La guerra contra las drogas continúa: ¿Importamos las políticas incorrectas?
Por: Mauricio Trujillo
Hace dos semanas el CESED (Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes), junto con varios académicos enviaron una carta1 a la administración del presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidiendo que se revoque la decisión de seguir apoyando la aspersión de cultivos ilícitos como herramienta de guerra contra las drogas. La carta señala que Biden está siguiendo los pasos de su antecesor al apoyar esta iniciativa, y justifica su petición en las pruebas científicas que demuestran que la aspersión con este químico es ineficiente para acabar de raíz el problema de las drogas y además tiene consecuencias que pueden acabar con el medio ambiente, más específicamente con una de las áreas más biodiversas en el mundo: la amazonía.
Este debate ha estado en el centro de la discusión en Colombia por muchos años. Desde que comenzó el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana, la política de drogas ha estado asociada a la ayuda militar de los Estados Unidos y a la aspersión de los cultivos ilícitos con glifosato cómo una herramienta de guerra. Sin embargo, el uso de este químico ha sido cuestionado por científicos y académicos, ya que la guerra contra las drogas se ha concentrado en políticas reactivas y se ha demostrado que la aspersión no soluciona el problema de raíz. El CESED hace énfasis en que los cultivos asperjados con glifosato tienden a ser replantados con una probabilidad del 36% en comparación a la sustitución voluntaria con una tasa de sólo 0.2%. Adicionalmente, se ha demostrado que la aspersión aérea en muchos casos no resuelve el problema sino que lo desplaza hacia zonas en las que la aspersión no es permitida como los parques nacionales, lo que genera otra serie de externalidades ambientales. Desde el punto de vista económico, las aspersiones también son costosas e ineficientes. Las cifras son claras: asperjar una hectárea de coca reduce el área cultivada entre 0.02 y 0.065 hectáreas, y con este mecanismo hay que invertir cerca de $465 mil dólares para reducir la oferta de cocaína en un kilogramo2.
Pero la aspersión no sólo es inefectiva, sino que afecta al sector de la población más pobre y vulnerable. Quienes siembran coca suelen ser campesinos que no tienen alternativas para subsistir. El campesino se queda con cerca del 1% de las ganancias totales del tráfico de cocaína, mientras el otro 99% se queda en la distribución logística del producto por medio de los grandes cárteles y el microtráfico en las grandes ciudades3. Así y todo, la siembra de coca es más viable que otros cultivos, ya que los grupos ilegales y armados pagan mejor y el transporte es más fácil. La pasta de base de coca se vende por alrededor de 2 millones de pesos por kilo. Esta cifra sigue siendo baja para el campesino promedio, pues los costos del cultivo son altos debido al tiempo que este demora y la cantidad de productos que el cultivo necesita y que no son subsidiados ni por los grupos que trafican la droga ni por ninguna entidad. El cultivo de coca es más viable que otros como el tomate, sandía o cacao, en los cuáles los costos en tiempo y transporte son más altos debido al mal estado de las vías y las ganancias son menores4.
Organizaciones de campesinos como COCCAM han manifestado que preferirían buscar alternativas al cultivo de coca si tuvieran otra oportunidad mejor para subsistir, pero que la poca presencia del Estado en estas áreas restringe sus posibilidades5. Acabar con el cultivo de un campesino es acabar con su sustento, lo cual genera un problema socio-económico que bien resalta la carta escrita por el CESED: si este problema no se soluciona de raíz con presencia del Estado y con otras alternativas, los campesinos no se van a quedar de manos cruzadas cuando acaben con sus cultivos, van a buscar otro pedazo de tierra para poder volver a sembrar. La aspersión puede llevar a los mismos campesinos a talar más bosque incluyendo zonas de parques naturales para plantar sus cultivos.
El uso del glifosato como sustancia ha sido cuestionado y restringido en otras partes del mundo debido a sus efectos ambientales y para la salud de las personas. Hace poco en Alemania decidieron ponerse la meta de prohibir todo uso de glifosato para 2023. Esto debido a que dicho herbicida ha estado ligado a la contaminación de las aguas, la erosión del suelo y la disminución de especies polinizadoras como las abejas y las mariposas6. Además de esto, Bayer-Monsanto ha pagado cerca de 10 billones de dólares para llegar a un acuerdo con cerca de 90,000 demandas que vinculan el uso del herbicida con problemas de salud como cáncer7.
Por último, la carta hace propuestas alternativas a la aspersión con glifosato como la sustitución voluntaria de cultivos que está funcionando desde la implementación del acuerdo de paz, ya que la misma es más costo-efectiva. Aunque las cifras siguen siendo disputadas, se estima que asperjar una hectárea cuesta 72 millones en contraste con 42 millones en el programa de sustitución voluntaria8. En el programa de sustitución, se le transfiere a cada familia cerca de 10 mil dólares. En la carta se hace énfasis en lo importante que es seguir lo pactado en el acuerdo de paz en relación con la política de drogas, pues este tiene un enfoque comprensivo de lo económico, lo social y lo ambiental. También señala que toda política de erradicación debe estar acompañada de programas sociales de desarrollo en las regiones más afectadas, y del acompañamiento a los campesinos para que puedan encontrar alternativas viables para subsistir. Este es un paso fundamental para acabar con las políticas prohibicionistas y dar paso a visiones más humanas y que solucionen el problema de raíz. La decisión de la administración de Biden de seguir apoyando las aspersiones aéreas con glifosato puede ser un retroceso en materia de política de drogas, pues se ha demostrado que esta misma no ha dado los resultados en costo-eficiencia que se esperaban y que hay alternativas ya probadas que tienen un enfoque más humano y ambiental, consecuente con las políticas que el mismo presidente está promoviendo en Estados Unidos.
Esta decisión no sólo demuestra una doble moral hacia los países menos desarrollados, si no que es una continuación a lo que Estados Unidos ha entendido como guerra contra las drogas por mucho tiempo, ya que se ha tenido y se sigue teniendo un enfoque punible, prohibicionista, sin soluciones de raíz y poco beneficioso para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Esto importa más aún, cuando el país norteamericano ha tenido tanta incidencia histórica en las políticas implementadas en Colombia y en la región.
Referencias
- CESED (2021). Carta a Joe Biden y Kamala Harris. Recuperado de Carta de académicos al Presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris
- Mejía, Daniel, Pascual Restrepo y Sandra Rozo (2015). On the effects of enforcements of illegal markets, Evidence from quasi-experimental in Colombia. Policy Research Working Paper 7409, World Bank.
- Los narcos utilizan al campesino y le pagan 0,50 por gramo de coca
- La realidad detrás de la coca, la vida campesina en la cordillera de Nariño
- Coca, principal sustento económico de más de 230.000 familias campesinas | Economía
- Germany set to ban glyphosate from end of 2023 | DW | 04.09.2019
- Roundup Maker to Pay $10 Billion to Settle Cancer Suits (Junio 24, 2020). The New York Times.
- Le dijimos a la Corte Constitucional que la eventual reanudación de la aspersión aérea de glifosato es inconstitucional
*Miembro Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
El 2021 en tres temas ambientales
Por: Marcela Ángel y Daniel Albarracín
El 2021 inicia con el creciente impacto de la pandemia del COVID-19 y las sucesivas olas de contagios y muertes en todo el mundo. Pero a pesar de las medidas de confinamiento, la desaceleración económica global, y el impacto demográfico de la pandemia los problemas ambientales no se detuvieron. Las imágenes de la breve recuperación de la vida silvestre fueron cosa de unos titulares pasajeros. Desde la perspectiva ambiental, hay tres temas que merecen seguimiento durante este año: a escala nacional, los conflictos socio-ambientales relacionados a la conservación; a escala regional, la deforestación de la Amazonia y otros bosques de gran valor ecológico, cultural y social; y a escala global, las crisis climática y de biodiversidad y la posición de la nueva administración Biden frente a los temas ambientales.
Con la reciente publicación de la “Guía para la Planificación de todas las categorías del SINAP” se dió un paso significativo en la modernización de la política sobre áreas protegidas, las cuáles representan 30 millones de hectáreas (es decir el 16% de la superficie terrestre y 14% de la cobertura marítima de Colombia). La implementación de esta guía, así como la nueva dirección de Parques Nacionales Naturales (PNN), se enfrentan a retos interconectados en el territorio como los conflictos socio-ambientales en ciertos ecosistemas estratégicos (como Santurban o Sierra Nevada), la falta de coordinación entre las entidades territoriales para la planeación, el licenciamiento y control ambiental, las seguridad de los líderes sociales, y las actividades económicas irregulares (minería ilegal y cultivos de uso ilícito), así como la ocupación histórica de comunidades campesinas y otros actores (legales e ilegales) en zonas de estabilización de la frontera agrícola que constituyen importantes focos de deforestación.
La conservación y el uso de áreas naturales no deben ser antagónicas con procesos de aprovechamiento sostenible como el turismo, la agroforestería u otros negocios verdes. Por el contrario, el uso y aprovechamiento puede generar grandes sinergias con la conservación, pero este es un balance delicado que debe estar soportado por la ciencia, el adecuado manejo ambiental, y la participación de las comunidades locales y étnicas, sobre todo indígenas y afrodescendientes que tienen presencia en 26 de estas áreas. Es por esto que en 2021, la implementación de los nuevos lineamientos de áreas protegidas debe estar acompañada de decisiones coherentes con respecto a la aspersión aérea sobre cultivos de uso ilícito con glifosato, los planes piloto de explotación de hidrocarburos vía fracking, y el trámite legislativo frente al Acuerdo de Escazú.
El segundo tema que no deja de ocupar a investigadores y activistas ambientales es la acelerada deforestación de los bosques del Pacífico, la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Amazonía. Particularmente en el frente Amazónico, por la falta de resultados por parte de las autoridades de los países amazónicos y las alertas sobre el riesgo de alcanzar un punto de no retorno ecológico. La presión de ciertos sectores económicos como la ganadería, la agricultura a gran escala, y proyectos de infraestructura continúan depredando el ecosistema. La Amazonía está llegando a un nivel de degradación con el cual se podría alcanzar un punto de inflexión y desencadenar una transformación ecológica. Lo que sucede dentro y fuera de nuestros límites fronterizos tiene impactos sobre el ecosistema que podrían desencadenar circuitos de retroalimentación que llevarían a la transformación de grandes áreas de bosque tropical a sabana.
La falta de un trabajo multilateral por parte de los países amazónicos y las posiciones pro-industriales de presidentes como Jair Bolsonaro, también denominado el capitán motosierra, son alarmantes frete a las necesidades de protección. Lo cierto es que de no reconocer los costos de conservación y el rol de las comunidades locales para detener los procesos de deforestación del bosque Amazónico, los impactos en la región y a nivel global serán sin precedentes en cuanto a la pérdida de biodiversidad, la afectación en los procesos de regulación climática y la pérdida de bienes y servicios ambientales, además del deterioro cultural, social y los medios de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Amazonas.
El último elemento que merece atención es la nueva presidencia de Estados Unidos, y los cambios que esta traiga a la agenda climática internacional y con respecto a las prioridades de cooperación con América Latina, dónde las agendas internacionales de cambio climático (UNFCCC for sus siglas en inglés) y diversidad biológica (CDB) están estrechamente relacionadas. Ciertamente las metas del Acuerdo de París dependen de la vinculación de los países que generan la mayoría de las emisiones causantes del cambio climático, como el mismo Estados Unidos, y su retorno al acuerdo de Paris es motivo de celebración. La administración Trump significó retrocesos en múltiples procesos de regulación ambiental en pro de una agenda conservadora y populista. Biden, como candidato, propuso una meta de cero emisiones netas para el 2050 y un plan ambisioso para alcanzarla. En sus primeros días en la Casa Blanca, Biden ha comezado a reestablecer muchas de las políticas ambientales a través de un tren de ordenes ejecutivas.
La necesidad de cumplir los compromisos internacionales frente al cambio climático y las promesas de campaña implicarán transformaciones sin precedentes, lo cual tendrá efectos geopolíticos en las relaciones entre actores como la Unión Europea, China y otros países altamente industrializados y con repercusiones para América Latina. Dejar a un lado la dependencia de hidrocarburos (especialmente los no convencionales vía fracking) así como planear la transición justa hacia una economía baja en carbono es cuestión de tiempo. Los países que se queden atrás se verán privados de las oportunidades económicas y ventajas competitivas de quienes se muevan rápidamente en esta dirección. Además de la clara urgencia del presidente Biden para enfrentar la crisis climática a nivel global, se suman los llamados de un grupo de exfuncionarios de alto nivel para proteger el Amazonas a través de recursos, acuerdos comerciales, regulaciones financieras y compromisos corporativos. En este nuevo panorama, Colombia tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo ambiental en la región, pero para lograrlo se requiere fortalecer una serie de alianzas estratégicas y redefinir la agenda de cooperación con el gobierno Biden.
El año que tenemos por delante, podría sentar las bases para un futuro más sostenible, equitativo, regenerativo para los ecosistemas y determinante para la estabilidad climática y la biodiversidad a través de una agenda ambiental robusta a nivel nacional, regional e internacional. Desde la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de AlCentro le estaremos haciendo seguimiento a estos temas y otras problemáticas ambientales en el 2021 para aportar desde el debate público, la investigación, y la propuesta de alternativas de soluciones a las apuestas por nuevos modelos de prosperidad positivos para la naturaleza y la sociedad.
*Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad
* Miembro dirección de Construcción de Paz
El ambiente y territorio también son víctimas del conflicto armado
Por: Daniel Albarracín
El pasado 6 de noviembre se conmemoró el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente y la naturaleza en la guerra y los conflictos armados, conmemoración que se realiza desde el 2001 por cuenta de la Resolución 56/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adicionalmente en 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados.
Ciertamente, Colombia no ha sido ajena a la conexión entre el conflicto armado y la explotación del medio ambiente y la naturaleza, y si bien existen ejemplos directos como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o los atentados a la infraestructura petrolera, la relación va mucho más allá. Se trata de como controlamos, entendemos, y nos apropiamos de nuestros territorios.
Este control y apropiación de nuestros territorios, nos convoca ineludiblemente a tener en cuenta “la lucha por la tierra”. Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2016, “Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas”, la posición institucional frente a la tierra, y su reglamentación, fue algo de poco interés hasta entrado el siglo XX, dado que los grandes propietarios de la tierra eran los mismos políticos y militares en el poder.
Es ciertamente cuando surgen las primeras organizaciones agrarias (como los sindicatos o las ligas agrarias) que se plantea una disputa por la tierra, y con ella la estructura agraria. Sin embargo, sería a finales del siglo XX que la disputa por la tierra y los recursos naturales entre diferentes actores se intensifica. Para comprender estos elementos, acá unos casos ejemplares:
La represa Urra I, en el Alto Sinú, se presentó como un proyecto para el progreso de la región y del gremio ganadero. Sin embargo, la apuesta por controlar el caudal del río Sinú implicó para el pueblo Embera Katío la vulneración de sus derechos a la consulta previa, así como la desaparición, asesinato, y desplazamiento de miembros de la etnia por parte de grupos paramilitares con la justificación de su “accionar contrainsurgente”.
Destaca el caso del líder indígena Kimy Pernia Domico, secuestrado y asesinado por un comando paramilitar en 2001, quien lideraba la lucha contra el proyecto y por la defensa de los derechos territoriales del pueblo Embera Katío. Los impactos ambientales de la represa de Urra I afectaron los ciclos de inundación en el valle del río Sinú y con ello la producción agrícola y piscícola de la región; así como la perdida de tierra cultivable por el espejo de agua de la represa.
Un segundo caso ha sido la explotación de “maderas finas” que se ha vivido en el Chocó biogeográfico, primero por las dinámicas coloniales y más recientemente como una opción de financiamiento de diferentes grupos armados y de ciertos empresarios “de bien”. Cabe destacar el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por alias “El Alemán”, que facilitó la intervención del Ejército en la Operación Génesis en 1997 (a cargo del Gr Rito Alejo del Rio) y la explotación maderera por parte de Maderas de Darién S.A., filial de Pizano S.A., contraviniendo a las negativas judiciales al respecto.
Tras la desmovilización de las AUC en 2006, la deforestación en el Chocó Biogeográfico se ha mantenido por la prevalencia de diferentes grupos armados (guerrillas y grupos posdesmovilización) y de economías irregulares e ilegales; especialmente la minería. Tan solo en Riosucio (Chocó) se calcula una explotación de maderas finas de 140 mil metros cúbicos por año, lo que se refleja en las 11.457 hectáreas deforestadas en el departamento del Chocó durante el 2019, según cifras del IDEAM.
Estos dos casos, en conjunto, dan luces de la relación que existe entre ciertos grupos armados (como los paramilitares), los intereses de ciertos grupos económicos, y la condición de la naturaleza como víctima, también, del conflicto armado. Los impactos ecológicos de difícil recuperación se suman a las condiciones sociales de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades que presiona a realizar prácticas productivas insostenibles, y un modelo económico centrado en el extractivismo.
Reconocer la naturaleza como víctima y como sujeto de derechos, es un paso necesario para plantear una perspectiva integral de nuestros territorios y de nuestro futuro como país. Poder superar las causas estructurales del conflicto social y armado, será un paso fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de una paz con justicia social y ambiental.
*Miembro Dirección de Construcción de Paz y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
¿Es la pandemia un respiro para el medio ambiente?
Por: Daniela Rodríguez
En estos meses de confinamiento por el COVID-19, hemos visto una reducción significativa de contaminantes en el medio ambiente, videos de cielos despejados y mares libres de la contaminación habitual e imágenes de animales silvestres merodeando en zonas urbanas y playas turísticas. El descenso de emisiones por la disminución de la producción industrial y el transporte aéreo y terrestre nos han llevado a pensar que el gran beneficiario de esta pandemia ha sido el medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que esta crisis podría ser muy perjudicial en la lucha contra el cambio climático y está teniendo efectos devastadores en la conservación de ecosistemas. El impacto real y a largo plazo aún está por verse y en gran medida dependerá de la forma en la que los países decidan reabrir y reactivar las economías y su capacidad para continuar garantizando la protección de ecosistemas durante una pandemia que no tiene un fin a la vista.
Datos y análisis recopilados por organizaciones internacionales como Global Carbon Project, Center for International Climate Research e Independent Commodity Inteligence Services, entre muchas otras, indican una caída en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año pasado. Por ejemplo, para el mes de marzo se detectó mediante satélites de la NASA una disminución entre el 20 y 30% de emisiones de dióxido de nitrógeno en Italia, China y Estados Unidos. No obstante, expertos coinciden en que la mejora de la calidad del aire solo es temporal y tendrá un impacto mínimo a largo plazo en el nivel de CO2 en la atmosfera, la principal causa del cambio climático. De hecho, el país asiático ya está dentro del rango normal de emisiones sólo unos meses después del pico en el brote de coronavirus. Según investigaciones del Breakthrough Institute en California, se estima que la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial estará alrededor del 5% para el 2020. Es importante resaltar que para cumplir con lo pactado en el acuerdo de París y limitar el calentamiento global a menos de 1,5ºC para el 2.030 se requiere una reducción sostenida del 7,6% de emisiones de CO2 año tras año, no caídas temporales con efectos económicos devastadores como los de la crisis actual. Mientras tanto, eventos internacionales como la cumbre climática de la ONU se han postergado generando gran incertidumbre sobre la agenda climática a nivel global.
Adicionalmente, la falta de atención de las autoridades y el afán por reactivar la economía ha dilatado el cumplimento de normas y compromisos ambientales. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental anunció que para ayudar a la industria en estos tiempos de crisis, suspendería la mayoría de las actividades de control de normas ambientales. Así mismo, durante las tres primeras semanas de marzo, China aprobó la operación de más plantas impulsadas por carbón a lo que aprobó en todo el año 2019. De igual manera, en la Amazonia brasileña la pandemia ha dilatado la aplicación del código forestal de Brasil y la crisis está siendo utilizada como una excusa para reducir las restricciones de la regulación ambiental, lo que ha resultado en altas tasas de deforestación 55% más respecto al mismo periodo del año pasado. La minería ilegal, el tráfico de especies y la deforestación, siguen creciendo en los bosques tropicales en los que han disminuído las alternativas de subsistencia cómo el ecoturismo.
Sumado a esto, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha generado toneladas de desechos a nivel mundial. Los residuos hospitalarios han incrementado de forma exponencial, restos de guantes desechables, máscaras, botellas de desinfectante y otros elementos de protección personal se ven ahora en las calles de las ciudades y han llegado hasta los fondos marinos. Según la ONU, cada año llegan a los océanos aproximadamente 13 millones de toneladas de plástico. Conservacionistas han advertido que esta cifra puede crecer sustancialmente mientras los países en todo el mundo enfrentan la pandemia, lo cual representa una fuerte amenaza para la vida y los ecosistemas marinos. De acuerdo con el Banco Mundial, algunos países como Estados Unidos, Tailandia y China han relajado medidas que buscan desestimular el uso de plástico. En varios estados del país norteamericano se retrasó la aplicación de leyes dirigidas a disminuir los plásticos de un solo uso como bolsas, utensilios de plástico y recipientes para alimentos hechos de poliestireno, después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos declarara que los plásticos de un solo uso correspondían a la opción más sanitaria en el manejo de la pandemia.
Sin embargo, construir un futuro bajo en carbono y positivo en el largo plazo para los seres humanos y el planeta depende de las decisiones que aún están sobre la mesa. La pandemia representa una oportunidad sin precedentes para fomentar una economía sostenible, por ejemplo, impulsando tecnologías limpias a través de los paquetes de estímulos económicos. La Comisión Europea, líder en esta dirección, propuso un modelo de inversión estratégica que se centra en energías renovables y en tecnologías de almacenamiento e infraestructura sostenible. Sólo en el caso de Alemania, el presupuesto de recuperación es de 130 mil millones de euros, enfocados en impulsar industrias y tecnologías amigables con el medio ambiente y en reducir el uso de combustibles fósiles. Estamos en un punto de inflexión y el impacto real de la pandemia sobre el medio ambiente dependerá de tomar decisiones que mejoren a la vez la economía, nuestra salud y la del planeta.
*Miembro dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
https://e360.yale.edu/features/coronavirus-holds-key-lessons-on-how-to-fight-climate-change
https://e360.yale.edu/features/after-the-coronavirus-two-sharply-divergent-paths-on-climate
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-coronavirus_15325
https://thebogotapost.com/waste-in-the-times-of-covid-19/46736/
https://sgerendask.com/que-pasaria-si-no-se-cumplen-los-acuerdos-logrados-en-la-cop21/
https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-co2-drop
https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-19-climate
https://thebreakthrough.org/issues/energy/its-the-economy-stupid
https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic
https://www.theregreview.org/2020/05/11/morath-match-between-covid-19-plastic-bags/
*Miembro Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
“Nuestra salud depende de la salud del planeta”
¿Cambiará la relación del ser humano con el ambiente después del
COVID-19? Nuestra Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Rural resuelve
este interrogante
COVID-19? Nuestra Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Rural resuelve
este interrogante
