Por: Ernesto Forero  

La anhelada reactivación del transporte ferroviario en Colombia vuelve a estar en peligro. La operación de los corredores Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná se encuentra suspendida. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tal paralización corresponde a una “pausa necesaria” para un beneficio mayor, lo cual no convence a nadie. 

La anterior situación tiene todas las características de un manejo improvisado por parte de dicha Entidad que amenaza con borrar los tímidos, pero importantes avances que se habían conseguido en estos últimos dos años, en aras de una reactivación definitiva del transporte ferroviario de carga. 

Veamos. 

Para nadie es un secreto que, salvo por el carbón que es transportado por tren desde las minas ubicadas en el departamento del Cesar hasta los terminales portuarios ubicados en Ciénaga (Magdalena), el transporte de carga por vía ferroviaria en Colombia había entrado en desuso. No volveremos en el presente escrito sobre las causas históricas que llevaron a que este modo cayera en desuso; para ello recomendamos este hilo de Twitter en el que mencionan algunas de esas causas https://twitter.com/marialopezuribe/status/1379619960482316290?s=20 

A partir del año 2013, aproximadamente, y a raíz de los buenos precios que para ese momento tenían commodities como el carbón y el petróleo, el país volvió a hablar del modo ferroviario como una alternativa de transporte de carga por vía terrestre. Llegaron incluso a presentarse ante la ANI varias iniciativas de asociaciones público privadas (APP) con el objeto de mantener y operar tramos de vías existentes, así como para construir y operar nuevos tramos de vías. 

A partir de entonces, particulares interesados en dicho modo de transporte, acudieron al Estado para solicitar que se adelantaran gestiones tendientes a generar condiciones mínimas que permitieran una reactivación del transporte de carga por vía férrea. Algunas de las condiciones mínimas que se identificaron como clave para ello fueron, entre otras: inversiones en rehabilitación de vías y puentes, poner a disposición de privados el material rodante del Estado, disminuir el pago por el uso de la vía, exigir a FENOCO el paso de carga distinta de carbón por el tramo Chiriguaná- Santa Marta, poner a disposición de privados las instalaciones del Estado para realizar la transferencia de carga entre modos. 

Luego de mucho ires y venires, tales gestiones lograron algunos resultados concretos, entre los cuales podemos mencionar: 

1. Se realizaron varios trenes de prueba para establecer las condiciones de la vía, priorizar inversiones y generar confianza en los potenciales usuarios.
2. La ANI suscribió contratos sucesivos con los cuales logró reparar y rehabilitar el tramo La Dorada-Chiriguaná, el cual, luego de la temporada invernal de los años 2011 y 2012, había quedado inutilizable.
3. La ANI suscribió un contrato de contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES.
4. Se le entregó a dicho Consorcio el material rodante del Estado con la obligación de operarlo, así como las instalaciones del Estado en La Dorada para realizar la transferencia de carga.  
5. FENOCO se comprometió a completar el transporte de la carga que entregara el Consorcio IBINES en Chiriguaná hasta Santa Marta, y así completar la ruta La Dorada – Santa Marta y viceversa.

Estas condiciones, que parecen menores pero que costaron muchos años de gestiones de los particulares, permitieron que a partir del año 2019 se pusiera en funcionamiento un servicio de transporte ferroviario Santa Marta-La Dorada, al cual se le denominó DORASAN y sobre el cual la ANI y el Ministerio de Transporte no ahorraron esfuerzos ni recursos en sacar pecho. 

¡El país volvió a tener una alternativa de transporte terrestre conectando el mar Caribe con el Centro de su territorio, distinta del transporte por camión! 

Este servicio DORASAN tenía una frecuencia semanal; y, aun así, durante el año 2020 y lo que iba del 2021, alcanzó a movilizar 2364 contenedores y 144 plataformas con carga general que antes solo podían movilizarse por camión. Generadores de carga tan importantes como Familia, Teams, Kimberly, D1, Phoenix, Cerámica San Lorenzo, entre otros, empezaron a movilizar su carga por tren. 

El panorama era bueno. Creíamos que el Estado por fin había logrado levantar el transporte ferroviario del sepulcro al que había sido enviado. 

El esquema de gestión que se tenía, en el que el mismo contratista de obra y mantenimiento, realizaba la operación, detentaba la tenencia del material rodante y administraba el centro de transferencia del Estado, debía ser un esquema de transición y no podía ser el definitivo. Sin embargo, como esquema de transición, el esquema que se tenía con el Consorcio IBINES sí demostró ser conveniente para lo que a corto plazo se quería, dado que en efecto logró reactivar el transporte de carga por ferrocarril y lo más importante, logró generar confianza en generadores de carga, así como en potenciales inversionistas interesados en incursionar en el negocio de la operación ferroviaria. 

El reto del Estado consistía (y aun consiste) en lograr pasar de un esquema de transición a un esquema permanente, sin echar a perder lo que se ha logrado hasta la fecha y continuar generando confianza en los generadores de carga. No obstante la claridad e importancia de la tarea, la ANI dejó vencer el plazo del contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES, sin tener la alternativa lista, lo cual implicó una suspensión de facto de las operaciones de transporte de carga por ferrocarril. 

¡Las operaciones llevan ya un mes suspendidas! 

Ante la grave situación anterior, la ANI ha argumentado que dicha suspensión corresponde a una “pausa necesaria” para obtener un beneficio mayor, ya que le apostará a un nuevo esquema de gestión, que garantizará inversiones de $1,6 billones. Ojalá logre concretarse tal inversión; sin embargo, el punto no es ese. 

El punto es que por un manejo improvisado de la ANI se suspendió abruptamente el transporte de carga por tren. Lo diligente hubiese sido que el contratista saliente, al término de su contrato, hubiese hecho el empalme con el nuevo concesionario bajo el nuevo esquema de gestión, sin solución de continuidad en la prestación del servicio de operación. Sin embargo, la ANI curiosamente dejó vencer el contrato con el contratista que tenía, para darle la operación del tramo La Dorada-Chiriguaná a FENOCO (de manera transitoria), con quien el Estado ha tenido diferencias relacionadas con la voluntad de éste de permitir el paso a cargas distintas de carbón.

Es decir, el Estado terminó pasando de un esquema transitorio que había logrado reactivar el transporte de carga por ferrocarril, a otro esquema transitorio, suspendiendo de paso las operaciones de transporte de carga por tren. Y, lo peor, sin fecha clara de cuándo entraría en operación ese anunciado nuevo esquema de gestión. 

Este abrupto cambio tendrá sin dudas efectos negativos en el futuro inmediato del transporte de carga por ferrocarril y amenaza con borrar muchos de los logros obtenidos con el esquema vigente hasta el 15 de abril de 2021, especialmente la confianza en la estabilidad del transporte ferroviario. 

Qué le dirán ahora los directores logísticos de esas empresas que se la jugaron con el transporte ferroviario a sus jefes cuando les cuenten que el esquema por el que apostaron y creyeron, se suspendió… indefinidamente.

Preocupante.   

*Director Temático del Magdalena

Por: Ernesto Forero

El año 2021 es un año “pre electoral”, como denominamos en Colombia al año anterior al que habrán de realizarse elecciones para cargos de elección popular. Los años pre electorales son años que se han caracterizado a través de la historia por estar cargados de promesas de cambio, de renovación, de purgas partidistas, de críticas acérrimas al gobierno de turno, y, como no, por surgimiento de mesías redentores. 

Lo que hemos podido apreciar durante lo que va corrido del primer trimestre del presente año 2021, es que será un año pre electoral típico: la izquierda nos ha prometido un pacto histórico (con Roy y Benedetti incluidos); la derecha prepara una propuesta política que promete aglomerar a ex mandatarios locales coronados con halos de éxito en sus gestiones; el centro sigue siendo una especie de terreno deseado, místico, atractivo, inexplorado (aunque atacado. Qué paradoja); las antiguas FARC se relanzan y el Centro Democrático aun no despliega su estrategia. Tampoco han faltado los mesías, claro. El más reciente es sin dudas el profesor Alejandro Gaviria, quien se ha dedicado a esquivar abrazos partidistas que le han lanzado desde todas las esquinas.

Lo que hasta el momento hemos echado de menos en toda la dinámica anterior son las propuestas que subyacen (o deben subyacer) bajo los cimientos de las promesas salvadoras. Son las propuestas, y no las luces de los anuncios, ni el ingenio de los tuits, las que deben servir de guía para toda esa población (el suscrito incluido) que ha sido seducida por la promesa generalizada de un mejor país. 

Hasta el momento, de propuestas pocón. 

La descentralización, en particular, es un tema sobre el cual todos los colombianos deberíamos conocer qué piensan y qué proponen los partidos (nuevos y viejos), las nuevas alianzas y claro, también los mesías. A diferencia de otras propuestas, las cuales giran sobre un tema específico, la descentralización se refiere a un modelo de país, y la forma como lo conciba un partido o un jefe de un gobierno, puede llegar a tener un impacto fundamental en la vida de los colombianos. Este es un terreno en el que todos patinan, y no es para menos. 

Quienes vivimos en la provincia, como se denominaba en la antigua Roma aquellos territorios conquistados fuera de Roma, hemos podido observar cómo el modelo actual de descentralización hace depender el porvenir de una región de coyunturas particulares como son, por ejemplo, que el alcalde o gobernador de turno tenga buena relación con el Presidente, o que el gobierno local tenga la fuerza política de contar con un ejército de senadores y representantes que patinen temas y recursos en la Capital, o que el Gobierno central deseé conquistar políticamente el territorio y por tal virtud interesarse en él. Como ejemplos de lo anterior, podríamos mencionar casos como el de Barranquilla durante el gobierno Santos o el de Medellín durante el gobierno Uribe.  

Esa dinámica crea cantidades de círculos viciosos que terminan a la postre supeditando la gestión de los mandatarios regionales a una buena y fluida cooperación con el Gobierno central, lo cual, si bien es un deseable, no puede convertirse en un condicionante para garantizar la buena gestión de los gobiernos regionales. Aseguramos que se forman círculos viciosos al interior de otros círculos viciosos pues esa necesaria dependencia entre gobierno local y central abona el terreno para la aparición, por ejemplo, de intermediarios políticos que hacen de la política un negocio, o para el surgimiento de paralelismos en la gestión, como ocurre cuando la relación entre el mandatario local y el Gobierno central es reemplazada por la relación entre el Gobierno central y algún político local con el cual tenga afinidad.        

La descentralización en Colombia es un tema del que muy poco se habla, y cuando se habla de ella, la conversación se plaga de cascarones llenos de humo, hoy denominados “lugares comunes”. De hecho, el concepto mismo de “descentralización” se ha convertido un lugar común. Qué horror. Y pensar que por décadas nos matamos en Colombia a la luz de este concepto; en aras precisamente de establecer si resultaba mejor para el país un manejo federal o un manejo central. 

El modelo de descentralización en Colombia (y no solo presupuestal) necesita un debate que permita entender y reflexionar en relación con sus beneficios, sus problemáticas, sus efectos, pero, sobre todo, su futuro. El pueblo (el suscrito incluido, nuevamente) necesita escuchar las propuestas y las posiciones en relación con la descentralización en Colombia, y con base en ellas, tomar postura y por supuesto tomar decisión. 

En un año pre electoral como el 2021 debemos exigir que los nuevos partidos, así como los partidos reencauchados, y los nuevos mesías, hablen de descentralización y planteen posiciones y propuestas al respecto.  

La descentralización no puede ser un tuit, una pancarta, y muchísimo menos, un lugar común. Se lo debemos a nuestra historia y a nuestro futuro. 

*Director Temático del Magdalena 

Por: Ernesto Forero

Desde hace unos años se han empezado a escuchar voces en distintos idiomas que demandan la revisión y el ajuste del “contrato social” actual, tema sobre lo cual tuvimos oportunidad de referirnos en este mismo espacio el 14 de enero de 2020, antes de que el Covid-19 se convirtiera en pandemia. Durante el Covid-19, estas demandas revisionistas se han exacerbado, pues los efectos de la pandemia desvelaron la fragilidad de los sistemas de salud, la falta de conectividad de las personas, y en general, evidenciaron desigualdades entre la población.   

Quienes demandan la revisión del modelo político, económico y social actual (todo lo cual resumen con el término “contrato social”) coinciden, de manera consciente o inconsciente, en los siguientes tres puntos que resumimos a continuación: una mayor intervención de los Estados en las economías, mayores exigencias a los particulares (especialmente las empresas) para redistribuir los beneficios obtenidos por virtud del modelo actual y un respeto por los límites del planeta. Estos tres elementos parecen ser, hasta el momento, los pilares que determinarán los contornos del nuevo “contrato social”. 

Pese a lo interesante del tema, en esta oportunidad no nos referiremos a los reparos y exigencias de la población al contrato social actual, sino a cómo esas exigencias, todas las cuales conllevan un incremento de las erogaciones estatales (para funcionamiento, inversión y/o gasto social), podrán hacerse realidad. Es decir, no nos enfocaremos en lo que los contadores denominan “los usos” (educación gratuita, salud gratuita, ingreso básico universal, etc.) sino en sus “fuentes”. 

La fuente que se menciona de manera más recurrente, aunque con poca profundidad son los impuestos “a los más ricos”. Sin embargo, pretender obtener los recursos suficientes para atender las exigencias de la población a través de impuestos, con base en los sistemas impositivos actuales, es una fantasía. Ojo. No queremos dejar la sensación de que la idea de apalancar mayores inversiones o gasto social con impuestos progresivos sea mala, lo que queremos señalar es que no es una idea realista con los sistemas impositivos actuales. 

Los sistemas impositivos actuales tienen, en nuestro concepto, dos tipos de problemas que no permiten que sea razonable esperar la concreción de la anhelada progresividad fiscal. En primer lugar, se encuentran los problemas “de forma”, que se relacionan con la eficiencia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a las plataformas tecnológicas que utilizan los Estados para el funcionamiento de sus respectivos sistemas impositivos. Es impostergable que los sistemas impositivos funcionen sobre plataformas tecnológicas dinámicas, fáciles y modernas. En relación con este tipo de problema, Colombia parecer estar dando los pasos correctos pues la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) creó el denominado “Fondo DIAN para Colombia”, el cual será un patrimonio autónomo que se encargará de administrar los recursos para la modernización tecnológica de dicha entidad. 

En segundo lugar, están los problemas “de fondo”, que se relacionan con la eficacia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a que tales sistemas tengan como sujetos pasivos a quienes tienen mayores capacidades y como objeto de tributación a las operaciones generadoras de ingreso y riqueza. Los problemas que podrían incluirse bajo esta descripción son muchísimos; sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos a aquellos problemas “nuevos” que han surgidos por la incapacidad de los sistemas impositivos de entender e interiorizar el impacto de la revolución tecnológica en la realidad actual, lo cual ha traído como consecuencia el otorgamiento de exenciones de facto. Ahí estamos grave. Mencionaremos a continuación solo un par de ejemplos que nos servirán para ilustrar el punto.

En la actualidad la información es el commodity más valioso. La tecnología ha permitido a las empresas generar ingresos a partir de la recolección, administración y procesamiento de nuestra información, haciéndonos más propensos a consumir, consumir, consumir. Sin embargo, ninguna de estas actividades ha sido incorporada como hecho gravable en los sistemas impositivos actuales. 

Con el ánimo de ilustrar aún más este punto, vale la pena preguntarse qué resulta más valioso (en el sentido de su capacidad de generar riqueza), digamos, para Google, ¿una base de datos con la información de nuestros gustos o una isla en el Caribe? La respuesta, claramente, es la información. Sin embargo, los sistemas impositivos actuales no han asimilado el surgimiento y el valor de la información, por lo cual solo hacen objeto de tributación a la propiedad en el Caribe. 

Un ejemplo más son los negocios basados en nuevas tecnologías. Muchos Estados han preferido cerrar sus ojos y sus sistemas legales ante las nuevas formas de hacer negocios con base en nuevas tecnologías. Colombia es un buen ejemplo; suspendió los servicios de Uber, sancionó a Rappi, prohibió las criptomonedas (las cuales están en máximos históricos), etc. Este negacionismo no impide, de ninguna manera, que las nuevas formas de hacer negocios se sigan desarrollando, lo que sí logra es que las nuevas formas de hacer los negocios pasen a ser ilegales y no puedan ser objeto de tributación. 

Como era de esperarse (y no es una crítica), el Gobierno ha empezado a anunciar una nueva reforma tributaria. Ojalá se aproveche esta oportunidad, post Covid-19, para realizar una verdadera reforma estructural que presente soluciones definitivas a los problemas de forma y de fondo de nuestro sistema impositivo actual, en lugar de estar improvisando propuestas que no logran más que exprimir la misma base y a los mismos sujetos de tributación de siempre, manteniendo nuestro sistema ajeno a las nuevas realidades.

El Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de tener Estados más presentes, más eficientes y mejor administrados, por lo cual, el replanteamiento y modernización de los sistemas impositivos con base en los cuales se puedan obtener los recursos necesarios para atender las exigencias actuales de la población, es una necesidad urgente e impostergable.   

*Director Temático del Departamento del Magdalena

Por: Ernesto Forero

George Floyd fue la víctima fatal de una mala estrategia de estrangulamiento con rodilla ejercida por un oficial de policía de Minneapolis (Estados Unidos). Su muerte desató multitudinarias marchas por todo el país, las cuales han terminado con daños a propiedades públicas y privadas, así como en enfrentamientos violentos entre conciudadanos. En Colombia también hemos sido testigos de cómo la fuerza pública se ejerce con espantosa frecuencia de manera extralimitada. Todavía tengo en la retina la siniestra llave con la que fue sometido un vendedor ambulante en la ciudad de Bogotá por un oficial de la Policía.

Este tipo de situaciones siempre me han generado sentimientos encontrados, pues por un lado entiendo que en determinadas circunstancias las instituciones que ejercen la fuerza pública deben acudir a la abominable fuerza bruta, y por el otro, entiendo y comparto la frustración que sienten quienes expresan su reclamo por el resultado nefando del uso excesivo de la misma.

En el presente artículo haremos una reflexión sobre el nacimiento de la fuerza pública, así como del compromiso y la responsabilidad con que ésta debe ser ejercida, con el propósito de proponer algún camino de solución que permita conciliar el interés de todos.

El nacimiento de la fuerza pública está íntimamente ligado al concepto de nacimiento del Estado como un ente distinto de los ciudadanos, resultado del hoy tan nombrado Contrato Social. En virtud de dicho contrato, los ciudadanos se comprometen entre sí a reconocer la existencia de un ser distinto de ellos, en quien depositan derechos y prerrogativas individualísimas, de las cuales se desprenden en virtud de tal depósito. Uno de esos derechos y prerrogativas es la de procurar la seguridad y defensa individual.

En el principio de los días, en un mundo sin Estado, la salvaguarda de la seguridad y defensa personal era ejercida por las mismas personas de manera directa. En un escenario familiar, esta salvaguarda era ejercida a través del padre, del tío, del abuelo, o de cualquier otro miembro de la familia que, por alguna circunstancia de poder, esencialmente la fuerza, era llamado a ejercerla. Así, si la hija del padre era ofendida por alguna otra persona de la tribu, pues aquel se batía a golpes con éste hasta que la ofensa quedara saldada. Los demás miembros de la tribu probablemente pensaran que así debían ser las cosas.

El nacimiento del Estado implicó un traslado por parte de los ciudadanos de ese deber de salvaguarda, aun incluso, en perjuicio de las mismas personas que lo realizaron. Así, en el ejemplo anterior, el padre ya no podía batirse a golpes con el ofensor, sino que era el Estado el llamado a ejercer la justicia en su lugar. Si el padre ofendido, aun así, intentaba ejercer la justicia por su propia mano, el Estado tendría que intervenir nuevamente, esta vez para reprender al inicialmente ofendido, quien ya no contaba con la prerrogativa de salvaguardar la seguridad y defensa de su familia por haberla trasladado.

Esta delegación de prerrogativas lleva implícita la expectativa legítima de que la misma será ejercida de manera correcta, oportuna y dentro de los parámetros que el mismo Estado hubiere establecido. Cuando el ejercicio de la salvaguarda de la seguridad y la defensa se ejerce de manera incorrecta por parte del Estado, pues esa expectativa legítima de la comunidad se frustra. Y, cuando la expectativa de quien delegó tal función queda frustrada, se presenta un cisma que invita al reclamo, a la protesta, a la marcha. Es entendible, aunque no justificable, que tal reclamo se haga con la violencia que produce la frustración, y peor aun cuando esta frustración es colectiva.

Ahora bien, dicho lo anterior, resulta procedente preguntarnos qué hacer para que el Estado recupere la confianza de los ciudadanos en que el ejercicio de las prerrogativas delegadas será ejercido, en adelante, de manera adecuada.

Por lo general, ante las frustraciones de la comunidad, los Estados ofrecen excusas y prometen llevar los casos individuales “hasta las últimas consecuencias”. Y, también por lo general, ese tipo de reacciones tiene el efecto contrario de reafirmar la frustración y adobarla con una rabia justificada. El problema, y por ende la solución, podría estar en la formación que están recibiendo las personas que personifican la fuerza pública y la llevan a las calles. Sí, los policías en todos sus niveles.

Realmente dudo mucho que todos los oficiales tengan claro el papel que juegan en el Estado. No cuestiono sus capacidades personales, ni que sean buenos tipos, ni mucho menos que estén bien preparados para el combate; a lo que me refiero es a la formación humanista y sociológica que debe tener todo oficial que ejerza una prerrogativa que la población misma le ha delegado. A la conciencia que deben tener de los deberes que deben iluminar el ejercicio de su cargo.

Un verdadero compromiso de las instituciones encargadas de ejercer la fuerza pública, además de un ofrecimiento de disculpas, sería “llegar hasta las últimas consecuencias”, pero no de una simple investigación sino de la formación humanista de todos los oficiales. Que este compromiso se traduzca en una revisión, ojalá pública, de los pénsum de formación de sus efectivos, de manera que la institución se obligue con la comunidad a graduar oficiales física y moralmente capaces de desenvolverse en situaciones que supongan dificultades físicas y también morales. Que garanticen un comportamiento acorde con la expectativa de los ciudadanos que le han encomendado el ejercicio de la seguridad y la fuerza.

En ningún momento se propone una renuncia al ejercicio de la fuerza por parte del Estado cuando las circunstancias así lo ameriten, lo que se propone es que no sea el mero ejercicio de una fuerza BRUTA.

*Director Temático para el Departamento del Magdalena