Ago 7, 2020 | Columnas de Opinión, Juan Manuel Borráez Rojas, Seguridad y Justicia
Por: Juan Manuel Borráez
El 4 de agosto de 2020 sin duda será uno de los más impactantes del año en Colombia, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decretó medida de detención domiciliaria al ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
El caso es de una gran complejidad, ya que incluso inicia cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del senador Uribe contra el también senador Iván Cepeda, por una supuesta manipulación de testigos en su contra. La Corte consideró que no era Cepeda quien estaría intentando manipular testigos, mientras que Uribe presuntamente sí. Esto por intermedio de uno de sus abogados, Diego Cadena, quien también enfrenta un proceso penal por fraude procesal y soborno.
No obstante, no es intención de esta tribuna ahondar en los elementos probatorios del proceso penal o expresar una opinión sobre la inocencia o culpabilidad del senador Uribe o de su abogado Cadena. Esto será decisión, para el caso de Uribe, de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta columna busca hacer una defensa de la institucionalidad colombiana, de la división de poderes, del respeto a las decisiones judiciales y velar por los derechos procesales de quien enfrenta un proceso penal, cualquier persona que sea.
En primer lugar, por el derecho que le corresponde al ex presidente Uribe, se debe exigir desde la ciudadanía que el proceso goce de absoluta imparcialidad, independencia judicial y transparencia. Un proceso judicial llevado a cabo de esta manera, también garantiza el derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad sobre los hechos que rodean a quien ocupó la máxima dignidad del Estado colombiano.
Sin embargo, los ciudadanos deben reivindicar y exigir que, tanto quienes ocupan un cargo público como otras figuras políticas del país, en especial las ligadas al Partido Centro Democrático, acepten y acaten las decisiones de los jueces y que éstas sean debidamente controvertidas ante las autoridades judiciales mediante los recursos que la Constitución y las leyes colombianas contemplan.
No han sido pocos los ataques que ha recibido la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia, calificándola de “izquierdista”, “antiuribista”, entre otros calificativos. Los jueces en el ejercicio de sus funciones solo están condicionados por la ley. No deja de ser llamativo y preocupante que altos cargos estatales como senadores y representantes a la Cámara, incluso embajadores, hagan llamados a desconocer las decisiones judiciales e inclusive a convocar constituyentes para reformar el Estado incluyendo a las cortes.
Capítulo aparte merece el presidente Iván Duque. Desde días anteriores a la medida de detención domiciliaria contra el ex presidente Uribe, realizó una implacable defensa suya ante un medio de comunicación. Adicionalmente, una vez conocida la medida, fue publicado un video en sus redes sociales dando una alocución en la que resaltó de Álvaro Uribe su patriotismo, reivindicó su inocencia, destacó el legado de sus dos periodos presidenciales y llamó a la “reflexión como ciudadano, para que las vías judiciales operen, y un ciudadano (Uribe) pueda ejercer su defensa en libertad”, ejerciendo una evidente presión para que la Corte tome una decisión en determinado sentido.
En su calidad personal, el presidente Duque puede tener la ideología que quiera y creer en la inocencia de cualquier persona sometida a un proceso penal. Sin embargo, debe entender que una vez se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018, su papel ya no es el de representante de una corriente política en una contienda electoral, su rol pasó a ser el de Jefe de Estado y primer mandatario de todos los colombianos. Lo que debe hacer es defender la institucionalidad, promover el cumplimiento de las decisiones judiciales y fomentar que la manera de ser cuestionadas sea en sede judicial.
Los contradictores políticos del ex presidente Uribe también deben reflexionar, pues ha sido público que cuando han tenido que enfrentar procesos judiciales o disciplinarios en su contra, han atacado a las cortes y a la institucionalidad afirmando que en Colombia no se vive en democracia o que el Estado se encuentra cooptado por el narcotráfico. Las instituciones no se pueden defender cuando es un contradictor político el que se encuentra en medio de un proceso penal, y atacadas cuando es alguien de su misma corriente ideológica quien se encuentra en uno. La defensa de los valores democráticos no puede ser selectiva.
Para finalizar, vale la pena recordar que Álvaro Uribe no ha sido condenado y nadie es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. El proceso debe continuar. En ese sentido, lo único deseable es que al ex presidente le sea respetado el derecho a la defensa y, en general, a un juicio justo y transparente.
Quienes se identifican con Uribe, tienen todo el derecho a protestar y a expresar su desacuerdo con esta decisión judicial, mientras sea por los conductos constitucionales y legales, esto incluye la protesta pacífica. Afortunadamente, la institucionalidad colombiana, aun con sus fallas y retos, tiene los medios para expresar el disenso frente a las decisiones emanadas de cualquier autoridad del Estado.
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
Jul 5, 2020 | Columnas de Opinión, María Paula Velandia, Seguridad y Justicia
Por: María Paula Velandia
Alex Saab es un abogado colombiano de ascendencia libanesa que por sus vínculos al narcotráfico y la corrupción ha sido objeto de búsqueda y sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. El pasado 12 de junio fue capturado en Cabo Verde. Sin embargo, lo que debemos tener bajo la lupa son las problemáticas que ha dejado Saab a Latinoamérica entendidas como un legado de narcotráfico, lavado de activos y la inserción de grupos terroristas no originarios a la región.
Como lo menciona el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado, Comités locales de suministro y producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP.” Con esto, desarrolló una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y familiares, por medio de los cuales lavó cientos de millones de dólares en concepto de corrupción en todo el mundo. Y se conecta a Nicolás Maduro debido a la canalización de dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos.
Pero ¿cuál es la conexión con el régimen de Maduro? La ilegalidad de las acciones de Saab van más allá de las acusaciones que se han dado a conocer durante los años. Como lo menciona el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), los nexos que estableció el abogado con Turquía, Irán y Rusia han permitido el flujo de oro y dólares de manera ilegal hacia el régimen de Maduro.
Adicional a esto, Saab ha permitido y facilitado la entrada de Hezbollah (organización terrorista islámica musulmana de rama chií proveniente de Líbano que cuenta con un brazo político y otro paramilitar) a Latinoamérica.
Muchos nos preguntamos ¿qué podría querer Hezbollah en Latinoamérica? Hezbollah ha sido uno de los promotores más grandes del narcotráfico y lavado de activos en la región, como lo han expresado el Gobierno de Estados Unidos y el Atlantic Council en varias ocasiones. Con presencia en la Triple Frontera, en Venezuela, el Caribe y Centro América, el factor Hezbollah ha desestabilizado los esfuerzos regionales para acabar con el narcotráfico. Esto se ve evidenciado a traves de los años con el ataque a la Embajada Israelí en Argentina en 1992, el descubrimiento por parte del gobierno colombiano en 2008 de los nexos entre Hezbollah y carteles de narcotráfico o las constantes investigaciones de cómo la Triple Frontera se consolida como una red de terrorismo global para la organización. Hezbollah se ha encargado de reforzar rutas de narcotráfico de Colombia y la Triple Frontera que finalmente terminan con lavado de activos en bancos libaneses.
Entonces ¿qué significa esto para la región? Muchas veces pensamos que en Latinoamérica los asuntos que se desarrollen en Medio Oriente, no nos tocan. Pero este no es el caso. Latinoamérica cuenta con algunos de los gobiernos más corruptos y con mayor ausencia de gobernabilidad en su territorio del mundo. Estos escenarios, como lo llaman los teoristas, “de espacios vacíos”, deben ser “ocupados” por alguna institución o entidad de poder. Aquí es donde entran los grupos guerrilleros, paramilitares o hasta terroristas extraterritoriales. Por esto, en términos de seguridad regional, la presencia de Hezbollah en la región atrae problemas de inestabilidad a los gobiernos locales.
Esto sin mencionar que grupos armados o paramilitares se ven alimentados por Hezbollah, causando aún más problemas internos para la región. Una región fracturada, es más fácil de manejar por aquellos actores que tengan intereses ahí. Julio César lo llamaría «divide y reinarás».
El tablero que se está desarrollando en Latinoamérica consolida una posición geopolítica de las potencias mundiales. Si bien es cierto que la presencia de Hezbollah es una problemática de seguridad que debe ser atacada, no solo a nivel regional e internacionalmente, también es cierto que se deben considerar las consecuencias políticas que la entrada directa de actores como estos dejan para el continente. Con la llegada de Irán, Rusia y Turquía en la región, sus intereses políticos entran con ellos. Mediante movidas como la venta de armas, la cooperación tecnológica o hasta la cooperación cultural, «Oriente» empieza a ocupar un espacio importante en «el patio trasero» de Estados Unidos, causándole problemas de seguridad nacional a Washington.
Pero el juego de poder en Latinoamérica puede que no sea digno de sorpresa para muchos. ¿Qué región del mundo no se ha configurado como un tablero geopolítico? Si Estados Unidos mueve una ficha, China y Rusia mueven otra.
¿A qué va todo esto? Es simplemente la consciencia de que va más allá de lo reportado. Por un lado se reporta que capturaron a un abogado corrupto pero para el gobierno de Maduro una de sus fichas para el flujo de recursos ilícitos se cae. Si se cae, no tiene cómo mantener oficiales corruptos de su lado. Sin oficiales corruptos de su lado, no se pueden hacer negocios por debajo de cuerda con actores como Hezbollah para financiar su causa. Y sin poder financiar su causa, otras causas caen en otros lados. Entonces se abre un hilo conductor que nos lleva a las mismas respuestas que encontramos en otros lugares del mundo.
Así que debemos abrir los ojos. Informarnos y sobre todo, no pensar que las cosas que pasan en otros continentes no tienen efecto en nuestro país. La globalización se ha encargado de mantenernos conectados y que, además, las decisiones en otras regiones nos afecten y las nuestras les afecten. Hezbollah puede tener células en Latinoamérica pero ¿por qué no se reporta mucho sobre eso y las repercusiones que eso tiene en nuestra sociedad? Alex Saab fue capturado pero la problemática principal no cambia y en realidad, empeora.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg72255/html/CHRG-112hhrg72255.htm https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/alex-saab/ https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/nexos-con-hezbola-y-lios-de-alex-saab- golpearian-a-maduro-y-a-sus-alfiles-357284
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-su-fortuna-sus-delitos-y-su-red- internacional-509434
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/trump-fights-irans-axis-of-resistance-in-latin- america/
https://www.csis.org/analysis/corruption-venezuela-alex-saab-case
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
Jun 25, 2020 | Columnas de Opinión, Juan Manuel Borráez Rojas, Seguridad y Justicia
Por: Juan Manuel Borráez
El 17 de junio de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una jornada de elecciones, en donde se eligieron cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los deseados puestos fueron ganados por Irlanda y Noruega, mientras que Kenia y Yibuti competían por la representación africana, la cual fue destinada a Kenia. India no tenía rival alguno por la región Asia-Pacífico, al igual que México por Latinoamérica y el Caribe.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más poderoso e influyente de la organización, el único que, en el marco del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer efectivas por la fuerza sus decisiones y en el que de los quince miembros que lo componen, cinco lo hacen de manera permanente con derecho a vetar las decisiones y diez lo hacen de manera no permanente para periodos de dos años.
Ser miembro del Consejo de Seguridad permite participar en la toma de decisiones en temas relacionados con la paz y seguridad internacionales, y más allá de la diferencia entre la membresía permanente y la no permanente, ningún miembro del Consejo es un actor de reparto, incluso hasta por los nueve votos necesarios para aprobar una resolución.
Quisiera resaltar la presencia de México. Más allá de toda consideración, es un actor regional y global de suma importancia, sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha procurado tener una línea aislacionista en los niveles, tanto personal, lo que le ha impedido relacionarse con otros mandatarios en reuniones de alto nivel, como de Estado, buscando extraer a México de debates globales y regionales en los que su presencia sería sumamente necesaria, insistiendo que la “mejor política exterior es la interior”.
Habrá que observar de qué lado se posiciona México en las disputas entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, así como entre Estados Unidos y la R.P. China, si prefiere decantarse por su vecino y mayor socio a todo nivel, o por lo ideológico vinculándose más de cerca a rusos y chinos. Generan expectativas sus posiciones frente al tratamiento de la dictadura venezolana, tema de especial interés para la Latinoamérica, ya que sus consecuencias las han sufrido prácticamente todos los países de la región, en especial Colombia.
De igual manera, despierta interés la presencia de la India, el segundo país con mayor población del mundo y una potencia económica, militar y política en la región asiática, más cuando en las últimas semanas ha habido una serie de escaramuzas en su frontera con la R.P. China (Valle de Galwan), la cual se encuentra en constante disputa desde la Guerra Sino – India de 1962, terminando con un enfrentamiento directo el 15 de junio en donde fallecieron veinte militares de la India. Esperaría que se alineara con las potencias occidentales del Consejo de Seguridad, para servir de dique de contención al avance internacional chino.
La llegada de dos grandes potencias regionales al Consejo de Seguridad, como la India y México, sumándose a Alemania, así como a la máxima potencia africana, Sudáfrica, quienes hoy fungen como miembros no permanentes, convertirá al Consejo en un escenario más, pero creo el más importante, en donde seguirán las disputas geopolíticas actuales. Solo para recordar, Xi Jinping, Donald Trump, Boris Johnson y Vladimir Putin, son los líderes de cuatro de los cinco miembros permanentes.
No debe dejarse a un lado la presencia de Noruega. El país nórdico, al no ser parte de la Unión Europea, cumplirá un papel de independencia que servirá de contrapeso a los diferentes actores enfrentados entre sí. Igualmente, su experiencia como mediador en diferentes conflictos armados (entre ellos el Proceso de Paz colombiano), le harán tener un peso importante durante los dos próximos años en el Consejo de Seguridad.
Las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, nacieron para que no se repitieran las guerras entre estados. No obstante, al día de hoy los conflictos armados han tomado otra dimensión en las que confluyen actores estatales como no estatales, esto hace que sea más complicado dirimir responsabilidades y que las treguas sean muy complicadas de sostener. A este cambio que en los últimos años han tenido los conflictos, hoy es claro que han surgido otros importantes desafíos a la Paz y Seguridad internacionales que exigen un Consejo a la altura de estos.
En ese sentido, el Consejo de Seguridad deberá dar respuesta a situaciones como el cambio climático, el cual debido al grave deterioro del medio ambiente, incluso se ha convertido en una amenaza para la existencia de diferentes países. Asimismo, hoy observamos como el Covid 19 y las consecuencias económicas del mismo, han incrementado y profundizado las agitaciones sociales en muchos lugares, instalando a las crisis sanitarias como grandes riesgos para la seguridad internacional.
Para finalizar, la Comunidad Internacional deberá promover propuestas de reforma a los métodos de trabajo y de toma de decisión en el Consejo en especial al veto, para evitar que las disputas geopolíticas entre los diferentes miembros, inmovilicen el actuar del organismo cuando más se necesita, y así se puedan evitar violaciones a los DD.HH, así como poder actuar ante los nuevos desafíos globales.
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
May 21, 2020 | Columnas de Opinión, Juan Manuel Borráez Rojas, Seguridad y Justicia
Por: Juan Manuel Borráez
El día 16 de mayo del presente año, la Cámara de Representantes, por 135 votos a favor y 22 en contra, aprobó el proyecto que tiene por objetivo que se establezca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. A la iniciativa le quedan dos debates en el Senado para convertirse en una norma de carácter constitucional. Es posible predecir que tendrá la misma suerte que en la Cámara de Representantes.
Las voces a favor, han manifestado que este proyecto busca castigar de manera ejemplar a quienes cometan estos delitos en contra de los menores, haciendo énfasis en los muy altos números de reincidencia. De igual manera, han expuesto el argumento de que, eventualmente, una pena de privación de libertad perpetua generaría una suerte de disuación a quien pensara cometer un delito sexual en contra de un menor.
Pretender que la cadena perpetua solucione el constante irrespeto a los Derechos de los niños, es querer que el Derecho Penal funcione como la máquina de tapar huecos en la incapacidad del Estado de proteger, a quienes, constitucional y legalmente, se debe cuidar de manera prevalente.
Es importante manifestar que el problema no se dirige hacia el monto de las penas, hay una muy clara incapacidad institucional para investigar y judicializar las denuncias sobre agresiones a menores. En Colombia, las tasas de esclarecimientos, imputaciones y condenas sobre delitos sexuales, para 2019 fue del 11,88% (El Tiempo – https://bit.ly/2ZmsudP). Es evidente, entonces, que la propuesta de cadena perpetua, no ataca este muy grave problema de raíz, lo cual implica que a pesar de que pueda ser aprobado por el Congreso de la República, estos deleznables actos en contra de menores seguirán sucediendo.
En el sistema penal colombiano, ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes cometen este tipo de actos en contra de los menores, que pueden rondar los sesenta años, lo que a mi juicio es, prácticamente, una cadena perpetua, teniendo en cuenta que además no cuentan con beneficios penales. El endurecimiento de penas, que ya de por si son largas, de ninguna manera tiene un efecto positivo en la reducción del crimen. Lo que sí tiene un impacto, es una pena efectiva.
En ese mismo sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento sobre Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe del año 2018, ha expresado que la supuesta disuasión del crimen, a través del aumento de penas carece de estudios rigurosos. Adicionalmente, indica que en América Latina la baja resolución de casos (menos de la mitad que en los países desarrollados) acompañado de un muy alto grado de impunidad, hacen que los potenciales criminales no observen la amenaza de encarcelamiento como algo probable (Banco Interamericano de Desarrollo – https://bit.ly/2yb5wuK) .
Por otro lado, diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Colombia, incluyen la prohibición expresa de penas crueles, inhumanas o degradantes, constituyendo la cadena perpetua una pena inhumana, así como contraria a los principios de Derechos Humanos, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (Summary Records of the 229th Meeting – UN Doc A / CN. 4 / SER. A / 1992).
Otro punto que no deja de ser relevante en la discusión es el penitenciario. El costo financiero de mantener a una personas privadas de su libertad de manera vitalicia será difícil de afrontar por el presupuesto estatal. Sumado a esto, se encuentra las dificultades operativas del INPEC, así como la sobrepoblación carcelaria causante de un hacinamiento de cerca del 53% en las cárceles colombianas.
Para concluir, este proyecto de Acto Legislativo es inconveniente, innecesario y contrario al Derecho Internacional y la Constitución Política de Colombia, en el cual se deja expuesta la incapacidad del Estado de tener una política pública integral de protección a los menores.
Es igualmente lamentable el uso que se le está dando a la tragedia de los niños agredidos sexualmente con fines politiqueros. Parece que con el proyecto de cadena perpetua, se piensa más en los votos del futuro que en los Derechos de los menores y como protegerlos de los agresores sexuales.
Es por eso que desde esta tribuna, propongo que como ciudadanos le exijamos a nuestros representantes el diseño de medidas integrales, y a largo plazo, que hagan efectiva la Constitución Política en lo que se refiere a la prevalencia de los Derechos de los menores por sobre los de el resto, no con proyectos facilistas que solo buscan acrecentar sus números de aceptación ciudadana. Es momento para darle cadena perpetua al populismo.
*Miembro Dirección Seguridad y Justicia
Abr 26, 2020 | Columnas de Opinión, Juan Manuel Borráez Rojas, Seguridad y Justicia
Por: Juan Manuel Borráez R.
El 22 de abril del 2020, el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter (@edr_cd) un video en el cual hace la propuesta de usar fondos destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz, en la lucha contra el virus del Covid 19 (https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-usar-fondos-del-proceso-de-paz-para-emergencia-de-coronavirus/665321).
Con seguridad se puede afirmar que la propuesta contará con adeptos y ciudadanos que estarán de acuerdo con ella. No obstante, el Representante Rodríguez olvida que es un deber constitucional y legal, adoptado por todas las ramas del poder público del Estado colombiano, la integral implementación del Proceso de Paz.
Pero más allá de cualquier obligación de carácter jurídico en relación con la implementación del Proceso de Paz, cabe recordarle al congresista que de la correcta y transparente ejecución de los recursos económicos de la paz, depende que muchas de las personas que residen en los diferentes territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afronten los efectos de la pandemia. La mejora en la infraestructura de salud pública en estas regiones, especialmente las más alejadas en nuestra geografía nacional, está íntimamente ligada a la implementación de los acuerdos.
Vale la pena profundizar en la importancia que tienen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s). Como es sabido, son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los territorios (170 municipios en 19 departamentos) y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural. Esta transformación integral se encuentra programada a quince años.
Tomar los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz, sin duda atrasaría este fundamental proceso para nuestro país, que implica también, como se ha manifestado previamente, la mejora en el acceso a los sistemas de salud y a infraestructura de este tipo, para las personas residentes en estos territorios, así como a mejores condiciones de vida en general.
Sin duda, el brote del Covid 19 es un muy significativo reto para Colombia, que requiere el absoluto interés de las autoridades, así como una redirección de parte del gasto público hacia su mitigación, pero es claro que la intención de un determinado sector de usar los recursos de la paz para el combate al virus, es una propuesta con el fin de obtener réditos políticos más que una verdadera intención humanitaria.
Si antes era clara, no solo obligatoria, la necesidad de implementar correctamente el Acuerdo de Paz, ahora en el marco de esta pandemia se justifica más que nunca, para que las comunidades que han sufrido de más de sesenta años de conflicto armado y abandono estatal, no sufran más de estos males, sumado al de los catastróficos efectos de una pandemia.
Cada vez que sale una propuesta de este tipo por parte del partido de gobierno, surge la duda si de esto tenía conocimiento el primer mandatario y se estaba “midiendo el aceite” de la opinión pública, o si por el contrario son propuestas individuales que en nada representan al presidente Duque. Espero que sea así, porque en la presentación del último informe de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, se “acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud”. Además, a nivel internacional, se ha reconocido que las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, respecto a la lucha contra la pandemia han sido acertadas y consensuadas con expertos en asuntos de salud pública y economía.
Desfinanciar la paz es condenar a quienes han sufrido la guerra, a volver a un pasado de pobreza, abandono, insalubridad, desnutrición, y a una situación tan de vida o muerte como la pandemia: la violencia.
Para finalizar, es importante manifestar que las propuestas populistas con como un camino corto pero a un final incierto, es decir, lucen atractivas y de fácil ejecución, pero cuando se llevan a cabo, su destino final es un abismo.
*Miembro Dirección Seguridad y Justicia.
Mar 23, 2020 | Columnas de Opinión, Seguridad y Justicia
Por: Juan Manuel Borráez Rojas
El Gobierno del presidente, Iván Duque, se encuentra haciendo su mejor esfuerzo por que el virus Covid 19 afecte en la menor medida de lo posible la salud de los colombianos, así como en el futuro, su situación económica. De eso no me cabe la menor duda. Y aunque no nos encontramos aún, en el momento en que la llamada curva de contagios se ha empezado a aplanar, considero que empieza a haber una naciente unidad política en Colombia dispuesta a poner un paréntesis en sus luchas políticas e ideológicas, para estar todos en el mismo lado, de tal manera en que las medidas que surjan sean las óptimas y las más coordinadas entre los diferentes líderes.
El sábado 21 de marzo, quienes ocupan los dos cargos más importantes del país, el presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dieron una rueda de prensa conjunta como muestra de que las medidas decretadas tanto por el Gobierno Nacional, así como por los diferentes gobiernos locales, serán ordendas y coordinadas conjuntamente.
Éste importante gesto de unidad estuvo precedido por una serie de desencuentros, que en un principio mostraron una profunda desorganización entre los niveles nacional y local, lo cual minó, a mi juicio, el liderazgo del presidente Duque.
En un principio la alcaldesa de Bogotá, había decretado un simulacro de aislamiento para el puente festivo del 21 al 23 de marzo, no obstante desde el Ministerio del Interior se expidió un decreto para que toda decisión sobre la crisis del Covid 19 estuviera centralizada en el Gobierno Nacional.
Adicionalmente, el martes 17 de marzo, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, decretó el cierre de fronteras de su departamento. Al paso salieron, tanto la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien manifestó que “no es necesario cerrar fronteras ni decretar toques de queda“, como la ministra del Interior, Alicia Arango, en el mismo sentido.
Finalmente, el simulacro de aislamiento propuesto por la alcaldesa López se realizó y ha extendido al martes 24 de marzo para que se encuentre con la medida de aislamiento decretada por el presidente Duque, desde el 25 de marzo al 13 de abril del 2020.
Ante estos hechos, es preciso detenerse en la manera como se ha manejado la relación entre el gobierno y los mandatarios locales, así como con la ciudadanía en general, ante una situación inédita a nivel global, frente a la que prácticamente ningún gobierno ni ciudadano tenía preparación o sospecha alguna.
La semana pasada, en los colombianos lo que parece reinar es la incertidumbre, generada en primer lugar por el solo hecho de la presencia del virus en el país, pero también por un gobierno cuya información no fue clara, precisa y, muchas veces, no parecía oportuna. Se sumó a esto, la preocupante descoordinación entre el nivel nacional y el local, en cuanto a las medidas y al flujo de información. Fue preocupante que muchos ciudadanos, ante la falta de información clara sobre las medidas hicieron caso a información no verificada de las redes sociales y muchos incumplieron medidas decretadas por los mandatarios. Es claro que cuando lo que comunican los gobiernos no es preciso, las fake news llenan ese espacio.
Hoy parece que con las medidas adoptadas y la claridad con la que fueron comunicadas, así como el gesto de unidad entre dos mandatarios, el presidente Duque retoma el papel que le corresponde: el de capitán del barco que debe afrontar esta nueva y dificil tormenta.
Sin embargo considero que el Primer Mandatario de los colombianos no debe descuidarse y, por el contrario, debe continuar sembrando credibilidad y confianza en su liderazgo, ya que en caso de que esto no suceda se creará un terreno fértil para vacíos de información que serán ocupados por las noticias falsas, lo que a la larga puede terminar generando, incluso, problemas de seguridad pública.
La comunicación estatal en tiempos críticos es especialmente importante, porque se debe orientar a los ciudadanos, de tal manera que lo que hagan, o dejen de hacer, sea por convicción y confianza en su gobierno, más no solo por la fuerza de un decreto. Es momento para la unidad entorno a la institucionalidad, de tomar medidas, que por drásticas que sean, busquen disminuir notablemente la propagación del virus. Es momento de la cooperación entre los líderes, de recuperar la credibilidad del ciudadano en quienes ha elegido. Estamos frente a un momento que también amerita grandeza en la oposición. Y para el gobierno, es hora de una comunicación de crisis asertiva, integral, empática, pero clara y firme al mismo tiempo. Lo que se decida y como se comunique, puede tener trascendentales consecuencias para los colombianos.
*Miembro Dirección Seguridad y Justicia
