Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

Por: Daniel Albarracín 

Si el “Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este” nos dejó con una sensación de la complejidad que significo para las naciones aliadas construir un proceso judicial tan novedoso para juzgar a los máximos responsables del imperio nipon en la década de los 40’s, la historia de “Black Earth Rising” es aún más profunda.

Esta serie de 2018, disponible en Netflix, es una coproducción entre BBC two (nuevamente televisión pública) y Netflix, en la que se desarrolla la historia de Kate Ashby, una investigadora legal (abogada investigadora) británica nacida en Rwanda y adoptada por una prestigiosa abogada (o Barrister, en lenguaje jurídico) que se desempeñaba ante la corte penal internacional de La Haya.

En 8 capítulos, muy intensos, se va develando de manera personal los diferentes elementos de la compleja historia del genocidio de 1994. Si bien el pico de la confrontación interétnica duro 100 día con el genocidio de gran parte de la etnia Tutsi (minoría) por parte de los Hutus (mayoría), tras el asesinato del presidente y dictador Juvénal Habyarimana.

El inicio de juicio contra Simon Nyamoya (exjefe militar Tutsi) abre un debate sobre el rol de la Corte Penal Internacional y las críticas a la poca responsabilidad sobre las antiguas metrópolis como Francia o Bélgica ante los horrores de 1994. El asesinato de Eve Ashby, madre de la protagonista, desencadena una búsqueda por parte de Kate sobre la verdad acerca del genocidio y de su historia personal.

Los episodios más dolorosos son personificados por animaciones que permiten representar con una debida sutileza tales momentos, normalmente relatados por los propios sobrevivientes. En cada episodio se va agregando una capa de tensión que mantiene al espectador tratando de comprender el rompecabezas que involucra a ONGs, a Naciones Unidas y a los Estados Unidos; por cierto uno de los pocos países que no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma.

La búsqueda de la protagonista le permite confrontar los demonios de su historia de vida, abordar las complejidades del posconflicto y las heridas que dejó tanto el periodo colonial como las luchas interétnicas; incluyendo su propio origen en uno de los campamentos de refugiados tras los 100 días del genocidio.

A diferencia de “El proceso de Tokyo” que está centrado en las deliberaciones jurídicas de un tribunal de vencedores, en este caso se trata de la reconciliación y la construcción de una verdad a partir de versiones fragmentadas y dolorosas, con una carga personal importante. No se trata de una visión binaria básica “de blancos contra negros” o “buenos contra malos”, sino de la naturaleza humana y la capacidad autodestructiva que puede lograr.

Vale anotar que Ruanda tras el genocidio vivió (a principios de 1994) inició un proceso de justicia transicional ad hoc a partir del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), patrocinado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde finales de 1994. El TPIR tiene una estructura y finalidad similar al tribunal para la exYugoslavia, y permitió la condena de 35 militares y políticos vinculados con el genocidio a cadenas entre los 15 años y la cadena perpetua.

El poder de la memoria, en este caso más que el de la justicia tiene un poder de cambio y transformación tanto individual, para la protagonista, como para la sociedad Ruandesa que ha sido ejemplo de una gran capacidad de resiliencia y transformación. La invitación es acompañar a Kate en la búsqueda de la verdad de su pasado, una travesía en la que los relatos de la población tienen voz, protagonismo y muestran de manera humana lo que sucedió. 

Una travesía que en Colombia no es fácil, pues el mecanismo que surge del Acuerdo de Paz la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha tenido asignada una labor titánica en muy poco tiempo, y con diferentes dificultades (entre ellas la muerte de dos de sus Comisionados). Por lo cual, al concluir su mandato a final de este año quedará el Centro Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de ley 1448.

Así mismo, el caso de Ruanda destaca por la transformación social que tuvo el país tras el genocidio al punto de ser un referente no solo en temas de posconflicto sino a nivel económico en el continente africano. El lograr una convivencia pacífica que logre gestionar los diferentes conflictos y prevenir las diferentes formas de violencia, es realmente la paz-positiva.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz 

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Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

No dejar gobernar ¡Qué mala idea!

Por: Andrea Carreño 

A la fecha, se han presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 28 solicitudes de revocatorias de mandato contra alcaldes. El tema, más que incumplimiento de los programas de gobierno o desaprobación de las mayorías, parece estar motivado por críticas a fenómenos coyunturales y usado como método de oposición política. No en vano, los revocables, en su mayoría, pertenecen a movimientos independientes.

Esta avalancha inició a solo una semana de que se cumpliera el mínimo exigido por la ley, y los movimientos ciudadanos que activaron dicho mecanismo justificaron su intención, primero, porque los gobernantes habían incumplido su plan de gobierno.  ¿Cómo cumplir en un año un plan de gobierno diseñado para cuatro? A ello se suma que a pocos meses de iniciar sus mandatos, los dirigentes locales actuales tuvieron que afrontar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) y, por tanto, diseñar planes de emergencia en consecuencia. Claramente, la emergencia sanitaria actual ha trastocado las proyecciones de todos los gobiernos nacionales y mundiales. 

También fueron alentadas, dicen los movimientos pro revocatorias, por un descontento generalizado de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar del desgaste normal de los alcaldes ante la pandemia, la aprobación de las gestiones de algunos de ellos, por ejemplo, en Bogotá y Medellín, aún es favorable. Según la última encuesta de Invamer Gallup, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, goza de una percepción favorable de 61 por ciento, a pesar de que se redujo en diez puntos con relación a octubre del año pasado. A su vez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bajó 12 puntos con respecto al año anterior, sin embargo, aún cuenta con una aprobación a su gestión del 55 por ciento, según la misma encuestadora. Y si bien, las encuestas no son un método acertado de evaluación de la administración pública, sí nos ayudan a descartar, en estos casos, el rechazo del electorado como causal.

Si bien la Registraduría suspendió las iniciativas hasta que el Ministerio de Salud y la Protección Social dé su concepto sobre la viabilidad de recoger firmas en medio de la pandemia, la politización de este mecanismo de participación ciudadana no es solo preocupante porque hacerla puede ayudar a la propagación del virus, sino por la desviación de recursos de lo prioritario.

Solo un mandatario ha sido destituido por la dificultad que representa reunir todos los requisitos que exige la ley. Probar su eficacia, una vez más, y en plena pandemia, podría costarle al país 150.000 millones de pesos, “un derroche de recursos públicos”, como lo catalogó la Red Nacional de Veedurías.

¡Ciento cincuenta mil millones!, justo cuando el  país pasa por su mayor contracción económica y la taza de desempleo a cierre de 2021 podría variar entre 14,5 y 15 porciento, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en sus perspectivas para este año; cuando la incertidumbre sigue persiste ante el posible restablecimiento de medidas de confinamiento que golpearían la ya azotada actividad productiva; cuando la estabilidad del sistema de salud se tambalea sobre un Plan Nacional de Vacunación lento y de inicio tardío, si se compara con el resto de la región, los probables imprevistos logísticos para llevarlas a las zonas rurales y la desconfianza del 40,1 por ciento de los colombianos (encuesta Pulso Social del Dane) en los biológicos pondría en riesgo el objetivo del Gobierno de vacunar a más de 70 por ciento de la población con el fin de lograr la inmunidad de rebaño. Un panorama sombrío sumado a que los intentos revocatorios también son susceptibles de focos de corrupción, por lo cual necesitamos que la Fiscalía General de la Nación y los entes de control estén con los ojos bien abiertos para hacer seguimiento especial y vigilancia estricta a los financiamientos de las diferentes revocatorias.

En momentos cuando deberían enfocarse en solucionar los retos continuos de la pandemia, estos alcaldes estarán ocupados con su defensa y, nuevamente, en campaña gracias a revocatorias sin sustento.

En ninguno de los municipios donde están en marcha hay una crisis por falta de cumplimiento de un programa o descontento popular frente a la administración. Basta de saboteos entre nosotros, menos ahora, cuando todos los esfuerzos deben estar dirigidos a superar esta crisis.

* Directora de Constitución y Democracia

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Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

El 2021 en tres temas ambientales

Por: Marcela Ángel y Daniel Albarracín

 

El 2021 inicia con el creciente impacto de la pandemia del COVID-19 y las sucesivas olas de contagios y muertes en todo el mundo. Pero a pesar de las medidas de confinamiento, la desaceleración económica global, y el impacto demográfico de la pandemia los problemas ambientales no se detuvieron. Las imágenes de la breve recuperación de la vida silvestre fueron cosa de unos titulares pasajeros. Desde la perspectiva ambiental, hay tres temas que merecen seguimiento durante este año: a escala nacional, los conflictos socio-ambientales relacionados a la conservación; a escala regional, la deforestación de la Amazonia y otros bosques de gran valor ecológico, cultural y social; y a escala global, las crisis climática y de biodiversidad y la posición de la nueva administración Biden frente a los temas ambientales.

Con la reciente publicación de la “Guía para la Planificación de todas las categorías del SINAP” se dió un paso significativo en la modernización de la política sobre áreas protegidas, las cuáles representan 30 millones de hectáreas (es decir el 16% de la superficie terrestre y 14% de la cobertura marítima de Colombia). La implementación de esta guía, así como la nueva dirección de Parques Nacionales Naturales (PNN), se enfrentan a retos interconectados en el territorio como los conflictos socio-ambientales en ciertos ecosistemas estratégicos (como Santurban o Sierra Nevada), la falta de coordinación entre las entidades territoriales para la planeación, el licenciamiento y control ambiental, las seguridad de los líderes sociales, y las actividades económicas irregulares (minería ilegal y cultivos de uso ilícito), así como la ocupación histórica de comunidades campesinas y otros actores (legales e ilegales) en zonas de estabilización de la frontera agrícola que constituyen importantes focos de deforestación.

La conservación y el uso de áreas naturales no deben ser antagónicas con procesos de aprovechamiento sostenible como el turismo, la agroforestería u otros negocios verdes. Por el contrario, el uso y aprovechamiento puede generar grandes sinergias con la conservación, pero este es un balance delicado que debe estar soportado por la ciencia, el adecuado manejo ambiental, y la participación de las comunidades locales y étnicas, sobre todo indígenas y afrodescendientes que tienen presencia en 26 de estas áreas. Es por esto que en 2021, la implementación de los nuevos lineamientos de áreas protegidas debe estar acompañada de decisiones coherentes con respecto a la aspersión aérea sobre cultivos de uso ilícito con glifosato, los planes piloto de explotación de hidrocarburos vía fracking, y el trámite legislativo frente al Acuerdo de Escazú. 

El segundo tema que no deja de ocupar a investigadores y activistas ambientales es la acelerada deforestación de los bosques del Pacífico, la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Amazonía. Particularmente en el frente Amazónico, por la falta de resultados por parte de las autoridades de los países amazónicos y las alertas sobre el riesgo de alcanzar un punto de no retorno ecológico. La presión de ciertos sectores económicos como la ganadería, la agricultura a gran escala, y proyectos de infraestructura continúan depredando el ecosistema. La Amazonía está llegando a un nivel de degradación con el cual se podría alcanzar un punto de inflexión y desencadenar una transformación ecológica. Lo que sucede dentro y fuera de nuestros límites fronterizos tiene impactos sobre el ecosistema que podrían desencadenar circuitos de retroalimentación que llevarían a la transformación de grandes áreas de bosque tropical a sabana.

La falta de un trabajo multilateral por parte de los países amazónicos y las posiciones pro-industriales de presidentes como Jair Bolsonaro, también denominado el capitán motosierra, son alarmantes frete a las necesidades de protección. Lo cierto es que de no reconocer los costos de conservación y el rol de las comunidades locales para detener los procesos de deforestación del bosque Amazónico, los impactos en la región y a nivel global serán sin precedentes en cuanto a la pérdida de biodiversidad, la afectación en los procesos de regulación climática y la pérdida de bienes y servicios ambientales, además del deterioro cultural, social y los medios de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Amazonas. 

El último elemento que merece atención es la nueva presidencia de Estados Unidos, y los cambios que esta traiga a la agenda climática internacional y con respecto a las prioridades de cooperación con América Latina, dónde las agendas internacionales de cambio climático (UNFCCC for sus siglas en inglés) y diversidad biológica (CDB) están estrechamente relacionadas. Ciertamente las metas del Acuerdo de París dependen de la vinculación de los países que generan la mayoría de las emisiones causantes del cambio climático, como el mismo Estados Unidos, y su retorno al acuerdo de Paris es motivo de celebración. La administración Trump significó retrocesos en múltiples procesos de regulación ambiental en pro de una agenda conservadora y populista. Biden, como candidato, propuso una meta de cero emisiones netas para el 2050 y un plan ambisioso para alcanzarla. En sus primeros días en la Casa Blanca, Biden ha comezado a reestablecer muchas de las políticas ambientales a través de un tren de ordenes ejecutivas. 

La necesidad de cumplir los compromisos internacionales frente al cambio climático y las promesas de campaña implicarán transformaciones sin precedentes, lo cual tendrá efectos geopolíticos en las relaciones entre actores como la Unión Europea, China y otros países altamente industrializados y con repercusiones para América Latina. Dejar a un lado la dependencia de hidrocarburos (especialmente los no convencionales vía fracking) así como planear la transición justa hacia una economía baja en carbono es cuestión de tiempo. Los países que se queden atrás se verán privados de las oportunidades económicas y ventajas competitivas de quienes se muevan rápidamente en esta dirección. Además de la clara urgencia del presidente Biden para enfrentar la crisis climática a nivel global, se suman los llamados de un grupo de exfuncionarios de alto nivel para proteger el Amazonas a través de recursos, acuerdos comerciales, regulaciones financieras y compromisos corporativos. En este nuevo panorama, Colombia tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo ambiental en la región, pero para lograrlo se requiere fortalecer una serie de alianzas estratégicas y redefinir la agenda de cooperación con el gobierno Biden.

El año que tenemos por delante, podría sentar las bases para un futuro más sostenible, equitativo, regenerativo para los ecosistemas y determinante para la estabilidad climática y la biodiversidad a través de una agenda ambiental robusta a nivel nacional, regional e internacional. Desde la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de AlCentro le estaremos haciendo seguimiento a estos temas y otras problemáticas ambientales en el 2021 para aportar desde el debate público, la investigación, y la propuesta de alternativas de soluciones a las apuestas por nuevos modelos de prosperidad positivos para la naturaleza y la sociedad.

 

 

*Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad

* Miembro dirección de Construcción de Paz

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Energía verde, el nuevo café del siglo XXI

Energía verde, el nuevo café del siglo XXI

#OpinionConEvidencia: “Energía verde, el nuevo café del siglo XXI”
¿Qué importancia tiene la transición energética en nuestro país? ¿Es la energía verde nuestro nuevo café? Estos interrogantes son resueltos por @jja2011, @silvihabib, @cristhianprado y @CaroFierroVal en nuestra nueva entrevista. Los invitamos a verla

 

Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

No más excusas para el regreso a clases presenciales en Bogotá

Por: Diego Escallón

El 15 de febrero debía iniciarse el regreso a clases presencial, gradual y alterno en Bogotá. Sin embargo, tan solo 8 de 400 instituciones educativas oficiales regresaron a la presencialidad, lo que representa el 2%, a comparación de casi el 35% de los colegios privados de la ciudad. La explicación de esto es que la Asociación Distrital de Educadores (ADE), sindicato de profesores del Distrito, pidió que se retrasara la medida y rechazó el regreso a las clases presenciales, según ellos, porque no existen las condiciones de bioseguridad necesarias para proteger su salud (El Espectador, 2021). 

Aunque Bogotá no cuenta con cifras que permita dimensionar la afectación de la pandemia a la calidad de la educación o el impacto sobre el aprendizaje o sobre las dificultades socioemocionales que pueden estar sufriendo niños y niñas en la virtualidad, recientemente se publicó un estudio de la Universidad de los Andes, el Centro Nacional de Consultoría y ProBogotá (2021) en el que se revisó la incidencia de la virtualidad en la educación primaria, básica y media en Bogotá. 

Este estudio concluyó que el 22% de encuestados presenta dificultades de acceso a clases en vivo virtuales, el 27% de los estudiantes tiene dificultades de acceso a actividades en internet y menos del 50% cuenta con dispositivos electrónicos exclusivos para estudiar. Además de estos datos, este estudio evidenció que la brecha entre colegios privados y públicos se agranda con la virtualidad, pues el 30% de estudiantes de colegios privados reportaron alguna dificultad para acceder a las actividades en casa, mientras que en los colegios oficiales fue el 52%; el 66% de estudiantes de colegios oficiales tiene disponibilidad de un computador y el 15% a una tableta, a comparación de los privados que tienen disponibilidad en un 94% y 43%, respectivamente; y el 50% de personas de colegios oficiales tiene acceso a internet de alta velocidad, mientras que para los privados este acceso se sitúa en el 80%. 

Estas cifras se vuelven más alarmantes cuando se revisan a la luz de los impactos reales de la pandemia en la educación. En Estados Unidos se han llevado a cabo varios estudios que evidencian que, con ocasión de la virtualidad, niños y niñas de menores ingresos pueden retrasarse más de un año de su educación y podrían aumentarse brechas en un 15 o 20% entre personas blancas de mayores ingresos y comunidades negras, hispanas o de menores ingresos (Mckinsey, 2020). En el mismo sentido, un análisis hecho por académicos de Harvard y de Brown en el que se revisó el avance en matemáticas en una plataforma virtual, encontró que estudiantes de menores ingresos se mantuvieron un 50% por debajo de los niveles de referencia, por lo que se concluye que la pandemia puede ampliar la desigualdad en el largo plazo (Chetty, R., et al, 2020).  

Con respecto a las medidas de bioseguridad, la Secretaría de Educación de Bogotá reportó que ha realizado 153 intervenciones en 109 sedes y ha adquirido 1.031.896 tapabocas lavables para estudiantes, además de otros esfuerzos por adecuar las sedes para iniciar con la presencialidad protegiendo a los miembros de la comunidad educativa (SED, 2021). 

Si las clases presenciales no inician próximamente, la calidad de la educación que reciben niños y niñas de la ciudad se verá gravemente afectada por este anuncio de la ADE, además que aumentará la brecha entre colegios públicos y privados en Bogotá por el acceso a la tecnología, que ya es bastante amplia en resultados de las pruebas Saber 11 en donde los privados tienen resultados promedio más de 34 puntos por encima de estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá (Icfes, 2021). Es necesario que regresen a las aulas físicas para no ahondar más la inequidad.

Los docentes y directivos docentes con esta decisión están afectando la posibilidad de niños y niñas de recibir una educación de calidad que responda a los estándares mínimos de competencias y sus efectos se verán en el largo plazo. La pandemia continuará y los docentes deben ser conscientes del impacto de su decisión y cómo puede perjudicar o beneficiar la vida de cientos de niños y niñas de la Capital, especialmente si las condiciones están para su regreso en condiciones de seguridad. 

Es importante reconocer que docentes, rectores y todo el sector administrativo de la educación, además de los padres y acudientes de estudiantes, han trabajado muy duro durante la pandemia para mantener la educación funcionando, pero no es momento de sacar más excusas y es fundamental que replanteen su decisión para regresar pronto a las aulas presenciales por el beneficio del país. 

*Director Temático de Bogotá

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Series y la Justicia Transicional: Tokio Trial (Parte I)

Por: Daniel Albarracín

En estos tiempos difíciles de confinamiento el consumo de contenidos digitales se ha disparado como nunca antes, y los servicios de streaming tiene cada vez un catálogo más amplio de producciones de todo tipo. Si bien en el cine y la televisión el tema de la guerra se ha presentado de muchas maneras, existen unas producciones recientes que aborda de manera diferente un tema esencial para Colombia como lo es la justicia transicional.

En una serie de tres columnas, siendo esta la primera, quiero reflexionar sobre tres series que recientemente he visto y que además de entretenidas nos permitiría pensar a partir de casos internacionales sobre nuestra realidad. En su orden son “El proceso de Tokio” (Tokyo Trial) que abordare en esta columna, “Black Earth Rising” para la siguiente columna y “Patria” como cierre.

“Tokyo Trial” es una serie canadiense de 2016, disponible en Netflix, producida por NHK (televisión pública japonesa) y FATT Production (coproductora Neerlandesa) que relata en 4 capítulos un drama histórico sobre el “Tribuna Militar Internacional para el Lejano Este”. Este Tribunal, que funcionó desde 1946 tenía por objetivo juzgar a los jefes militares y políticos de derrotado imperio japonés tras la derrota nipona en 1945.

“El Proceso de Tokio” fue el “hermano menor” de los Juicios de Núremberg contra los dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen Nazi del Tercer Riecht; en ambos casos el proceso fue realizado por las naciones victoriosas. En el caso del Tribunal para el Lejano Este, los once jueces provenían de Australia, Canada, China, Francia, India, Paises Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos.

La forma en que se integran las perspectivas y tradiciones jurídicas, los intereses individuales y políticos de cada uno de los jueces así como de las naciones que representan y la interpretación que se dieron a los tres cargos es sumamente enriquecedor; y que daría para una serie mucho más extensa sobre todo a consideración de los más expertos en el tema.

Lo cierto es que la forma en que se teje la historia lejos del patriotismo y heroísmo de otras producciones, nos acerca a las reflexiones de los diferentes jueces y los argumentos que les llevan a las sentencias sobre los 28 juzgados en los tres cargos: Clase A o “Crímenes contra la paz”, Clase B o “Crímenes convencionales de Guerra” y clase C o  “Crímenes contra la humanidad”.

Así mismo deja entre ver elementos como el colonialismo, considerando que varios jueces hacían parte de colonias británicas, y la delgada línea entre justicia internacional (aún lejos de la justicia transicional) y la venganza de los vencedores. Y ni hablar sobre la omisión de la revisión de los crímenes de las potencias y ejércitos aliados, comenzando con las bombas atómicas de Iroshima y Nagasaki.

En últimas es una miniserie, que como otras, da en el clavo con un par de capítulos muy bien desarrollados y deja la sensación de saber más al respecto. Ciertamente en esta serie y los acontecimientos que busca retratar nos dejaran elementos para pensar en estos días de tras vacaciones, encierros y reflexión.

Reflexiones sobre la labor de la justicia transicional, ya no de vencedores sobre vencidos sino de unas partes que acordaron (FARC y el Estado Colombiano) buscar una solución de negociada al conflicto armado. La constitución de un tribunal reconocido por ambas partes, y con el aval internacional, implica una apuesta para satisfacer los derechos de las víctimas en clave de justicia transicional.

Así mismo, la serie nos deja pasajes de las deliberaciones e incluso contradicciones al interior del tribunal, como también las críticas y maniobras externas para ajustar las decisiones judiciales a ciertos intereses. Situación que se vive día a día con la JEP y en su momento con Justicia y Paz. Pero ciertamente el panorama de aquel tribunal internacional y el de ahora, ha permitido la evolución del derecho internacional, la maduración de los mecanismos transicionales y en especial de los derechos de las víctimas.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz

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