Oct 5, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Por: Carlos Andrés Aguilera
Entre los colombianos que acudieron a las urnas el 2 de octubre, el 50,21% decidieron No apoyar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, reflejando la necesidad de seguir trabajando por la unidad de nuestro país para así poder alcanzar la paz y por esta vía mejores niveles de desarrollo. El resultado fue la manifestación del ejercicio democrático y como tal se debe respetar, y así mismo tener en cuenta que los 6.431.376 ciudadanos correspondiente a la mayoría en la consulta realizada, así como los 6.377.482 que dijeron Si y los 257.189 que anularon su voto o lo depositaron sin marcar, representan el 37,43% de los colombianos con el derecho a decidir mediante su voto el destino del país.
Los resultados del plebiscito siguen mostrando a una sociedad que quiere grandes cambios para el país, como lo es alcanzar la paz, pero que requiere de parte de sus ciudadanos asumir la responsabilidad que tienen en la toma de decisiones, actuando de forma libre, informada y a conciencia, mediante los instrumentos de participación del pueblo que permiten a todas las personas hacerse parte en la definición del país que queremos comenzar a construir hoy para las futuras generaciones.
Los colombianos necesitamos unirnos y ponernos de acuerdo en lo que significa un país en paz, en la vía para conseguir este objetivo y sus retos. Alcanzar la paz, en el escenario del conflicto armado que involucra a los grupos ilegales y al gobierno en representación del pueblo, así como comprende el cese de acciones armadas, también comprende la desmovilización y reincorporación a la vida social y política del país de aquellos colombianos que bajo diversas circunstancias y también en diferentes grados de responsabilidad han sido actores del conflicto, de lo segundo se deberá ocupar la justicia transicional y la justicia ordinaria.
Respecto a las circunstancias en medio de las cuales colombianos terminaron en las filas de grupos armados ilegales, deseo referirme a una: niñas y niños reclutados, separados de sus familias y de la oportunidad de educación, cultura, deporte, y de formar también una familia. En este punto también quiero parafrasear parte de la conversación con un amigo: las mujeres y hombres de la guerrilla de hoy, fueron las niñas y niños por quienes años atrás nos faltó decidirnos a sacarlos de la guerra.
El otro escenario de un país en paz, es el de la relación entre sus ciudadanos, para que en medio de las diferencias seamos capaces de dialogar y comprender que cambiar las condiciones que han determinado la historia de Colombia no se encuentra en las manos de un gobierno, un partido político o la invocación de ideologías usadas con frecuencia para justificar posiciones dogmáticas. La Paz es para todos y debemos construirla todos, por eso los retos que afrontamos como país van más allá de argumentos en una u otra dirección; la realidad nos presenta necesidades a las que no podemos dar más espera; como mejorar las condiciones para quienes habitan en las zonas rurales, donde sin duda, sin la presión del conflicto se podrá mejorar la presencia y ampliar la oferta de servicios del Estado, y así mismo los campesinos podrán desarrollar mejor sus actividades productivas.
La participación ciudadana no se limita a la manifestación en las urnas, pero este es un derecho y un deber, una decisión que no conocimos del 62,57% de los colombianos habilitados para votar. Colombia se encuentra en la agenda de la comunidad internacional, desde diferentes escenarios se han recibido manifestaciones y compromisos de apoyo a este proceso para la finalización de la violencia y la construcción de la paz. Por eso, nuestro compromiso como ciudadanos es acompañar este momento importante para el país y la región, proceso que parte del respeto por las diferencias, la reconciliación entre ciudadanos y la decisión de anteponer el bienestar del país, los derechos y la reparación a las víctimas, por encima de cualquier posición ideológica, religiosa o de otra naturaleza. Es prioridad para el país dejar atrás la polarización, trabajar unidos para poner fin a todas las formas de conflicto y ser parte en las decisiones para avanzar por el camino hacia la construcción de una sociedad en paz.
Ago 20, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Por: Carlos Andrés Aguilera
Los ciudadanos no quieren ver habitantes de la calle recorriendo sus barrios, en sus parques, revolviendo las basuras, y se preocupan por afectaciones a la seguridad en sus sectores. Otras personas sin pretender desconocer esa realidad, consideramos que la intervención en el bronx era necesaria para restablecer derechos de menores de edad víctimas de explotación y habitantes de la calle. La cuidad no podía seguir dando la espalda al grave problema social y de seguridad, frente a lo cual resulta pertinente recordar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que sobre la política pública en la materia señala que “las condiciones de los habitantes de la calle resultan ser un buen rasero para evaluar la vigencia real de un Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política” (Sentencia T-043/15).
Las personas sumidas en las inhumanas condiciones en ese sector han sido víctimas del crimen organizado que controlaba sus vidas, víctimas del abandono de las pasadas administraciones de Bogotá y de la discriminación. El Distrito ahora ha asumido el compromiso de acompañar a las personas en sus procesos de rehabilitación e integración a la vida de esta ciudad, pero como ha sido referido en medios, este procedimiento no puede ir en contra de la voluntad de las personas. No pueden ser llevados de forma arbitraria a los centros de los que dispone el Distrito ni realizarles intervenciones terapéuticas forzadas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-043/15 Política pública a favor de los habitantes de la calle – Reconocimiento y empoderamiento de un grupo especialmente marginalizado.
Respecto a los tratamientos médicos la Sentencia señala que el consentimiento libre e informado no corresponde a un simple requisito formal, sino que “el mecanismo que permite hacer efectiva la aludida autonomía es el consentimiento previo del paciente para la práctica de tratamientos» y que “solamente en casos excepcionales de urgencia, inconsciencia o riesgo de muerte, es legítimo que los médicos actúen en función del principio de beneficencia buscando la preservación de la vida del consumidor.”
Es necesario tener en cuenta las disposiciones legales bajo las cuales se están adelantando las actuaciones de la administración de la ciudad, y no desconocer la labor que desarrollan funcionarios de la Secretaría de Integración social, quienes se han estado acercando a los habitantes de la calle para informarles de los servicios que ofrece el Distrito en sus centros de atención e invitarlos a iniciar una nueva vida.
De otra parte, tampoco se debe desconocer la importancia del proceso de renovación urbana que anunció el Distrito tras la intervención, y que inició en días pasados. Al recorrer la zona aledaña a la calle del bronx, en el barrio Voto Nacional, se puede observar la necesidad de dotación de infraestructura para mejorar las condiciones para la calidad de vida y las actividades comerciales de habitantes y visitantes del sector, y así mismo, es preciso resaltar la importancia de recuperar para la vida cultural de Bogotá, un lugar que alberga episodios de la historia de nuestra independencia, recordando hechos heroicos de mártires como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Camilo Torres y Francisco José de Caldas, quienes murieron defendiendo la causa patriota, y en su honor en 1850 se levantó un obelisco en el lugar donde fueron abatidos; en la actualidad Parque y que junto con la Localidad llevan el nombre de Los Mártires.
Jul 6, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Por: Carlos Andrés Aguilera
Director Programático Fundación Amor Por Bogotá
La cultura de una ciudad como reflejo de las costumbres y los modos de vida de sus habitantes, abarca un gran recorrido histórico en el cual ciudadanos e instituciones han moldeado un territorio.
A partir de costumbres y modos de vida se determinan dinámicas de las relaciones entre habitantes y con las instituciones en torno a la construcción colectiva de la sociedad, razón por la cual conviene preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo en Bogotá y cuáles son esos modos que nos están definiendo, para de inmediato pasar a revisar que cambios se deben realizar y de que forma vamos a participar.
La ciudad no es sólo un territorio, su población y organización administrativa. La ciudad es el resultado de la constante interacción entre sus habitantes y los procesos que se generan, por tanto representa una gran responsabilidad la forma como las personas intervienen, lo cual puede dar lugar a mejorar aspectos relevantes como la movilidad, el uso responsable del espacio público, la participación en la conservación del patrimonio cultural, y cada uno de los temas de ciudad que se benefician del trabajo conjunto de sus actores.
El compromiso que asume la sociedad civil con las iniciativas de gobierno mejoran los resultados. Así se ha demostrado en hechos recientes donde el trabajo conjunto entre el Distrito, los ciudadanos y el sector privado han impactado positivamente en la calidad de vida de la ciudad. Acciones como las adelantadas para mejorar la movilidad mediante el control en las intersecciones de las vías; campañas para la recuperación del centro histórico y el eje ambiental, así como la visión que convirtió el separador de la calle 72 en un jardín urbano, son el resultado del liderazgo y el compromiso por Bogotá.
La transformación de Bogotá es un proceso que requiere cambios en los modos como los ciudadanos asumen los problemas de la ciudad y se hacen parte en el trabajo para solucionarlos, en la decisión de superar predisposiciones contra la gestión pública y entender que el progreso se alcanza mediante acciones conjuntas para mejorar la convivencia y caracterizar una mejor ciudad.
Feb 20, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
La oposición en una democracia debe corresponder a la representación de ideas y propuestas que en medio del disenso fortalezcan el debate, y que a su vez promueva la participación de la sociedad civil. Por tanto es desafortunado que se confunda la oposición con la incitación a obstaculizar el ejercicio de gobierno y en medio de la insensatez terminar perjudicando a la ciudadanía; ese tipo de actuaciones desprecian la responsabilidad política y la actuación ética que requiere la sociedad para orientar sus deliberaciones por el camino que conduzca a las mejores decisiones para el interés general.
De acuerdo con nuestra Constitución Política “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas” (Art. 112). Así mismo señala que “una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”, en este sentido se esperaría que también de forma explícita se establezcan responsabilidades políticas y disciplinarias de manera que el ejercicio de la oposición no se vea afectado por actores que buscan influir según su conveniencia obstruyendo el normal desarrollo de las instituciones y sus políticas.
La oposición no puede entenderse como el acto de desinformar con montajes en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación para incitar y luego utilizar a las personas como si se tratase de objetos para los intereses de quienes siguen viendo a Bogotá como un fortín electoral, pero que en su momento en el poder no actuaron según las exigencias que implica gobernar esta ciudad. Por tanto, resulta irresponsable que caigan en ese tipo de manipulación para afectar el inicio de una administración, con lo cual terminan afectando las actividades de los ciudadanos que habitamos la ciudad y requerimos cada día sus bienes y servicios, que son nuestros bienes y nuestros servicios.
A pesar de ser un tema claro para todos, dados los hechos recientes conviene recordar que problemas como la congestión y fallas en la frecuencia del sistema de transporte público no se generaron en los dos primeros meses del año en curso correspondientes a la nueva administración, así mismo, que el incremento del 11,1% en la tarifa del transporte obedece a que durante los cuatro años anteriores no se realizaron los ajustes graduales. Así las cosas, los antiguos dirigentes tuvieron su periodo para gobernar, ahora no es momento de dar lecciones de gobernanza, eso se demuestra en la planeación, gestión y ejecución correspondientes al servicio público; bienvenida su crítica como representantes de organizaciones políticas y como ciudadanos.
Bogotá necesita por parte de sus actores políticos y civiles el ejercicio propositivo y de control frente a cada una de las instancias de poder, un ejercicio que realmente contribuya al desarrollo de políticas públicas.
Feb 9, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
El ideal para la convivencia en sociedad es la capacidad de los ciudadanos de autoregular sus actos y entender que sus derechos terminan donde comienzan los de los demás; y así mismo, que los derechos implican también deberes. Por tanto, en ausencia de estas premisas, es necesario que la autoridad intervenga, haga cumplir las normas y restablezca las condiciones que garanticen el orden y los derechos colectivos.
La autoridad no se limita a la ostentación del poder en cabeza de una persona o institución con esta facultad, su efecto se debe observar en acciones de gobierno.
En Bogotá se han presentado diferentes formas como han entendido lo que implica gobernar y sus repercusiones. Han habido enfoques pedagógicos como el aplicado por el Profesor Mockus con el cual promovió la cultura ciudadana, el respeto y la convivencia; pero también, se han dado otras formas eminentemente discursivas basadas en desconocer los hechos que afectan a la ciudad, justificar como exclusivos problemas de percepción de los ciudadanos y referirse a la crítica de la opinión pública como ataques personales.
Como consecuencia de la segunda forma de actuación, se puede observar en Bogotá – entre otros temas – como se agravaron los problemas de movilidad, seguridad y el desorden en el espacio público, por la falta de acciones institucionales y la polarización que ha afectado la convivencia ciudadana. En este escenario de inconformidad frente a problemas evidentes, también se observa desinterés de la gente por la ciudad e incluso la indiferencia frente a hechos que contravienen lo dispuesto en la Ley, pero que dada su reiteración y la falta de acciones por parte de las autoridades, los ciudadanos en diferentes grados se acostumbraron a sus adversidades, en perjuicio de la ciudad y su calidad de vida.
Cuando se toma la decisión de restablecer el orden en la ciudad mediante el ejercicio de la autoridad es predecible la reacción por parte de la gente, que en algunos casos desconocen las normas o que una vez informados sobre estas se niegan a cumplirlas. A pesar de ello, la razón de ser de estas disposiciones legales es facilitar la convivencia y ordenar la ciudad, por eso es de imprescindible acatamiento.
Las medidas que adelanta el Distrito como las sanciones a empresas por uso de publicidad en lugares diferentes a los establecidos para esos fines, la recuperación del espacio público y las propuestas para la reubicación de vendedores ambulantes corresponden al cumplimiento de las normas. Así mismo, los servidores públicos son sujetos del cumplimiento de disposiciones legales, por eso como ciudadanos somos veedores para que estos procesos se adelanten en el marco de lo establecido por la Constitución y la Ley, tengan continuidad y se acompañen también de medidas pedagógicas para que Bogotá de nuevo sea reconocida por su cultura ciudadana.
Dic 3, 2015 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
La movilidad en el Distrito Capital no ha avanzado porque las políticas en materia de transporte público e infraestructura vial que se han implementado durante las últimas administraciones no son suficientes. Los planteamientos exclusivamente discursivos, ausentes en muchos casos de fundamentos técnicos, han hecho que las decisiones de política estén todavía muy alejadas de brindar condiciones dignas y seguras para los usuarios del transporte público.
Las acciones dirigidas a restringir cada vez más el uso del vehículo particular no solucionan los problemas. Su uso y el reciente incremento del número de motocicletas es el resultado de un sistema ineficiente de transporte público que presenta sobrecupo en los buses de Transmilenio, irregularidades en las frecuencias y baja cobertura de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, el cual de acuerdo con cifras presentadas por Transmilenio con corte al 18 de noviembre de 2013, sólo cuenta con el 25,8% de la flota requerida (12.333), que incluye buses de los servicios troncales, de alimentación, urbanos, complementarios y especiales. Lo anterior denota la ausencia de gestión del Distrito, teniendo en cuenta que la meta para la implementación del 100% del SITP estaba proyectada para el mes de abril de 2014.
Lograr tener un buen servicio de transporte público en Bogotá, es sin duda alguno el principal incentivo para disminuir el uso de vehículo particular – y al tiempo contribuir a la reducción de la contaminación –, sin embargo, esto no ha sido posible, y hoy tenemos un servicio en precarias condiciones, en donde hacinamiento e inseguridad persisten día a día, y los métodos utilizados para controlar y sancionar a conductores que por acciones irresponsables exponen la integridad de los usuarios del Sistema Público de Transporte siguen siendo ineficientes.
Adicional a la ausencia de planeación y gestión a largo plazo tan característica de las últimas administraciones, el transporte público se ve afectado por el retroceso en la cultura ciudadana, perturbada por el comportamiento de algunos usuarios, quienes agravan el caos al pretender acceder a un derecho – como el transporte público -, olvidando sus deberes para convivir con otros usuarios, aunado a, los cada vez más frecuentes bloqueos en las estaciones, portales y vías de Transmilenio que afectan la movilidad y han generado problemas de orden público recientemente conocidos por tod@s. Frente a esta situación la respuesta de la anterior administración había sido acudir a más discursos mencionando como siempre intereses de sus opositores para desestabilizar el gobierno distrital – gobierno que no había gobernado –, y anunciando soluciones improvisadas como la utilización adicional para los buses de Transmilenio de un carril del transporte mixto, – solución que días después fue reversada–, son sólo un ejemplo más de la falta de gerencia que se tiene frente a algunos temas importantes de la ciudad.
La firma por parte del Presidente Santos del Decreto 570 de 2014 por medio del cual da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá, y encarga de las Funciones del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá al Ministro Rafael Pardo, fue seguida del anuncio de medidas en materia de movilidad – uno de los cuatro frentes definidos por el Gobierno Nacional para Bogotá – que incluyen un billón de pesos para invertir en obras prioritarias como las vías para Transmilenio por la Avenida Boyacá, la Autopista Norte y la Troncal de la Caracas, así mismo la ampliación de estaciones del sistema que no dan abasto dado el incremento del número de usuarios. Por otra parte, se anunció la reactivación de la construcción de tres metrocables – uno de ellos entre Soacha y Cazucá – y el compromiso del Gobierno de proveer el 70% de los recursos para la construcción del metro de la ciudad.
Ante los cambios y los anuncios recientes, los ciudadanos esperamos que avance la movilidad y de igual manera cada uno de los temas de la ciudad. Bogotá necesita salir de la polarización creada para defender las posiciones ideológicas. Es el momento de dar paso a un Gobierno comprometido con las necesidades de los ciudadanos, el progreso y el fortalecimiento institucional.
