El ambiente y territorio también son víctimas del conflicto armado

El ambiente y territorio también son víctimas del conflicto armado

Por: Daniel Albarracín

El pasado 6 de noviembre se conmemoró el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente y la naturaleza en la guerra y los conflictos armados, conmemoración que se realiza desde el 2001 por cuenta de la Resolución 56/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adicionalmente en 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados.

Ciertamente, Colombia no ha sido ajena a la conexión entre el conflicto armado y la explotación del medio ambiente y la naturaleza, y si bien existen ejemplos directos como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o los atentados a la infraestructura petrolera, la relación va mucho más allá. Se trata de como controlamos, entendemos, y nos apropiamos de nuestros territorios.

Este control y apropiación de nuestros territorios, nos convoca ineludiblemente a tener en cuenta “la lucha por la tierra”. Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2016, “Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas”, la posición institucional frente a la tierra, y su reglamentación, fue algo de poco interés hasta entrado el siglo XX, dado que los grandes propietarios de la tierra eran los mismos políticos y militares en el poder.

Es ciertamente cuando surgen las primeras organizaciones agrarias (como los sindicatos o las ligas agrarias) que se plantea una disputa por la tierra, y con ella la estructura agraria. Sin embargo, sería a finales del siglo XX que la disputa por la tierra y los recursos naturales entre diferentes actores se intensifica. Para comprender estos elementos, acá unos casos ejemplares:

La represa Urra I, en el Alto Sinú, se presentó como un proyecto para el progreso de la región y del gremio ganadero. Sin embargo, la apuesta por controlar el caudal del río Sinú implicó para el pueblo Embera Katío la vulneración de sus derechos a la consulta previa, así como la desaparición, asesinato, y desplazamiento de miembros de la etnia por parte de grupos paramilitares con la justificación de su “accionar contrainsurgente”.

Destaca el caso del líder indígena Kimy Pernia Domico, secuestrado y asesinado por un comando paramilitar en 2001, quien lideraba la lucha contra el proyecto y por la defensa de los derechos territoriales del pueblo Embera Katío. Los impactos ambientales de la represa de Urra I afectaron los ciclos de inundación en el valle del río Sinú y con ello la producción agrícola y piscícola de la región; así como la perdida de tierra cultivable por el espejo de agua de la represa.

Un segundo caso ha sido la explotación de “maderas finas” que se ha vivido en el Chocó biogeográfico, primero por las dinámicas coloniales y más recientemente como una opción de financiamiento de diferentes grupos armados y de ciertos empresarios “de bien”. Cabe destacar el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por alias “El Alemán”, que facilitó la intervención del Ejército en la Operación Génesis en 1997 (a cargo del Gr Rito Alejo del Rio) y la explotación maderera por parte de Maderas de Darién S.A., filial de Pizano S.A., contraviniendo a las negativas judiciales al respecto.

Tras la desmovilización de las AUC en 2006, la deforestación en el Chocó Biogeográfico se ha mantenido por la prevalencia de diferentes grupos armados (guerrillas y grupos posdesmovilización) y de economías irregulares e ilegales; especialmente la minería. Tan solo en Riosucio (Chocó) se calcula una explotación de maderas finas de 140 mil metros cúbicos por año, lo que se refleja en las 11.457 hectáreas deforestadas en el departamento del Chocó durante el 2019, según cifras del IDEAM.

Estos dos casos, en conjunto, dan luces de la relación que existe entre ciertos grupos armados (como los paramilitares), los intereses de ciertos grupos económicos, y la condición de la naturaleza como víctima, también, del conflicto armado. Los impactos ecológicos de difícil recuperación se suman a las condiciones sociales de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades que presiona a realizar prácticas productivas insostenibles, y un modelo económico centrado en el extractivismo.

Reconocer la naturaleza como víctima y como sujeto de derechos, es un paso necesario para plantear una perspectiva integral de nuestros territorios y de nuestro futuro como país. Poder superar las causas estructurales del conflicto social y armado, será un paso fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de una paz con justicia social y ambiental.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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¿De un tratado a una declaración conjunta para frenar la contaminación con plástico?

Por: Felipe Peña

La posible vía para prohibir el plástico podría no ser una declaración conjunta sino más bien un cambio propio como consumidores, así muchos digan lo contrario…

En días pasados salió la noticia acerca de la propuesta de WWF, la Fundación Ellen MacArthur y Boston Consulting Group para la negociación y posterior firma de un tratado internacional centrado en frenar la contaminación con plástico, que si bien puede parecer a primera vista una propuesta cuando menos interesante, trae consigo una serie de dificultades que hacen de su mera negociación, una realidad bastante improbable. 

Pero, mejor arrancar por lo básico ¿En qué consiste un tratado internacional? En palabras castas, es “un acuerdo entre Estados y otros sujetos de derecho internacional que es regido por el Derecho Internacional bajo el cual se entiende por ratificación, aceptación por parte del firmante su voluntad expresa a obligarse bajo el contenido de este” (Naciones Unidas, 1980). En síntesis, son compromisos vinculantes que generalmente adquieren los Estados, y he aquí el meollo del asunto. 

Si bien políticamente para un Estado es beneficioso declarar de manera pública que está a favor de combatir la contaminación generada por el plástico, el petróleo o cualquier otro material, lo cierto es que grupos económicos al interior de cada país suelen llevar a cabo presiones políticas que en nuestras democracias electorales pueden significar perder elecciones a corto plazo en la medida en que estos actores no estén dispuestos a financiar dichas campañas. 

Es así como, entre otras tantas razones, es improbable que se de en el seno de la ONU una negociación, firma y ratificación de dicho acuerdo. Por el contrario, lo más probable es que haya una declaración que en términos generales suele no ser de carácter obligatorio en su cumplimiento y por ende de más fácil consenso.

Ahora, si bien es rescatable el esfuerzo del sector privado con grandes empresas como Coca-Cola, Unilever, Woolworths o Nestlé, apoyando dicha proposición, desafortunadamente de acuerdo con el informe sobre Plástico de un solo uso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo115 países tienen regulaciones para la utilización de bolsas plásticas de un solo uso, que en muchos casos se quedan cortas, es improbable que por un acuerdo internacional se llegue a más regulación interna. 

Adicionalmente, si bien dicho acuerdo en una situación hipotética fuese llevado a firma y ratificación, tampoco sería suficiente para solucionar el problema dado que sería una acción pensada para el futuro, pero hacia atrás poco o nada propone, y es ahí en dónde más problemas la humanidad tiene con el plástico. 

Por ejemplo, al 2017 según cifras de las Naciones Unidas los micro plásticos estaban presentes en el mar hasta en 51.000 millones de partículas que si bien se ha identificado varias industrias como la cosmética y sobre todo la textil sintética, lo cierto es que la industria no parece tener intención de autoregularse y en el mundo tampoco hay ejemplo de una política efectiva que regule o aplique gravámenes a telas y productos que general altas emisiones de microplásticos para financiar los costos del tratamiento de aguas para solucionar el problema. 

Sin embargo, el lector se preguntará ¿Esto tendrá que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas? ¡Claro que sí! Y es que lograr que el plástico desaparezca de nuestro sistema de producción impactaría de manera positiva varios de los objetivos, dentro de los cuales se cuenta el 6 alrededor del Agua Limpia y Saneamiento; el 12 en Producción y Consumos Responsables; el 13 de Acción por el Clima y el 14 acerca de Vida Submarina; el plástico, es sin lugar a dudas uno de los mayores contaminantes industriales de la humanidad y tristemente de los más usados, de hecho en la actualidad solamente el 9% del plástico es reciclado según la ONU un porcentaje ínfimo, más teniendo en cuenta que en promedio al año se producen 400 millones de toneladas. 

Así las cosas, en lugar de quedarnos como simples espectadores de una declaración más como las que se han dado desde 1972 con la Cumbre de la Tierra y la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, como individuos podemos empezar a tomar acciones concretas que busquen impactar de manera positiva nuestro entorno y ahí es dónde puede estar la solución al problema. 

Para empezar, toda acción del ser humano tiene una connotación política, así las cosas, deberíamos arrancar por votar y hacer control político a aquellos cuyas propuestas tengan un enfoque ambiental y más aún a aquellos quienes no lo tienen. 

Adicionalmente, nuestro estilo de vida puede variar y ser encaminado a tener una menor huella con el medio ambiente. Podemos evitar comprar productos hechos con plástico al máximo y dado que dicho material está presente en prácticamente todo lo que usamos, cuando menos evitar usar plásticos de un solo uso y además activar el ingenio que tanto nos caracteriza a los seres humanos para darle usos secundarios a productos de uso diario que pueden caer en desuso y así evitar que terminen en botaderos como el Doña Juana en Bogotá.

Y si bien habrá quien desestime el poder que tenemos como individuos, yo personalmente soy un convencido de que hasta que no seamos los consumidores y votantes quienes no cambiemos nuestros patrones de utilización en el corto y mediano plazo, difícilmente gobiernos y empresas privadas se autoregularán. Sino, que lo diga Nike y su cambio organizacional luego del escándalo por explotación laboral de producción en sus fábricas  y el boicot de consumidores occidentales, subsecuente chinas en los noventa y que al día de hoy es una de las compañías con un código de conducta más solido en el mundo. 

* Miembro Dirección de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

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5 tips a los que todo emprendedor debe comprometerse para llevar acabo su idea de negocio

En esta video columna, Fabián Sampayo, miembro de la Dirección de Emprendimiento, nos comparte 5 tips a los que todo emprendedor debe comprometerse para llevar acabo su idea de negocio

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Primeras Damas, el rol menos moderno de los gobiernos

Por: Carolina Fierro y Laura Herrera

Todo indica que la primera vez que se usó el término “primera dama” fue por parte de la periodista Mary Clemmer Ammnes al referirse a Lucy Webb Hayes en 1877. La primera dama es un rol que por estos días vale la pena cuestionar porque es una mujer que tiene vida propia, carrera propia pero que por ser la compañera o esposa de un presidente se le pone en una posición difícil: no le será fácil seguir ejerciendo su carrera y en cambio tendrá que asumir un papel protocolario que la encasilla en determinados temas.

En Colombia, el papel de la primera dama es uno que se resiste a evolucionar y modernizarse, de hecho, actualmente es poco congruente con la revolución y empoderamiento femenino que hemos promovido, sobre todo, en los últimos años. El rol de la primera dama es uno basado en enormes estereotipos: demostraciones muy femeninas como abrazar niños, hacer obras de caridad, permanecer bajo perfil, ser una esposa leal y comprensiva, una madre ejemplar y una mujer discreta. De hecho, muy pocas veces se sabe la carrera profesional de las primeras damas, su trayectoria laboral y sus contribuciones desde su profesión. 

Los medios han jugado un papel determinante en este imaginario gracias a la manera en que se han hecho los encuadres noticiosos al rol de las primeras damas. El despliegue noticioso que hace de ellas está enfocado en su vestimenta, en el rol maternal y en las obras de caridad que realizan. Betty Wilnfield encontró que la prensa ha definido a las primeras damas de acuerdo a lo que las mujeres “deben” representar conforme a las normas sociales, y en su investigación planteó cinco roles principales: escolta presidencial, anfitriona de la nación, altruista, directora de un programa en pro de la niñez o asesora presidencial debido a su cercanía al primer mandatario.

Solo por recordar: María Juliana Ruiz es abogada; María Clemencia Rodríguez, diseñadora gráfica; Lina Moreno, filósofa; Nohra Puyana, periodista por mencionar algunas profesiones de nuestras primeras damas que fueron archivadas mientras se les asignó una labor dedicada a la niñez. Tal vez la única primera dama de los últimos años quien ha combinado el mandato tradicional de atención a la niñez con programas concretos y duraderos, ha sido Ana Milena Muñoz quien creó y promovió programas como COLFUTURO BATUTA, los cuales impulsó desde inicios de la década de los 90 y hoy siguen vigentes. Cabe recordar que en 1993 el debate sobre sus actividades se centró en la fundación Colfuturo, de la que había sido nombrada presidenta vitalicia. En aquel momento la Corte Constitucional determinó que «el llamado Despacho de la Primera Dama no puede serlo más, por ser ella una persona privada y carecer el despacho mismo de funciones». Así mismo decidió que «la Primera Dama no puede desempeñar labores propias de empleados públicos, pues ella como esposa del presidente es una persona particular».

Por otro lado, muy distinto sería el caso si fuera una mujer la presidenta. Seguramente su esposo no posaría alzando niños, haciendo obras de caridad y tampoco sería despellejado por el color de corbata que decide usar, si es que la usa. Lo más probable es que siguiera ejerciendo su labor en el sector privado o en alguna entidad del estado que no causara conflicto con la presidenta de la república. 

En 1994 la Corte Constitucional emitió un concepto jurídico definiendo el rol de la Primera Dama en el Estado colombiano. Según la Corte, ella puede formar parte de la junta directiva del Instituto de Bienestar Familiar e incluso puede ser nombrada en un cargo público que no dependa del Presidente de la República ni de sus ministros ni de sus jefes de departamento, de directores de entidades descentralizadas.  Pero a su vez, la Corte la encasilla ya que sostiene que la primera dama puede tener iniciativa en materia de asistencia social y en labores de beneficencia o en actividades análogas. Los mismos temas, los mismos estereotipos.

Hoy se ven en el mundo ejemplos como el de Jill Biden, esposa del recién elegido Presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien anunció que seguirá trabajando como profesora lo ha hecho desde 2009 en el Northern Virginia Community College convirtiendose en la primera Primera Dama en continuar con su trabajo pago fuera de la Casa Blanca. O Angélica Lozano, la esposa de la alcaldesa Claudia López y quién siguió ejerciendo su trabajo como Senadora de la República. 

Hay que romper estereotipos, arriesgarse marcando un precedente: la primera dama es una mujer con vida propia.

*Directora de Reputación y Rendimiento Corporativo y de Comunicación Política

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