Mar 11, 2021 | Columnas de Opinión, Cultura Ciudadana, Santiago Ortega
Por: Santiago Ortega
Bien se profesaba en la década de los 90s, cuando se comenzaba a acuñar el término de cultura ciudadana en las principales ciudades de Colombia. A primera vista la enseñanza logró calar en varias cabezas. Hoy es común escucharlo en líderes políticos del país, sobre todo en tiempos de campaña, quieran o no cercanía con las raíces que lo originaron. Sin embargo, no podemos olvidar que ha sido usado incluso por dirigentes electos que terminaron privados de la libertad por aparatosos escándalos de corrupción. Reflejo de una doble moral, la glorificación del camino del atajo y el apogeo de la codicia, que se refleja en nuestra sociedad. Ignorando que los ecosistemas saludables son aquellos en los que sus miembros cooperan entre sí, y nunca toman más de lo que necesitan. Algo que podríamos replicar de observar la naturaleza, especialmente en uno de los lugares más biodiversos del mundo.
La actual revolución tecnológica nos da esperanza de poder poner fin a la intratable corrupción. Primero porque, al menos en teoría, es más difícil engañar a un millennial con su teléfono celular y acceso ilimitado a internet. El que con esta herramienta podrá verificar en tiempo real la veracidad de un hecho, sin importar la plétora de excusas que le den para encubrirla. Segundo, si a esto le agregamos las tecnologías de la cuarta revolución industrial al servicio de la ciudadanía, podríamos finalmente poner fin a esta tragedia. Con miras a salir del estancamiento en temas de corrupción evidente en nuestros puntajes del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, donde para 2020 obtuvimos 39 puntos sobre 100. Manteniéndonos en un puntaje similar durante toda la década y siendo penúltimo entre los 37 países de la OECD, solo superados por México.
Herramientas con el uso de Inteligencia Artificial (IA) que puedan determinar el cumplimiento de promesas de campaña y planes de gobierno, el cruce de contratos firmados Vs financiadores de campañas y el uso de Blockchain para seguimientos de contratos, son solo algunas de las soluciones con las que desde ya podríamos contar en el arsenal para combatir la corrupción. Algunas de estas soluciones incluso han sido prototipadas por equipos como el Centro de Innovación Pública Digital del MinTic. Sin embargo, hace falta voluntad política e incentivos para poder implementarlos a gran escala. Quizás la presión de una ciudadanía informada que haga uso de la información pública, podría ayudar a consolidar este tipo de soluciones con base tecnológica.
Aún contando con ventajas importantes para el seguimiento al uso de los recursos públicos gracias a la tecnología, al final puede ser insuficiente. Al igual que cualquier otra herramienta, solo es útil si existe el interés de alguien por usarla. No es desconocido que para la población en general los asuntos públicos son de muy bajo interés. Más del 50 % de los colombianos ni siquiera hace uso del voto, como principal mecanismo de participación. Este es un reto que requiere una transformación en la cultura ciudadana que incentive el interés en las decisiones que nos atañen a todos y que define en qué se gastan los presupuestos.
En Bogotá se han adelantado ejercicios para avanzar en este tema, como los presupuestos participativos. Espacios donde los ciudadanos de cada localidad pudieron priorizar los proyectos que más les interesaban para su comunidad y actualmente se encuentran a la espera de los siguientes pasos para lograr sus implementaciones. Muchos de estos espacios se realizaron de forma virtual y haciendo uso de herramientas tecnológicas, gracias a la transformación digital acelerada por la pandemia. Ahora la administración deberá garantizar que la participación sea tenida en cuenta en la ejecución de los programas.
Es probable que dentro de poco la tecnología nos permita pasar de la democracia representativa a una de participación directa. Y aunque para lograrlo habrá que sortear aún con barreras de acceso, tecnológicas y de interés políticos. Es necesario comenzar a trabajar en el cambio cultural que nos permita garantizar la democracia ante la revolución tecnológica o de cualquier otra índole. Lograr hilar el tejido social y fortalecer la participación ciudadana. Apalancarnos en el uso de la tecnología para aumentar los índices de transparencia. Y así, de forma cooperativa, garantizar que los recursos públicos sean usados únicamente para su santo deber.
*Director de Cultura Ciudadana
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
Dic 5, 2019 | Columnas de Opinión, Cultura Ciudadana, Nicolás Iregui Sanclemente
Por: Adriana María Carrillo Moreno y Nicolás Iregui Sanclemente*
Cada vez es más común ver cómo las rampas destinadas para que las personas con discapacidad puedan acceder a los andenes, son usadas por la mayoría de ciclistas y motociclistas. Adicionalmente, estas son obstaculizadas por todo tipo de vehículos quienes estacionan al frente y no dimensionan el esfuerzo que deben hacer las personas con discapacidad para lograr subir a los andenes teniendo en cuenta su gran altura, lo que refleja la insuficiente accesibilidad para estas personas.
El ejemplo anterior refleja el egoísmo de la ciudadanía en general hacia las personas que tienen discapacidad, falta ir a un centro comercial y ver cómo personas sin ninguna de estas condiciones parquean su vehículo en los parqueaderos azules ante la incapacidad del personal de vigilancia para sancionar este tipo de comportamientos.
En algunas ciudades de Estados Unidos, las calcomanías azules son de distribución exclusiva de las entidades gubernamentales, facilitando el control de las personas que tienen permitido el uso de los espacios azules.
Lo opuesto ocurre en Colombia donde estas calcomanías son de venta libre. Solo hasta el año pasado el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 583 con el fin de que las personas con discapacidad se registren de manera voluntaria ante la entidad y accedan a los beneficios estipulados por la ley.
También podemos ver cómo en los centros comerciales, tanto la gente que los visita como el personal que allí trabaja no dan prioridad en el uso de los ascensores a personas que realmente lo necesitan, por ejemplo, personas con discapacidad física que tiene que movilizarse en sillas de ruedas, camillas o muletas.
En ocasiones he escrito correos a dichas administraciones expresando mi inconformidad por el mal uso de ascensores sin recibir respuesta alguna. De esta forma, son necesarias nuevas prácticas en nuestros entornos para que todas las personas podamos compartir los espacios de una forma equitativa.
En el 2018 en Barranquilla, la fundación ItiaD implementó una campaña para conmemorar el Día de la Discapacidad a nivel mundial donde se repartían tarjetas con la frase “Amiguito no seas despistado” en los principales centros comerciales de la ciudad como una forma de recordar a la gente de hacer buen uso de los lugares dedicados a personas con algún tipo de discapacidad.
Ahora que el presidente designó a Jairo Clopatofsky como Consejero para la Discapacidad, es el momento de tomar correctivos, hacer una política seria y exigir que los espacios tengan mayor accesibilidad para las personas con discapacidad y no solo personas que se movilicen en sillas de ruedas, sino aquellas que no puede ver o escuchar, o con alguna discapacidad cognitiva, como el autismo.
Además de esto, este tipo de espacios se deben exigir en los centros comerciales, supermercados y comercios en general no solo para ser usados por personas con discapacidades sino por adultos mayores, mujeres embarazadas y familias con niños en brazos que puedan hacer uso de los espacios azules y de esta forma se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Constitucional 553/11, la cual ordena garantizar el derecho a la accesibilidad física y derecho a la libertad de locomoción de las personas con discapacidad.
Es urgente que la empatía supere el egoísmo y nuestra sensibilidad reconozca que somos diferentes y tenemos necesidades diversas. Y como dice la profesora y Doctora en salud pública Maribel Moreno “Independientemente de que se pueda ver, oír, caminar, sentir, oler, aprender, participar entre otras actividades, las personas son personas y poseen dignidad, tienen una forma de acceder de manera distinta, pero igualmente humana”.
*Columnista invitada y Miembro de número del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Nov 11, 2019 | Columnas de Opinión, Cultura Ciudadana, Paulius Yamin
Por: Paulius Yamin*
@Pauliusyamin
En Junio del 2017, dos noticias fueron difundidas en los principales medios de comunicación de Colombia: el Director Nacional Anti-Corrupción de la Fiscalía había sido capturado por acusaciones de corrupción, y el Secretario de Seguridad de Medellín había sido capturado por acusaciones de hacer pactos con bandas criminales para capturar otros criminales.
Estas noticias fueron apliamente difundidas por los medios en Colombia (y varios internacionales) como pocas veces ha sido noticia el trabajo de cientos de miles de servidores públicos que todos los días trabajan en hospitales, escuelas, cuarteles y oficinas para hacer nuestra vida mejor. Pero por más desalentadoras que puedan parecer, también muestran por qué la importancia de la integridad pública va mucho más allá de la pérdida de dinero. La integridad pública es esencial porque está ligada con un factor que puede tener un impacto incluso mayor en el funcionamiento de la democracia: la confianza en el Estado.
La integridad pública, según la OCDE, es seguir valores y normas éticas que privilegian el bien público por encima de los intereses privados. Aumentar la integridad pública y la confianza en el Estado es uno de los desafíos más importantes que enfrenta Colombia hoy en día. De hecho, el 94% de la población considera que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves del país, mientras que en 2018 Colombia ocupó su peor puesto en la historia en el Índice de Percepción de Corrupción (99 entre 180 países). Además, más de la mitad de personas creen que la corrupción ha aumentado en el ultimo año y que el Gobierno no está haciendo un buen trabajo al respecto. Para la muestra la consulta anticorrupción del 2018 que, a pesar de no haber alcanzado el umbral requerido, obtuvo el apoyo de más de 11 millones de ciudadanos, más de los que ese mismo año eligieron a Iván Duque como Presidente. Un año después de la votación, mientras conocemos los detalles de la red de sobornos más grande de la que se tenga noticia en Latinoamércia con los escándalos de Odebrecht, solamente uno de sus 7 puntos ha sido aprobado, mientras que varios no han tenido ni su primer debate.
Las percepciones que las personas tienen sobre elementos clave de la integridad pública como la ineficiencia (despilfarro de recursos públicos), la corrupción (robo de recursos públicos) y la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben están estrechamente relacionadas con los niveles de confianza en el Estado. En nuestro país, el 72% de la población dice tener poca o ninguna confianza en el Gobierno Nacional, mientras que el 81% siente lo mismo sobre los jueces, el 87% sobre el Congreso y el 88% sobre los servidores públicos en general.
Fomentar la integridad pública y la confianza en el Estado no sólo es bueno en teoría: también es una buena inversión. Sin ellas, cualquier meta que el Gobierno alcance será eclipsada por el daño social a largo plazo que crean la corrupción y la falta de confianza en el Estado. Aparte de los efectos directos que la corrupción tiene en los derechos humanos de los ciudadanos, estudios han mostrado que los niveles de confianza en el Estado están relacionados con los niveles de pago de impuestos, con las percepciones sobre qué tan justo es el sistema tributario y la legitimidad de las acciones del Estado, con el comportamiento de los mercados económicos y con la eficacia de las políticas públicas (especialmente las que requieren participación y cumplimiento por parte de los ciudadanos).
Pero a pesar de lo que los casos de corrupción publicitados en los medios parecen sugerir, el comportamiento poco ético no es cometido por personas que son intrínsecamente malas o que solamente le temen a fuertes multas o a la cárcel. Investigaciones psicológicas han mostrado que, de hecho, la gran mayoría de personas nos consideramos honestas y buenas en general, pero también usamos frecuentemente justificaciones para romper las reglas y obtener un beneficio (piense en frases como «no tenía otra opción», «lo hice por mis hijos» o «todo el mundo lo hace»). Y como Antanas Mockus ha investigado, las emociones, los principios morales y el deseo de mantener la imagen positiva que los demás tienen de nosotros también importan mucho en nuestro comportamiento, a veces incluso más que el miedo a las multas o a la cárcel.
Por eso, aunque las medidas tradicionales de control y castigo son necesarias, no son suficientes. Como los que hemos trabajado en el servicio público en Colombia (y sospecho que en muchos otros países) reconocemos fácilmente, tener buenas leyes, instrumentos técnicos y sanciones es necesario, pero no siempre garantiza transformaciones reales en las creencias y comportamientos cotidianos de los servidores públicos y los ciudadanos.
Pero si estas medidas no siempre son suficientes, ¿qué más podemos hacer? Varias experiencias prácticas en Colombia y el mundo han comprendido que los cambios sostenibles se crean a partir de movimientos colectivos y no de mandatos impuestos desde arriba, y están tratando de aprovechar los hallazgos de las ciencias psicológicas y del comportamiento para transformar las creencias y compotamientos de los servidores públicos y ciudadanos. Uno de los puntos clave en este sentido es generar transformaciones en los ámbitos en los que los ciudadanos más se relacionan con el Estado, empezando por la forma en que reportamos las actuaciones de los políticos y servidores públicos (que conocemos sobre todo a través de escándalos en los medios de comunicación) y la calidad de los trámites y servicios que reciben los ciudadanos.
Cambiar creencias y comportamientos no es fácil. Pero como mostré en mi anterior columna, tampoco es imposible. Pequeñas iniciativas que no requieren muchos recursos pueden tener un gran impacto, y muchas veces basta con un grupo pequeño de personas que se comprometan con el cambio y con inspirar a otros a que cambien también. En la siguiente entrega de esta columna, presentaré 3 iniciativas locales en las que he trabajado en los últimos años y que a pesar de su escala limitada, muestran ejemplos concretos de cómo instituciones, servidores públicos y ciudadanos pueden generar procesos de acción colectiva para aumentar la integridad pública y la confianza en el Estado en sus ámbitos cotidianos.
*Director de Cultura Ciudadana del Tanque de Pensamiento Al Centro. Investigación de contexto realizada por Lara Geermann .
Oct 7, 2019 | Columnas de Opinión, Cultura Ciudadana, Paulius Yamin
Por: Paulius Yamin*
@pauliusyamin
El término Cultura Ciudadana fue acuñado a mitad de la década de los 90s por Antanas Mockus en el plan de desarrollo de su primera Alcaldía titulado “Formar ciudad”. En ese momento, Bogotá tenía las tasas de homicidios y de muertes en accidentes de tránsito más altas de su historia, y tenía retos muy grandes en áreas como movilidad, espacio público, servicios públicos, educación y medio ambiente. Cultura Ciudadana surgió en ese momento como una estrategia de política pública que hacía énfasis en mejorar la convivencia a través de la pedagogía, influenciando “el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”.
Muchos años han pasado desde esa primera definición, y a pesar de los avances muchos de esos retos aún siguen vigentes en Bogotá y en el resto del país. Pero durante este tiempo, Cultura Ciudadana se convirtió también en uno de los referentes a nivel mundial cuando se habla de cambio de comportamientos para mejorar la convivencia en las ciudades. Esto se debe a que su aplicación contribuyó de manera importante a lograr resultados que pocas veces se han visto en intervenciones de política pública: desde las campañas de cultura ciudadana en la primera Alcaldía de Mockus, los ciudadanos de Bogotá lograron en solamente 11 años (1993-2004) reducir las tasas de homicidio en 70%, los accidentes de tránsito en 65% y el consumo de agua residencial per cápita en 46%, por ejemplo.
Pero después de tanto tiempo, ¿por qué vale la pena seguir insistiendo en cultura ciudadana? Porque las iniciativas de cultura ciudadana nos benefician a todos. Porque mejoran nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de vivir juntos y de cooperar para lograr beneficios comunes. Cultura ciudadana es entender que la causa y la solución de muchos de los problemas de la ciudad y del país dependen de los comportamientos y la cultura de los propios ciudadanos. Problemas tan actuales como las riñas (que según la información disponible son la primera causa de homicidios en el país), el respeto por el espacio público, el consumo de agua y energía, la movilidad, la discriminación, la violencia intrafamiliar y la corrupción, podrían resolverse o disminuirse en gran medida si las personas cambiaran algunos de sus comportamientos diarios. De hecho, ni las mejores leyes, cárceles, subsidios o políticas públicas tendrán impacto si no cambiamos nuestros comportamientos, “la cultura y la conciencia”.
Es también entender que muchas de las cosas que hacemos todos los días para obtener pequeños beneficios o porque “es más fácil” pueden hacerle daño a nuestros vecinos, a los demás ciudadanos que no conocemos, a la sociedad en su conjunto. Hay muchos ejemplos cotidianos de eso. Cuando decidimos no recoger el excremento de nuestra mascota en un parque nos ahorramos unos minutos y un poco de esfuerzo, pero es probable que otra persona tenga un muy mal día cuando lo pise. Cuando ahorramos plata haciendo trampa en la declaración de impuestos le quitamos recursos a los hospitales y colegios. Cuando nos colamos en Transmilenio le quitamos recursos a la mejora del sistema y contribuimos a su congestión. Y lo que es peor, le mostramos a las demás personas y a las nuevas generaciones que está bien hacer trampa, porque “si la mayoría de personas hace trampa yo también puedo hacerlo”…
Para insistir en cultura ciudadana con éxito, las administraciones deben entender que cultura ciudadana no es un tema aislado ni restringido a campañas publicitarias, y los ciudadanos debemos entender que nuestras acciones diarias tienen impacto en los problemas que nos aquejan, y que no es responsabilidad exclusiva del gobierno de turno hacer algo al respecto. Cultura ciudadana debe ser una estrategia integral de política pública para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que transforme a través de acciones innovadoras y participativas la cultura y el comportamiento de las personas. Que se base en datos detallados sobre el comportamiento y las percepciones de los ciudadanos, en diagnósticos psicológicos y sociales serios, y en los hallazgos y experiencias exitosas en ciencias del comportamiento que desde hace varios años están siendo desarrollados en los mejores centros de investigación y política del mundo (incluyendo por ejemplo la Universidad de Harvard, el London School of Economics, el Banco Mundial, la OCDE, varias agencias de Naciones Unidas y cientos de gobiernos y ONGs).
Pero aunque el poder del estado y las administraciones locales es muy importante para lograr estos cambios, no hace falta esperar a que ellos tomen la iniciativa. Muchas veces, basta que un grupo pequeño de ciudadanos se reúnan y decidan hacer pequeños cambios y a inspirar a otros “una esquina a la vez”. De hecho, alrededor del mundo hay cientos de ejemplos de intervenciones de bajo costo que iremos reseñando en AlCentro y que han logrado transformar los comportamientos de las personas para, por ejemplo, reducir el consumo de agua y energía en casa, reducir el matoneo en los colegios, reducir la basura en la calle, o aumentar el porcentaje de personas que reciclan o pagan impuestos (como experiencias en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Europa y Australia han mostrado).
Siempre tenemos muy buenas excusas, claro, pero no importa qué tan buenas creemos que sean, o qué tanto oigamos a otros repetirlas también: si no empezamos a pensar más en los demás y a cambiar nuestras acciones diarias, ni las excusas ni la quejadera a las que estamos acostumbrados van a hacer desaparecer los problemas que nos afectan a todos.
- Director de Cultura Ciudadana del Tanque de Pensamiento Al Centro
