Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca: Articulación y Dinámicas de Colaboración

Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca: Articulación y Dinámicas de Colaboración

Por: Christian Ladino

La situación actual generada por el virus SARS COV 2, afectó entre muchas otras cosas, el quehacer legislativo y generó en un punto preocupación sobre el trámite de una gran cantidad de proyectos de Ley Ordinaria y de Acto Legislativo que están en curso en el período de sesiones actual (2019-2020), y que, en el caso de los segundos, por su naturaleza y el tiempo en contra, no podrían ser parte de la discusión en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Dentro de estos está el Acto Legislativo 23/2019 (Senado) y 182/2019 (Cámara) que busca finalmente establecer el marco jurídico para las dinámicas que recorren el territorio del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca desde siempre. Para ello, es necesario modificar el artículo 325 de la Constitución y reglamentarlo mediante una Ley Orgánica en la próxima legislatura para ser una realidad en todo sentido. Me refiero a la conformación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca como una autoridad administrativa de régimen especial cuyo fin es la generación de procesos de planificación territorial y la implementación de políticas gubernamentales en una región donde sus recursos naturales y sus comunidades comparten características y problemáticas y se relacionan entre sí.

La Bogotá-Región podría pensarse como la implementación de otro modelo de integración regional que ya existe en Colombia, como lo son las Áreas Metropolitanas (reglamentadas por la ley 1625 de 2013); sin embargo, existen diferencias en el ámbito jurídico y de competencias. Pensar en un área metropolitana como la del Valle de Aburrá, por ejemplo, para Bogotá y Cundinamarca generaría un conflicto de competencias con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (se requeriría la formación de una nueva Corporación para el Área Metropolitana) o con la Gobernación ya que no estaría incluida en dicha figura. Adicionalmente, necesitaría contar con la realización de una consulta popular en el área de interés.

En ese contexto, la conformación de una Región Metropolitana – y no un Área Metropolitana – dirime los conflictos de tipo jurídico y permite la conformación de una figura territorial especial que le permita a las entidades territoriales que la conformarán planificar su desarrollo de manera conjunta, repartiendo las cargas y los beneficios y poniéndole orden a las dinámicas de interdependencia (de todo tipo) que existen en la actualidad.

 

Así las cosas, es importante recalcar que el desarrollo de Bogotá ha ido de la mano de una diversificación de los municipios que están cercanos a ella, transformando la relación entre lo que consideramos el espacio rural y la ciudad. Fenómenos como la expansión urbana (un crecimiento endógeno, donde años atrás municipios como Chía, Zipaquirá o Madrid entre otros se convirtieron en centros de relevo para la población capitalina), la población flotante que en los modelos realizados por (Coscia, M., Neffke, F. & Lora, E.)[1] se estimaba en 400.000 personas durante los días hábiles de la semana en el año 2.015, y el intercambio de bienes y servicios, son factores que generaron hace mucho tiempo una relación de fluidez que sumada a las condiciones ecosistémicas compartidas (biodiversidad, suelos, paisajes, cuencas hidrográficas, etc…) son el argumento claro de la necesidad de la esperada integración regional.

Este concepto de planificación desde la integración regional está ligado a lo que se conoce como enfoque territorial, el cual según (Echeverri,2003) tiene dos objetivos mayores: el primero la cohesión social que es la construcción de sociedades basadas en la equidad, el respeto a la diversidad, la justicia social y la pertinencia; y el segundo: la cohesión territorial, que no es más que el proceso de integración del territorio con base a una distribución y gestión balanceada de sus recursos.

En tal sentido, abordar el enfoque territorial es la oportunidad desde la gestión pública y el poder institucional para generar acciones de cooperación, corresponsabilidad y una verdadera inclusión social y económica de toda la población, que en el caso de la región Bogotá-Cundinamarca serán varios millones los beneficiados con la adopción de una visión sistémica de todos los elementos que la constituyen, una visión clave para su éxito en los años venideros.

Uno de los aspectos importantes dentro de esta nueva figura de planificación es cómo se trabajará desde los planes de ordenamiento territorial, puesto que estos son los instrumentos técnicos y normativos más importantes dentro de la planificación y gestión a largo plazo; y en la actualidad no existe una cohesión espacial ni temporal enfocada a las dinámicas regionales dentro estos, generando una limitante instrumental. Lo que busca esta nueva figura es una planificación regional que se oriente a buscar consensos entre las entidades territoriales sin que se coarten principios básicos como la autonomía y el establecimiento de mecanismos para el ordenamiento del territorio que establece la ley 388 de 1997. La Gobernación de Cundinamarca en el año 1.999 en su publicación: “Directrices y orientaciones para el ordenamiento del territorio[2]. hablaba de planear y resolver de manera compartida los problemas, de forma coordinada entre las diferentes entidades administrativas, y recalcaba la necesidad de concertar entre el Distrito Capital y los municipios circundantes sus políticas, para establecer usos del suelo compatibilizando el espacio ciudad-región.

Dentro de los retos en el componente de ordenamiento territorial de la Región está el lograr la construcción de centralidades que garanticen la existencia de servicios y equipamientos que no solo estén presentes sino también articulados entre los municipios, garantizando una vocación productiva que cuente con los espacios básicos para desarrollarse. Este componente tiene que ir de la mano de una viabilidad presupuestal para el establecimiento de nodos no solo en Bogotá sino a nivel de provincias, y una voluntad gubernamental para que se cumpla su objetivo, claramente entendiendo las características geográficas y sociales de nuestra región.

En este momento se están llevando tres procesos muy importantes que definirán el rumbo de la política pública en la esperada Bogotá Región y su futura estructura, el primero es la discusión del Acto Legislativo de esta temática que al momento de escribir esta columna tiene seis debates aprobados, afortunadamente, y a esperas de su paso por la cámara alta, en este punto solo faltan dos debates; el proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo Bogotá 2020-2024 y finalmente el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca. Esperemos que se logre llegar a buen puerto y que esto sea una realidad ya que sus objetivos serán el pilar de una generación de confianza y gobernabilidad entre los territorios.

 

[1] Coscia, M., Neffke, F. & Lora, E., 2015. Report on the Poblacion Flotante of Bogota. CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Harvard University.https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/report-poblacion-flotante-bogota

[2] Buitrago Bermúdez, Óscar, & Carvajal Sáchez, N. (2011). La dimensión regional en los planes de ordenamiento territorial del área metropolitana de Bogota. Perspectiva Geográfica, 1(11), 21-56. https://doi.org/10.19053/01233769.1692

*Miembro Dirección Gestión de Territorio

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Claves para avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa en las regiones.

Claves para avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa en las regiones.

Por: Liliana María Guaca

Inicia el primer trimestre del año y los gobiernos locales se encuentran planeando sus estrategias para mejorar la educación en sus territorios. Dependiendo del nivel de desarrolllo económico y la importancia otorgada a este tema en las agendas públicas, será el lugar en el que se debe situar la discusión respecto a lo que se quiere avanzar.

A continuación, esbozaré algunas cuestiones que cualquier jefe de cartera en temas educativos, debería tener en cuenta antes de dirigir sus esfuerzos a materializar su plan sectorial de educación, que en algunos casos desafortunados, resulta desconectado de la visión del gobierno nacional o descontextualizado en la mirada que se debe tener entre lo local y la diversidad propia de nuestra nación.

1. Sobre el acceso y permanencia de los niños y niñas en las instituciones educativas

Las estrategias de búsqueda activa son fundamentales para que ningún niño o niña se pierda la oportunidad de entrar a estudiar. En un esfuerzo por garantizar este derecho Bogotá ha sido un referente en el desarrollo de este tipo de intervenciones al lograr bajar la deserción escolar del 3,6% al 1,6%, uno de los indicadores mas bajos en los últimos 20 años.

La clave aquí consiste en que el Gobierno vaya a los territorios y no viceversa; en este caso, unidades móviles y equipos en campo en brigadas puerta a puerta se acercaron a la ciudadanía para invitarla a hacer parte de este proyecto, donde niños y niñas así como adultos y jóvenes en extra edad fueron beneficiados, en lo que para algunos significó el regreso a clases después de haber desertado del sistema o para otros, el inicio de su proyecto educativo en las aulas.

La búsqueda activa aunque parezca dirigida a un tipo de población específica, se devela como una estrategia de inclusión de familias en condición de vulnerabilidad que encuentran un estado cercano a la ciudadanía, con un lenguaje incluyente y con acciones concretas que van en beneficio de la comunidad.

La permanencia también es un factor determinante en el logro de trayectorias educativas completas. Los estudios demuestran que los mayores niveles de deserción ocurren en el cambio entre niveles educativos. Es decir, entre la primera infancia y el primer año, entre quinto grado y el inicio de la básica secundaria y en la transición entre la educación básica y la media. En el sector rural, la deserción puede ser más alta y aún mayor para las niñas y adolescentes.

De forma general, las distancias geográficas, el nivel de ingresos de los padres, y su nivel de educación, son algunos de los factores preponderantes en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Adicionalmente, los asociados a los patrones culturales clásicos machistas, la asignación de roles de cuidado del hogar, crianza y labores domésticas, acrecéntan la brecha y determinan desde muy temprana edad una trayectoria educativa fallida.

Por esta razón, es clave pensar en estrategias diferenciadas con un enfoque que tenga en cuenta, servicios de alimentación escolar focalizados de acuerdo a los ingresos de las familias, transporte en aquellos casos, donde la distancia geográfica se convierte en una barrera, en textos y útiles escolares que fortalezcan el proceso de enseñanza en el aula.

Además, se hace necesario una fuerte estrategia de acompañamiento y acercamiento de las familias como actores fundamentales en el proceso formativo de sus hijos, un pacto con la escuela para trabajar de manera conjunta y armónica cuestiones fundamentales sobre el clima escolar y la incorporación de enfoques inclusivos que reconozcan, la diversidad, étnica, cultural, la atención a población con discapacidad y que fomente la igualdad de género desde la temprana edad. La familia es uno de los principales activos del sistema para fortalecimiento de sus comunidades educativas y no debe perderse de vista.

2. Formación permanente, sistematización de la práctica pedagógica y sistema de estímulos docente:

En los planes sectoriales se hace mucho énfasis en los niños y niñas, pero la fórmula ganadora sólo puede darse al vincular a los docentes en la ecuación. Un docente feliz, trabaja con vocación en su institución educativa, innova, deja huella en sus estudiantes y transforma su comunidad. Por tal razón, sus ingresos, las oportunidades formativas y de calificación, así como espacios dignos para desempeñar su labor, son claves para el éxito del sector.

Las generaciones presentes y venideras deben ser formadas por docentes calificados que abanderen reformas respecto de los modelos educativos que implementan sus instituciones, que planteen iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social de las comunidades que han sido golpeadas por el conflicto armado y que movilicen desde el ejercicio de la práctica pedagógica, un sistema de valores en sus estudiantes basado en la ética, la solidaridad y el desarrollo ambiental sostenible.

En ese sentido, la formación y el acceso permanente a oportunidades de posgrado, maestría y doctorado son esenciales para proponer desde la escuela discursos y prácticas novedosas, que contribuyan al desarrollo local y a la transformación cultural que requiere nuestra sociedad. Claramente, éstas investigaciones deben apuntar a la producción de nuevo conocimiento en la escuela, y no deben quedarse en debates epistemológicos que no atienden al contexto o a las necesidades de su comunidad. El docente se debe a su institución y el estado debe fortalecer y fomentar el desarrollo continuo de su talento humano.

Así mismo, los programas de formación Permanente de docentes – PFPD son una oportunidad valiosa para la actualización de contenidos, nuevas tendencias en la pedagogía y didáctica, así como en el desarrollo de metodologías de clase apropiadas a los desafíos del sigo XXI. La formación en competencias y habilidades socio emocionales están en la agenda educativa actual y por ende deben ser prioridades en los planes sectoriales.

Los estímulos al docente son necesarios para que la educación llegue a los lugares más apartados del país. En las zonas rurales los docentes no cuentan en algunos casos, con condiciones mínimas de permanencia (alojamiento cerca de sus estudiantes situados en cabildos indígenas, afrocolombianos, comunidades aisladas del desarrollo, o en conflicto armado permanente) por esta razón, las vacantes en estos sectores no logran ser cubiertas y los niños y niñas ven interrumpido su proceso formativo de manera constante. Por el contrario, en las ciudades capitales hay sobre oferta de docentes, toda una paradoja.

En ese sentido, proponer estrategias de fomento a la permanencia de docentes en zonas vulnerables, rurales dispersas, municipios en transición hacia La Paz -PDET a través de estímulos en el ingreso, vivienda en alianza con el Fondo Nacional de Ahorro, y estabilidad para el docente y su familia, podrían garantizar el acceso universal a la educación de los más excluidos, vulnerados y olvidados del país.

Además, del desarrollo de campañas de atención psicosocial dirigidas a los docentes que permitan mitigar los efectos del estrés laboral (siendo esta la principal causa de incapacidades en el sector) el “burnout”, y la falta de herramientas para el manejo de los conflictos en territorios de extrema violencia, son fundamentales, si queremos un avance tanto en el acceso, como en la calidad de la educación.

Estas son, tan solo algunas acciones que pueden fortalecer desde la base los planes sectoriales, desde una mirada proyectiva que articule las trayectorias educativas completas, con el desarrollo social y productivo de nuestras regiones

*Miembro Dirección Educación

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