Mar 7, 2020 | Carlos Orlas, Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Carlos Orlas y Jorge Andrés Forero-González
Colombia, como país de regiones, tiene una deuda histórica con sus comunidades que pasa por no escuchar las múltiples voces de los actores sociales en los territorios. En el caso de la construcción de paz territorial en el marco del posacuerdo con las FARC-EP, se abre una posbilidad de saldar esa brecha, en lo que Sergio Jaramillo denominó Paz Territorial y que inspira el punto 1 y 4 del Acuerdo Finali. Esto concuerda con lo que Manuel Marulanda nombraba como un muro que separa la ciudad del campo: la exclusión política, el centralismo y la mirada al campo como fuente de materias primas, es decir, un campo sin campesinos. Este escenario, a su vez, exige el necesario acuerdo con el ELN y con los paramilitares de las AGC que han manifestado su interés de somerse al Estado colombiano en la búsqueda de la llamada #PazCompleta.
En Al Centro se abre la posibilidad de que voces de las regiones confluyamos en un proposito común que es el diálogo social desde diferentes orillas. Principalmente en clave de alimentar el centro de pensamiento y aumentar la masa de información crítica para la toma de decisiones. No hay que ser poder, o estar en el poder, para pensar y actuar sobre la política. Al Centro se perfila, entre otras cosas, como una cantera de ideas para la construcción de paz territorial, en el entendido que la transición generacional que exige vencer la narrativa de la guerra, piensa la paz más allá de los acuerdos firmados y afronta la incidencia política desde lecturas alternativas y nacidas de los mismos territorios. Para Al Centro aglomera diferentes expresiones de lo político capaces de leer y sentir el país en clave transformadora.
Ante el rechazo que los partidos políticos y el sistema político colombiano le generan a la ciudadanía en general, es necesario construir plataformas y confluencias que permitan relanzar la política en su sentido genuino, a saber, como el arte de servir. Ya Fals Borda hablando con los pescadores de Bolívar había dado una pista clave para entender la Colombia profunda, y es con lo que llamó el sentipensamiento. Esta postura encara la posibilidad de leer nuestros territorios desde una orilla diferente a la del poder homogenizante y centralizado, generalmente en las voces de expertos que no dialogan con las realidades sociales de las comunidades, y si lo hacen es desde un escritorio en las capitales.
Por lo anterior es que celebramos el primer encuentro nacional de Al Centro y su voluntad de construir desde la diversidad, desde la amplitud de visiones y con la vocación de juntarnos con esa potencia que es la otredad, una “multitud proliferante” como la llamaba Carlos Enrique Restrepo, filósofo antioqueño (Q.E.P.D).
i. Los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas.
*Director y miembro de la Dirección de Construcción de Paz
Nov 26, 2019 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Jorge Andrés Forero*
@achioteco
Finalmente el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. En un evento sobrio en el teatro Colón de Bogotá y sin la apoteósica fiesta que se vivió en Cartagena una semana antes de la pérdida del plebiscito, se escuchó al unísono un grito de “sí se pudo” por parte de víctimas de la guerra, la comunidad internacional y las partes en la mesa.
La pérdida del plebiscito va a ser el hecho político que ha polarizado su implementación especialmente por las voces del Centro Democrático, que ha abanderado su victoria en las elecciones presidenciales del 2018 y su importante bancada en el congreso en la legitimidad de 50.5% que votó NO al acuerdo de paz de la Habana.
Como lo reconoció hace unos días Juan Carlos Vélez, el director de campaña del comité del NO, se buscó que “la gente saliera verraca a votar”, las fakenews y el fracaso de las encuestas fueron protagonistas, así como el miedo, la falta de pedagogía de lo acordado y un bajo nivel de popularidad de Santos, por su política económica y social, finalmente derrotaron la apuesta por el plebiscito por la paz.
En tres años de la firma del acuerdo, son muchos los balances posibles. Desde lo simbólico y el cambio en la perspectiva electoral, las elecciones presidenciales del 2018 volvieron a tener como protagonista el acuerdo de paz.
En esta elección con el senador Gustavo Petro se dio una votación histórica para un candidato de coalición alternativa y de izquierda que fue superada por la fuerza electoral de Iván Duque quien aglutinó a los partidos y la clase política tradicional y del movimiento cristiano con el aval dominante del Centro Democrático y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe.
Aún más significativo que esta elección fueron los casi 12 millones de votos de la consulta anticorrupción (a semanas de la posesión de Duque), que si bien no alcanzó el umbral demostró un cambio de agenda política que permitió el acuerdo tras superar la narrativa de la guerra.
Que hoy Claudia Lopez, vocera de la consulta, sea alcaldesa de Bogotá, así como el triunfo de sectores no tradicionales en las principales alcaldías y varias gobernaciones del país demuestran los cambios de prioridades de las agendas políticas de las mayorías electorales del país, e incluso de los medios generadores de opinión.
Así como el partido de gobierno perdió en estas elecciones el poder regional, perdieron los partidos tradicionales y líderes importantes de los mismos
quienes se presentaron como independientes, otro elemento importante de cambio.
De los 6 puntos de acuerdo, los más lentos en su implementación han sido la Reforma Rural Integral y de la Solución al Problema de Drogas Ilícitas. No puede desconocerse la importancia de apuestas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que puso a soñar y participar más de doscientas mil víctimas de la guerra en 170 municipios priorizados para la implementación del acuerdo.
Por su parte, hay que reconocer la importancia que más de cien mil familias se hayan comprometido con el PNIS Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, y haya erradicado de manera voluntaria cerca de 40 mil hectáreas de coca, bajo la premisa de una apuesta integral de política social, económica y de acceso a oportunidades de las familias cocaleras.
Que con Santos y Duque en tres años, no se haya respondido a esas expectativas y que la asistencia técnica no haya llegado a los territorios ha generado una crisis de legitimidad y de confianza en el programa por todas las partes. Este punto es fundamental y ¡hay que seguir insistiendo!
El punto de Participación Política, generó posibilidades como las del estatuto de la oposición que ha dado nuevos elementos para la democracia colombiana y la fortalecen. Que desde las elecciones de 2018, las segundas votaciones en las contiendas hayan accedido a sillas en el congreso de la república y en los consejos y asambleas municipales, generan equilibrios en agenda política. Así mismo se han recibido con interés las réplicas de los partidos de oposición a las alocuciones presidenciales que ha permitido proceso de unidad de bancadas que es un elemento clave para la construcción de la democracia representativa.
Del punto de Fin del Conflicto, surge el partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común. Con 10 sillas de la ex guerrilla en el Congreso de la República se han dado claros escenarios del cambio de las armas a la política. Esto no es nuevo en la historia del país y ex m de insurgencias como la del M19 han sido protagonistas en la historia reciente de la democracia colombiana.
Sin embargo, que ex integrantes de las FARC-EP estén en el congreso y tengan un partido político ha generado posibilidades para que más de diez mil combatientes y más de diez mil armas que fueron parte de la guerra, salieran del conflicto.
Así mismo que recientemente el presidente Iván Duque haya declarado a 391 municipios libres de minas antipersonales derivadas de este punto del acuerdo, es un logro evidente para la seguridad y visión de futuro de miles de colombianos del mundo rural que ha sido afectado por esta tragedia.
Ha avanzado el país con el punto referente al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Trabajo como el de la Comisión de la Verdad han generado escenarios para el encuentro entre víctimas y
victimarios, e ir a las historias de las violencias y los dolores de la guerra con perspectiva reparadora.
Pese a las críticas a la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad en la cual cada vez más actores, no solo los militares, sino del sector privado y de procesos no cerrados como el de la historia del paramilitarismo en el país, se sumen a su amparo es un hecho político novedoso en la historia de los procesos de paz en el país que avanzan hacia una justicia restaurativa basada en la verdad.
Que esté en marcha una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es una esperanza para las víctimas del conflicto armado que siguen esperando respuesta sobre sus seres queridos. La tarea de la reconciliación con acciones concretas para la construcción de paz sigue siendo el desafío generacional de una Colombia herida por la guerra, pero resiliente, alegre y convencida de la apuesta de paz.
Finalmente, en el punto referente a la Implementación y Verificación de lo acordado, hay que resaltar el apoyo al unísono de la comunidad internacional con la agenda política de la implementación de lo acordado. El sistema integral de Naciones Unidas, incluyendo a la Misión del Consejo de Seguridad y de la MAPOEA están en los territorios acompañando los procesos de implementación en especial en lo referente a la reincorporación.
Las misiones diplomáticas y embajadas en el país se suman permanentemente a las iniciativas de paz e instan al Estado Colombiano a la implementación de lo acordado. Que haya instancias que le hacen seguimiento al enfoque de género y étnico de lo acordado ha permitido que políticas importantes para la construcción de paz como el Plan Marco de Implementación incluyan perspectivas étnico territoriales, de género y de mujer, familia y generación. Estas posibilidades de generar agenda política desde la participación de las organizaciones sociales y víctimas de la guerra para la construcción de paz son fundamentales para proyectar el futuro de Colombia.
A tres años de lo acordado, las movilizaciones, el paro y los cacerolazos que iniciaron este 21 de noviembre la agenda de paz sigue siendo protagonista. El rechazo a la muerte de los más de 600 líderes y lideresas sociales, de pueblos indígenas, afros y de campesinos comprometidos con la implementación resuena en las calles.
Las demandas por más y mejor empleo y condiciones de seguridad social en el país han sido escuchadas con más fuerza porque este país sigue derrotando la narrativa de la guerra. Estos cambios son impulsados especialmente por una generación joven crítica y propositiva que sueña a Colombia más allá de los señores de la guerra y condena sus acciones como hechos del pasado.
A tres años de firmado el Acuerdo de Paz, somos y sentimos un país diferente. Rodear la implementación de lo acordado es un punto de partida y un paso de gigante para el porvenir del país. Ahí como generación de paz seguiremos comprometidos, alegres, tercos y soñadores.
*Director de Construcción de Paz del Tanque de Pensamiento AlCentro
Sep 30, 2019 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Jorge Andrés Forero*
@AchioteCo
A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado.
Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.
Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.
Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.
Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades.
En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.
Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque.
La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”.
Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET. Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios.
Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.
En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.
Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos.
Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (…) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!
*Director de Construcción de Paz del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Sep 13, 2019 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Jorge Andrés Forero González*
@AchioteCo
A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado. Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.
El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.
Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.
Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.
Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”
Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.
Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.
Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque. La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.
Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”. Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET.
Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios. Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.
En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.
Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos. Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (…) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.
Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
Fuentes: Declaración final y Balance de la Cumbre de Delegados/as No Estatales de Instancias Derivadas del Acuerdo Final de Paz. Disponible en: https://www.conpicolombia.com/2019/09/declaracion-final-de-la-cumbre-de.html
¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año de gobierno de Duque? Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-que-va-el-acuerdo-de-paz-a-un-ano-de-gobierno-de-duque/
