Ago 10, 2020 | Columnas de Opinión, Contratación Pública Transparente, María Camila Herrera
Por: María Camila Herrera
La crisis sanitaria generada por el COVID 19 ha traído tanto consecuencias negativas para la salud como nefastos efectos en la economía generando la necesidad de iniciar una extensa lluvia de ideas para reactivar la producción, además de aquellas que ya han sido propuestas por el gobierno. Para esto serán esenciales iniciativas de todos los sectores de la sociedad, y el actor llamado a dar ejemplo en esta oportunidad, si no en todas, debe ser el Estado. Este debe realzar su liderazgo ahora más que nunca y proponer una agenda de políticas públicas al estilo del New Deal de Franklin D. Roosevelt con el objetivo de contribuir de la mano de reformas, leyes, programas de inversión pública, y a través de la intervención inteligente en los sectores más débiles.
Una de las alternativas mediante las cuales el Estado puede inyectar recursos de forma directa en la economía, que no solo tengan como fin la eventual recuperación de esta, sino que busquen el crecimiento de la misma a nivel nacional. Es decir, mediante la cual el Estado no solo logre la recuperación del comercio, sino que después de la “nueva normalidad” el país crezca económicamente para superar las pérdidas que ha dejado la crisis, es la contratación estatal. Esta es fundamental para lograr los fines esenciales del Estado y representa una parte importante de la economía del país debido al peso que tiene con relación al PIB y al gasto del gobierno. Solo en Colombia, según Fedesarrollo, la contratación pública corresponde al 12,5% del PIB y al 35,7% del gasto público.
Estos porcentajes de por sí ya son bastante altos, lo cual resalta su importancia. Al incrementarlos estamos aportando directamente recursos a la economía dando lugar al crecimiento de la vida productiva del país. A su vez, es una de las formas en las que es posible combatir la recesión económica, siendo muy cuidadosos con fenómenos como la inflación o el déficit fiscal. El Fondo Monetario Internacional elabora recomendaciones en la misma línea, pues exhorta al gobierno nacional a aumentar el gasto público para compensar la recesión actual. Una herramienta ideal para que esto suceda durante la crisis es la propia contratación pública, pues mediante el incremento del gasto permite que el Estado como actor económico sea un gran generador de empleo y actúe como una fuente de ingresos y crecimiento para las empresas colombianas.
Siendo así, es fundamental que los procesos de contratación relacionados con toda clase de obras y proyectos inicien tan pronto como sea posible, pues esta actividad está actualmente limitada y dirigida a priorizar la adquisición de bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia. Si bien debe mantenerse como prioridad la satisfacción de las necesidades que surgen de la crisis, no puede dejarse de lado la importancia de reactivar la economía en todos los sectores del comercio para superar las dificultades que prevén múltiples estudios en un futuro muy próximo, entre las que están la pobreza extrema y el incremento del desempleo.
La tramitación de nuevos contratos que no estén relacionados con la urgencia manifiesta es completamente posible a través de la celebración de audiencias públicas virtuales que permitan mantener el mercado de compras estatales; y mediante el uso de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Las entidades del sector público deben estimular estos procesos y agilizar la celebración de nuevos contratos que puedan ser ejecutados en un futuro cercano. Pues, aunque las medidas tomadas por el decreto legislativo número 440 de 2020, a través del cual se modifican leyes en temas contractuales, incluyen la no paralización de los pagos a contratistas, la contratación directa para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia, el aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies, la contratación por urgencia manifiesta, y demás; estas no estimulan nuevas contrataciones que impulsen la economía por proyectos u obras no relacionados con la pandemia.
Si nuestro fin es superar la crisis económica, desde ya es primordial tomar las medidas necesarias. La contratación estatal es una herramienta ideal y por lo tanto es imprescindible que se elimine toda limitación a la tramitación de nuevos contratos públicos no relacionados con la pandemia y que se fomente el inicio de nuevos procesos en todos los sectores a partir de las plataformas tecnológicas existentes. Así podrá iniciar el proceso de ejecución de estos, que dará lugar a una etapa de reactivación en la economía liderada por el Estado.
*Miembro Dirección de Contratación Pública
Feb 3, 2020 | Columnas de Opinión, Contratación Pública Transparente, Juan Felipe Cáceres
Por: Juan Felipe Cáceres*
Si existe un tema que a los bogotanos y a las personas que habitan en Bogotá incumbe a través de la historia es el de la construcción de un sistema de transporte público eficiente, cuya principal característica sea la de cumplir con la demanda y las necesidades de los habitantes de la capital colombiana.
Recordemos que a pesar de que Bogotá cuenta con el Transmilenio, un sistema de transporte con autobuses de tránsito rápido, su infraestructura y alcance de servicio se quedó corto para la cantidad de población que habita en la principal ciudad del país, ya que cuando fue inaugurado en el año 2000 por el alcalde Enrique Peñalosa Londoño, existían alrededor de 1´500.000 habitantes menos que los que hay hoy en día. Han existido debates, cuestionamientos acerca del servicio de Transmilenio, intentos de revocatoria del Alcalde Mayor entre otras acciones por los cuales los bogotanos no están a gusto; sin embargo, el momento de creer en que los bogotanos tengan un nuevo sistema de transporte público que cubra toda la demanda de la población y mejore la calidad de vida de estos y de quienes habitan en la capital es AHORA.
El 2019 fue decisivo para determinar el futuro de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), ya que, a inicios de febrero, el futuro de esta estaba en manos de un Tribunal, quien confirmó la decisión de una jueza de la República de que el Distrito había cumplido con todos los requisitos que establece el artículo 2º de la ley 310 de 1996, la cual establece los parámetros y exigencias para la cofinanciación y ejecución para el proyecto Sistema de Transporte Público Metro.
Después de una larga cadena de demandas interpuestas por miembros políticos pertenecientes a la oposición que solicitaban la caducidad de las vigencias futuras por un supuesto incumplimiento del Distrito en la ejecución de estas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue quien determinó que todo se había cumplido a cabalidad, y posteriormente en septiembre el Consejo de Estado en última instancia dejó en firme el Acuerdo Distrital 691 de 2017, por medio del cual el Concejo autorizó operaciones para el proyecto de la PLMB en las vigencias futuras comprendidas entre los años 2018 y 2041.
En noviembre, ya se acercaba la noticia. Dos consorcios se encaminaron para seguir en la carrera de ganar la licitación para la construcción. La primera de ellas fue Consorcio Metro de Bogotá, conformada por las empresas FCC Concesiones de Infraestructura (España), Carso Infraestructura y Construcción (México) y Promotora de Desarrollo de América Latina (México) mientras que el otro consorcio llamado APCA Transmimetro estaba conformado por China Harbour Engineering y XiÁn Metro Company Limited, dos empresas de Capital público chino. Ambas empresas cuentan con un gran poderío económico y alta experiencia en proyectos de este tipo, con mega obras como ingeniería naval, construcción de ferrocarril, carreteras, puentes, construcciones de obras municipales entre otras.
Fue así como el día 17 de octubre, la PLMB se adjudicó para el consorcio conformado por las gigantes empresas chinas de capital público, en el cual la participación de CHEC será del 85% mientras que XiÁn Metro Company Limited tendrá a su cargo participación del 15%. El 27 de noviembre de 2019 se realizó la firma del contrato, una noticia histórica que sacudió los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a su magnitud e importancia misma.
Los detractores del Metro quienes con constantes ataques intentaron tumbar el proyecto por diferentes medios y vías, son los mismos que estuvieron al mando de la ciudad durante 12 años y cuyo discurso político se basaba en prometer la realización del proyecto, sin siquiera ir más allá de unos estudios. Es por esto que Bogotá nunca había estado tan cerca de conseguir lo que por tantos años ha buscado para otorgarle una solución efectiva de transporte masivo a la ciudad, y así mejorar en un 100% la vida de millones de habitantes. Vivimos en una sociedad en la que, por discordias y odios fundados en pensamientos políticos de nuestros gobernantes, nos han privado de tener un sistema de transporte masivo acorde a las necesidades que como bogotanos tenemos y esperamos se suplan; la oportunidad que tiene la capital es única y debemos apoyar el proyecto para que su realización sea todo un éxito. El Metro es la mejor opción para satisfacer las necesidades y falencias que presentan los diferentes sistemas de transporte público de Bogotá, tales como TransMilenio, SITP y los buses urbanos. Estos a diario contaminan, son incómodos, su sistema de seguridad no es el adecuado para transportar tal cantidad de personas y en muchos casos los buses no cumplen con los requisitos mínimos para prestar el servicio.
La oportunidad que tiene la ciudad en este momento es de oro. Una ciudad que recibe con sus brazos abiertos a personas de todas las regiones del país, la capital de todos los colombianos y la ciudad que está 2.600 metros más cerca de las estrellas por fin puede tener un Sistema de Transporte Público que esté acorde con su número de habitantes, que sea apto para transportar cientos de miles de personas diarias de manera eficiente, segura y cómoda.
El Consorcio conformado por las empresas constructoras prometen estar a la altura de lo requerido para posiblemente la obra más importante en la historia de Santa Fe de Bogotá: tienen la experiencia, la capacidad de trabajo y sobre todo los recursos que están comprometidos para la consecución del éxito del proyecto y así mismo, de los fines estatales. En las manos de la alcaldesa entrante Claudia López y los funcionarios que hagan parte del Distrito está la debida ejecución, vigilancia y veeduría de las obras, pero también, en manos de todos los bogotanos y personas que habitan en la ciudad porque este es nuestro proyecto, el cual tiene como único fin de mejorar la vida de las personas habitantes de esta hermosa y gran ciudad. Demos un paso de un Metro.
*Miembro de número de la Dirección de Contratación Pública Transparente y Columnista invitado del Tanque de Pensamieno Alcentro.
Sep 19, 2019 | Columnas de Opinión, Contratación Pública Transparente, Juan David Duque Botero
Por: Juan David Duque Botero*
@jduque
Con la expedición de la Ley 1882 en enero de 2018, el Congreso de la República de Colombia encargó al Gobierno Nacional la labor de adoptar pliegos de condiciones tipo que permitieran la estandarización de los procesos de selección en la contratación de obras públicas, interventoría para obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras.
Esta medida se implementó con el propósito de incrementar la transparencia en los procesos de compra pública, necesidad que surgió en virtud de los altos índices de corrupción y colusión que se presentan a diario en estos escenarios y que, en últimas, son un reflejo de la desafortunada cultura política instaurada en Colombia.
Desde su entrada en vigencia, los documentos tipo han logrado los objetivos propuestos con su puesta en marcha. En efecto, las entidades contratantes, sobretodo en el nivel territorial, han sido testigos del aumento en el número de proponentes en los procesos de selección y la desconcentración de la contratación en un reducido y repetitivo número de empresas oferentes.
Así mismo, se ha suscitado la sana competencia e igualdad de oportunidades entre los participantes de los procesos de selección, se ha logrado mayor organización en los mismos y, en definitiva, se han gestado medidas cruciales en la lucha anticorrupción.
Debido a estos resultados, como era de esperarse, se impulsó –y actualmente se encuentra en curso– una iniciativa legislativa que busca obligar al Gobierno Nacional a adoptar pliegos de condiciones tipo en todo proceso de selección que deba adelantarse mediante licitación pública, es decir, ya no solo en materia de obras públicas.
No obstante, con gran preocupación y desatino, llama mi atención la disposición que los ponentes del Proyecto incluyeron como parte del artículo 2° para la última ponencia en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
A su tenor se lee que para la creación de pliegos tipo se constituirá una mesa técnica integrada no solo por el organismo técnico idóneo, que es Colombia Compra Eficiente, sino también por diversos agentes políticos, entre ellos, dos senadores y dos representantes de la comisión primera de ambas corporaciones del Congreso Nacional. También la mesa incluiría a la Federación Nacional de Municipios y a la Federación Nacional de Departamentos, quienes paradójicamente fueron los entes que mas se opusieron al trámite de la Ley 1882.
No se entiende cómo es posible que pretendan politizar una medida cuyo propósito especialísimo y principal es promover la transparencia, imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de contratistas. Con esta disposición pretenden convertir la evolución más importante en los últimos años en materia de contratación pública, en la principal herramienta de corrupción.
Debe advertirse que de expedirse esta Ley bajo los términos señalados, el Congreso será responsable de aniquilar el único instrumento capaz, en el tiempo reciente, de hacer más competitiva, transparente y eficiente la contratación pública en Colombia y, dicho sea de paso, de entorpecer el avance que hasta ahora el país ha logrado en el cumplimiento de estándares y buenas prácticas internacionales.
*Director de Contratación Pública Transparente del Tanque de Pensamiento Al Centro
