Por: Germán Dario Arias Pimienta

La Comisión Europea define las plataformas tecnológicas como “Empresas que operan en mercados de dos o múltiples partes, que utilizan Internet para facilitar las interacciones entre dos o más grupos de usuarios distintos pero interdependientes, a fin de crear valor al menos para uno de esos grupos”, lo que implica nuevos modelos de negocio y sustitución de algunos existentes como ha pasado a lo largo de la historia.

Los nuevos mercados digitales se sustentan en tres elementos: Unos usuarios que demandan uno o varios servicios, unos proveedores que ofrecen uno o varios de ellos y una plataforma que se encarga de unir oferta con demanda a cambio de un precio que puede ser cero, una comisión, o cualquier otro tipo de remuneración que se acuerde entre las partes, como es por ejemplo el uso de datos de usuario.

Estas nuevas dinámicas implican grandes retos para hacedores de política y reguladores, dado que los modelos de intervención tradicionales construidos sobre una teoría económica clásica, parecen no funcionar en la economía digital. Este fenómeno ha sido estudiado por prácticamente todos los organismos multilaterales como la OCDE, la UIT, el Banco Mundial, la CEPAL, etc., quienes coinciden en varios elementos, de los cuales quiero resaltar los siguientes:

• Es necesario revaluar los modelos de intervención en la economía dado que las dinámicas de las plataformas digitales son distintas a las de los negocios tradicionales. Ejemplo de ello es la definición de precio que puede ser incluso cero, cuestión que podría despertar sospechas desde la óptica de la regulación tradicional (Subsidios cruzados, precios predatorios, etc.), sin embargo, el análisis de los precios ha llevado a construir nuevas metodologías de definición de mercados relevantes y poder de mercado, entre otros aspectos.
• Los Gobiernos no pueden pretender regular las plataformas basados en normas existentes, por lo tanto es necesario crear nuevas reglas que privilegien la innovación, los nuevos modelos de negocio, la transparencia y la protección de los intereses de los consumidores.
• Históricamente el desarrollo tecnológico ha tenido efectos en la economía, sin embargo, la respuesta no puede ser frenar la innovación por proteger intereses particulares. Es necesario buscar el equilibrio y mecanismos de transición que minimicen los posibles efectos negativos.
• El aprovechamiento de la cuarta revolución industrial comienza por un cambio cultural, en especial en el gobierno, dado que finalmente es el gobierno quien define las políticas públicas.
• La economía digital es global por naturaleza, lo que implica que se requieran soluciones integrales y coordinación internacional más allá de las fronteras físicas.
• Las estructuras de intervención de los estados donde prima lo vertical sobre lo horizontal no funciona en la economía digital, que por naturaleza es transversal a todos los sectores, por lo tanto es necesaria la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional o incluso de nuevas instancias para la toma de decisiones.

En este sentido, causa un poco de preocupación ver como actualmente en el Congreso de la República cursan sendos proyectos que pretenden regular las plataformas tecnológicas de transporte, donde el elemento común (Con excepción de un proyecto) es pretender aplicar las reglas de los negocios tradicionales a los nuevos negocios, que como lo dije anteriormente, es un error que nos llevaría a conseguir resultados sub-óptimos, freno a la innovación y no reconocimiento de los intereses de los consumidores.

En estos proyectos se pretende que los vehículos que presten servicios de transporte tengan un tratamiento similar a los de los taxis tradicionales, cuando lo correcto sería que los taxis tradicionales tengan un nuevo tratamiento para que puedan competir con los nuevos modelos de negocio. No se consiguen los mejores resultados regulando los nuevos modelos sino desregulando los existentes.

Reconozco que existen retos relacionados con las cargas públicas del servicio tradicional, el pago de cupos, seguridad social, etc., a los que se les debe buscar una solución, pero ésta no puede ser la protección de un sector que por más de 50 años ha podido beneficiarse de las barreras artificiales del negocio, como es el cobro de cupos millonarios por cada carro que pretenda prestar el servicio público de transporte de pasajeros.

Soluciones como el cobro de un porcentaje de los ingresos para la creación de un fondo de modernización parece sano, buscar la desregulación y modernización de las reglas de prestación del servicio de taxis también, incluso la obligación de un registro y contar con seguros para la protección de los pasajeros es necesario, pero pretender que la operación de las plataformas tecnológicas tenga que regirse por las mismas reglas que hoy aplican al servicio de transporte, no solo es anacrónico, sino que riñe con las mejores prácticas y especialmente, no reconoce los intereses de los consumidores, quienes piden a gritos mejores servicios, más accesibles y donde ellos tomen las decisiones respecto de quien les presta el servicio, en que condiciones  y a que costo.

La cuarta revolución industrial ya está aquí, con grandes beneficios para las empresas y en especial para los ciudadanos, por lo tanto pretender frenar el desarrollo con reglas que no reconocen la nueva realidad, nos puede traer graves consecuencias, tanto en términos de crecimiento económico, como en bienestar de la población.

*Columnista Invitado

Por: Pablo Trujillo

Iniciada la emergencia sanitaria muchos esperaban que estuviera lejos el día en el que la pandemia se abriese paso hacia los territorios más olvidados del país: El Amazonas, Chocó, la Guajira y la región insular colombiana, tendrían que soportar el golpe del virus en una situación de precariedad abrumadora. Una crisis multisectorial como la que se vive hoy en el país revela con crudeza el crecimiento disparejo entre regiones del que ha sido objeto Colombia, que mira con tristeza e impotencia el decaído estado de las regiones más desfavorecidas del país. La situación crítica en las regiones ha admitido la pregunta que algunos parlamentarios se han hecho en estos días: ¿El modelo unitario le falló a las regiones?

A pesar de vivir entre las mismas líneas fronterizas y ser acreedores de los mismos derechos, para nadie es un secreto que de departamento en departamento la situación cambia bruscamente, y entre más lejos de Bogotá, más pequeña es la porción del presupuesto nacional, donde tantas veces hay que raspar la olla para satisfacer las necesidades de 32 departamentos y sus distritos especiales. La compleja dependencia de las regiones con la capital pone sobre la mesa la fiabilidad del Estado unitario y la exclusividad en el manejo de los recursos desde el gobierno nacional.

De ser así, habría que desempolvar la discusión federalista que parecía haberse archivado hace más de un siglo. La intensificación de los problemas que residen en la construcción del país “de adentro para afuera” justifica volver al debate sobre el Estado unitario, donde es indiscutible que hay departamentos donde no se recibe acorde con lo que se da, o donde algunos departamentos simplemente no son beneficiados acorde a sus necesidades. A lo largo de los años se ha evidenciado que el gobierno nacional no puede apreciar completamente los problemas locales, no tiene ni ha tenido la capacidad operativa para resolverlos todos y tampoco le ha dado las herramientas suficientes a los departamentos para que éstos actúen. Por supuesto, el federalismo implica el reto de articular las iniciativas locales con las metas nacionales, pero a cambio veremos un crecimiento más equitativo con departamentos fortalecidos y proactivos que puedan contribuir con creces a la nación, particularmente en el ámbito económico al explotar el potencial productivo y de innovación en cada territorio.

            Tal vez la ventaja más publicitada del federalismo es la garantía de autonomía y recursos para las gobernaciones de modo que estas puedan ejercer con mayor pragmatismo y eficiencia en la construcción de políticas públicas mejor enfocadas frente a los problemas particulares que enfrenta cada región. Los gobiernos del siglo XXI han dado pasos importantes en la atención a los territorios más apartados del país, pero las funciones del Gobierno solo pueden ramificarse hasta cierto punto antes de que este empiece a perder su eficacia o incurra en gastos públicos insostenibles e injustificados. Las situaciones complejas en los departamentos requieren mayor celeridad y algo más que “paños de agua tibia”, como se han denominado en ocasiones las soluciones transitorias que más temprano que tarde terminan por caerse.

Con mayor autonomía para los territorios el federalismo permite la implementación de normas locales o departamentales, elemento beneficioso para formar una suerte de “laboratorios” de política pública donde se puedan ensayar los efectos de iniciativas como la regulación del consumo de estupefacientes o el ingreso básico universal a nivel regional antes de lanzarlas al debate nacional. La política desde los departamentos puede entonces ofrecer soluciones innovadoras al narcotráfico, a la pobreza multidimensional y al aún limitado acceso a la educación, que dependen en gran parte de legislación que el Congreso de la República tardaría en proponer, debatir y tramitar a nivel nacional.

En el caso de adoptar un modelo federal para el manejo presupuestal y tributario, gobernaciones y alcaldías tendrían mayor autonomía a la hora de estructurar su presupuesto acorde a lo que tienen y lo que necesitan sus departamentos. En las regiones menos favorecidas económicamente esto suena atractivo, entre otras cosas podría ser finalmente poseedores de las regalías por la explotación de sus recursos naturales, como es el caso del Catatumbo, largamente explotado y pocas veces beneficiado por las petroleras multinacionales.

La interminable procesión de gobernadores encargados en la Guajira y otras regiones por malos manejos del presupuesto local devela la necesidad de fortalecer las labores de control de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía a nivel nacional y departamental para evitar actos semejantes de corrupción en un escenario federal donde habría mayor erario y poder en las manos de los dirigentes locales. Igual que repensar la labor de los entes de control, habrá que discutir qué funciones deben quedar en manos del gobierno nacional y qué debe pasar al dominio de los departamentos.

Un debate como éste es largo y complejo, no se trata de un simple “cambio de canal”; Es la reestructuración de un Estado que debe velar por la equidad en el cumplimiento de los derechos de cada colombiano independiente de la región donde viva, a fin de cuentas, al igual que una cadena y sus eslabones, Colombia es tan fuerte como su región más débil y vulnerable.

Al momento no se sabe si la iniciativa federal se traduzca en un proyecto de acto legislativo para cambiar la configuración territorial del país. Sin embargo, la crisis que hoy atraviesa el país exige que nos preguntemos por la eficacia del sistema unitario colombiano y el papel de los departamentos en el plano nacional: ¿El gobierno unitario encapsula el potencial del país? ¿Qué hacer para saldar la deuda con tantos territorios olvidados?

*Columnista Invitado