Jun 17, 2020 | Columnas de Opinión, Daniel Valencia, Empresa
Por: Daniel Valencia
La crisis causada por el COVID-19 llevó a muchos empresarios a repensar la forma en que habitualmente hacían sus negocios, lo que convirtió el comercio electrónico en una alternativa para alivianar las pérdidas. Esta reacción no podrá ser meramente coyuntural, por el contrario, este canal está llamado a ser parte fundamental de las estrategias de negocio que desplegarán los comerciantes a partir de ahora con el fin de permanecer en el mercado.
Según informe publicado en abril por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico[1](CCCE), al inicio de la Pandemia, las cifras no acompañaban al sector que se vio afectado con considerables reducciones en cantidad de transacciones y valores de venta; cuestión que es totalmente comprensible ante la parálisis total de sectores de la economía que tienen un mayor hábito de compras por internet (Ej. tiquetes aéreos y turismo); por otro lado, en el documento denominado E-commerce: evolución de los hábitos del consumidor en tiempos de COVID-19, publicado a inicios de mayo por Mercado Libre[2], se señala un incremento de pedidos en Colombia del 119% y la vinculación 366.095 nuevos usuarios, cifras que marcan una tendencia de cambio en el consumidor colombiano, el cual poco a poco ve en el e-commerce una opción para adquirir productos o servicios, lo cual se ratifica en el Segundo Informe Impacto del COVID-19 sobre el Comercio Electrónico en Colombia de la CCCE[3], que señala la recuperación del sector a niveles de venta y transacciones iguales a los de las semanas previas a la Pandemia.
Por esto, la invitación es a observar la foto completa y a considerar que, si se despliegan estrategias con el propósito de ampliar el mercado electrónico en otros sectores, se aportará a la contención de las consecuencias económicas de la crisis y, cuando se levanten las medidas tendientes a mitigar los efectos del virus, surgirá un mercado mucho más dinámico, con más acceso por parte de la población y listo para enfrentar los retos que impongan tanto el mundo digital, como las dinámicas de comercio que puedan surgir de la pandemia.
Bajo este contexto, surgen algunas ideas para lograr que el uso de las herramientas tecnológicas para adquirir bienes y servicios se convierta en un hábito de la población, por ejemplo, continuar ampliando la oferta de comercios disponibles en el entorno digital, donde se brinde acceso no solo a páginas web en las que los comerciantes puedan anunciar productos o servicios, sino también a alternativas de pagos, a formación en mercadeo electrónico y a cualquier otra herramienta necesaria para transformar su negocio en línea con la tendencia indicada. Un buen ejemplo de esto son las estrategias anunciadas recientemente por empresas del sector, tales como: yomequedoenminegocio.com, Mercado Shops y Mercatiendas, las cuales, de la mano del incremento de la bancarización[4] y de las constantes innovaciones desplegadas por el Sector Financiero, incluyendo a las Fintech, facilitarán el flujo de las transacciones.
En relación con los consumidores se debe tomar como un buen punto de partida el acceso a herramientas tecnológicas en Colombia, donde cerca de la mitad de la población cuenta con un teléfono inteligente, dispositivo desde el que se realizan la mitad de las compras por comercio electrónico[5] en nuestro país, así mismo, en aras de contribuir al desarrollo de este sector, se debe buscar el acceso progresivo por parte de la población a estos equipos, mejorar la conectividad en conjunto con las empresas de telefonía celular y lograr que la población cuente con un acceso mínimo a internet móvil para el uso plataformas de comercio electrónico. Así mismo, es imperativo combatir los estigmas que tiene una parte de la población sobre temas puntuales como la seguridad de las transacciones, la protección de los datos personales y la calidad en el servicio, de tal forma que se consolide un mercado electrónico mucho más atractivo para el consumidor medio.
En lo que respecta al marco regulatorio actual, es importante iniciar la discusión respecto a algunas reformas que generarían un entorno más competitivo y atractivo, un ejemplo son las que acertadamente solicitó la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico al Gobierno Nacional en relación con el tratamiento aduanero de las compras electrónicas realizadas en el exterior[6], así como también es conveniente revisar la posibilidad de generar incentivos fiscales para las ventas a través de plataformas que utilicen la tecnología, como ocurrió hasta 2014 con las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito y, finalmente, alineados con la agilidad que demanda el consumidor electrónico, se sugiere crear un marco legal especial, que señale unos plazos de respuesta más cortos a los establecidos actualmente en el Estatuto del Consumidor. Estas medidas sin duda encajan con el espíritu del Borrador del Documento CONPES Política Nacional De Comercio Electrónico, presentado el pasado 12 de junio[7], del cual destacamos la visión integral en el planteamiento del diagnostico y las necesidades del e-commerce en Colombia, excelente paso del Gobierno Nacional en ese sentido.
Sin duda, la Pandemia nos obligó a acelerar las medidas de transformación en materia tecnológica y de negocio que estaban planeadas para el largo plazo, ahora el reto para todos los actores del mercado es aprovechar el contexto actual para diseñar un comercio electrónico que no solo amplíe la cantidad de usuarios, sino que se convierta en una herramienta de transformación de los hogares en Colombia, a lo cual espero contribuir con esta nota.
¡Aprovechemos la coyuntura para diseñar un plan de democratización del comercio a través de plataformas digitales!
[1] Disponible en: https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Impacto-Covid.pdf
[2] Disponible en: https://publicidad-mercadolibre.com/assets/reports/covid-2-es.pdf
[3] Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-145322_impacto_covid19_comercio_electronico_colombia_u20200611.pdf
[4] https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/ecommerce-y-economia-el-comercio-electronico-como-la-nueva-ventana-de-ventas-491108
[5] https://www.larepublica.co/empresas/la-mitad-de-las-compras-por-comercio-electronico-se-realizan-por-medio-del-celular-3009625
[6] https://www.semana.com/economia/articulo/el-comercio-electronico-podria-seguir-creciendo-despues-de-la-pandemia/670161
[7] Disponible en: https://www2.dnp.gov.co/CONPES/Documents/2020-06-12%20Documento%20CONPES%20Comercio%20electr%C3%B3nico_VBorrador.pdf
*Miembro Dirección Empresa, Industria y Competitividad
Jun 16, 2020 | Columnas de Opinión, Diana Pérez, Empresa
Por: Diana Pérez
Decía Steve Jobs que: “Las cosas grandes en los negocios, nunca fueron hechas por una persona. Fueron hechas por un equipo” y esta frase bien puede ajustarse al papel de los gremios, que a lo largo de la historia han venido desarrollando en favor de la empresa como actividad privada, no sólo para mantenerla, sino porque es el motor de desarrollo de la economía, la competitividad y el empleo del país.
En 1872, fue constituida con el nombre de Sociedad de Agricultores Colombianos, la actual Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC y transcurridos casi 150 años desde entonces, se han creado otros gremios que han realizado una gestión en pro de la actividad económica que representan. Por mencionar algunos, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, desde su creación en 1927, ha sido promotor de un sistema adecuado de bienestar social para los productores de café. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi, desde 1944 participa activamente en la elaboración de estudios y criterios para orientar la política económica e industrial del país, convirtiéndola en uno de los más importantes e influyentes gremios en la actualidad. La Federación Nacional de Comerciantes-Fenalco, creada en 1945, ha buscado el desarrollo del sector del comercio a través de la eficiencia, fortalecimiento y modernización de los empresarios y, la Cámara Colombiana de la Construcción-Camacol, ha representado y articulado la cadena de valor de la Construcción, entre muchos otros, confirmando la importancia de la actividad gremial como interlocutor de los empresarios ante el Gobierno y su labor ante la sociedad.
Y es que el impacto de la actividad gremial ha sido, es y será transcendental para la construcción y articulación de políticas públicas sobre temas vitales como: asuntos laborales, educación, medioambiente, lucha contra la corrupción, desarrollo de tecnologías, comercio exterior, y otros tantos, que de no ser por los gremios, las empresas estarían como ruedas sueltas tocando diferentes puertas sin un lineamiento definido. Y no es para menos, pues la sinergia público-privada es un requisito indispensable para lograr los objetivos propuestos para el desarrollo de un país.
En esta situación coyuntural que estamos viviendo, el reto es grande y los gremios han venido implementando medidas de choque para lograr su reactivación. Cuando se esperaba un crecimiento económico del 4.0 %, llegó la crisis generada por la pandemia y la economía comenzó a decrecer. Según cifras de Fedesarrollo, el crecimiento va por el orden de 1.1%, con una tasa de desempleo que supera el 19% y con una expectativa de recuperación económica entre un 2% y un 3,1% prevista para el 2021, generando desconfianza y preocupación en todos los sectores empresariales, quienes a través de los gremios han presentado propuestas encaminadas a detener la inminente caída de la economía. Por ejemplo, Acopi, propuso y obtuvo que el Gobierno expidiera el decreto para el subsidio de nómina de pequeñas y medianas empresas, Cotelco celebró la exención transitoria del IVA para el sector turismo, a su vez, la Andi, Fenalco, Andesco y otros gremios, vienen participando activamente de la mano con Ministerio de Comercio y Ministerio de Salud, en la planeación estratégica para la reapertura gradual de varios sectores de la economía indispensables para comenzar dicha reactivación, quedando demostrado que sin la actividad gremial, el panorama en el manejo de la Covid habría sido diferente.
Ahora que estamos frente a un escenario complejo, se requieren más sinergias público-privadas, pues nada más conveniente para un gobierno que lograr articularse con el sector empresarial y avanzar en una verdadera política de desarrollo. En este sentido, vale la pena mencionar el nacimiento del gremio de las aplicaciones móviles, conocida como Alianza In, que llega para comenzar una valiosa labor de la mano con el sector público y hacer frente a la pandemia a través de la economía colaborativa, la innovación y el uso de las tecnologías de la información, con impacto social y enfocada en la reactivación económica.
Definitivamente, las agremiaciones han mostrado un gran poder de influencia, una visión de construcción de país y, sus propuestas de desarrollo económico, político y social serán indispensables para afrontar los retos que vienen después de la crisis. En tal sentido, debemos seguir incentivando más asociaciones de empresarios y apoyar a los líderes para que continúen asumiendo con responsabilidad y sentido de pertenencia el rol protagónico que les ha sido encomendado con el fin de recuperar la confianza y avanzar como sociedad. En momentos de oportunidad, la frase de Kofi Annan debería ser un lema para todos “Una asociación verdadera entre los gobiernos, el sector privado y la comunidad internacional alberga una gran promesa”.
*Directora Empresa, Industria y Competitividad
Jun 4, 2020 | Columnas de Opinión, Empresa, Juan Manuel Borráez Rojas
Por: Juan Manuel Borráez
En Colombia se ha desatado una polémica por la llegada de, según el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, militares de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, con el fin de asesorar y asistir técnicamente a Fuerzas de Tareas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Colombia, en lugares en donde hay incidencia del narcotráfico.
A mi juicio esta situación presenta un profundo debate de carácter jurídico, en donde la pregunta radica en si la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del Presidente de la República, debe solicitar al Senado autorización, y éste a su vez otorgarla (no basta solo con informar), para la llegada del Cuerpo Élite del Comando Sur de los Estados Unidos, así sea solo con fines consultivos y de asistencia, más no con el ánimo de que participen en operaciones de manera directa.
No cabe la menor duda de que en caso de que un Estado quiera ingresar o que el Estado colombiano invite tropas extranjeras al país, el Presidente de la República deberá solicitar al Senado su autorización y, éste a su vez, concederla o no. Así lo establece la Constitución en su artículo 173, numeral 4: “Son funciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. En caso de que el Senado se encuentre en receso, el Presidente deberá contar con el dictamen del Consejo de Estado, según el artículo 189 numeral 7 de la Carta Política.
Cabe recordar, que el Senado de la República no se encuentra en receso, más allá de que se encuentre sesionando por medios virtuales. Entonces, aunque nos encontramos en un Estado de Emergencia, no se podrá obviar este paso obligado por el legislativo.
Adicionalmente, no solo basta con la autorización que deba dar el Senado de la República, de igual manera el Ejecutivo ha debido informar al Consejo de Estado, con el fin de que esta corporación se reúna a estudiar el caso y emita un concepto sobre si la presencia de tropas extranjeras afecta o no la soberanía nacional y cuáles son los límites a este tipo cooperación en materia militar.
La explicación por parte del Ministro de Defensa, ante la no consulta y solicitud de autorización al Senado, radicaba en que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras, ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas».
Debo insistir, más allá de que el propósito de la llegada de éste personal sea de asesoría, no son civiles y se deberán cumplir los requisitos, tanto de consulta y autorización por parte del legislativo en cabeza del Senado, así como el estudio del caso por parte del Consejo de Estado. El hecho de que esta asesoría se haga en el marco de un “Acuerdo de Cooperación en materia militar suscrito hace décadas” (Carlos Holmes Trujillo), su puesta en marcha no puede pasar por encima de la institucionalidad, más cuando haciéndolo se viola flagrantemente la Constitución. Estos acuerdos son totalmente válidos, pero se deben cumplir los pasos contemplados en las normas colombianas.
Desde un punto de vista estratégico, no estoy en desacuerdo con la asistencia que se pueda recibir por parte de personal extranjero en materia de combate al narcotráfico. El problema mundial de las drogas, es un reto conjunto de la Comunidad Internacional, y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuentan con grandes capacidades y con importantes avances tecnológicos. No obstante, las cosas deben hacerse como es debido, y las formalidades que impone la Constitución a la llegada de tropas extranjeras está prevista para que exista un debido control entre las diferentes ramas del poder público a estas decisiones del ejecutivo. Es un pilar básico de la democracia y el Estado de Derecho.
Por ello debo decir, cooperación sí (bienvenida sea), pero no así. Un fin loable, como el combate al narcotráfico, no justifica los medios, es decir, que el ejecutivo pase por encima de los controles institucionales contemplados en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, no debo dejar de manifestar que el problema mundial de las drogas ilícitas no requiere solamente ser combatido mediante un enfoque militar, sin duda es una guerra que no se encuentra ni cerca de ser ganada. Al ser problema que atañe a la Comunidad Internacional, los países productores, de tránsito, y consumidores, deben explorar la posibilidad de buscar nuevos enfoques para atacar este flagelo. Colombia, en donde se han sacrificado tantas vidas en la lucha contra el narcotráfico, debería estar liderando este proceso en el ámbito internacional.
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
Mar 3, 2020 | Columnas de Opinión, Empresa, Juan Felipe Rodrigo López
Por: Juan Felipe Rodrigo López.
- El Comité de Coordinación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) elegirá entre el 4 y 5 de marzo al próximo director general de la organización.
- Una posible elección de Wang podría ser contraproducente no solamente para la organización sino también para el comercio internacional y la innovación.
- Entre los cinco candidatos nominados se encuentra el candidato colombiano Marco Alemán quien se enfrentará a Wang Binying la candidata de la República popular China.
Desde su creación en 1967 la OMPI ha tenido la finalidad de desarrollar un sistema internacional de propiedad intelectual para incentivar la innovación y la creatividad. Para realizar esta misión este organismo de las Naciones Unidas ha servido por más de 50 años como un foro para el desarrollo de políticas, servicios y cooperación en materia de propiedad intelectual.
Sin embargo, en caso de que los 88 países miembros del Comité de Coordinación de la OMPI elijan a la candidata de la China Wang Binying como Directora General podría suponer una contradicción para esta institución debido a la débil protección de la propiedad intelectual por parte del régimen chino.
Esta débil protección de la propiedad intelectual se ve reflejado en que China sea el principal productor mundial de productos falsificados. De hecho de acuerdo las conclusiones de un estudio del 2019 de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO )el 47% de las mercancías falsificadas que se comercian en el mundo tienen origen Chino. Así mismo, de acuerdo con la Comisión Europea alrededor del 80% de las mercancías falsificadas incautadas en aduanas Europeas provienen de China.
En Estados Unidos las infracciones de China a los derechos de propiedad intelectual también han sido documentados por La Comisión sobre el robo de propiedad intelectual estadounidense que estimó entre 225.000 y los 600.000 millones de dólares los daños causados a la industria estadounidense por la comercialización de bienes falsificados, software pirata, y el robo de secretos comerciales. Debe recordarse que las infracciones chinas a la propiedad intelectual justificaron la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de China, que desembocó en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, Colombia también ha sido víctima de las infracciones sistemáticas de la propiedad intelectual por parte de China. En 2012, ingresaron al país más de un millón de sombreros vueltiaos chinos, cuya comercialización fue suspendida mediante la Resolución 439 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Frente al riesgo que supone un Director General proveniente de China, varías voces han expresado sus preocupaciones no solamente por las persistentes violaciones de las protecciones de la propiedad intelectual por parte de China sino también por sus prácticas electorales en las organizaciones multilaterales. Dentro de estas voces críticas, se encuentra el asesor de Comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien criticó que antes de las elecciones para la dirección general de la Organización de Alimentos y Agricultura, China haya ofrecido cancelar las deudas a algunos países africanos. Sumadas a estas preocupación, a otros analistas les preocupa el historial chino liderando organizaciones internacionales, al ver que China se centra en utilizar el multilateralismo para promover sus intereses nacionales.
Ante este panorama la candidatura del abogado colombiano Marco Alemán ha empezado a sonar con mas fuerza. Alemán, abogado de la Universidad Javeriana y Doctor Summa Cum Laude de la Universidad de Alcalá de Henares, cuenta con la experiencia de trabajar por más de 20 años en la OMPI. Por más de una década ha estado trabajando en el área de patentes y hace 6 años se ha desempeñado como director del área de patentes a nivel mundial, la cual recibe más de 250,000 solicitudes de patentes cada año.
La candidatura colombiana de Alemán se ve como una candidatura apolítica nacional e internacionalmente no solo porque Colombia es ajena al pulso geopolítico entre Estados Unidos y China sino también porque es un funcionario de carrera de la OMPI que no representa los intereses de ningún partido político en Colombia. Además, sus propuestas basadas en cinco elementos lo han posicionado como un candidato técnico lo que le ha permitido ganarse el apoyo de La Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, La Federación Internacional de Asociaciones de Inventores, La Asociación Internacional de Radiodifusión entre otras organizaciones y asociaciones.
Aunque la experiencia y la experticia de Alemán lo hacen un candidato fuerte, el candidato colombiano enfrenta a una candidata que cuenta con más de 276 embajadas, consulados y misiones permanentes alrededor de los cinco continentes, que les permiten a los Chinos negociar, influenciar y presionar el voto por su candidata como lo han hecho incluso en Brasil donde abiertamente han ofrecido un paquete de ventajas económicas por el voto.
Así como los nacionalismos y los proteccionismos -tan populares ahora- tienen en cuidados intensivos a la Organización Mundial del Comercio, una potencial elección de Wang Binying podría dejar moribunda a la OMPI pues podría suscitar el retiro de países miembros y desincentivar a las empresas e inventores a registrar sus solicitudes de patentes.
¿Será el momento de Alemán?
*Miembro de número de la Dirección de Empresa, Industria y Competitividad
Mar 2, 2020 | Columnas de Opinión, David Acosta Zuluaga, Empresa
Por: David Acosta Zuluaga.
Klauss Schawb (K.S.), fundador del World Economic Forum (W.E.F.), decía frente a las oportunidades para los países sobre la cuarta revolución industrial (4RI): “Los cambios son tan profundos que, desde la perspectiva de la historia humana, nunca ha habido una época de mayor promesa o potencial peligro”.
La industria 4.0 es parte de la 4RI (término acuñado por el gobierno alemán) llega siendo una gran oportunidad haciendo una transformación para dejar de ser un país con potencial a ser un país desarrollado, en el que los colombianos logremos tener una calidad de vida muy superior.
La industria 4.0 apunta a flexibilizar la producción a través de: la manufactura inteligente, internet de las cosas para producción, manufactura de luz apagada (donde la materia prima es procesada sin interacción humana y al final se recogen productos terminados), entre otras.
Estamos es un momento crucial donde los países que lleguen primero a esta industria 4.0, lograrán un incremento en la producción con menor tamaño en escala y con más personalización. Lo que significaría que cada persona en una empresa generará mayores ingresos. Es decir que la productividad incrementará y así se podrá lograr unas mejores remuneraciones a través de empleos mejor calificados.
Colombia en este revolcón industrial está lejos de ser uno de los países que adoptará este cambio rápidamente y debemos encontrar cual es nuestro punto de partida para forjar el camino y así lograr cambios esenciales. En el reporte de Disposición para el Futuro de la Producción de 2018 (del W.E.F. y A.T. Kearney), Colombia está en el puesto 62 sobre 100 países evaluados.
Esto es, que estamos en el grupo de países que está apenas empezando a dar este cambio en el mundo industrial y aunque tenemos dos elementos que mejoran nuestra posición, como son el buen nivel de inversión directa cómo parte del PIB y el buen uso de acuíferos, el gran problema radica en los siguientes puntos:
- El nivel de adopción tecnológica por parte de las empresas; actualmente estamos con la segunda revolución industria en muchas empresas.
- Ausencia de investigación científica y su falta de inversión.
- La balanza comercial, con predominio de importaciones y donde las exportaciones son de productos en nivel primario.
- La falta de infraestructura en transporte de bajo costo y responsable con el medio ambiente, la carencia de visión de futuro del gobierno y los legisladores, donde regulación actual no permite adoptar nuevas las tecnologías y por el contrario las bloquea.
- El capital humano limitado, siendo crítico en este punto el empleo basado en el conocimiento, el nivel de educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemático), el número de profesores en el nivel primario y las prácticas de capacitación en las empresas; entre otras.
- Es un sistema económico, tributario y arancelario muy complejo y costoso,
- La falta de producción que genera valor (como equipos tecnológicos, productos procesados, etc.), que actualmente se encuentra en otros países y la percibimos a través de productos importados.
Esta es nuestra realidad y desafortunadamente no podemos quedarnos en esta situación, tenemos plantas de producción muy antiguas, en las que la renovación es limitada y no busca eficiencias incrementales por la alta inversión que requiere y el miedo a no tener un equipo de trabajo que logre los objetivos diferenciales necesarios
En ese caso, sería más rentable producir en otros países y la generación de valor se quedará atrapada allá, tal y como ha pasado con algunas empresas como Mazda, Colgate, etc. Por estas razones, es necesario que el Gobierno genere políticas reales y los legisladores se orienten a cerrar estas
brechas a través de estrategias cómo: mejorar el talento del país iniciando en los primeros años de colegio desde ejes STEM, atrayendo inversión directa extranjera para crear empleos generadores de valor, infraestructura de transporte (como trenes y vías fluviales), líneas de crédito para adquirir exclusivamente maquinaria y equipos de punta entre otros, tal y como ocurrió en Alemania que en 2013 crearon una estrategia interrelacionada a 15 años de industria 4.0.
Formando un clúster para que empresas tuvieran espacios de interrelación enfocado a mejorar y desarrollar sistemas
tecnológicos de comunicaciones.
K.S. en su idea planteaba que, frente a los cambios de la 4RI, un peligro o un triunfo para los países que los adopten o no satisfactoriamente. Colombia necesita un viraje claro para ser parte del grupo exitoso, de lo contrario quedamos aún más alejados y sobrepasados por el peligro esbozado.
*Miembro de número de la Dirección de Empresa, Industria y Competitividad.
Feb 10, 2020 | Columnas de Opinión, Diana Pérez, Empresa
Por: Diana Pérez*
@dianamperezf
De acuerdo con cifras de la Organización mundial de la Salud -OMS -, casi mil millones de personas, esto es, el 15% de la población mundial, cuenta con algún tipo de discapacidad. A nivel nacional, el último censo realizado por el Dane, revela que el 7.1% de la población colombiana se encuentra en situación de discapacidad.
Más allá de un porcentaje en términos de estadística, todos conocemos alguna persona en dicha situación y sabemos que la gran mayoría necesita de sus amigos y familiares para realizar sus actividades, pues no tienen los mecanismos para hacerlo de manera independiente, por ello, deberíamos brindarle herramientas para la comunicación y la autonomía a través de las tecnologías para la inclusión.
La transformación digital es una necesidad, y las empresas están destinando sus esfuerzos económicos para optimizar recursos y ser más eficientes aprovechando la inteligencia artificial, el big data, machine learning, lo cual es perfectamente válido, sin embargo, ¿estarán aprovechando esta tendencia para que sus servicios sean accesibles también a los consumidores en situación de discapacidad?
Aunque ya existen algunas compañías que están haciendo lo propio implementando herramientas tecnológicas destinadas a que sus servicios y productos sean accesibles, se esperaría que fueran cada vez más las que decidieran hacerlo para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Una de ellas es Cabify, la plataforma tecnológica de movilidad creada en 2011, que habilitó en noviembre de 2019, su aplicación para usuarios con discapacidad visual, a través de VoiceOver, -lector de pantalla basado en descripciones habladas-. Esta iniciativa es admirable, sin embargo, pasaron 8 años para que fuera realidad.
Nuestra sociedad requiere de la tecnología y lo lógico sería usarla para generar valor a este grupo que, desafortunadamente no es la prioridad de las compañías. No se trata de destinar recursos en invenciones tecnológicas que van a requerir años de estudio, sino más bien, analizar si las soluciones tecnológicas que ya existen para esta población, pueden ser compatibles con los servicios que prestan las empresas. Por ejemplo, existen unos lentes con inteligencia artificial, que permite a quienes tienen problemas de visión a identificar personas, leer textos, reconocer productos en el supermercado, indicar el color de un objeto e incluso el valor de los billetes, el reto sería que fueran compatibles con las plataformas o aplicaciones para facilitar su interacción con ellas a través de la tecnología inclusiva.
Queremos una sociedad “inteligente”, pero también necesitamos una sociedad “inclusiva” y como la era digital llegó para quedarse, la prioridad de las empresas que buscan la transformación digital, debería encaminarse a beneficiar a todos los grupos de interés y pese a que falta mucho por recorrer, no sabemos si están comprometidas a satisfacer las necesidades de una población en situación de discapacidad que también son sus clientes. Por eso, el llamado es a dignificar este grupo poblacional, romper las barreras y sensibilizarnos para lograr una mejor accesibilidad, solo así, lograríamos hacer cambios positivos en su calidad de vida, ratificando el valor de la sociedad 5.0, donde las transformaciones tecnológicas están al servicio de la humanidad.
¿Estaremos dispuestos a hacerlo?
*Directora de Empresa, Industria y Competitividad de Alcentro.
