Por: Andrea Carreño

En  tan sólo 31 días, Colombia tuvo siete masacres, un líder social silenciado cada 41 horas,  y la violencia de género que no es un asunto privado, sino un problema de salud pública, tuvo un peligroso repunte de 18 mujeres victimas de feminicidio,  tres de ellas, menores de 15 años. El Estado no puede permanecer ciego ante esta realidad. Es necesario tomar  medidas urgentes y efectivas que frenen el asesinato de hombres y mujeres inocentes, víctimas de la violencia persistente a lo largo y ancho del país. Si estas problemáticas no son tratadas con prontitud, el año 2021 podría ser más violento que el anterior.

Colombia tuvo un inicio de año con una alarmante escalada de violencia ejercida contra campesinos, comerciantes y jóvenes por parte de grupos armados organizados. En enero hubo un total de siete masacres que dejaron como saldo 24 personas asesinadas, entre ellas, tres menores y cinco que apenas cumplían la mayoría de edad. Hasta el momento, los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Caquetá.

Si bien los motivos de este “indicador de la degradación de la guerra”, como lo catalogó la Corte Constitucional en su Sentencia C-250 del 28 de marzo de 2012, debe diferenciarse y revisar el contexto conflictivo de cada departamento, es evidente que esta recrudecimiento de la violencia es producto de una nueva fase del conflicto armado que, tras el desarme y desmovilización de las antiguas Farc, provocó la proliferación de grupos armados ilegales, la disputa por los territorios y el comercio de la droga. 

Sumando a que si bien, en el 2016, la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano se comprometieron, el primero, al abandono de las armas, y el segundo, a la llegada integral del Estado a territorios donde históricamente no ha hecho presencia, en la práctica, el Estado sigue ausente y varios grupos ilegales tienen el control de múltiples regiones.

Realidad que también se ve reflejada en la cifra de asesinatos a líderes sociales. Durante el primer mes de este año, cada 41 horas fue asesinado un líder colombiano que realizaban trabajo comunitario, medioambiental o de protección de Derechos Humanos. Los 18 asesinatos son solo la punta del iceberg. A ello se suman, los atentados, el desplazamiento, el exilio y el miedo que hace que mujeres y hombres desistan de su trabajo comunitario. Sin embargo, esta problemática no afecta todos los departamentos por igual. Esta vez, las acciones contra la vida de líderes sociales se concentraron en los departamentos de Antioquia, Valle de Cauca, Córdoba, Cesar y Meta, regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

El deterioro de entornos seguros para ejercer liderazgos en las regiones,  necesita de verdadera voluntad política para implementar medidas de seguridad que frenen las matanzas. El Estado debe hacer presencia en las regiones donde no tiene control y, junto con la fuerza pública, debe poner en funcionamiento real mecanismos claves como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), entre otros. 

También hubo un preocupante repunte de feminicidios. La violencia machista en Colombia dejó un saldo de 18 mujeres víctimas de feminicidio por parte de sus parejas sentimentales, exparejas y familiares cercanos. Por graves que parezcan las cifras, estas pueden no reflejar el serio problema de salud pública que enfrentamos. Colombia carece de un sistema unificado de estadísticas sobre violencias basadas en género y el sistema de justicia no tiene un registro de sentencias de feminicidio. 

En realidad, el estado sigue sin cumplir a cabalidad sus deberes con las mujeres. Aún hay feminicidios que son tratados como homicidios, no hay rigurosidad investigativa, la representación judicial de las víctimas es limitada y la revictimización abunda. Aún existen muchos planes locales y nacionales que carecen de acciones efectivas para eliminar la violencia contra las mujeres. Y la discriminación de género está tan enraizada en las instituciones que, aún cuando deben garantizar los derechos de las mujeres, toman decisiones basadas en estereotipos y ejercen violencia de género por omisión o acción. Recordemos el indignante caso del 14 de enero, cuando Fabián Gonzalo Canal, comisario de familia en Bucaramanga, golpeó a una usuaria en plena Comisaría de Familia.

Una gran proporción de mujeres víctimas de feminicidio acude ante las autoridades sin encontrar una respuesta oportuna. Mueren esperándola. El Estado falla, sí, pero la sociedad también. Es urgente que todas y todos dejemos de normalizar la violencia. Ninguna discusión o discrepancia justifican el uso de la fuerza.Es necesario que deconstruyamos y rechacemos, todas y todos, cualquier rol, estereotipo y relación asimétrica de poder en cualquier tipo de relación con el otro y la otra. Se hacen necesarias, entonces, legislación y jurisprudencia; entidades y funcionarios conscientes y respetuosos de los derechos de las mujeres; el compromiso del Estado con la eliminación de la violencia e individuos que rechacen el binarismo de género que produce masculinidades violentas hacia la mujer, las personas trans, afeminadas y no binarias.

Si los gobiernos locales y el nacional no responden con prontitud a estos indicadores, el año 2021 podría llegar a ser incluso más violento que los anteriores, como alertó el informe del Monitorio de Riesgo de Seguridad que elaboró la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que advierte que “el arranque de este año ha sido el más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz”.

*Dirección de Constitución y Democracia