Mar 17, 2020 | Columnas de Opinión, Gabriel Cifuentes, Seguridad y Justicia
Por: Gabriel Cifuentes
En días pasados la ministra de justicia Margarita Cabello dio a conocer ante la opinión pública el borrador del proyecto de reforma a la justicia. Aunque éste se compone de un acto legislativo y de otras reformas ordinarias, la impresión que deja es que la iniciativa no será estructural y tampoco resolverá de fondo los problemas del sistema.
Es imposible negar la buena voluntad de la ministra y de su equipo de trabajo, pero el país está esperando una transformación radical de la rama judicial. Es insostenible mantener un estado de cosas como el actual, donde las decisiones tardan años y donde los ciudadanos han perdido por completo la esperanza de ver resueltas sus necesidades jurídicas ante un órgano que parece haber sido cooptado por la corrupción y la ineficiencia. Baste ver la imposibilidad que ha mostrado la misma Corte Suprema en llenar sus vacantes, resultado de las pugnas políticas que se gestan al interior de dicha corporación.
El acto legislativo es tibio, por decir lo menos y, en muchos de sus artículos, parece más responder a una coyuntura política que a los verdaderos problemas del sistema. En el proyecto se incluye una norma para evitar que los jefes de los órganos de control puedan aspirar a la presidencia apenas dejen su cargo. Esta es una iniciativa loable, pero de prosperar en el Congreso, parece ser más una zancadilla para las aspiraciones de Fernando Carrillo, quien ha resultado incómodo para el establecimiento en los últimos meses. Asimismo, el acto legislativo pretende avanzar de manera tímida en la consolidación de un sistema de precedentes. Sin duda, esta es una necesidad que se viene clamando a gritos desde hace ya tiempo en aras de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas. Habrá que ver si esta iniciativa prospera, teniendo en cuenta que ya ha sido tachada de inconstitucional en anteriores oportunidades.
El proyecto también avanza en la modificación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el aumento de la edad en sus términos que pasaría de 8 a 12 años y una propuesta por aumentar el presupuesto de la rama con base en reglas aún poco claras. Quizás lo que más llama la atención es la cosmética reforma al Consejo Superior de la Judicatura que, en vez de desaparecer, atornillará a sus magistrados; ahora se llamarán consejeros.
Sumado al acto legislativo, la ministra ha dicho que se está avanzando en la reforma de los consultorios jurídicos, agilización y ampliación de las funciones de los centros de conciliación y una reforma a la justicia agraria. Estas reformas se están adelantando a través de proyectos de ley ordinarios dado que no exigen cambios en la constitución. Al ser tramitados separadamente, el riesgo de que sólo uno de ellos sea enterrado en el trámite legislativo, rompería la coherencia de la propuesta del ministerio y volveríamos a tener reformas aisladas con un impacto mínimo en la estructura judicial.
Ese Frankenstein que se están inventando desde el gobierno recoge algunas cosas que sí resultan importantes en cualquier conato de reforma a la justicia. Sin embargo, son del todo insuficientes de cara a los enormes retos del sistema. No se habla, por ejemplo, de la especialización de jueces o de creación de unidades especiales de coordinación con la fiscalía y los grupos de investigación judicial; se dejan por fuera propuestas por avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, minería de datos, justicia inteligente y predictiva; tampoco se le hecha mano a los procesos y procedimientos, a la formación de los jueces o a la implementación del modelo de carrera judicial. No se aborda en ningún momento una estrategia para aumentar la eficiencia de la rama, combatir la corrupción, eliminar funciones nominadoras y la despolitización del sistema. Se quedaron por fuera temas tan importantes como el acercamiento al ciudadano, pedagogía de los derechos de acceso a la justicia, los modelos de justicia rural o incluso la desjudicialización de la litigiosidad en nuestro país.
En fin, son innumerables los problemas de la rama y son contadas con los dedos las propuestas presentadas por el gobierno. A todos nos conviene la reforma del sistema judicial, en particular a los ciudadanos más humildes que únicamente pueden acceder a sus derechos mediante acciones judiciales. Sin una justicia eficiente, transparente y oportuna, es difícil consolidar el Estado de Derecho que proclama nuestra constitución. Sin un modelo de justicia fuerte y que le responda a la ciudadanía para resolver sus necesidades lo que está en riesgo es el mismo sistema democrático colombiano.
Se necesita una reforma a la justicia y se necesita ya. Desafortunadamente lo que está en curso parece más una colcha de retazos que le sirva al gobierno para decir que, a diferencia de sus antecesores, logró finalmente avanzar en el mejoramiento del sistema judicial. Mucho, nos hace falta todavía mucho para que eso sea una realidad.
*Director Dirección Justicia y Seguridad
Mar 16, 2020 | Catalina Bastidas, Columnas de Opinión, Transporte e Infraestructura
Por: Catalina Bastidas
PERSPECTIVA DESDE EL ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Las ciudades son un conjunto de factores económicos, sociales y políticos cuyas unidades de administración y gobierno son las que están más próximas a las personas. Por tal razón, la responsabilidad primordial de los gobiernos locales es promover y sostener en el largo plazo procesos de desarrollo local sostenible, entendido como aquel que armoniza los entornos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y equidad social.
En la actualidad, el uso de los sistemas de transporte en las ciudades refleja una parte de las condiciones de calidad de vida de la población, es decir, que si existe un uso adecuado y eficiente de los sistemas de transporte (transporte público, transporte privado, ciclorutas y peatones), la población presentaran estados de bienestar significativamente altos y esto a su vez armoniza todos los sectores económicos de la misma.
Desde hace una década en el contexto internacional se están planteando soluciones a los problemas ambientales y sociales relacionados con la contaminación ambiental. En ciudades como Barcelona existe un Plan de Movilidad Urbana y a través de su implementación han adaptado los espacios urbanos de la ciudad para garantizar un reparto más equitativo entre los diversos medios de transporte, esto se refleja en la ampliación de espacios para la circulación de bicicletas, ampliación en la cobertura de la red de buses y ampliación de aceras y calles con el fin de avanzar hacia la puesta en marcha de un modelo de movilidad sostenible.
Cali, que cuenta con cerca 2.252.616 habitantes, es una ciudad con un potencial económico enorme pero con una problemática social compleja. En las zonas periféricas de la ciudad se encuentran unos niveles bajos de desarrollo y esto se debe a que las inversiones respectos a proyectos de largo plazo no lograr resultados de alto impacto. En cada cambio de gobierno se instalan proyectos que, por lo general, duran los periodos del mismo, generando resultados negativos en el mediano y largo plazo, dado que se deben volver a destinar recursos económicos para solucionar los problemas estructurales de los proyectos y planes implementados en el corto plazo. Dentro de las inconformidades presentes en los caleños, es claro que el tema de movilidad y transporte urbano, es una problemática sin resolver, dado que aún persiste bajos niveles de cobertura del transporte público y congestiones viales en la ciudad.
En Cali, la idea de estar a la “vanguardia” en temas de movilidad y transporte público nació con la puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo, conocido como MIO. Esto generó una completa transformación de la estructura de la ciudad, dado que se creó todo una serie de vías y estaciones que van desde la zona norte a la zona sur. De acuerdo a un estudio realizado en 2011, la propuesta del sistema de transporte público masivo para la ciudad de Cali recibió el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, inicialmente, se planteaba la implementación de un tren ligero con una red básica de dos líneas, después se optó por la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo basado en buses de altas prestaciones, denominado Masivo Integrado de Occidente (MIO). Este sistema, que inició operación en marzo de 2009 después de varios años de retraso en la construcción y adiciones al presupuesto inicial, es el proyecto bandera en movilidad y transporte de la ciudad de Cali, movilizando unos 185.000 pasajeros diarios. Hasta el año 2019, el Sistema ha movilizado 1.208.648.818 pasajeros. Actualmente, la operación de los buses y la prestación del servicio de transporte en la ciudad no ha generado cambios significativos, dado que no se ha convertido en un incentivo para no usar transporte privado por las condiciones regulares a las que se expone el ciudadano usando el servicio. Este proyecto ha pasado por 2 alcaldías, se han destinado en inversión $2 billones, y ninguna ha logrado que la ciudadanía identifique el sistema de transporte como bueno, iniciando por la cobertura porque en la zonas periféricas de la ciudad no se cubren las rutas necesarias y en las zonas donde se cubre, la demanda del servicio supera la oferta de rutas de los buses pretroncales y troncales.
La alcaldía de Maurice Armitage tomó cartas en el asunto en mayo de 2019. A través del decreto 0332 actualizó el plan integral de movilidad urbana de la ciudad y definió de manera detallada los proyectos que se llevarán a cabo para la recuperación ambiental y paisajística de los elementos del sistema de movilidad. Por ejemplo, desde el contexto urbanístico se planteó un tratamiento especial para los separadores viales y andenes. El objetivo fue ampliar las zonas de espacio público en la ciudad, estructurar una red de infraestructura para la movilidad en bicicleta y permitir la intermodalidad con otros medios de transporte como el transporte público. Para esto analizó la cobertura y funcionamiento de los medios de transporte y los aspectos transversales a la movilidad como es la seguridad vial, la accesibilidad, los porcentajes de accidentalidad, las emisiones y el consumo de combustible.
Es importante mencionar que el objetivo establecido en el Plan Integral de Movilidad Urbana es fomentar un modelo de movilidad multimodal e intermodal con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la ciudad, pero es innegable que por la tardía en la estructuración de dicho plan, no se logró llevar a cabo las modificaciones necesarias para mejorar la movilidad y darle un cambio importante al sistemas de transporte.
Dentro de lo mencionado anteriormente es importante reconocer que en el gobierno de Armitage, Cali se convirtió en ciudad pionera en movilidad sostenible en Colombia debido a la llegada y puesta en marcha de 26 buses eléctricos para formar parte del sistema integrado de transporte. Sin embargo estas acciones aún distan de solucionar los problemas de congestión vehicular; por ejemplo, se han aprobado licencias de construcción en sectores del sur de la ciudad sin considerar el desarrollo de vías de circulación y tráfico. Además, hay muchos,los problemas de movilidad en el occidente: hay baja frecuencia de buses y el mal estado de los mismos que genera inconformidad en los usuarios; en tercera instancia, los problemas movilidad en bicicleta, a pesar de que la ciudad cuenta con 58 kms de ciclorrutas es necesario reubicar algunas de estas rutas para evitar generar un problema de congestión vehicular mayor al presentado y por último, el estado de las vías, dado que la capa asfáltica presenta deterioro y es necesario realizar un mantenimiento preventivo a las vías.
En conclusión, Cali ha avanzado en mejorar y adecuar las necesidades de movilidad de los ciudadanos, estableciendo horarios para la circulación vial en zonas congestionadas y ampliando la cobertura de rutas del servicio integrado de transporte masivo en el centro de la ciudad. Armitage plantó unas semillas con el Plan Integral de Movilidad Urbana pero Ospina debe pensar en prolongar las vías, por ejemplo la avenida ciudad de Cali, aumentar las rutas de los buses pretroncales y alimentadores hacia las zonas periféricas de la ciudad y destinar vías con especificación de ciclorrutas en puntos intermedios y de conexión con las estaciones del transporte masivo para incentivar el uso de la bicicleta como medio transporte, todo lo anterior, como estrategia para lograr que se materialicen los objetivos plasmados en el plan de movilidad, que se ha pensado desde hace cerca de una década.
*Miembro número Dirección de Transporte y Asuntos Urbanos.
Mar 8, 2020 | Columnas de Opinión, Discapacidad Funcional e Inclusión, José A. Hofmann
Por: José A. Hofmann
Los tiempos de redes, nos obligan a ser breves. Así tan simple y sencillo, como dicho en verso. Leer, más allá de 140 caracteres en tiempos actuales es una actividad extraña. En consecuencia los textos -y esta columna no es la excepción-, deben ajustarse a esa nueva realidad.
Así en el presente texto, mencionaré unas breves impresiones sobre la decisión de la Corte Constitucional, en la cual la misma Corporación decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre el tema del Aborto, considerando que sobre el particular ya había cosa juzgada y manteniendo, en consecuencia, las 3 causales excepcionales para su práctica legal que la opinión pública bien conoce: violación, peligro para la vida de la madre y malformación del feto.
Lo primero, es indicar que es preocupante, por decir lo menos, que los medios de comunicación hablen ya de “bancadas” al interior de la Corte Constitucional y que sus decisiones no se estén dando a conocer por medio del texto de sus sentencias, como es lo correcto en un Estado de Derecho, sino por filtraciones de medios, ruedas y/o breves comunicados de prensa, los cuales aparecen antes que la providencia que los debe originar. Eso hace daño a la democracia y al andamiaje institucional del país. En la República, los jueces como garantes de la paz social, deben ser ajenos al debate público, pronunciarse únicamente por medio de sus providencias y las corporaciones donde laboran, es deseable que sean las únicas instituciones donde no deben existir jefes de prensa. Haría bien el Alto Tribunal Constitucional en retomar esta sana práctica que se dio en el pasado.
Ahora bien, dicho lo anterior, al ser la Corte Constitucional un ente jurídico y no político, su decisión de declararse inhibida para pronunciarse sobre el aborto alegando cosa juzgada sobre el particular, parece ser responsable desde el punto de vista técnico a simple vista, mas sin embargo, como abogado, haría mal en
pronunciarme de fondo sobre la determinación del Alto Tribunal, como quiera que no conozco el texto que la sustentó.
Ese es el problema de las decisiones de las Cortes cuando se dan a conocer por filtraciones y ruedas de prensa, no por sentencias, más aún en tiempos de redes sociales y especialmente en un país de personas ligeras como Colombia, donde por alguna extraña razón, no es mal visto hablar de aquello que se desconoce.
Lo cierto, es que con la decisión de la Corte, las cosas quedaron como antes; que el aborto sigue siendo un tema de palpitante actualidad; que 300.000 mujeres se lo practican en forma clandestina cada año, de las cuales la mitad quedan con secuelas permanentes o mueren; que su prohibición, a la fecha ha sido completamente inefectiva, pues el fenómeno del aborto ilegal, según todos los estudios, continúa expandiéndose y de 5.833 denuncias por el delito de aborto, ninguna ha sido llevada a juicio, habiendo sido el 29% de las procesadas víctimas de abuso sexual; que incluso, en las causales permitidas por la Corte Constitucional, debido a vacíos regulatorios que sólo puede llenar el Congreso en ejercicio pleno de sus atribuciones, han ocurrido grandes abusos, como siempre, en contra de los derechos de las mujeres.
Ante este panorama, basado en la evidencia científica, no en ideologías ni moralismos, sería más que conveniente las autoridades asumieran la regulación del aborto, no para incentivarlo, sino para prevenirlo integralmente desde la educación básica y en última instancia, regular su práctica, partiendo para ello del conocimiento científico y la legislación comparada. Sobre este último particular, quisiera decir, en Uruguay la Ley 18.987 de 2012 prevé claramente que el aborto a) únicamente en las 12 primeras semanas de gestación por entidades de salud autorizadas; b) una vez la mujer ha sido valorada por un equipo interdisciplinar -médico, psicólogo y trabajador social-, y c) cuyo principal objetivo sea superar las causas de diversa índole que pueden llevar a la mujer al aborto y en última instancia, respetando su autonomía, practicarlo, pero en forma segura para su integridad. ¿Suena mejor que los “abortaderos” actuales, cierto?
*Miembro Dirección de Justicia y Seguridad
Mar 8, 2020 | Columnas de Opinión, Comunicación Política, Laura Herrera
Por: Laura Herrera
Las últimas declaraciones de la ministra del interior, Alicia Arango, dejaron sorprendidos a la mayoría del país que ya no sabe a qué mas atenerse frente al trato que el gobierno le está dando a sus ciudadanos. A la comunicación no hay que ponerla en un segundo plano, debe ser una de las herramientas principales para gobernar y construir una relación con los gobernados. A estas alturas del partido parece que la comunicación gubernamental del Gobierno Duque está todo menos enfocada en generar consenso. Parece que su estrategia es confortar, y en este momento, no es la solución
Confrontar es una estrategia de comunicación, pero siempre y cuando se cuente con el respaldo suficiente para implementarla, es decir, un gobierno que solo cuenta con el 23% de aprobación no puede darse el lujo de confrontar a sus ciudadanos generando provocaciones que solo seguirán ampliando el disenso con la opinión pública. Con urgencia su prioridad debería ser buscar consenso.
El país ha cambiado y el gobierno no ha logrado entender el contexto. Lastimosamente se han quedado en la lectura de un comportamiento electoral que todos los días le pasa factura porque atacar no es la solución mientras se gobierna. La comunicación gubernamental tiene como objetivo generar consensos y esto no es lo mismo que a como de lugar buscar convencer. Es realmente sorprendente la gran carga de confrontación que contiene la forma de comunicar del Gobierno Nacional, parece como si gran parte de los gobernados fuéramos sus enemigos y no sus ciudadanos.
Varios han sido los escenarios en que han dado pruebas de su estrategia de confrontación, las pruebas están en, por ejemplo, la estrategia de estigmatización de las protestas, en las primeras reacciones al paro nacional que contuvieron solo medidas de seguridad y no la búsqueda de un consenso concreto sobre la situación, el desafortunado #NoPudieron de la entonces MinInterior Nancy Patricia Gutiérrez, las estrategias de ataques digitales a periodistas y opositores del gobierno, el tono de confrontación de Alto Consejero para las Comunicaciones que tildó de hipócrita y doble moral a la opinión pública ciudadana, respondió amenazando con revelar una información de su entrevistadora y terminó por deteriorar las relaciones de prensa con el Gobierno Duque. La lista es aún más amplia y al parecer se seguirá llenando.
Esta es una reflexión urgente para darle un timonazo a la estrategia. Han creado una grieta enorme entre los ciudadanos y el gobierno. Una grieta que no es irreparable, pero si lenta -muy lenta- de sanar. Es hora de parar, de ser autocríticos, de aceptar errores y recalcular. El mundo pide a gritos nuevos liderazgo que contengan humildad y una comunicación de doble vía, escuchar y consensuar; pero basta de atacar.
* Directora Dirección Comunicación Política
Mar 7, 2020 | Carlos Orlas, Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Carlos Orlas y Jorge Andrés Forero-González
Colombia, como país de regiones, tiene una deuda histórica con sus comunidades que pasa por no escuchar las múltiples voces de los actores sociales en los territorios. En el caso de la construcción de paz territorial en el marco del posacuerdo con las FARC-EP, se abre una posbilidad de saldar esa brecha, en lo que Sergio Jaramillo denominó Paz Territorial y que inspira el punto 1 y 4 del Acuerdo Finali. Esto concuerda con lo que Manuel Marulanda nombraba como un muro que separa la ciudad del campo: la exclusión política, el centralismo y la mirada al campo como fuente de materias primas, es decir, un campo sin campesinos. Este escenario, a su vez, exige el necesario acuerdo con el ELN y con los paramilitares de las AGC que han manifestado su interés de somerse al Estado colombiano en la búsqueda de la llamada #PazCompleta.
En Al Centro se abre la posibilidad de que voces de las regiones confluyamos en un proposito común que es el diálogo social desde diferentes orillas. Principalmente en clave de alimentar el centro de pensamiento y aumentar la masa de información crítica para la toma de decisiones. No hay que ser poder, o estar en el poder, para pensar y actuar sobre la política. Al Centro se perfila, entre otras cosas, como una cantera de ideas para la construcción de paz territorial, en el entendido que la transición generacional que exige vencer la narrativa de la guerra, piensa la paz más allá de los acuerdos firmados y afronta la incidencia política desde lecturas alternativas y nacidas de los mismos territorios. Para Al Centro aglomera diferentes expresiones de lo político capaces de leer y sentir el país en clave transformadora.
Ante el rechazo que los partidos políticos y el sistema político colombiano le generan a la ciudadanía en general, es necesario construir plataformas y confluencias que permitan relanzar la política en su sentido genuino, a saber, como el arte de servir. Ya Fals Borda hablando con los pescadores de Bolívar había dado una pista clave para entender la Colombia profunda, y es con lo que llamó el sentipensamiento. Esta postura encara la posibilidad de leer nuestros territorios desde una orilla diferente a la del poder homogenizante y centralizado, generalmente en las voces de expertos que no dialogan con las realidades sociales de las comunidades, y si lo hacen es desde un escritorio en las capitales.
Por lo anterior es que celebramos el primer encuentro nacional de Al Centro y su voluntad de construir desde la diversidad, desde la amplitud de visiones y con la vocación de juntarnos con esa potencia que es la otredad, una “multitud proliferante” como la llamaba Carlos Enrique Restrepo, filósofo antioqueño (Q.E.P.D).
i. Los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas.
*Director y miembro de la Dirección de Construcción de Paz
Mar 6, 2020 | Asuntos Laborales, Columnas de Opinión, Felipe Quintero García
Por: Felipe Quintero García
En Colombia es legal, y legítimamente viable, contratar laboralmente a un trabajador por horas.
La legislación laboral tiene un límite máximo en la jornada de trabajo, pero no regula un mínimo de horas en las que se pueda desarrollar el trabajo contratado, con independencia del tipo de contrato laboral que se utilice. (Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002, artículos 161, 163 y 165 del Código Sustantivo de Trabajo)
Ahora bien, la novedad que vale la pena estudiar, teniendo en cuenta los beneficios que conllevaría su implementación, es avalar el pago a la seguridad social sobre una base menor a la del salario mínimo, de acuerdo a las horas efectivamente laboradas por los trabajadores.
El verdadero debate está en torno a la cotización a la seguridad social por horas, y no al contrato laboral por horas, el cual, como ya se explicó, existe en nuestra legislación.
Es muy importante que pensemos en los retos que trae la sociedad, las diferentes formas de negocio, las nuevas tendencias de flexibilidad horaria y la necesidad que tenemos de responder ante la alta informalidad que existe hoy en día.
La flexibilización en las cotizaciones al sistema de seguridad social, implementando la viabilidad de liquidar sobre las horas efectivamente trabajadas permite para el trabajador, una forma legal de contratación laboral, que protege de manera proporcional todos sus derechos y asegura el cubrimiento del sistema de seguridad social.
Por su parte, para el empleador traería enormes ventajas, la viabilidad de contratar de manera directa, legal, asumiendo el lleno de los requisitos del sistema de seguridad social, con una carga proporcional al trabajo que se ejecuta en su favor y por el cual, asume la debida remuneración.
Si las formas de contratación laboral en Colombia permiten el trabajo por horas, ¿por qué el pago a la seguridad social se aleja de esta realidad?
El derecho laboral debe renovarse junto con las necesidades sociales, con el fin de que sea siempre el camino más seguro para generar contratación formal. Legalizar el pago a la seguridad social por horas responde a las necesidades actuales del mundo laboral, y asegura así, que no se incurra en otras figuras ajenas a esta especialidad para contratar la prestación de un servicio.
La modificación que se requiere puede resolverse por vía de Decreto, y tiene relación con avalar una modificación en la plataforma Pila, toda vez que, como ya fue mencionado, el Código Sustantivo de Trabajo desde su existencia, ha permitido que el contrato laboral se ejecute por horas, por lo que no es necesaria una reforma legislativa.
Demos un paso a la modernización, y permitamos que el derecho laboral se modernice con la sociedad, para incrementar la empleabilidad, ajustar las cargas a los tiempos efectivamente laborados y asegurar caminos legales de contratación directa.
*Director Dirección de Asuntos Laborales
