Por: Daniel Albarracín

«La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad», es una frase atribuida al senador Hiran Johnson en 1917 o al dramaturgo griego Esquilo hace 2.500 años. Y en Colombia, dicha frase aplica para tiempos de guerra y parece que también para el post-Acuerdo. En tanto la verdad, y de la mano la justicia –transicional-, la reparación y la no repetición siguen siendo objetivo de quienes les incomoda el actual proceso para la construcción de paz con justicia social.

Para entender esta situación y lo que ha sucedido últimamente, permítanme recorren un poco de historia que nos dé un contexto al respecto, para adentrarnos en las dificultades para la implementación del Punto 5 de Víctima y como tal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) con sus dos instituciones clave como la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Entonces, si bien han existido ciertas prácticas culturales que regulan los conflictos y establecido rutas para su resolución es con las confrontaciones de los siglos XIX y XX, que la comunidad internacional toma una posición al respecto por medio del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en prima instancia. Serían las Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales, la que se encamine a hacer posible la paz, con desarrollo y el goce efectivo de los Derechos Humanos.

Los tribunales de justicia han tomado relevancia desde Nuremberg con el Estatuto de Roma en 1997 y la Corte Penal Internacional (no confundir con la Corte Internacional de Justicia), que promueven la implementación de mecanismos de justicia transicional que eviten la impunidad y procuren por la verdad. Esto mecanismos pueden tener un complemento extrajudicial, como las Comisiones de la Verdad (de Esclarecimiento o Históricas) que aporten al entendimiento de las causas, dinámicas, actores e implicaciones de los diferentes conflictos (como Sudafrica, El Salvador, Brasil, Perú, etc.)[1].

Por otro lado, las experiencias nacionales sobre el entendimiento del conflicto, desde la academia o la institucionalidad, se siguen realizando en medio del conflicto armado y social; por lo cual una u otra aproximación puede tener cierto sesgo. Y es que no es para menos, la disputa por cómo se registra una situación histórica, más un conflicto como el colombiano, implica profundizar en ciertas interpretaciones dejando de lado otras. Esta profundización debe apuntar a resignificar a las víctimas y dar claridades a la sociedad sobre los casos más significativos.

En Colombia, esta disputa se ha profundizado con la implementación del SIVJRNR y el inicio del gobierno Duque en 2018. Con frases como “volver trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final…” o “acaso vamos a permanecer contemplativos frente a una institucionalidad ilegítima originada en unos acuerdos ilegítimos…”[2] de figuras de los partidos de Gobierno, o trinos como “Es que la JEP es la “espada de Damocles” de las guerrillas y sus amigotes contra las Fuerzas Militares de Colombia” del actual Director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)[3], se evidencia una oposición a instituciones judiciales (JEP) y extrajudiciales (CEV y UBPD) fundamentales para la construcción de Paz.

El Centro Democrático, con Duque como presidente, ha procurado cumplir con estas banderas de campaña. Lo cual se refleja en que para el 2020, según el portal PACIFISTA[4] la inversión a los diferentes proyectos del Acuerdo es tan solo del 0.8% del PIB, siendo que el compromiso estaba sobre el 10%. Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), el tema de paz quedo por fuera de las 10 prioridades de inversión. Por otro lado, Alejandro Rodríguez advirtió en 2019 sobre la reducción del presupuesto para la ANT y la ART instituciones fundamentales para el cumplimiento del primer punto[5] de Acuerdo.

En ese sentido, el informe del Instituto Kroc[6] en relación al avance de punto 5 (Víctimas), en el que está la JEP y la CEV, tan solo se han completado el 21% de las disposiciones y el 29% no se han iniciado[7]. Lo cual implica un rezago en el cumplimiento a las víctimas núcleo de los Acuerdos y una apropiación por parte de ciertos sectores políticos para fines electorales.

Pero esta disputa también se da en redes sociales, como Twitter, en dónde según el trabajo de Valeria Cortés (periodista de El Espectador) sobre los bots contra la JEP, “Solo el 5 % de los usuarios produjeron contenido original, el 95 % restante se dedicaron a propagar el mensaje de esta minoría”[8]. Pero la Comisión de la Verdad, también ha sido objeto de calumnias por parte diferentes personalidades, entre ellas el exministro de defensa Juan Carlos Pinzón con acusaciones como que “mayoría de comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”; sin aportar prueba alguna.

Y ante la solicitud de rectificación por parte de la Comisión, el exministro profundizó en sus ataques a la falta de representatividad, desconociendo el proceso que realizó el comité de escogencia compuesto por designados de la Corte Suprema de Justicia, el secretario general de Naciones Unidas, de las Universidades, del Tribunal Europea de DDHH y el Centro Internacional para la Justicia Transicional[9]. Y no siendo suficiente con las calumnias del exministro, una periodista de la Revista Semana definió la ideología de los comisionados como de izquierda por defender los DDHH[10] (minuto 7:10).

Vale anotar que ante las difamaciones del Exministro y de algunos grupos políticos, se han dado muestras de apoyo y respaldo de víctimas y organizaciones, por destacar una de ella la que hizo la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de pueblos indígenas y afrocolombianos, a favor la JEP y la CEV.

La construcción de paz implica reconocer las causas históricas del conflicto, sus actores y dinámicas, así como el compromiso de los victimarios (institucionales y extra-institucionales

[1][1] Se destaca el caso brasileño puesto que al informe de una Comisión no oficial, sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura, que se tituló “Brasil nunca mais” las Fuerzas Militares presentaron su informe Brasil Siempre buscando “justificar su accionar”. (Millan, 2014).

[2] https://www.youtube.com/watch?v=vIRJK2d84-8

[3] https://cuestionpublica.com/trinos-dario-acevedo-director-centro-memoria-historica/

[4] https://pacifista.tv/notas/presupuesto-2020-duque-recursos-paz-implementacion-acuerdo/

[5] http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/10/11/una-paz-austera/

[6] Instituto de la Universidad de Notre Dame que hace un segimiento al proceso de implementación del Acuerdo Final

[7] http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/200630-Informe-4-final.pdf

[8] https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/hay-una-bodeguita-uribista-contra-la-jep/

[9] https://www.comitedeescogencia.com/#

[10] https://twitter.com/RevistaSemana/status/1283835033422372865

*Miembro Dirección de Contrucción de Paz

Como anotaba Calr Von Clausewitz “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, frase muy cierta especialmente en Colombia. Pues la imposibilidad de asumir vías democráticas o la frustración de ciertas aspiraciones políticas ha sido, en parte, el justificante para unos y otros de tomar las armas y forzar al cambio institucional. Ya lo hicieron los criollos en la Colonia, los liberales y conservadores en su tiempo, o grupos de campesinos y estudiantes más recientemente.

Y es la participación política uno de los primeros puntos en las negociaciones de paz, no solo en Colombia; pues se reconoce en los alzados en armas un estatus beligerante y un proyecto político. En Angola el acuerdo le permitió a UNITA 70 congresistas, 4 ministros y 2 embajadas. En El Salvador se amplió el número de congresistas favoreciendo la elección del FMLN. En Irlanda el proceso de paz permitió constituir un partido político. Y en Nepal, las negociaciones permitieron realizar un Asamblea Constituyente y el PCN obtuvo mayorías.

En Colombia también se tiene experiencias al respecto, siendo la Unión Patriótica y la AD-M19 los más importantes. La UP, como opción política de las FARC-EP tras los Acuerdos de la Uribe en 1985 logró importantes avances electorales en sus primeras participación a nivel local y al congreso. Sin embargo el accionar paramilitar y la complicidad institucional permitieron llevar a cabo el denominado “Baile Rojo”. Actos por los cuales Colombia esta siendo juzgada en la CIDH. Por su parte la AD-M19 como partido político resultado de los Acuerdos en 1990, permitió su participación en la Asamblea Nacional Constituyente a pesar del asesinato de su candidato presidencial y líder político Carlos Pizarro; trágico desenlace que sufrieron por la época otros candidatos presidenciales de la UP y el Partido Liberal.

Para teóricos como Deonandad, Close y Prevost (2007) y Villagra (2013), la posibilidad de una adaptación exitosa de los grupos guerrilleros en partidos políticos está marcada especialmente por factores externos ajustados de la confrontación, así como de la negociación del fin del conflicto armado, las garantías de seguridad y participación, las dinámicas del sistema político-electoral y la agenda política como tal. Adaptación exitosa lograda en países como Nicaragua, El Salvador o Uruguay.

En ese sentido, el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tiene posibilidades de una adaptación exitosa en tanto se pueda superar las raíces del conflicto armado por vías democráticas; es decir, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El ajuste del sistema político-electoral que facilite su participación (curules preferenciales) y las garantías de seguridad (de sus bases y líderes). La agenda política –ideología- será tema para otra columna.

Sin embargo, el pobre cumplimiento de los Acuerdos como en el tema de los PDET o los PINIS, la falta de reformas políticas como las Circunscripciones Especiales de Paz y, sobretodo, la falta de garantías de seguridad para excombatientes recuerda la historia de la UP y la AD-M19. A la fecha, 7 de Julio, se cuenta con un registro de 215 exmiembros de las FARC-EP asesinados; con casos tan sonados como los de Dimar Torres a manos de miembros de Ejército.

Esta falta de garantías y el incumplimiento de los Acuerdos, han sido argumentos que han justificado la constitución de disidencias, o la retoma de armas, por Iván Márquez, El Paisa, Santrich entre otros. Elementos ampliamente desarrollados, en el libro “La Segunda Márquetalia” del exjefe negociador, ahora en “las montañas de Colombia”.

Si bien la presencia de miembros de la antigua guerrilla en el Congreso puede generar molestia e indignación a muchos, el truncar las posibilidades de asegurar la participación política de la FARC y la apertura democrática que representan implica un mensaje muy negativo. Sobre todo para un país que no termina de superar la combinación de armas y política, ni los factores estructurales que facilitan esta combinación.

El defender la vía electoral democrática de la FARC no es defender su pasado o su línea política, sino apostarle a un sistema plural donde las diferencias políticas no justifican la muerte de nadie, es pretender que por vía del diálogo se puede lograr muchas más cosas a un menor costo. Y sobre todo es la mejor apuesta para la construcción de paz y reconciliación.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz