Hace unos meses escribí una columna en donde resaltaba la éxito de los “mercatones” organizados por la Alcaldía de Bogotá y las Gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá (https://www.alcentro.co/por-mas-mercatones-y-mas-apoyo-especializado-para-nuestros-heroes-campesinos/). Una iniciativa coordinada que permitió generar un “alza del 155% para el pago a los campesinos, un incremento del 400% de utilidad para ellos y la reducción de un 10% en los precios para el consumidor”. Un productor de papa de Zipaquirá, durante el evento de cierre manifestó que la iniciativa le permitió vender a dos veces más el precio que estaba vendiendo antes. Probablemente ese mismo productor de papá salió en televisión hace unos días a quejarse de las enormes gabelas a los productos importados en detrimento de los productores locales. Fue triste ver la imagen de nuestros campesinos prácticamente regalando su producto en las bermas de las carreteras.
Pasó la euforia de los #mercatones y, como también lo expuse, era una estrategia interesante pero insostenible para una entidad estatal sin experiencia ni capacidad logística para mantener semejante operación. Claramente una lluvia refrescante para muchos productores, pero sin una solución de fondo ni sostenible.
El pasado fin de semana de mediados de noviembre vi y sentí de nuevo con mucha euforia el #papatón. Esfuerzo loable del sector público regional por visibilizar la problemática y por poner de nuevo vis-a-vis al productor campesino con el cliente final. Muchos empresarios se metieron la mano al dril también para poner su granito de arena y comprar la papa a precio de oferta para entregarla a los más vulnerables. Otro éxito mediático con resultados buenos pero muy efímeros para los productores, algo de farándula política y muchas fotos para mostrar que los campesinos nos importan.
Sin embargo, como todo en las redes sociales, estos retos pasan rápido y llegarán otras preocupaciones más mediáticas que ocupen titulares y se lleven nuestra atención. Seguramente y por supuesto bien lo valen, las preocupaciones y acciones de la sociedad alrededor de las inundaciones que este año han puesto de manifiesto, una vez más como cada año, la fragilidad de nuestra infraestructura vial y la mediocre preparación y planificación que tenemos en gestión de riesgos y desastres.
Antes de comenzar el #papatón, leí varios artículos de octubre de este año que hablaban sobre la tragedia del maíz en Córdoba: 20 mil toneladas de maíz recogidas en la reciente cosecha y que no habían podido ser comercializadas debido a los precios bajos que ofrecían los compradores. Los agricultores exigen lo mismo de los otros productos: mayores aranceles para el producto importado, subsidios al producto local, garantías para la siembra y comercialización.
En el Meta el problema viene de la mano de la yuca y la guayaba. La crisis viene desde antes de 2018 dicen representantes de dignidad agropecuaria. El precio al que pagan el bulto ha caído a la mitad, así no le cuadran las cuentas a ningún productor. La coyuntura por la emergencia de salud solo agudizó y profundizó la crisis de los campesinos de esta región. En el Putumayo la problemática se habla en clave de plátano, maíz blanco y fríjol. El #BuenaPapa es no es tan pegadizo si usamos los otros productos.
Es menester pues que el gobierno nacional no dependa de la solidaridad de los compatriotas, que sabemos unirnos en las malas, y se comprometa con soluciones de mediano y largo plazo con los productores. La propuesta de la Gobernación de Cundinamarca de fortalecer las Centrales Campesinas y la constitución de una Agencia Comercial que permita acercar al gran comprador con el pequeño productor, disminuyendo o eliminando la intermediación, es una idea que bien valdría la pena llevarse a nivel nacional.
El gobierno nacional debe comprometerse y pasar del discurso a la acción a la hora de potencializar las actividades productivas del campo, esto es, que los campesinos logren mayores ingresos y accedan a más oportunidades a partir de la transformación de sus productos, de mejoras en la infraestructura vial, de la apertura de mercados a través de la especialización productiva y de mejoras en la competitividad tecnológica.
Es hora de evaluar los subsidios locales a la luz de los alivios en aranceles al producto importado y como se fortalece el eslabón de la comercialización. La coyuntura dejó en evidencia igualmente, que es hora de llevar a cabo acciones que mejoren la postcosecha en el país. Planes para mejorar las herramientas y generar incentivos para el secamiento y almacenaje de los productos, son necesarios urgentemente. #SoluciónAlAgroYa
*Director Temático del Departamento de Cundinamarca
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No hay cuenta conectada.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para conectar una cuenta.
Todo un éxito resultó la estrategia articulada de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca con sus mercatones: Cajas con 18 con productos agrícolas de la región (futas, verduras, café, huevos, panela, miel, arequipe), comprados por las entidades directamente a los productores, distribuidas con ayuda del Ejercito Nacional y sin intermediarios comerciales. Tan buena salió la iniciativa que Patricia González, Secretaria de Integración regional de la Gobernación, expresó en sus redes sociales que las 18 mil 700 cajas ofrecidas se agotaron en el fin de semana del 25 y 26 de Julio. Ya se están planeando nuevas jornadas y eventualmente se incluirán otros artículos de la región. Tan buena salió la idea que se vincularon además los departamentos de Meta, Tolima y Boyacá, los proveedores naturales de alimentos para la Capital y sus municipios vecinos.
De acuerdo con las cifras publicadas por la Gobernación de Cundinamarca la acción de intervención de mercado que se realizó, permitió generar un “alza del 155% para el pago a los campesinos, un incremento del 400% de utilidad para ellos y la reducción de un 10% en los precios para el consumidor”. Un productor de papa de Zipaquirá, durante el evento de cierre manifestó que la iniciativa le permitió vender a dos veces más el precio que estaba vendiendo antes.
Definitivamente un gran acierto que benefició de manera directa a los que suelen ser los eslabones más débiles en toda esta cadena de abastecimiento alimentario. Sin embargo, esta acción debe dejarnos un cuestionamiento enorme de políticas públicas alrededor de la seguridad alimentaria de las ciudades y del bienestar y competitividad de los productores agrícolas de la Región.
Esa es precisamente la estrategia que plasmó el Gobernador Nicolás García en su recientemente aprobado Plan de Desarrollo Departamental. De acuerdo con el documento “Cundinamarca Región que Progresa”, la iniciativa compromete el fortalecimiento de las Centrales Campesinas Cundinamarquesas y en constituir la Agencia Comercial del departamento, una agencia que permita acercar al gran comprador con el pequeño productor, disminuyendo o eliminando la intermediación.
Esta Agencia Comercial estaría además relacionada con el fortalecimiento del Sistema de Competitividad e Innovación de Cundinamarca. Una estrategia en línea con los modelos de Región inteligente, donde el desarrollo de las ciudades inteligentes se expande más allá de los núcleos urbanos y se busca impulsar nuevas medidas que apuesten por la especialización inteligente de todo el territorio regional. Con esta iniciativa la Gobernación de Cundinamarca busca potencializar las actividades productivas del campo. Esto es, que los campesinos logren mayores ingresos y accedan a más oportunidades a partir de la transformación de sus productos, de mejoras en la infraestructura vial, de la apertura de mercados a través de la especialización productiva y de tecnología y, por supuesto, la posibilidad de aprender y acceder a servicios oportunos para el desarrollo de sus actividades económicas.
Es por esta razón, que es clave que la estrategia genere proyectos claros y viables para la promoción de la asociatividad y la comercialización para la transformación y la especialización inteligente de productos y por supuesto para mejorar ese rezago enorme de nuestro país en cuanto a la modernización de infraestructura logística para la distribución. Todo un modelo de Región inteligente que genere riqueza y oportunidades a partir de la vinculación de distintos territorios y agentes por la vía de un modelo de impulso colaborativo que repercuta tanto en los grandes núcleos urbanos (Smart City) como en los pequeños municipios (Smart Rural).
No es noticia nueva que los intermediarios se quedan con las mayores tajadas del precio que finalmente pagan los consumidores finales en el sector de alimentos, más evidente aun cuando hablamos de productos agrícolas. Pero tampoco debe nublarnos la acogida tan grande que tuvo la iniciativa en medio de esta Pandemia y con muchas personas con ánimo de solidaridad por los pequeños productores. La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá no tienen la experiencia, ni está en sus funciones convertirse en una competencia de las grandes superficies o de los grandes centros de abastecimiento. Tampoco es sostenible ni competitivo implementar una empresa de logística distrital o departamental, para eso están los que saben y ya han perfilado su sector. Pero sí que se puede desde la óptica departamental generar mecanismos para organizar la producción, regular y vigilar los precios de compra y venta, generar programas de impulso al campo y a los productores y disminuir muchos de los costos de estas intermediaciones; la Agencia Comercial es una gran alternativa.
En definitiva, la creación y puesta en marcha de esta la Agencia Comercial de Cundinamarca debe ser prioridad para el gobierno regional y su sentido de urgencia debe propender por potenciar la actividad agrícola, la competitividad departamental y el beneficio de los consumidores. Ojalá que hayan más mercatones para nuestros productores agrícolas del Departamento y de la Región, pero aún mejor que se constituya pronto la Agencia Comercial como una solución sostenible y de largo plazo para el bienestar de todos los actores del sistema. Un paso fundamental para pavimentar el camino hacia una Región Inteligente.
*Director Temático del Departamento de Cundinamarca
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No hay cuenta conectada.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para conectar una cuenta.
Hace menos de 13 años, el 26 de noviembre de 2007, la asamblea general de la ONU decidió declarar que el 20 de febrero de cada año se celebrara el Día Mundial de la Justicia Social. Esta misma asamblea decretó en el año 2012 que cada 20 de marzo se conmemorará el día Internacional de la Felicidad.
Con la conmemoración de la justicia social los Estados se comprometen a promover sistemas económicos basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia e inclusión. Con la recordación de la segunda fecha, se hace consciencia de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, asociada al crecimiento económico que busque el bienestar de las personas. Además, para la ONU el desarrollo y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la Paz en los países. Para este organismo, el desarrollo y la justicia social no pueden alcanzarse si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
A propósito del día mundial de la felicidad, el octavo reporte mundial de felicidad fue lanzado a finales del mes de marzo. Este reporte, realizado en 156 países, profundiza en cómo los entornos sociales, y naturales se combinan para impactar la felicidad. Además, establece que debemos dar más importancia a la felicidad y al bienestar para determinar cómo lograr el desarrollo social y económico. Desde el 2013, en el ranking anual de países, los cinco países nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia) han estado entre los diez primeros. Es más, estos países han ocupado los tres primeros lugares desde 2017. En general existe una clara tendencia a encontrar a los países nórdicos siempre en los primeros puestos mundiales en diferentes mediciones sobre el estado de la democracia, los derechos políticos, la falta de corrupción, la calidad de la educación, la confianza entre los ciudadanos, la seguridad, la cohesión social, la igualdad de género, la distribución equitativa de los ingresos, el índice de desarrollo humano o muchas otras mediciones globales. El resultado de su nivel de felicidad es una consecuencia lógica de estos factores y del verdadero desarrollo social que estos países han logrado para sus ciudadanos.
Estamos en plena situación de emergencia económica y de salud pública por lo que las celebraciones quedaron aplazadas, pero no así las reflexiones que nos surgen de estas dos fechas y este reporte coincidentes.
En medio de las compras de pánico y del aislamiento en la seguridad de casa, muchos se han preguntado por aquellos que no tienen donde resguardarse o no poseen recursos para aprovisionarse. Tal como lo expresa el secretario general de la ONU, António Guterres, uno de cada cinco trabajadores en el mundo todavía vive en pobreza moderada o extrema, las disparidades geográficas impiden el acceso al trabajo decente, muchos trabajadores enfrentan salarios estancados, prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician por igual del crecimiento económico. Estas desigualdades no solo debilitan la cohesión, la justicia social y
el bienestar humano, sino que impiden que los individuos desarrollen su potencial para ser más felices.
En Colombia la situación no difiere de ese diagnóstico general. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro los países. La persistencia de la inestabilidad bursátil y la emergencia de salud pública crea una mezcla propicia para agudizar la inseguridad financiera, la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero más que nada la incertidumbre en el seno de nuestra sociedad. La OMS estima en un escenario intermedio, con medidas adecuadas pero no radicales, que morirán este año cerca de medio millón de personas asociadas al virus. La OIT ha estimado por otro lado que alrededor de 25 millones de empleos se perderán debido a la pandemia. Esta situación debe no solo levantar alertas en los organismos de gobierno sino despertar nuestra solidaridad como comunidad.
Es un deber personal y comunal disminuir la indiferencia y el egoísmo que nos acompaña en nuestro día a día ante las realidades difíciles de muchas personas que nos rodean y nos sirven para que nuestra vida sea más fácil. Acá es donde cada quien desde su ser debe despertar su compasión y elevar la esperanza. Pero una esperanza no entendida como un deseo sino entendida como una acción sostenida para alcanzar un propósito. Acciones de personas que entiendan que el objetivo del liderazgo es la transformación y la evolución. Precisamente son estos líderes del país los que deben sacar su mejor versión. Más allá de los aprendizajes que nos deje la coyuntura, necesitamos que la esperanza de tener un país con personas felices sea un trabajo de política pública. Que la justicia social se vea en acciones de equidad, de participación, de transparencia y de inclusión. Que la esperanza para el desarrollo de Colombia incluya gobernantes que quieran hacer de su población más educada, más segura, más cohesionada.
La justicia social y el bienestar deben ser objetivos y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo. La justicia social y la felicidad están pues estrechamente relacionados. Simplemente sin justicia social no puede haber bienestar ni felicidad para nadie en este país. Una oportunidad hermosa para los liderazgos que florezcan de esta coyuntura.
*Miembro Dirección Emprendimiento
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No hay cuenta conectada.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para conectar una cuenta.
En días pasados fue noticia, escandalosa por demás, un artículo publicado por El Heraldo de Barranquilla que aseguraba que Colombia era el país más corrupto del mundo. Después del despliegue mediático que se suscitó, se supo que el medio había confundido las fuentes y este deshonroso lugar fue resultado de una encuesta de percepción sobre corrupción de una revista norteamericana. La revista revisaba un listado de los mejores 73 países en 2020, de acuerdo a una metodología en la que incluían 65 atributos en distintos grupos: aventura, ciudadanía, influencia cultural, emprendimiento, patrimonio, apertura para los negocios, poder y calidad de vida. Dentro del grupo de apertura para los negocios se preguntaba por la percepción de cada país sobre su burocracia, costos de fabricación, entorno fiscal, corrupción y prácticas gubernamentales transparentes. Fue en este apartado en donde más de 20.000 personas que respondieron la encuesta, percibieron al país en esta posición.
La noticia motivó comentarios de varios frentes y pronunciamientos de Transparencia Internacional, una ONG que desde 1993 y con presencia en mas de 100 países, investiga y propone medidas para reducir la corrupción en las sociedades. En el ranking anual que publica esta organización, Colombia no se encuentra bien parada. Ad portas de conocer el informe 2020 las cinco últimas mediciones han arrojado que Colombia no se ha movido ni ha mejorado sus indicadores, ubicándose en promedio en la posición 96 sobre 180 países incluidos. Los países mejores ubicados en la medición han variado muy poco en estos cinco años: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza. Los últimos lugares en la medición tampoco han variado sustancialmente: Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. No obstante, no estar en el último renglón global, la corrupción en Colombia es una verdad incómoda que todos los gobiernos de turno tienen que enfrentar. La Corrupción en un flagelo que nos ha canibalizado desde adentro.
Proyectos como el Barómetro de las Américas o el Latinobarómetro son líderes también en el desarrollo y análisis de encuestas de opinión pública. Ambos estudios, con más de 20 años de implementación, tienen también mediciones sobre la percepción de corrupción en los países latinoamericanos. En el más reciente informe de Latinobarómetro se destaca que la corrupción es percibida como el principal problema de Colombia con 20% seguido por Perú con 19%, Brasil con 16% y México con 14%. Se desprende del informe que en Colombia la corrupción es percibida como el problema más importante por encima del desempleo, la delincuencia y la salud.
La corrupción no solo tiene un componente público. En Colombia el sector privado también ha sido agente de corrupción y prácticas poco transparentes. La Asociación Nacional de Empresarios-ANDI- y la ONG Transparencia por Colombia han sido pioneras en mediciones sobre esta materia. En el último informe lanzado por Transparencia por Colombia se encontró que el 96% de los empresarios perciben que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Así mismo, el porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16.7% de su valor. No menos preocupante que el 51% de los empresarios del país considere que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. En la Encuesta sobre percepción de la corrupción en la actividad empresarial, de la ANDI, los empresarios señalaron que a nivel nacional la salud es el sector más afectado por la corrupción con un 73,2%. Le siguen aduanas con 69,3% e impuestos (59,1%). En el ámbito territorial están el sector ambiental (45,7%), salud (43,3%), impuestos y minería (30,7%).
Son muchas las acciones que se han tomado desde el gobierno nacional, con apoyo de diversas entidades multilaterales, para disminuir la corrupción y reducir así los incentivos para realizar acciones no transparentes. Estas acciones se han movido tanto desde el ámbito punitivo como social en sectores públicos y privados. El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción fue creado en 1998 con la función de atacar las causas estructurales del fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana. En 2011, se sustituyó dicho programa por la Secretaría de Transparencia, con la misión de asesorar en el diseño de la Política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Los hallazgos de la encuesta de Transparencia por Colombia indican que el 65% de los empresarios encuestados considera importante fortalecer los sistemas de integridad corporativa para mitigar cualquier riesgo de corrupción en su gestión. Complementariamente, el 47% de empresas priorizan dentro de su planeación estratégica acciones contra el soborno, mediante la implementación y capacitación de los sistemas de integridad corporativa. La ANDI propone a su vez como como mecanismos para la lucha contra la corrupción, ampliar el uso de tecnologías en todos los trámites Empresa -Estado. Así mismo, disminuir los trámites necesarios para cualquier proceso con el Estado, eliminando regulaciones innecesarias. Todas estas medidas bienvenidas y necesarias en una sociedad que continuamente ha sido bombardeada con escándalos multimillonarios en proyectos públicos y cartelizaciones en diversos sectores productivos.
Sin embargo, Transparencia por Colombia, concluye que el mayor reto es avanzar hacia un cambio de cultura organizacional donde la ética se incluya en los modelos de gestión para generar sostenibilidad empresarial. Por esta misma tendencia se inclinan los resultados del informe Latinobarómetro. Aquí la corrupción aparece como relevante sólo como problema a nivel país, pero no aparece como relevante en los problemas del municipio, ni como problema a nivel de las familias. Es decir, no existe una percepción de la corrupción como un problema ético a nivel personal y familiar y que deba abordarse desde los valores nucleares de la sociedad.
Acá es donde se debe poner el foco de las acciones como sociedad para un cambio que debe ser generacional. En nuestros valores como sociedad colombiana. En no todo vale. Dejar de actuar como si la corrupción estuviese por fuera del foco de nuestras acciones personales y familiares. Pensar que pequeños sobornos a agentes del Estado, cotizar a servicios de salud por valores inferiores, aprovechar los beneficios del Sisben sin ser vulnerable, no pagar por el uso de servicios públicos, entre muchos otros, no constituyen la semilla de la corrupción futura, es un error. Un error profundamente grave que la sociedad pagará con recursos que no llegarán a quienes los necesitan, ni permitirán un desarrollo social equitativo para Colombia.
*Miembro de número de la dirección de Emprendimiento.
La psicología clásica nos ha enseñado que la mejor manera de limitar o estimular un comportamiento dado, es modificando los incentivos que hacen posible que esta conducta se produzca. Son extensos los experimentos de laboratorio con animales y numerosos los experimentos sociales con personas que, desde la rigurosidad científica, respaldan este postulado.
En la disciplina económica y en las ciencias sociales también hemos tenido varios ejemplos conductuales que, materializados a través de políticas públicas, han incentivado o desincentivado comportamientos individuales y colectivos en diferentes sociedades. Incentivos fiscales para promover mayores tasas de empleo o productividad. Incentivos ambientales para usar recursos renovables y energías limpias. Incentivos legales para desestimular comportamientos delictivos.
En muchos casos, estos incentivos traen consigo un fenómeno conocido como riesgo moral que a su vez causa incentivos perversos, es decir comportamientos indeseados que se causan por los efectos del establecimiento de dichos incentivos. En el caso colombiano los incentivos a los objetivos militares en las fuerzas armadas han producido los lamentables casos de “falsos positivos”.
Los incentivos a la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos han traído un aumento de estos con el fin de tener los beneficios asociados a pertenecer a los programas. Quienes toman seguros tienden a ser menos cuidadosos con su salud o sus propiedades, minimizando las acciones preventivas ya que saben que los costos monetarios por accidentes serán cubiertos. Juguetes rotos en vísperas de hacer las cartas de Navidad, con el fin de que papá Noel se apiade y traiga ese objeto de deseo tan de moda con los amigos del colegio.
El suceso acontecido con la decisión de SIC en Colombia en contra del funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad, sin duda, constituye un incentivo perverso en contra de la competitividad del país y desestimula la creación e implementación de plataformas digitales de diversa índole. En alguna charla a estudiantes universitarios expuse un decálogo sobre mis consejos para emprender. Como la mayoría de estos sumarios, el mío no era ajeno a las experiencias propias, pero sobre todo a las frustraciones y errores vividos.
Por supuesto también lo condimenté con algunos ejemplos tomados de esos listados tan famosos en el ecosistema de emprendimiento. En la charla sugerí que dos de esos consejos tenían que ver con conocer bien al mercado por un lado y en conocer bien a la competencia por el otro. Este fallo de la Superintendencia distorsiona no solamente el mercado, sino que agrega un nuevo elemento a mi charla: conoce bien las instituciones y las autoridades que regulan.
No es un elemento menor. Esta determinación en aparente ejercicio de equidad, fruto igualmente de una acción paquidérmica del Gobierno Colombiano por no regular este tipo de industrias digitales, resulta un incentivo perverso para la competitividad del país y para el despliegue de alternativas digitales e innovadoras a bienes y servicios tradicionales, en mercados no cautivos y con poblaciones diversas.
Como lo exprese ese día y en otros escenarios, conocer el mercado y la competencia implica a grandes rasgos saber con grado alto de exactitud que desean los potenciales clientes, cuales son sus necesidades, qué y cuánto estarían dispuestos a pagar, como son sus preferencias y sus dinámicas de consumo. De manera alterna, conocer a la competencia implica un ejercicio interno y serio del emprendedor por saber y potencializar su factor diferencial, su ventaja competitiva y sus opciones de mejora e innovación frente a los otros.
En general estos dos factores hacen en el conjunto de los agentes económicos de la sociedad, el mayor porcentaje del grado de competitividad de una economía. Es decir, que el fallo de la Superintendencia sin lugar a dudas golpeó enormemente, como efecto indeseable de su acción, la percepción de competitividad del país y los incentivos positivos de muchas firmas extranjeras de invertir en desarrollos tecnológicos y de muchas firmas locales para atreverse a lanzar servicios digitales alternos.
Todo esto mientras navegamos en un mar de incertidumbre legal en el barco de la economía naranja. La Cámara de Comercio de Bogotá, calcula que solo 3 de cada 10 empresas sobreviven en Colombia después de 5 años y que los tres mayores obstáculos de los emprendedores son la burocracia, las limitaciones financieras y los problemas de competitividad. Si señoras y señores la burocracia y la competitividad.
Al final de la charla expresé, como se ha dicho ya muchas veces, que no existe una fórmula mágica que asegure el éxito emprendedor. No hay claves infalibles que lleven a una conquista inequívoca. Solo consejos desde ópticas individuales que han servido para entornos particulares, para negocios específicos y para mercados puntuales. En otra columna me referiré a este listado con más detalle.
Por ahora tal vez la única recomendación que me atrevería a decir que tiene valor universal, parafraseando la famosa frase Woody Allen, es que no se cual sea la clave de un buen emprendedor, pero la clave de su fracaso es no tener foco. Con el fallo de la SIC, tal vez pueda agregar también a este corolario: estar en países en donde las autoridades regulan el uso del ábaco mientras los emprendedores ya usan chips cuánticos.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Alcentro.
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No hay cuenta conectada.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para conectar una cuenta.
