En días pasados la ministra de justicia Margarita Cabello dio a conocer ante la opinión pública el borrador del proyecto de reforma a la justicia. Aunque éste se compone de un acto legislativo y de otras reformas ordinarias, la impresión que deja es que la iniciativa no será estructural y tampoco resolverá de fondo los problemas del sistema.
Es imposible negar la buena voluntad de la ministra y de su equipo de trabajo, pero el país está esperando una transformación radical de la rama judicial. Es insostenible mantener un estado de cosas como el actual, donde las decisiones tardan años y donde los ciudadanos han perdido por completo la esperanza de ver resueltas sus necesidades jurídicas ante un órgano que parece haber sido cooptado por la corrupción y la ineficiencia. Baste ver la imposibilidad que ha mostrado la misma Corte Suprema en llenar sus vacantes, resultado de las pugnas políticas que se gestan al interior de dicha corporación.
El acto legislativo es tibio, por decir lo menos y, en muchos de sus artículos, parece más responder a una coyuntura política que a los verdaderos problemas del sistema. En el proyecto se incluye una norma para evitar que los jefes de los órganos de control puedan aspirar a la presidencia apenas dejen su cargo. Esta es una iniciativa loable, pero de prosperar en el Congreso, parece ser más una zancadilla para las aspiraciones de Fernando Carrillo, quien ha resultado incómodo para el establecimiento en los últimos meses. Asimismo, el acto legislativo pretende avanzar de manera tímida en la consolidación de un sistema de precedentes. Sin duda, esta es una necesidad que se viene clamando a gritos desde hace ya tiempo en aras de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas. Habrá que ver si esta iniciativa prospera, teniendo en cuenta que ya ha sido tachada de inconstitucional en anteriores oportunidades.
El proyecto también avanza en la modificación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el aumento de la edad en sus términos que pasaría de 8 a 12 años y una propuesta por aumentar el presupuesto de la rama con base en reglas aún poco claras. Quizás lo que más llama la atención es la cosmética reforma al Consejo Superior de la Judicatura que, en vez de desaparecer, atornillará a sus magistrados; ahora se llamarán consejeros.
Sumado al acto legislativo, la ministra ha dicho que se está avanzando en la reforma de los consultorios jurídicos, agilización y ampliación de las funciones de los centros de conciliación y una reforma a la justicia agraria. Estas reformas se están adelantando a través de proyectos de ley ordinarios dado que no exigen cambios en la constitución. Al ser tramitados separadamente, el riesgo de que sólo uno de ellos sea enterrado en el trámite legislativo, rompería la coherencia de la propuesta del ministerio y volveríamos a tener reformas aisladas con un impacto mínimo en la estructura judicial.
Ese Frankenstein que se están inventando desde el gobierno recoge algunas cosas que sí resultan importantes en cualquier conato de reforma a la justicia. Sin embargo, son del todo insuficientes de cara a los enormes retos del sistema. No se habla, por ejemplo, de la especialización de jueces o de creación de unidades especiales de coordinación con la fiscalía y los grupos de investigación judicial; se dejan por fuera propuestas por avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, minería de datos, justicia inteligente y predictiva; tampoco se le hecha mano a los procesos y procedimientos, a la formación de los jueces o a la implementación del modelo de carrera judicial. No se aborda en ningún momento una estrategia para aumentar la eficiencia de la rama, combatir la corrupción, eliminar funciones nominadoras y la despolitización del sistema. Se quedaron por fuera temas tan importantes como el acercamiento al ciudadano, pedagogía de los derechos de acceso a la justicia, los modelos de justicia rural o incluso la desjudicialización de la litigiosidad en nuestro país.
En fin, son innumerables los problemas de la rama y son contadas con los dedos las propuestas presentadas por el gobierno. A todos nos conviene la reforma del sistema judicial, en particular a los ciudadanos más humildes que únicamente pueden acceder a sus derechos mediante acciones judiciales. Sin una justicia eficiente, transparente y oportuna, es difícil consolidar el Estado de Derecho que proclama nuestra constitución. Sin un modelo de justicia fuerte y que le responda a la ciudadanía para resolver sus necesidades lo que está en riesgo es el mismo sistema democrático colombiano.
Se necesita una reforma a la justicia y se necesita ya. Desafortunadamente lo que está en curso parece más una colcha de retazos que le sirva al gobierno para decir que, a diferencia de sus antecesores, logró finalmente avanzar en el mejoramiento del sistema judicial. Mucho, nos hace falta todavía mucho para que eso sea una realidad.
¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá? Es lamentable pero recurrentemente escuchamos de nuestros familiares y amigos cercanos sobre algún conocido que fue atracado, le robaron una parte de su vehículo, que se metieron a robar a una casa, entre otras situaciones que nadie quiere vivir. La sensación de inseguridad no solo es una cuestión de percepción por los casos que se vuelven mediáticos, como el del médico en la calle 123 con carrera 9, o los que se comentan en los círculos de amigos y familia; las cifras de seguridad no son positivas.
Según el informe “Bogotá Cómo Vamos” del año 2019, solo el 27% de los bogotanos se siente seguros en la ciudad. Esta indiscutible sensación de inseguridad que siente el ciudadano del común, quien cada vez que sale a su trabajo o estudio busca como esconder su celular, computador portátil, tableta, reloj y otros artículos personales, se encuentra acompañada de un profundo sentimiento de inoperancia en las autoridades.
El mismo informe, muestra que solo el 42% de los ciudadanos en Bogotá denunció el delito del que fue víctima. Sin duda, se ha instalado la creencia de que cuando una persona sufre un delito, por ejemplo el hurto del celular, el trámite de denuncia puede tomarle uno o dos días laborales, tiempo que para un trabajador o estudiante son imposibles.
Afortunadamente, y aunque falta mucho, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación cuentan con una plataforma de denuncia virtual llamada “¡ADenunciar!”. Esta plataforma ya no solo permite reportar documentos extraviados. En ella se pueden denunciar los delitos de hurtos al comercio, residencias y personas; difusión de material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión. En general, es de un uso razonablemente sencillo y puede ser usada tanto en celulares como en un computador.
Pese a que las denuncias se incrementaron del 18% al 41%, del 2018 al 2019, es claro que los ciudadanos siguen desconfiando en que las autoridades investigarán y sancionarán los delitos denunciados (el 70% considera que es baja la probabilidad de que un delito denunciado sea efectivamente sancionado), asimismo se desconoce la herramienta virtual de denuncia ya que no ha recibido ni la publicidad necesaria, así como la pedagogía suficiente para su uso.
Este desconocimiento, no solo es frente a la denuncia virtual de ciertos delitos, es frente al hecho de la denuncia como tal. Frente a ciertos delitos, muchos de ellos los que más comúnmente sufren los ciudadanos, según nuestra Ley Penal solo pueden ser investigados cuando media denuncia por parte de la victima. He aquí la importancia de denunciar los delitos sufridos.
La falta de denuncia, no solo está relacionada con el desconocimiento de su importancia o de las herramientas para interponerla más fácilmente, si no también con la falta de credibilidad en la justicia. Como observamos, muchos ciudadanos no creen que un delito denunciado sea sancionado, incluso, el 41% está de acuerdo con “darle una golpiza” a quien atraca a otra persona.
Es claro, que un elemento fundamental de la lucha contra la criminalidad es la justicia, y aunque nuestro sistema requiere profundas reformas e inversiones, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer uso de las herramientas que actualmente existen para poner en conocimiento de las autoridades los delitos. De igual manera, las autoridades deben hacer mucha más pedagogía en la importancia de denunciar, así como las herramientas que existen para ello.
No se debe dejar sin mencionar, la imperiosa necesidad de invertir en la justicia para que sea efectiva y se evite así, la reincidencia de los delincuentes. Si no, vamos a ver como sigue creciendo el número de ciudadanos dispuestos a tomar la justicia con mano propia. Si bien los ciudadanos del común debemos poner de nuestra parte, las autoridades también. No dejemos que la gente buena se vuelva mala por la inoperancia judicial.
Según el informe “Bogotá Cómo Vamos” del año 2019, solo el 27% de los bogotanos se siente seguros en la ciudad. Esta indiscutible sensación de inseguridad que siente el ciudadano del común, quien cada vez que sale a su trabajo o estudio busca como esconder su celular, computador portátil, tableta, reloj y otros artículos personales, se encuentra acompañada de un profundo sentimiento de inoperancia en las autoridades. ¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá?
*Miembro de número de la Dirección de Seguridad y Justicia de Alcentro.
En días pasados un ciudadano dio de baja a tres delincuentes que trataron de atracarlo. El médico desenfundó un arma que portaba con salvoconducto y les disparó. Al día siguiente se entregó a las autoridades y admitió que había sido él, quien en ese puente de la calle 122 con avenida 9 en Bogotá, había activado el arma para defenderse. Si bien las investigaciones deben seguir su curso, en una versión preliminar, se conoce que hubo un forcejeo y que los atracadores atacaron al ciudadano con armas blancas.
En las redes sociales estallaron mensajes de apoyo para el médico. Mientras algunos lo llamaban héroe e invitaban a la ciudadanía a que siguiera su ejemplo, otros decían que los atracadores eran unos “buenos muertos”. La verdad es que en ningún país donde se aplique un Estado Social de Derecho la muerte es algo que se deba celebrar. Y no por ello estoy sugiriendo que el médico haya hecho mal en defender su vida y sus bienes; me refiero más bien al punto de degradación al que hemos llegado como para no ver que este ejemplo que nos ocupa, más que llamar a la celebración encierra una tragedia bajo todo punto de vista. Piénsese no más en la consciencia y el peso que debe sentir alguien que después de firmar su voto hipocrático se ve obligado a matar con su arma a tres sujetos. ¡Eso no debe ser fácil!
Los sucesos ocurridos la semana pasada deberían invitarnos a reflexionar en diferentes temas. Está, por supuesto, el debate de si se trató o no de una legítima defensa. A juzgar por los datos que se han dado a conocer ante la opinión pública, podría afirmarse que se cumplieron los presupuestos del artículo 32 del código penal, a saber: que el ataque a quien alega la legítima defensa haya sido actual, inminente y no haya sido provocado por él mismo. De igual manera, que la respuesta haya sido proporcional. Se puede deducir que el médico actuó en defensa de un ataque inminente y que la desproporción en el número de atacantes podría a su vez justificar la desproporción en el uso de la fuerza. En pocas semanas, entonces, este caso debería ser precluido por un juez de la República.
Pero los temas sobre los que verdaderamente habría que reflexionar son bien otros. El primero, sin duda, es la escalada de la delincuencia organizada y de la inseguridad ciudadana en la capital. Según las mismas cifras del Distrito, los homicidios, que venían presentando una reducción considerable, cerraron el 2019 al alza. Sólo el año pasado este delito aumentó en casi un 10%. Peor aún, en los últimos meses del año, la diferencia entre los homicidios ocurridos en noviembre y diciembre fue del 26%. Eso sin hablar de un aumento desproporcionado y preocupante de los hurtos a personas que ha venido aumentando a tasas cercanas al 20% en los últimos años. Particularmente afectados, los ciudadanos en las estaciones de Transmilenio y en los puentes peatonales.
El tema de la inseguridad ciudadana debe ser la prioridad numero 1 del Distrito. Ya se había advertido en este mismo espacio sobre la necesidad de innovar e implementar medidas de seguridad realmente eficientes. Está bien que la actual administración quiera prevenir el delito concentrando esfuerzos en la cultura ciudadana y el manejo de conflicto sociales, pero no nos podemos quedar en eso. Se exige integrar nuevas tecnologías, cámaras de reconocimiento biométrico, inteligencia artificial, policía predictiva y vigilancia aerostática en las localidades más afectadas. Eso sin contar, por supuesto, en la necesidad de aumentar el pie de fuerza, por ejemplo, eliminando la policía de tránsito; renovar el equipamiento tecnológico de los policías, aumentar la capacidad en las salas de comando y control y articular esfuerzos con las autoridades judiciales para prevenir la reincidencia y garantizar la efectiva judicialización. Confiamos que el secretario de seguridad actúe de manera contundente no sólo para prevenir el delito, sino también para reaccionar a tiempo cuando éste ocurre.
Asimismo, la historia del médico que dio de baja a los tres atracadores, es un indicador del miedo que siente la ciudadanía, así como del cansancio frente a la incapacidad de las autoridades de garantizar su seguridad. ¿Por qué un médico saldría armado si no es porque teme por su vida e integridad? ¿Qué previene ahora, que cualquier ciudadano salga armado para defenderse? ¿Qué seguridad tenemos que los ciudadanos que salgan armados tengan su salvoconducto, sepan operar las armas y actúen con base en los límites legales? ¿Es conveniente que los ciudadanos anden armados en la calle? ¿Qué tan lejos estamos de adoptar una lógica de autodefensa, o incluso, qué tan lejos estamos de salir a perseguir hampones y sentir que está justificada esa acción? ¿Cuánta confianza nos queda en las instituciones?
Es imposible juzgar a quienes temen por su vida y se arman para defenderla. Es casi que un impulso de supervivencia; es instinto. Pero el hecho de que se haya llegado a ese punto no sólo indica que como sociedad democrática estamos fallando en garantizar la vida, los bienes y la integridad de las personas, sino que, peor aún, estamos a un paso de que los ciudadanos sientan que es legítimo asesinar ante la ineficiencia de las autoridades. Lo que está sucediendo no sólo es grave, sino que va en contra vía de una noción de sociedad civilizada. Es hora de actuar con contundencia, pero desde la administración. La justicia a mano propia no se puede convertir en la solución.
Es muy pronto para hacer una valoración de lo que esta administración ha logrado, pero la ciudadanía confía en que se materialicen resultados y victorias tempranas. Es necesario pasar del discurso a la acción. Es una obligación del Distrito y un derecho de los capitalinos. Las soluciones integrales no dan espera, más de un millón de bogotanos depositaron la confianza en esta administración y exigen resultados de manera pronta y contundente.
Por estos días la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme responsabilidad: escoger al fiscal general de la nación. Esta decisión es de gran trascendencia, no sólo por la relevancia del cargo, sino también porque de su elección dependerá el norte de la política criminal en Colombia y, más aún, el destino de diferentes procesos que tienen una gran connotación e impacto nacional.
Si bien para muchos el segundo cargo más importante en Colombia es el del alcalde de Bogotá, a mi juicio, el funcionario que mayor poder e influencia ostenta después del presidente es el fiscal general. Éste no sólo cuenta con una entidad de más de 29.000 servidores, fuero constitucional, iniciativa legislativa, participación en múltiples instancias de alto nivel, presencia en todo el territorio nacional, salas de interceptación, un cuerpo técnico de investigación y un presupuesto jugoso, sino que también tiene una visibilidad enorme. En promedio, 3 de cada 5 noticias en nuestro país tienen que ver con temas asociados a la delincuencia o a procesos judiciales, donde inevitablemente él es un protagonista.
El poder que ostenta el fiscal general es directamente proporcional a sus responsabilidades, muchas de las cuales, así no esté previsto en nuestra arquitectura constitucional, son de carácter político. Es por eso que escoger una figura que no tenga conflictos de interés, que esté preparada para el cargo y que sea garantía de imparcialidad e independencia, es fundamental. Al respecto, la terna presentada por Duque está compuesta por juristas probos, pero ninguno de ellos es penalista y será difícil determinar cuál será su grado de independencia respecto al presidente. Todos, tal vez excepto por Camilo Gómez, son de su entera confianza y vienen de trabajar con él en el Palacio de Nariño.
Pero al margen de las cualidades de la terna presentada, lo que sí queda claro es que la Corte Suprema de Justicia está decidida a votar pronto para que Colombia tenga un fiscal en propiedad. Es improbable que se repita la jugada que le hicieron a Álvaro Uribe cuando era presidente y le devolvieron la terna. Ello sólo conllevaría a dilaciones que resultan dañinas para la institucionalidad y para la misma entidad.
Es así que para el 2020 tendremos un nuevo fiscal. Éste deberá enfrentar sendos retos en circunstancias no menos difíciles. Dentro de las tareas del ente investigador se encuentran, nada más ni nada menos, que aquellas relacionadas con el proceso de paz. Habrá que ver cuál será la posición del próximo fiscal frente a la JEP y cuál será el grado de colaboración con dicha dependencia. Así los procesos hayan sido trasladados con sus respectivos informes a la jurisdicción especial de paz, es indudable que para el éxito del modelo de justicia transicional se requiere de una relación solidaria y colaborativa por parte del ente investigador.
Otro tema importante donde el fiscal general deberá intervenir es en la reforma a la justicia. Ya viene siendo hora de que el gobierno nacional concerte con los organismos de la rama una reforma estructural que resuelva los problemas de la justicia en Colombia. Las soluciones no sólo pasan por un aumento del presupuesto o por tramitar pañitos de agua tibia. Acá se necesitan soluciones que mejoren el acceso y la calidad a este derecho fundamental. Se precisa responderle de manera ágil a la ciudadanía y mejorar los índices de impunidad, que en estos días rondan alrededor del 98%, en especial en lo que tiene que ver con delitos asociados a la seguridad ciudadana.
Además de los temas estructurales que se deberán abordar en la próxima administración, como por ejemplo la corrupción al interior de la entidad, el régimen de carrera, el coto a las interceptaciones ilegales y la modernización del ente investigador, el próximo fiscal encontrará en su despacho varios chicharrones. Casos como el de Odebrecht y los demás escándalos de gran corrupción, la financiación de campañas políticas, la muerte de Enrique Pizano, los abusos del ESMAD, las chuzadas ilegales, el narcotráfico y demás economías ilegales, los bombardeos a las GAO y bandas residuales, los procesos en contra de allegados al ex presidente Uribe, entre muchos otros casos polémicos donde hay tanto de justicia como de política.
No es una tarea fácil la que le espera al próximo fiscal. Tendrá que saber balancear una coyuntura política con complejidades pocas veces antes vistas y, una ciudadanía que exige más y mejor justicia, menos impunidad y resultados contundentes frente a la criminalidad rampante. Son muchos los que han perdido la confianza en las instituciones de la rama judicial y para recuperarla se necesitará de una persona que asuma el cargo con responsabilidad y sin aspiraciones políticas y pantalleras.
*Director de Seguridad y Justicia del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Gabriel es Doctor en derecho penal de la Universidad de Roma, con Maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, Maestría en derecho internacional (LLM) de la Universidad de Nueva York. Es Abogado y magister de la Universidad de los Andes.
Por: Gabriel Cifuentes y Laura Herrera @Gabocifuentes @Laura_herrera
Estamos a menos de un mes de las elecciones locales. Por estos días algunas campañas están dando brincos y otras entraron en estado de alerta y empezaron a redefinir estrategias como consecuencia de los resultados que han arrojado las encuestas en las principales ciudades del país.
Las encuestas electorales son una herramienta poderosísima para influir en la decisión final del votante, incluso, pueden llegar a tener mayores efectos persuasivos en comparación con las activaciones de una campaña política. Las encuestas realmente orientan el voto de los ciudadanos, son armas electorales, por eso su trato debe darse de la manera más delicada y responsable tanto en su metodología como en su interpretación.
Su importancia radica en que pueden dirigir el voto: hay ciudadanos que votan por el candidato que va encabezando las encuestas para sentir que su decisión es ganadora. En otros casos, las encuestas permiten tomar la decisión de optar por el voto útil, es decir votar basándose en el miedo de que gane determinado candidato y votar por quien tiene más posibilidades de vencerlo, así no sea su opción favorita.
Otro elemento que merece ser destacado, es que esta clase de mediciones pueden ser el reflejo del sentimiento de los ciudadanos frente a los candidatos y sus campañas. Además de ser elementos claves para la definición del voto, son también un termómetro social en el marco de los procesos electorales.
A pesar de que las encuestas son una fotografía de un momento muy particular, cuyo resultado, lejos de ser definitivo, está condicionado tanto por las coyunturas específicas en las que se realizan, así como también la metodología de medición, hay elementos importantes que pueden ser tenidos en cuenta en el análisis político. Es así que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay una serie de conclusiones claras que se pueden desprender de las últimas encuestas publicadas, a saber:
Claudia López ha perdido el liderazgo claro con el que contaba al inicio de la contienda y ha cedido terreno frente a los demás candidatos;
El número de indecisos y de personas que optarían por el voto en blanco ha disminuido, estos electores se han ido decantando en tres candidatos: Galán, Uribe Turbay y Morris;
La imagen negativa de ciertos candidatos, en particular la de Claudia López, está haciendo que llegue a su techo electoral, lo cual limita enormemente su posibilidad de aumentar el número de apoyos y paralelamente, por efecto del voto útil, aumenta las posibilidades de Galán, especialmente, de tener serias opciones de luchar por la alcaldía;
Así sea de manera paulatina, se van ya identificando los dos candidatos que disputarán el palacio Liévano (López y Galán), y eso tendrá un efecto enorme en indecisos y en general en los electores de Uribe y Morris que, en uso del voto útil, optarán por la opción de López o de Galán, aumentando así las diferencias entre los punteros y los coleros;
El electorado está castigando la polarización y premia la independencia. Las narrativas de odio y los constantes ataques personales, típicas de las estructuras partidistas, están pasando factura de cobro.
Finalmente, un hecho cierto es que Bogotá seguirá repitiendo su historia y el alcalde o alcaldesa resultará elegido con menos del 35% de la votación total, situación que se reflejará también en el Concejo con una sola consecuencia: una gobernabilidad precaria que obligará a hacer acuerdos políticos para poder avanzar cualquier programa de gobierno.
No obstante lo anterior, la carrera hacia la alcaldía está aún abierta. Falta ver en estas últimas semanas cómo los candidatos harán uso del arsenal publicitario, así como también del apoyo de figuras del orden nacional (Mockus, Fajardo, Uribe, Vargas, Petro).
Desde AlCentro hacemos un llamado para que, al momento de analizar las encuestas y sus resultados, este ejercicio se haga con el mayor grado de transparencia y responsabilidad, justamente por lo anotado anteriormente, es decir, porque a estas alturas de la campaña la percepción producto de las encuestas es un factor determinante en la decisión de los electores.
También, resaltamos los esfuerzos de las encuestadoras que ayudan a combatir el fenómeno de las fake news, desmintiendo todas aquellas piezas gráficas falsas que de manera malintencionada quieren orientar el voto de los electores.
Así las cosas, y sin desconocer su valor, las encuestas deben ser tenidas en cuenta con moderado optimismo. Ya hemos visto en elecciones anteriores las pifias de ciertas encuestadoras y los graves efectos que esto puede tener en el resultado final de una contienda. Por ahora, por lo menos en Bogotá, la campaña esta abierta.
Director de Seguridad y Justicia y Directora de Comunicación Política del Tanque de Pensamiento Al Centro, respectivamente.
El nombramiento de Luis Alberto Rodríguez, actual vice ministro de hacienda, como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, no sólo pone en duda los criterios técnicos para el nombramiento de altos funcionarios del gobierno, sino que pone en peligro la existencia misma del DNP.
Por dicho Departamento Administrativo han pasado economistas destacados como Armando Montenegro, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Cecilia López, Mauricio Santamaría, Luis Fernando Mejía, Antonio Ocampo, entre muchos otros. Ojalá yo me equivoque, pero hoy llega un profesional, que si bien presenta una hoja de vida meritoria, no está a la altura de la experiencia requerida para un cargo de tanta relevancia.
El DNP cumple un rol central en el Gobierno: aprueba los proyectos de inversión e incide en la distribución de dicho presupuesto entre las Entidades; coordina, elabora y supervisa la creación de políticas públicas del orden nacional; elabora nada más ni nada menos, el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno nacional cada 4 años; publica importantes informes macro-económicos y evaluaciones de política; supervisa y aprueba los proyectos financiados con recursos de regalías; acompaña diferentes juntas directivas; entre muchas otras funciones.
Adelantar con éxito todas las tareas que le competen al DNP exige que su Director acredite en la práctica una enorme experiencia, equivalente, por lo menos, al grado de responsabilidad que se desprende del cargo. También se espera que tenga la suficiente “cancha” para poder lidiar con los intereses sectoriales del ejecutivo, y los intereses territoriales del legislativo. En otras palabras, más allá de títulos universitarios, se requiere un cayo político suficientemente grueso para no poner en riesgo la inversión estratégica y el direccionamiento de las principales políticas del Estado.
Ahora bien, no me caben dudas sobre las competencias académicas y profesionales del vice ministro, quien, según me informan, es un profesional comprometido y que ha logrado asumir importantes retos a pesar de su no tan larga trayectoria. No obstante, lo que más preocupa no es la capacidad técnica o la falta de experiencia práctica de Luis Alberto Rodriguez, sino las razones que llevaron al Presidente a nombrarlo en tan alto cargo, así como los efectos que dicho nombramiento pueda tener para la Entidad.
El Señor Rodríguez se despeñó como vice ministro de Alberto Carrasquilla, a quien acompañó en el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En uno de sus artículos, el Plan proponía unificar el manejo del presupuesto de inversión y de funcionamiento en cabeza del Ministerio de Hacienda. Esta movida no sólo implicaría una enorme concentración de poderes en cabeza del Ministro, sino también el rompimiento del importante balance en el manejo presupuestal que hasta ahora hemos tenido gracias a que los recursos de inversión y funcionamiento no se distribuyen por parte de la misma entidad. Con la reforma que pretendían Carrasquilla y su vice ministro, a costa de dejar sin dientes a Planeación Nacional, se le hubieran otorgado poderes extraordinarios, y poco recomendables, al Ministerio de Hacienda.
Bajarle el perfil al Director del DNP poniendo una ficha del mismo Ministro que ha pretendido eliminar gran parte de sus funciones, es el presagio del fin de la época de oro del único tanque de pensamiento que ha tenido el Estado Colombiano. Esperemos que el Presidente y el Congreso atiendan el llamado de 11 ex directores del DNP para que no prospere el Plan de Carrasquilla. Le exigimos también a su nuevo Director que no sea cómplice pasivo del entierro de una de las entidades más importantes, serias y queridas de Colombia.
*Director de Seguridad y Justicia del Tanque de Pensamiento Al Centro
