¿Cómo hacer de una idea un buen negocio?
Ley de emprendimiento ¿Qué es?
La respuesta está en la deliberación
Por: Laura Quintero
En la sentencia de unificación SU-095/18, al resolver que la consulta popular no puede ser usada para prohibir o limitar actividades mineras, la Corte Constitucional afirmó de manera categórica, pero sin sustento jurídico sólido, que no existen mecanismos que garanticen el derecho a la participación ciudadana en el desarrollo de actividades extractivas. Como era de esperarse, la Corte hizo un llamado al Congreso de la República para que, en el menor tiempo posible, corrija este déficit legal.
Pues bien, antes de salir a “acatar” a cómo de lugar la exhortación, es preciso que el Congreso se enfoque en analizar algunos aspectos que, aunque sutiles, resultan claves para el proceso de configuración normativa.
Lo primero a evaluar es la suficiencia de los mecanismos de participación directa, desde un ámbito cualitativo y no cuantitativo.
Cabe preguntarse entonces si ¿realmente los instrumentos para garantizar el derecho de participación directa que existen en nuestra legislación, son deficientes en sí mismos para atender las necesidades de participación en aspectos mineros, o el problema radica en la calidad y uso de los mecanismos? En caso afirmativo, es necesario que en el proceso de formación de la ley se entiendan muy bien las razones de esta carencia desde y en torno a nuestro sistema democrático; a riesgo que los nuevos instrumentos que decidan crearse, si a eso se llega, queden en el arrume de normas que nadie usa, o peor aún, que nadie conoce, pasando a ser otro más de la trillada lista de instancias participativas con poca efectividad. O en el mejor de los casos, que los nuevos sean una copia de los ya existentes.
Aún en contra de la consideración de la Corte, lo cierto es que, desde la Constitución del 91, Colombia cuenta con un amplio catálogo de instancias participativas cuantitativamente hablando. No solo me refiero a las que se establecen en la Ley Estatutaria sobre participación ciudadana 1757 de 2015, que son transversales a toda actividad, pero que inclusive dispone las <<alianzas para la prosperidad>> instancia de participación exclusiva para el sector minero-energético (muy poco usada), pero también las dispersas en otras normas ordinarias, como la audiencia de participación de terceros del Código de Minas, la cual se lleva a cabo previo al proceso de titulación. Además de las audiencias dentro del trámite de licenciamiento ambiental de la Ley 99 de 1993 y los establecidos en la Ley 489 de 1998.
A pesar de lo anterior, se sigue teniendo la sensación de que son pocos los instrumentos que ciertamente logran convertir la opinión ciudadana en un auténtico elemento de transformación política. ¿Por qué? La respuesta está en la deliberación. Este es un elemento muchas veces ausente en los procesos participativos en el sector minero y en general en otros sectores, pero que es indispensable para el proceso democrático. De hecho se torna cada vez más relevante en las instancias semi -directas, es decir, las que tienen la posibilidad de incidir en una decisión política o administrativa pero sin fuerza jurídica vinculante, ya que su naturaleza disuasiva requiere métodos más exigentes de comunicación, en los que el intercambio de ideas y la razonabilidad de los argumentos se convierta en el eje rector de la discusión. Así, la eficacia de la participación para influir en la toma de la decisión, dependerá de la calidad del proceso deliberativo y no de la pasión, o la agitación ideológica.
Si se quiere un resultado más satisfactorio, es ideal que se disponga de forma previa a la participación, recursos informativos, y espacios de generación cognitiva que ubiquen en un grado de igualdad el nivel de conocimiento de los interlocutores. Además, es una fase en donde preliminarmente se pueden resolver dudas.
Para el caso de la participación en los proyectos mineros, es esta clase de forma participativa deliberativa la que debería considerar el Congreso, en caso de que así se decida. Definir este mecanismo de participación será vital para los proyectos no sólo mineros, sino de todo el sector minero-energético, pues siendo el primer instrumento específico, será un referente para los demás sectores productivos.
Está claro que el proceso participativo no puede entrar en discusiones acerca de la legitimidad o viabilidad de conceder áreas para la exploración y explotación minera, (esta discusión ya está superada), sino, propiciar un auténtico esquema deliberativo, con reglas que lleven a los participantes a sustentar sus ideas y proponer soluciones de acercamiento en relación con cada desacuerdo. El objetivo principal debe ser que los involucrados reflexionen sobre la mejor alternativa para abordar los posibles impactos sociales y medio ambientales de esta actividad en territorio, así como establecer el carácter imperativo de la responsabilidad de las instituciones que se vean involucradas: ¡de todas! y no sólo las autoridades mineras.
No hay que perder de vista que en muchos casos los problemas asociados a la minería no se originan por causa exclusiva de esta actividad, sino, por la confluencia de diversos factores sociales que además tienen origen en realidades históricas y de <<pobreza multidimensional>> que se acentúan con algunas malas prácticas mineras. De ahí la importancia de que las soluciones producto del proceso participativo deliberativo, se involucren todas las autoridades pertinentes. La salida no puede ser satanizar la actividad y culpar a las empresas.
Así, un proceso de participación deliberativo será exitoso, cuando logre impulsar el desarrollo sostenible de la actividad, pero también que constituya un factor de gobernabilidad.
*Miembro Dirección de Minería Sostenible
La oportunidad que nos regaló la pandemia: Currículo VS virtualidad
Por: Doreidys Escorcia
Desde que iniciamos a escuchar que el virus llegó al mundo, hemos comenzado a experimentar situaciones de las cuales no estábamos preparados y nos hemos ido adaptando poco a poco a la nueva civilización, donde el contacto ha pasado al segundo plano y los metros de distancia se han convertido en lo mas común. Hoy las instituciones educativas son un ejemplo vivo de esas experimentaciones, la mayoría de sus currículos no tenían incluida la necesidad de la virtualidad abordando los procesos pedagógicos desde allí, y digo la mayoría porque antes de pandemia la virtualidad en Colombia solo tenia entre 15 o 20 años y empezó con algunas universidades que fueron pioneras como el Politécnico Grancolombiano; en los últimos reportes del periódico El Tiempo afirman que antes del coronavirus el 10 por ciento de los estudiantes estaban en modalidad virtual, es decir, más de 200.000 alumnos.
Esto, nos deja claro el panorama de que eran pocas las instituciones que manejaban la virtualidad dentro del currículo, lo que nos hace establecer el siguiente interrogante: ¿Cómo replantear los currículos en Colombia incluyendo el pensamiento computacional desde el preescolar?
No es una idea loca, hoy todas las instituciones para seguir al pie de lucha han flexibilizado su currículo, los espacios y aprender de la virtualidad desde todos sentidos, conocer estrategias nuevas, la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizajes y reflexionar como aprende el estudiante desde la distancia.
Hay que tener claro, que la interacción por si sola del educando con relación a la virtualidad no nos legitima la modificación significativa de sus estructuras cognitivas, pues hay que tener conciencia que con las TICS podemos hacer que nuestros estudiantes, creen, diseñen, transformen, solucionen situaciones, critiquen y tengan lecciones aprendidas, pero esto no se daría sino se hace un buen acompañamiento como maestro mediador.
Entonces tendríamos que pensar en el perfil del maestro virtual, que quizás el reto es mayor, porque la mediación pedagógica iniciaría teniendo en cuenta que los contenidos programáticos sean producto de una construcción del sentido de las cosas, no buscar una memorización, sino por el contrario, acompañar consiente y deliberadamente el cambio educativo desde el dominio epistemológico, habilidades, actividades didácticas y habilidades comunicativas y tecnológicas.
Es así, que preconcebir un nuevo currículo donde la virtualidad sea ese punto de equilibrio es una urgencia, y considero que debe contener dentro de tantas cosas, técnicas y estrategias de estudio metacognitivos, integrar el uso de las herramientas LMS, propiciar el uso correcto de plataformas educativas, incluir una metodología integradora que contemple procesos investigación basado en el uso correcto del internet, incluir el pensamiento computacional como eje, seguido a demás, de formación a los maestros, padres y aprendientes.
Desde esta visión, hay que considerar 5 ítems que se deben tener en cuenta para definir el diseño curricular de un entorno virtual:
- Modelo pedagógico: determinar aspectos relacionados a la naturaleza institucional, interdisciplinariedad, multidisiplinariedad y pensamiento computacional.
- Pedagogía: incluye estrategias didácticas trasversales con una plataforma accesible y acorde al modelo educativo.
- Enfoque: constructivista – humanista – cognitivo con enfoque tecnológico coherente con la alfabetización digital y la legislación educativa como apoyo a los procesos aprendizaje.
- Infraestructura: Disponer de plataformas educativas dinámicas atractivas para los educandos.
- Perfil del estudiante: Debe Delimitar sus estrategias de aprendizaje con capacidad para autoevaluarse, autorregularse, autocriticarse y autoreflexionar.
Los elementos anteriormente descritos, proporcionan una idea de como empezar a diseñar un nuevo currículo, sin embargo, hay que advertir que para que esto se dé, hay que tener en cuenta las necesidades del contexto, voluntad gerencial y recursos para abordar de manera conjunta los componentes educativos virtuales necesarios.
Es de allí, que he evidenciado como en muchas instituciones ya sean del orden preescolar, básica, media o superior como han mejorado su practica flexibilizando sus actividades de clase desde la virtualidad, pero que tan cierto es que ya en su evaluación institucional revisaron el tema curricular y lo comenzaron a mejorar, cual será la meta a corto, mediano y/o largo plazo y… ¿si volvemos al confinamiento? Ya tienen el plan b o c. Hay que poner la 10 para que al iniciar el 2021 no nos agarre con las manos en la cabeza.
Por tanto, la tarea inmediata es comenzar a promover un aprendizaje virtual centrado en el aprendiente, una efectiva comunicación de tipo asertiva, suscitando actitudes, habilidades y manejo de la inteligencia emocional desde el plan de estudio pensando en nuevos proyecto que sean atractivos y que cubra tanto necesidades e intereses.
*Miembro Dirección de Educación
La discapacidad en Colombia: de donde venimos y para donde vamos
Por: José Alejandro Hofmann Delvalle
La discapacidad es uno de los temas más apasionantes, pero a la vez menos estudiados, por lo cual, bien podría decirse, los conceptos inherentes al mismo todavía se encuentran inacabados. La sociedad, todavía no sabe muy bien cómo responder a aquellos seres humanos que debido a sus características intrínsecas, bien sea de carácter físico, psíquico o sensorial, se salen de los parámetros del individuo estándar sobre los cuales la sociedad diseña sus expectativas, planes, bienes y servicios. Por ésta razón, a lo largo del tiempo, ha desarrollado múltiples corrientes de pensamiento que, como es obvio, han impactado e inclusive coexisten en el contexto colombiano.
En efecto, desde la Antigüedad pasando por la Edad Media hasta principios del Siglo XX, la personas con discapacidad eran abordadas desde lo que se ha conocido como el modelo de prescindencia, bastante asociado y soportado en modelos religiosos, lo cual se traducía, en la práctica, en que la discapacidad y la propia persona que la reflejaba en su corporalidad, eran sinónimo de un castigo divino, siendo en consecuencia dable su exterminio, persecución, aislamiento y en el mejor de los casos, su atención desde el punto de vista meramente caritativo con miras a la obtención de la Salvación Eterna como recompensa.
Posteriormente, la discapacidad, es vista como un problema netamente médico. La integración de las personas con discapacidad –a las que se les ve esencialmente como pacientes-, es únicamente posible cuando las mismas por medio de métodos científicos de rehabilitación, se adecuen total o parcialmente a los estándares imperantes en la sociedad. Dicha concepción, se puede entrever incluso en la redacción del artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, cuyo tenor literal reza: “El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Nótese en la redacción de la precitada disposición constitucional que la misma, subordina la integración de la persona con discapacidad a que sus condiciones de salud así lo permitan. Ni hablar del término minusválido, cuya etimología sugiere claramente un desvalor del ser en virtud de su estado de salud.
No obstante, pese a sus errores de redacción e incluso que su óptica sobre el tema es anticuada por el tiempo transcurrido, ciertamente la Constitución de 1991 sí planteó un hito tremendamente positivo a favor de las personas con discapacidad, en la medida en que los reconoció como sujetos de especial protección.
Pero es sólo hasta el año 2006, por medio de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y adoptada por Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009, cuando se postula con claridad que las personas con discapacidad no sólo son sujetos de especial protección; son ante todo y esencialmente ciudadanos, es decir, sujetos activos, miembros de una sociedad y titulares en ella tanto de derechos como de obligaciones. No en vano, se ha dicho entorno a este instrumento internacional:
“(…) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) es quizás el último gran instrumento internacional que consagra Derechos Humanos (…), es el logro jurídico y político internacional más importante de la comunidad de personas con discapacidad, principalmente porque su texto recoge quizás el cambio paradigmático más importante: supera el enfoque de salud para abordar el tratamiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos donde se integra la salud, sí, pero se concibe a la persona con discapacidad como un sujeto multidimensional al cual deben garantizársele sus derechos humanos y el acceso a los servicios públicos en igualdad (…)”. (Correa, 2009. Pág. 117).
Dicho cambio de paradigma, plasmado en un instrumento internacional de carácter vinculante, como lo es la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acarrea consigo en la práctica retos enormes para los Estados, tanto en sus políticas públicas como en sus legislaciones internas, pues implica que la población con discapacidad debe dejar de ser marginal y tratada casi como un asunto casi de caridad, para convertirse en un tema central dentro de la temática de los Derechos Humanos.
Así, en aras de implementar la mencionada convención, desde la Ley Estatutaria 1618 de 2013, el Estado colombiano ha expedido una normatividad variada y dispersa entorno a las personas con discapacidad, pero la misma ha mostrado baja implementación, apropiación por parte de los entes territoriales y por ende resultados concretos derivados de las mismas, tal como evidencia uno de los doctrinantes más connotados en la materia:
“(…) En Colombia se ha legislado, por un lado, para atender necesidades de diferentes tipos de discapacidad (…) y por otro, para contextualizar, orientar y definir los grandes retos del país para la garantía integral de los derechos de la población con discapacidad (…) Esta riqueza jurídica ha sido desaprovechada por las instituciones del gobierno por falta de reglamentación respectiva (…) dificultando su interpretación en los diferentes niveles territoriales, al carecer de una reglamentación que ordene y oriente su implementación (…) De esta manera, los esfuerzos ministeriales por definir los lineamientos de política y su apropiación por parte de los entes territoriales ha sido insuficiente (…)”. (Parra, 2013. Pág. 74). (El subrayado es nuestro).
Por este motivo y en concordancia con lo anterior, no en vano el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre personas con discapacidad, “(…) recomienda al Estado parte que adopte un plan integral para la revisión y modificación de toda la legislación existente (…)”. (ONU, 2016. Pág. 02).
Tales incoherencias que entraña la legislación colombiana entorno a las personas con discapacidad, se traduce directamente en las condiciones precarias en las que se encuentra esta población. No en vano, un reciente informe de la Fundación Saldarriaga Concha, indica:
“(…) La realidad colombiana ha mostrado que la existencia de leyes que fijen plazos para hacer espacios, construcciones y servicios accesibles no han producido los efectos esperados (…) (Saldarriaga Concha, 2016. Pág. 21).
En efecto, según la Ley Estatutaria 1618 de 2013, a partir de su promulgación, “todos los sistemas, medios y modos de transporte (…) en un término de máximo 10 años deben lograr niveles de accesibilidad universal que superen el 80% (…)”, para lo cual las distintas instancias territoriales debían diseñar un plan en un término no superior a (1) año desde su entrada en vigor -ver artículo 14, Num. 1º y 2º-. Igualmente, la precitada disposición, establecía que “las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en un término no mayor a ocho (8) años”. -Art. 15, Num. 3-. Sobra decir que, a simple vista, todos estos mandatos y plazos, no han pasado de pasado de ser buenas intenciones, por lo cual deben ser objeto de veeduría ciudadana y eventual control político.
Así, pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, nace la Dirección de Inclusión y Discapacidad adscrita al Tanque Alcentro, a fin de que basados en la evidencia, se logren los siguientes objetivos fundamentales:
1) Visibilizar las problemáticas de las personas con discapacidad;
2) Hacer seguimiento a las iniciativas de orden parlamentario tendientes a mejorar su calidad de vida, en aras de que las mismas sean coherentes entre sí y se ajusten a los estándares internacionales y,
3) ayudar, mediante insumos técnicos, a la veeduría ciudadana sobre el desarrollo de la política pública con discapacidad.
En el cumplimiento de éste objetivo, contaremos con profesionales de primera línea tales como técnicos en política pública, ex magistrados, empresarios, docentes, etcétera que desde sus distintos ámbitos de acción, ayudarán a poner la #Lainclusiónalcentro.
BIBLIOGRAFIA
ARIAS CAMPOS, Rosa y otros. La acción Social en los Derechos Humanos. Editorial Antropos (2013). Bogotá, Colombia.
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. (New York, 2007).
CORREA MONTOYA, Lucas. Artículo. Panorama de la protección jurisprudencial a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Revista Universitas No.118. Bogotá (Colombia). Págs. 115 – 139.
HERNANDEZ R. Antropología de la discapacidad y la dependencia. Un enfoque humanístico de la discapacidad. Madrid.
FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA. Informe sobre políticas inclusivas de la discapacidad (Colombia).
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Comité Sobre los derechos de las personas con discapacidad. Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia. Distrito General. 31 de agosto de 2016.
PARRA DUSSAN, Carlos. Desarrollo normativo de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad. Editorial Sergio Arboleda. Bogotá, Colombia. (2013).
*Director de Discapacidad Funcional e Inclusión
El centro: el valor de las ideas
Por: Daniel Quiroga, María Paz Martínez y Valeria Donado
Nos juntamos 3 politólogos de diferentes edades, especialidades y orígenes. Una barranquillera, una caleña y un bogotano a hacernos una pregunta que varios afirman últimamente, ¿El centro existe?
Ante esta inquietud decidimos escribir este texto para explicarle a nuestros lectores porque el Centro SÍ existe. Debemos empezar afirmando, que es triste oír a colegas discutiendo si hay o no espacio para el centro dentro de la teoría política. Se lo espera de políticos que buscan deslegitimar candidatos que no se radicalizan como parte de una estrategia electoral, pero no a quienes estudian la teoría política. Aquellos que sólo ven izquierda y derecha sufren de algo que se podría denominar “ceguera dogmática”. Esta impide ver los matices ideológicos existentes.
Cuando nos remitimos a la ideología política, debemos hacer referencia al lugar donde se sentaban las distintas facciones durante la Asamblea Nacional Constituyente en la Revolución Francesa. Desde ahí el mundo ha evolucionado. Hoy las causas y los derechos son otros y sin duda, los problemas nacionales e individuales también lo son. Ante estos nuevos retos, ¿insistimos en decir que todo debe ser blanco y negro? NO, el mundo está lleno de matices.
El espectro político no es más que una forma de ordenar gráficamente a los grupos y facciones con respecto a ejes conceptuales. Desde hace muchos años se ha venido replanteando la idea de un espectro político unidimensional (derecha-izquierda) y se han adoptado formas que muestren mejor la complejidad de la realidad. Por eso, hoy vemos espectros que tienen distintos ejes y dimensiones en los que los conceptos de los ejes son el grado de libertad positiva/libertad negativa, el grado de urbanidad/ruralidad o el grado de multiculturalismo/nacionalismo.
No existe un solo espectro político y estos se transformarán de acuerdo con los debates que se den en las sociedades y los clivajes que surjan. Existe gran diversidad de ideas, por lo que parece ingenuo intentar catalogarlo todo en los conceptos de derecha o izquierda. Al final más allá de los conceptos teóricos lo importante son las personas, sus ideas y sus valores.
La incapacidad de los conceptos como “izquierda” o “derecha” para explicar y solucionar problemas cotidianos hace que personas alrededor del mundo busquen más que una ideología para sentirse representados. En Colombia un gran número de personas han venido consolidando el centro. Este centro tendrá tendencias de derecha o de izquierda y sin duda puede también tener diferentes preferencias.
Actualmente, los sectores que se autodenominan de derecha y de izquierda atacan al centro diciendo que no existe, pero en época electoral son los votantes de centro, a los que intentan conquistar para ganar el poder. El centro no existe para los ciegos dogmáticos. Hasta que les es útil.
Ningún candidato podrá ganar la presidencia en Colombia sin el centro. Se vio claro en las elecciones pasadas que por miedo a la derecha hubo votantes de centro que migraron a la izquierda. Lo mismo pasó a la inversa y el miedo a la izquierda hizo a muchos votar por el candidato de derecha. Esta polarización trae réditos políticos para los extremos quienes buscan generar nuevamente este fenómeno. Sin embargo, es cada vez más claro que los colombianos pertenecen al centro como lo indica la última encuesta de Cifras y Conceptos que afirma que el 53% de los colombianos se consideran de centro, el 23% de izquierda y el 24% de derecha.
Colombia no es el único que pasa por este debate. La política del señalamiento y no de las propuestas es un virus incluso peor que la pandemia que hemos vivido este año. A medida que pasan los años, olvidamos como durante el siglo XX las ideologías radicales llevaron al mundo a un peligroso punto de difícil retorno.
Hoy vemos como esas ideologías renacen en Europa y Estados Unidos e impulsan un discurso basado en los estigmas y no en las ideas. Quienes tanto critican al centro es porque basan su política en el señalamiento del otro y terminan por deteriorar el tejido social de sus países, yendo en contra del pluralismo, la diversidad y la inclusión.
Hay un gran problema con las personas que llegan al poder con estas tendencias tan marcadas: cuando gobiernan están más preocupados por mantener felices a su base y no “traicionarlos”, en vez de gobernar para todo un país. Es difícil ver en Colombia a alguien que gane la presidencia en una primera vuelta, lo que implica que no tendrá un amplio mandato y que quienes lo eligieron en una segunda vuelta lo hacen por consensos. Es ahí el primer error de los políticos, algo que ha sufrido el actual presidente Duque. Creyó que los 10 millones de votos eran de él y ha gobernado para una facción del país, no para la nación. Los problemas del país no son de derecha o izquierda y muchos no nos sentimos representados en los extremos, sus visiones y formas de ver el mundo.
Como sociedad debemos darnos la oportunidad que el centro exista y que sea una alternativa para terminar con la polarización en Colombia. Debemos cuidar que esta oportunidad pueda existir en un país en donde las ideas de centro todavía están en construcción, pero que aporta a la cultura política e incentiva los debates que nuestro país debe dar bajo la premisa de los argumentos y el respeto.
No podemos permitir que los grupos radicalizados que han vivido de la polarización nos priven de la oportunidad de darle un giro político a nuestro país. Ellos tienen razones para querer evitar la consolidación del centro. En la reciente encuesta de Invamer, los candidatos de centro representan el 43% de la intención de voto en el país para el 2022 y cuando las encuestas únicamente proponen tres candidatos, el centro logra entre el 36% y el 45% de la intención de voto. El centro existe, y puede llevarse las próximas elecciones presidenciales.
Más que comenzar la campaña de 2022, debemos saber leer al electorado colombiano. Es la tarea de todos quienes participamos en el ejercicio democrático continuar trabajando por una ciudadanía informada y consciente y entender que, entre menos creamos en el centro, más espacio tiene la polarización.
Quisiéramos terminar esta columna con la reflexión del debate que Colombia merece: un debate que no se base en el discurso del odio, sino en la construcción de las ideas. Un debate que no excluya, sino que invite a la ciudadanía a involucrarse y participar. Un debate donde los políticos no saquen provecho de la demagogia y no desconozcan otras fuerzas. Un debate donde se impongan los argumentos. El deber de construir el centro es nuestro, no dejemos que lo destruyan.
*Daniel Quiroga-Director de Asuntos Públicos y Buen Gobierno
*María Paz Martínez-Subdirectora de Comunicación Política
*Valeria Donado-Columnista Invitada
