generar una especie de soporte económico para el gobierno si las personas no logran acceder a la pensión.
En línea con el párrafo anterior, el segundo asunto importante sería el pensional. Debido al gran peso que las pensiones tienen anualmente dentro del Presupuesto General de la Nación, se hace imperativo reformar este sistema lo antes posible. Primero, es claro que los subsidios no están llegando a quienes más lo necesitan y, por el contrario, quienes se han visto beneficiados son segmentos de la población con importantes ingresos a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, es necesario segmentar los aportantes en función de su capacidad de ahorro para garantizar que el subsidio a las pensiones públicas llegue efectivamente a quienes no tuvieron verdadera posibilidad de ahorro y así, fomentar una mayor equidad en la asignación de los recursos por parte del Gobierno. Segundo, promover una mayor competencia entre los fondos privados de pensiones, lo que se traduciría en mejores beneficios para los aportantes. Por ejemplo, un primer paso se podría dar desmontando la exigencia de rentabilidad mínima a los fondos privados. Esta regla ha generado que se asignen recursos a portafolios ineficientes y los cuatro fondos actuales básicamente han tenido la misma estrategia en los últimos años para poder cumplir con esto. Adicionalmente, modificar las reglas de segmentación por edad para la asignación del perfil de riesgo, migrando a una basada en el perfilamiento individual en función de la aversión al riesgo. Este cambio reflejaría un mayor beneficio para el afiliado dado que la rentabilidad estaría dada en función de sus objetivos de largo plazo.
En tercer lugar, una reforma laboral en estos tiempos sería de gran ayuda, ya que evitaría la destrucción de más empleos y motivaría un incremento en la formalidad. Hay que mencionar que una de las grandes enseñanzas que nos dejará el Covid-19 será que el trabajo presencial – para profesiones específicas –, ya no se hará necesario y que muchas empresas podrán evitarse estos costos fijos eliminándolos o reduciéndolos de sus presupuestos. Por ende, se debe repensar si los subsidios de dotación o transporte siguen siendo necesarios o, si más bien, se pueden desmontar para los trabajadores remotos, dejando únicamente un valor enfocado en subsidiar internet. Por otro lado, cambiar las reglas actuales de cotización al sistema de seguridad social, por unas enfocadas en horas laboradas o unidades de tiempo convenidas con los empleadores, podría llegar a ser la clave para la preservación de los empleos formales actualmente. Debemos ser conscientes que una vez superemos esta pandemia, muy seguramente el mercado laboral no volverá a ser el mismo de principios de este año y, por ende, las políticas se deben ajustar a estas nuevas realidades.
Por último, en tiempos difíciles como los actuales se requieren soluciones poco ortodoxas. Dado que el resultado de las reformas puede llegar a ser bastante impredecible, debemos dejar allanado el camino con políticas maleables que permitan al gobierno actual tener un margen de maniobra amplio con el fin de modificar lo implementado en caso de que no este dando los resultados esperados. Es clave que seamos conscientes que, así como nos hemos adaptado a esta nueva virtualidad en nuestros trabajos, estudios y hasta en las interacciones con nuestros amigos y familiares, el desarrollo de las políticas públicas también debe ser pensado bajo esta nueva realidad y enfoque.
*Miembro Dirección de Finanzas Públicas