¿Todos ponen?

¿Todos ponen?

Por: Juan Andrés Páez

Benjamin Franklin decía que en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. En Colombia la frase aplica a la perfección, pero habría que agregarle: la muerte, pagar impuestos y otra reforma tributaria. Digo esto porque el jueves pasado el gobierno presentó la décimo segunda reforma tributaria de los últimos 20 años. La décimo segunda reforma que si va a garantizar la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo. Esperemos que esta vez el mediano plazo sean más de dos años. 

La reforma no había llegado al Congreso y ya las quejas abundaban. Uno de los puntos más debatidos ha sido el de aumentar el impuesto de renta, sobre todo a través de reducir el umbral salarial para que la gente declare. Esta idea, que ya se ha visto en tres de las últimas reformas, ha fracasado rotundamente porque nadie en el Congreso quiere pagar el costo político de enfurecer a los votantes. 

Esta vez la idea también parece nacer muerta. Mucho más en año electoral. Mucho más después de una pandemia.

Uno creería que el impuesto a la renta es una carga que afecta a la mayor parte de la población, pero según la DIAN solo cerca de 3.5 millones de colombianos declaran cada año, y de estos, solo 1.6 millones tienen efectivamente que pagarlo. Esto significa que solo 1 de cada 10 trabajadores en el país paga este tributo. 

El menor número de contribuyentes se explica principalmente por el alto umbral salarial para declarar renta en el país, valor que ronda actualmente los 4 millones de pesos. Entre mas alto el umbral, menor el número de personas que tienen que pagarlo, así de fácil. 

En la propuesta actual, el gobierno propone reducir este umbral a 3 millones en el 2023 y a 2.5 millones desde el 2024. Si el gobierno quiere reducir efectivamente el umbral del impuesto de renta, necesitara el apoyo de la clase media que no viene pagando el impuesto. En otras palabras, estos ciudadanos de clase media que abogan por una Colombia más equitativa y más prospera, tendrán que reconocer su deber en esta causa y también apoyar un impuesto de renta más amplio en el cual contribuyan. 

Un primer paso puede ser reconocer que si uno gana 2.5 millones de pesos en Colombia, más que ser parte de la clase media, hace parte del 20% más rico del país. Varios se asombrarán con ese dato, pero en un país donde cerca de un tercio de la población está en condición de pobreza y donde más de la mitad de las personas ganan menos de un salario mínimo, el dato deja de parecer tan sorprendente.   

Algunos en la clase media argumentan que no quieren pagar renta porque los ricos no pagan los impuestos que deberían. En esto el gobierno parece estar de acuerdo y por eso la reforma también busca más progresividad, es decir, que el que más tenga más pague. La propuesta incluirá un aumento en las tasas para las personas de más altos ingresos y una reducción de las exenciones de las cuales se valen para evitar pagar su parte. Además, incluye un impuesto al patrimonio para aquellas personas con patrimonios superiores a los 5 mil millones de pesos, y la mayoría del recaudo será utilizado para fortalecer los programas sociales como Ingreso Solidario que ahora será permanente. 

Otros argumentan que no quieren pagar más impuestos porque el gobierno es corrupto y cualquier dinero adicional que paguen terminará en los bolsillos de los políticos. Pero, ¿No existe un círculo vicioso negativo con este argumento? Si los ciudadanos no contribuyen con los impuestos, la capacidad del gobierno para proporcionar bienes y servicios públicos se ve mermada. Y debido a que los gobiernos no tienen los recursos para operar de manera efectiva, la desconfianza de los ciudadanos crece y erosiona aún más la capacidad del Estado de demandarles más impuestos. Este es un problema del huevo y la gallina que se puede solucionar si los ciudadanos colectivamente le dan una oportunidad al gobierno de operar con un mejor recaudo. Ahora bien, es importante que los mayores impuestos vengan de la mano de un buen control de los recursos públicos y más transparencia. 

Si la clase media quiere un gobierno fuerte que brinde mejor educación, salud y vivienda, la proporción de personas que declaran renta tarde que temprano tendrá que aumentar. Los asalariados de clase media, los cuales han estado exentos durante tantos años, deberán apoyar la reforma fiscal y abogar por un umbral de impuesto de renta más bajo que los incluya. Eso sí, acompañándolo con una mayor progresividad del sistema para que cada cual contribuya de forma justa de acuerdo con sus ingresos. Cuanto menor sea el umbral y más progresivo sea el sistema, mayores expectativas de una Colombia más equitativa y prospera en el futuro. 

Esquirla:

Hacer una oposición con argumentos justos es importante porque algún día la oposición será el gobierno. El Presidente Duque, que tanta oposición le hizo a las reformas tributarias cuando era Congresista, ahora se ve enfrentado a los argumentos populistas que él mismo uso en el pasado. 

*Director de Finanzas Públicas 

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¿Todos ponen?

Oportunidades de reforma en lo laboral, pensional y fiscal.

Por: Felipe Rodríguez

La actual coyuntura en la que vivimos, debido a la pandemia del Covid-19, ha demostrado las grandes debilidades que tiene el país en un sinfín de materias. Así mismo, ha logrado evidenciar las falencias estructurales que se tienen en temas laborales, fiscales y pensionales, que los distintos gobiernos a través de los años no han logrado gestionar. Es por este motivo, sumado con la proximidad de la fecha en la que el Gobierno Nacional debe presentar el Presupuesto General de la Nación de 2021 ante el Congreso, que me gustaría ilustrar algunos temas transversales que deberían hacer parte de una futura, más no lejana, reforma estructural.

En primer lugar, la renta básica vitalicia ha tomado fuerza en los últimos meses y de seguro será un tema de bastante discusión en el futuro próximo. El gran argumento a favor se centra en que el gobierno, a través de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor, la devolución del IVA y otros programas estatales enfocados en otorgarles subsidios a ciertas poblaciones vulnerables, ha sentado el camino para esta política y solamente faltaría consolidar bajo una misma sombrilla los criterios de aplicación y elegibilidad. Una propuesta para su implementación podría ir encaminada a unificarla junto con la reforma pensional, esto bajo el objetivo de subsidiar únicamente a las personas que no puedan acceder a una pensión. Adicionalmente, se podrían determinar ciertos elementos para poder acceder a esta renta, por ejemplo, establecer metas de ahorro pensional que promuevan la formalidad del trabajo y así mismo generar una especie de soporte económico para el gobierno si las personas no logran acceder a la pensión.

En línea con el párrafo anterior, el segundo asunto importante sería el pensional. Debido al gran peso que las pensiones tienen anualmente dentro del Presupuesto General de la Nación, se hace imperativo reformar este sistema lo antes posible. Primero, es claro que los subsidios no están llegando a quienes más lo necesitan y, por el contrario, quienes se han visto beneficiados son segmentos de la población con importantes ingresos a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, es necesario segmentar los aportantes en función de su capacidad de ahorro para garantizar que el subsidio a las pensiones públicas llegue efectivamente a quienes no tuvieron verdadera posibilidad de ahorro y así, fomentar una mayor equidad en la asignación de los recursos por parte del Gobierno. Segundo, promover una mayor competencia entre los fondos privados de pensiones, lo que se traduciría en mejores beneficios para los aportantes. Por ejemplo, un primer paso se podría dar desmontando la exigencia de rentabilidad mínima a los fondos privados. Esta regla ha generado que se asignen recursos a portafolios ineficientes y los cuatro fondos actuales básicamente han tenido la misma estrategia en los últimos años para poder cumplir con esto. Adicionalmente, modificar las reglas de segmentación por edad para la asignación del perfil de riesgo, migrando a una basada en el perfilamiento individual en función de la aversión al riesgo. Este cambio reflejaría un mayor beneficio para el afiliado dado que la rentabilidad estaría dada en función de sus objetivos de largo plazo.

En tercer lugar, una reforma laboral en estos tiempos sería de gran ayuda, ya que evitaría la destrucción de más empleos y motivaría un incremento en la formalidad. Hay que mencionar que una de las grandes enseñanzas que nos dejará el Covid-19 será que el trabajo presencial – para profesiones específicas –, ya no se hará necesario y que muchas empresas podrán evitarse estos costos fijos eliminándolos o reduciéndolos de sus presupuestos. Por ende, se debe repensar si los subsidios de dotación o transporte siguen siendo necesarios o, si más bien, se pueden desmontar para los trabajadores remotos, dejando únicamente un valor enfocado en subsidiar internet. Por otro lado, cambiar las reglas actuales de cotización al sistema de seguridad social, por unas enfocadas en horas laboradas o unidades de tiempo convenidas con los empleadores, podría llegar a ser la clave para la preservación de los empleos formales actualmente. Debemos ser conscientes que una vez superemos esta pandemia, muy seguramente el mercado laboral no volverá a ser el mismo de principios de este año y, por ende, las políticas se deben ajustar a estas nuevas realidades. 

Por último, en tiempos difíciles como los actuales se requieren soluciones poco ortodoxas. Dado que el resultado de las reformas puede llegar a ser bastante impredecible, debemos dejar allanado el camino con políticas maleables que permitan al gobierno actual tener un margen de maniobra amplio con el fin de modificar lo implementado en caso de que no este dando los resultados esperados. Es clave que seamos conscientes que, así como nos hemos adaptado a esta nueva virtualidad en nuestros trabajos, estudios y hasta en las interacciones con nuestros amigos y familiares, el desarrollo de las políticas públicas también debe ser pensado bajo esta nueva realidad y enfoque.

*Miembro Dirección de Finanzas Públicas

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