Los recursos públicos son sagrados.

Los recursos públicos son sagrados.

Mar 11, 2021 | Columnas de Opinión, Cultura Ciudadana, Santiago Ortega

Por: Santiago Ortega 

Bien se profesaba en la década de los 90s, cuando se comenzaba a acuñar el término de cultura ciudadana en las principales ciudades de Colombia. A primera vista la enseñanza logró  calar en varias cabezas. Hoy es común escucharlo en líderes políticos del país, sobre todo en tiempos de campaña, quieran o no cercanía con las raíces que lo originaron.  Sin embargo, no podemos olvidar que ha sido usado incluso por dirigentes electos que terminaron privados de la libertad por aparatosos escándalos de corrupción. Reflejo de una doble moral, la glorificación del camino del atajo y el apogeo de la codicia, que se refleja en nuestra sociedad. Ignorando que los ecosistemas saludables son aquellos en los que sus miembros cooperan entre sí, y nunca toman más de lo que necesitan. Algo que podríamos replicar de observar la naturaleza, especialmente en uno de los lugares más biodiversos del mundo.

La actual revolución tecnológica nos da esperanza de poder poner fin a la intratable  corrupción. Primero porque, al menos en teoría, es más difícil engañar a un millennial con su teléfono celular y acceso ilimitado a internet. El que con esta herramienta podrá verificar en tiempo real la veracidad de un hecho, sin importar la plétora de excusas que le den para encubrirla. Segundo, si a esto le agregamos las tecnologías de la cuarta revolución industrial al servicio de la ciudadanía, podríamos finalmente poner fin a esta tragedia. Con miras a salir del estancamiento en temas de corrupción evidente en nuestros puntajes del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, donde para 2020 obtuvimos 39 puntos sobre 100. Manteniéndonos en un puntaje similar durante toda la década y siendo penúltimo entre los 37 países de la OECD, solo superados por México. 

Herramientas con el uso de Inteligencia Artificial (IA) que puedan determinar el cumplimiento de promesas de campaña y planes de gobierno, el cruce de contratos firmados Vs financiadores de campañas y el uso de Blockchain para seguimientos de contratos, son solo algunas de las soluciones con las que desde ya podríamos contar en el arsenal para combatir la corrupción. Algunas de estas soluciones incluso han sido prototipadas por equipos como el Centro de Innovación Pública Digital del MinTic. Sin embargo, hace falta voluntad política e incentivos para poder implementarlos a gran escala. Quizás la presión de una ciudadanía informada que haga uso de la información pública, podría ayudar a consolidar este tipo de soluciones con base tecnológica.   

Aún contando con ventajas importantes para el seguimiento al uso de los recursos públicos gracias a la tecnología, al final puede ser insuficiente. Al igual que cualquier otra herramienta, solo es útil si existe el interés de alguien por usarla. No es desconocido que para la población en general los asuntos públicos son de muy bajo interés. Más del 50 % de los colombianos ni siquiera hace uso del voto, como principal mecanismo de participación. Este es un reto que requiere una transformación en la cultura ciudadana que incentive el interés en las decisiones que nos atañen a todos y que define en qué se gastan los presupuestos.

En Bogotá se han adelantado ejercicios para avanzar en este tema, como los presupuestos participativos. Espacios donde los ciudadanos de cada localidad pudieron priorizar los proyectos que más les interesaban para su comunidad y actualmente se encuentran a la espera de los siguientes pasos para lograr sus implementaciones. Muchos de estos espacios se realizaron de forma virtual y haciendo uso de herramientas tecnológicas, gracias a la transformación digital acelerada por la pandemia. Ahora la administración deberá garantizar que la participación sea tenida en cuenta en la ejecución de los programas.

Es probable que dentro de poco la tecnología nos permita pasar de la democracia representativa a una de participación directa. Y aunque para lograrlo habrá que sortear aún con barreras de acceso, tecnológicas y de interés políticos. Es necesario comenzar a trabajar en el cambio cultural que nos permita garantizar la democracia ante la revolución tecnológica o de cualquier otra índole. Lograr hilar el tejido social y fortalecer la participación ciudadana. Apalancarnos en el uso de la tecnología para aumentar los índices de transparencia. Y así, de forma cooperativa, garantizar que los recursos públicos sean usados únicamente para su santo deber.   

*Director de Cultura Ciudadana

*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

Mar 9, 2021 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Daniel Albarracín

Por: Daniel Albarracín

La última serie con la cual cierro este tríptico de reflexiones y recomendaciones, se desarrolla en un contexto mucho más cercano en tiempo y espacio al contexto Colombiano. “Patria”, disponible en HBO, es la adaptación para televisión –streaming- de la novela del mismo nombre escrita por Fernando Aramburu, y en ella se hace un relato sobre el impacto del conflicto armado y político en el País Vasco.

La historia se desarrolla en la localidad de Guipúzcuo en la “Euskadi profunda” en la cual el grupo armado ETA tenía una amplia actividad militar y acogida social. Esta historia aborda un elemento que las anteriores series no habían tratado (ciertamente no lo pueden abordar todo), y son los lazos comunales y familiares que se transforman a calor de los conflictos armados. Esta vez, la amistad entre las familias protagonistas se ve rota por las amenazas y posterior asesinato de Txato Lertxundi (transportista) y la captura de Joxe Mari (integrante del ETA).

El relato inicia con la declaración en 2011 de ETA en la que anuncia el cese definitivo de su actividad armada, lo cual permite a Bittori –viuda de Txato- poder buscar la verdad sobre la muerte de su marido. El egreso de Bittori a Guipúzcio, no es bien recibido por los habitantes del pueblo, incluido el párroco y su antigua amiga (Miren) por miedo a abrir la heridas del pasado. En su proceso de búsqueda de la verdad, se van sumando fragmentos de los “años de plomo” que sacudieron a España.

Si bien esta serie no contó con la participación de la televisión pública en su producción, especialmente al ser la adaptación de una novela (best seller en su momento) deja a la audiencia extranjera una mirada muy especial de las fracturas sociales que generan los conflictos armados, las incoherencias de los grupos armados al largo plazo, la represión institucional sin distinción alguno. Pero sobre todo lo que genera la ausencia de un proceso de negociación que deja en el limbo a las víctimas y los victimarios frente a sus derechos y responsabilidades.

Ciertamente ETA, a pesar de contar en diferentes momentos con representaciones políticas electorales (Herri Batasuna) y de los diferentes intentos  de lograr una negociación política –de casi en todos los gobiernos democráticos-, lo cierto es que ETA tuvo una disolución unilateral. La posibilidad de una victoria armada se fue haciendo cada vez menos posible, y el “tren de la historia” los dejo como un “grupo terrorista” al margen de las posibilidades políticas españolas del siglo XXI.

A las heridas de la dictadura franquista se le suman las de ETA, ambas son una caja de pandora para la política y sociedad española igual o más polarizada que la colombiana; especialmente por grupos de extrema derecha como VOX (admirado por políticos del Centro Democrático) que atacan toda posibilidad de búsqueda de la verdad que no se ajuste a su versión de la historia. En ese contexto una serie como “Patria” puede ser una lección de historia, muy sutil, para quienes no lo vivieron o un recordatorio no tan agradable para quienes vivieron eso años tan difíciles y sangrientos.

Para el contexto Colombiano, esta serie nos permite valorar la importancia de una salida negociada al conflicto armado y sobre todo de contar con un como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); que entre sus retos y críticas generará unos aportes fundamentales para las víctimas y la sociedad en general. Elementos que no se aplicaron para los grupos guerrilleros que se desmovilizaron a en vísperas de la Constitución de 1991, y cuyos actos quedaron sepultados en un indulto generalizado.

Actualmente el SIVJRNR y la implementación del Acuerdo son fruto de un cambio en la relación de fuerzas entre las FARC y el Estado colombiano, y de una apuesta por una participación política-electoral por parte de los exguierrilleros. Pero con las disidencias de las FARC, el ELN, los reductos del EPL y otros grupos armados no se ve pronto una salida negociada (elementos de la próxima columna).

Con esta tercera columna cierro un ciclo especial de reflexiones sobre ciertos acercamientos –audiovisuales y comerciales- a partir de tres momentos y contextos especiales por su crueldad y que nos pueden aportar en gran medida como sociedad en un proceso de transición. Ya veremos cuando nos toque la oportunidad de relatar nuestra historia en estos formatos digitales, y la manera en que nos representaremos o nos representarán.

*Miembro dirección de Construcción de Paz
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La descentralización, un lugar común

Mar 9, 2021 | Columnas de Opinión, Ernesto Forero, Temático Departamento de Magdalena

Por: Ernesto Forero

 

El año 2021 es un año “pre electoral”, como denominamos en Colombia al año anterior al que habrán de realizarse elecciones para cargos de elección popular. Los años pre electorales son años que se han caracterizado a través de la historia por estar cargados de promesas de cambio, de renovación, de purgas partidistas, de críticas acérrimas al gobierno de turno, y, como no, por surgimiento de mesías redentores. 

Lo que hemos podido apreciar durante lo que va corrido del primer trimestre del presente año 2021, es que será un año pre electoral típico: la izquierda nos ha prometido un pacto histórico (con Roy y Benedetti incluidos); la derecha prepara una propuesta política que promete aglomerar a ex mandatarios locales coronados con halos de éxito en sus gestiones; el centro sigue siendo una especie de terreno deseado, místico, atractivo, inexplorado (aunque atacado. Qué paradoja); las antiguas FARC se relanzan y el Centro Democrático aun no despliega su estrategia. Tampoco han faltado los mesías, claro. El más reciente es sin dudas el profesor Alejandro Gaviria, quien se ha dedicado a esquivar abrazos partidistas que le han lanzado desde todas las esquinas.

Lo que hasta el momento hemos echado de menos en toda la dinámica anterior son las propuestas que subyacen (o deben subyacer) bajo los cimientos de las promesas salvadoras. Son las propuestas, y no las luces de los anuncios, ni el ingenio de los tuits, las que deben servir de guía para toda esa población (el suscrito incluido) que ha sido seducida por la promesa generalizada de un mejor país. 

Hasta el momento, de propuestas pocón. 

La descentralización, en particular, es un tema sobre el cual todos los colombianos deberíamos conocer qué piensan y qué proponen los partidos (nuevos y viejos), las nuevas alianzas y claro, también los mesías. A diferencia de otras propuestas, las cuales giran sobre un tema específico, la descentralización se refiere a un modelo de país, y la forma como lo conciba un partido o un jefe de un gobierno, puede llegar a tener un impacto fundamental en la vida de los colombianos. Este es un terreno en el que todos patinan, y no es para menos. 

Quienes vivimos en la provincia, como se denominaba en la antigua Roma aquellos territorios conquistados fuera de Roma, hemos podido observar cómo el modelo actual de descentralización hace depender el porvenir de una región de coyunturas particulares como son, por ejemplo, que el alcalde o gobernador de turno tenga buena relación con el Presidente, o que el gobierno local tenga la fuerza política de contar con un ejército de senadores y representantes que patinen temas y recursos en la Capital, o que el Gobierno central deseé conquistar políticamente el territorio y por tal virtud interesarse en él. Como ejemplos de lo anterior, podríamos mencionar casos como el de Barranquilla durante el gobierno Santos o el de Medellín durante el gobierno Uribe.  

Esa dinámica crea cantidades de círculos viciosos que terminan a la postre supeditando la gestión de los mandatarios regionales a una buena y fluida cooperación con el Gobierno central, lo cual, si bien es un deseable, no puede convertirse en un condicionante para garantizar la buena gestión de los gobiernos regionales. Aseguramos que se forman círculos viciosos al interior de otros círculos viciosos pues esa necesaria dependencia entre gobierno local y central abona el terreno para la aparición, por ejemplo, de intermediarios políticos que hacen de la política un negocio, o para el surgimiento de paralelismos en la gestión, como ocurre cuando la relación entre el mandatario local y el Gobierno central es reemplazada por la relación entre el Gobierno central y algún político local con el cual tenga afinidad.        

La descentralización en Colombia es un tema del que muy poco se habla, y cuando se habla de ella, la conversación se plaga de cascarones llenos de humo, hoy denominados “lugares comunes”. De hecho, el concepto mismo de “descentralización” se ha convertido un lugar común. Qué horror. Y pensar que por décadas nos matamos en Colombia a la luz de este concepto; en aras precisamente de establecer si resultaba mejor para el país un manejo federal o un manejo central. 

El modelo de descentralización en Colombia (y no solo presupuestal) necesita un debate que permita entender y reflexionar en relación con sus beneficios, sus problemáticas, sus efectos, pero, sobre todo, su futuro. El pueblo (el suscrito incluido, nuevamente) necesita escuchar las propuestas y las posiciones en relación con la descentralización en Colombia, y con base en ellas, tomar postura y por supuesto tomar decisión. 

En un año pre electoral como el 2021 debemos exigir que los nuevos partidos, así como los partidos reencauchados, y los nuevos mesías, hablen de descentralización y planteen posiciones y propuestas al respecto.  

La descentralización no puede ser un tuit, una pancarta, y muchísimo menos, un lugar común. Se lo debemos a nuestra historia y a nuestro futuro. 

 

*Director Temático del Magdalena 
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Las mujeres, aún en desventaja

Mar 8, 2021 | Andrea Carreño, Columnas de Opinión, Constitución y Democracia

Por: Andrea Carreño

 

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”,

Constitución Política de Colombia

 

Hablar sobre los derechos de las mujeres suele generar una o cualquier combinación de las siguientes reacciones: se piensa que la igualdad entre los sexos ya existe, que es un intento por llamar la atención, y que el país tiene otras prioridades y este tema no forma parte de lo urgente.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemoran años de lucha para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceso y decisión, me gustaría hacer un recorrido rápido sobre la situación de nuestro género en Colombia.

Las cifras no mienten, o tal vez sí, debido a los subregistros; aun así, nos permitirán ver si tales afirmaciones son ciertas o si, por el contrario, necesitamos mujeres plenas y ejecutoras de libertades en nuestro país. 

Derecho a la participación: ¿Democracia? No, sin nosotras

En Colombia, las mujeres encabezan el 12 por ciento de las alcaldías; solo lideran dos de 32 gobernaciones y son 54 de 279 parlamentarios. 

Y si bien, el panorama en los puestos de toma de decisión del Estado parece alentador —45 por ciento de los cargos de mayor liderazgo están ocupados por mujeres—, hoy el Gobierno incumple la Ley de Cuotas en el gabinete; ello, sin mencionar que solo seis departamentos administrativos son dirigidos por este género. Esta ley, tras 20 años de haber sido promulgada, no se cumple en su representatividad mínima y las mujeres, muchas veces, solo son empleadas para reunir el requisito. 

Sí, necesitamos paridad: el 50 por ciento de participación de la mujer en la lista de elección, pero con  alternancia, 50 por ciento en los cargos del rango decisorio y 50 por ciento de la vida pública.

 ¿Y por qué solo el 30 por ciento, si las mujeres conforman el 51,17 por ciento de la población colombiana? Aunque ya fue aprobada la paridad en las listas del Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, necesitamos que sean muchas las mujeres candidatas, que los partidos sinceramente las apoyen para que legislen y decidan, sobre todo, en los temas económicos y presupuestales, los cuales deben contar con un enfoque de género. De esta forma, nuestra democracia tendrá más sentido y se beneficiará del pensamiento transformador y las ideas innovadoras de las mujeres para la construcción de un mejor país.

Derecho al trabajo: estudian y trabajan más, pero ganan menos

A pesar de que ellas tienen en promedio niveles educativos más altos, más del 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral, y, las que tienen un empleo, ganan 27 por ciento menos que los hombres, además de trabajar dos horas más al día que ellos, según el último informe Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, de ONU Mujeres. Asimismo, las que se emplean, lo hacen en ocupaciones sin prestaciones, inestables y mal remuneradas, lo cual, estructuralmente, limita sus oportunidades.

Y, además de salarios más bajos, no dejan de trabajar. Otra de las grandes desigualdades que enfrentan las mujeres en el país es la sobrecarga de labores de cuidados no remunerados, los cuales recaen principalmente en las niñas y mujeres.

Diariamente, las mujeres destinan siete horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres pasan menos de cuatro horas haciendo estas tareas, según la Encuesta nacional de uso del tiempo. Este trabajo, que sostiene la vida y el bienestar de otros, y cuya importancia es innegable e incuestionable para la supervivencia, se traduce en menos tiempo de educación, capacitación, empleo, ocio y cuidado personal para las mujeres, poniéndolas en gran desventaja. 

El índice de feminidad de la pobreza es de 102,5, es decir que, por cada 100 hombres en condición de pobreza hay 118 mujeres pobres. De hecho, la pandemia del nuevo coronavirus hizo retroceder una década la participación laboral femenina en América Latina; muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar sus trabajos remunerados para atender la demanda de cuidados en sus hogares. Y algunas, quizás,  no retomen la búsqueda de empleo, consecuencia económica y social que afecta su autonomía. 

Es necesario que en casa empecemos a reconocer, redistribuir y reducir entre todos los adultos que la integran las cargas de cuidado. Asimismo, el Estado debe generar políticas públicas que respondan a esta necesidad y avance en pactos fiscales que promuevan la igualdad de género, además de evitar la profundización de la pobreza en el género femenino.  

El país desperdicia a las mujeres, principalmente jóvenes y cada vez más calificadas. La evidencia indica que la inserción laboral de las mujeres no solo incrementa el Producto Interno Bruto (PIB), sino que reduce la pobreza y la desigualdad en general. 

Derecho a la vida y a vivir en paz: dos mujeres en Colombia son asesinadas diariamente

Las mujeres y niñas representaron, según el último informe de Violencias hacia las mujeres y niñas, de SISMA Mujer, el 86 por ciento de los casos de violencia por parte de la pareja o expareja, el 59 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar, el 80 por ciento de los casos de violencia sexual en el contexto de violencia sociopolítica, el 86 por ciento de los casos de violencia sexual, el 88 por ciento de las víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o expareja, el 52 por ciento de las víctimas en el marco del conflicto armado y el 90 por ciento de los casos de violencia sexual. Y, según datos de Medicina Legal, una mujer es quemada con ácido cada semana.

Esta violencia está vinculada de manera directa a la desigualdad en la distribución del poder y a las relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres en nuestra sociedad que descalifican, desprecian y subordinan lo femenino. La falta de estadísticas que podrían revelar la verdadera magnitud del fenómeno es un obstáculo que dificulta la comprensión de la problemática de la violencia de género. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos, y es obligación del Estado protegerlos y garantizarlos, condición esencial para el desarrollo del país y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de toda la población. 

Necesitamos políticas públicas que trabajen en cambios culturales y estructurales que conlleven al respeto de los derechos de las mujeres con una alta sanción social sobre el uso de la violencia. 

Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

Desde hace quince años, las mujeres en Colombia tienen el derecho a la IVE en el marco de tres causales: violación, que el embarazo ponga en peligro la salud o la vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida. Sin embargo, su derecho a decidir y autonomía reproductiva sigue enfrentando múltiples barreras que les impiden acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad que no pongan en riesgo sus vidas.

La exigencia arbitraria de requisitos innecesarios por parte de las entidades promotoras de salud (EPS), como exigir prueba de que el embarazo fue producto de una violación, certificado médico que pruebe el riesgo para la salud o vida de la mujer a causa del embarazo o  autorización de familiares y/o abogados vulneran el derecho de las  mujeres a la vida digna, a la  igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y al ejercicio de su ciudadanía plena.

No garantizar este derecho  empuja a miles de mujeres a hacerse abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas: 33 por ciento del total de mujeres que tienen abortos clandestinos sufren complicaciones que requieren atención médica; y la tasa de complicaciones alcanza el 53 por ciento en las mujeres pobres de las áreas rurales. 

Y es que son las mujeres de bajos ingresos, campesinas y rurales las más afectas. La tasa más alta de complicaciones en las regiones está en el Pacífico colombiano, donde el 40 por ciento de las mujeres que tienen un aborto sufren complicaciones. La tasa más baja (25 por ciento) se encuentra en Bogotá, que es una región comparativamente más próspera. 

Todas estas barreras están asentadas en los prejuicios y estigmas que prestadores de salud, instituciones y sociedad tienen sobre la IVE. El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos dentro del sistema de salud garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho, y hace parte de construir una sociedad con equidad verdadera de género, justicia y libre de discriminación. La IVE es un tema de derechos, igualdad y salud pública, solo debe ser tratada con información verídica, científica y legal.

¿Exageración? Las mujeres acceden a solo el 75 por ciento de los derechos que tienen los hombres

La importancia de la igualdad de género es incontrovertible, no una exageración y, tristemente, aún no es una realidad. El país ha avanzado en materia de leyes, normas y políticas públicas para lograr una igualdad efectiva, pero este paneo corto e incompleto  sobre las diversidades, a través de frías cifras, no refleja todas las desigualdades que las mujeres viven y, por tanto, la gravedad del problema. 

Es que al año 2021, las mujeres solo acceden al 75 por ciento de los derechos que tienen los hombres, según informe del Banco Mundial Mujer, empresa y el derecho de 2020. Solo la transversalización de la mirada de género, acompañada de un esfuerzo por la paridad, podrá saldar la deuda histórica que existe con las mujeres con el fin de alcanzar una democracia participativa que no se quede en el papel y la retórica. 

En definitiva, el país no puede permitirse esperar otros 100 años para alcanzar la igualdad de género y asumir el costo de que más de la mitad de su población se quede atrás. La igualdad de género implica altos niveles de educación y salud; mejor ingreso per cápita,  crecimiento más rápido e inclusivo y una mayor competitividad internacional. Todas y todos  ganamos. 

 *Directora de Constitución y Democracia 

 

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De Hatshepsut a Alejandra Ocasio-Cortez y ¿Por qué importa cómo se visten las mujeres en política?

Mar 7, 2021 | Columnas de Opinión, Constitución y Democracia, Vanessa Monterroza

Por: Vanessa Monterroza

La historia de Hatshepsut siempre me ha intrigado. Se representaba a sí misma como un hombre. Era la hija primogénita, pero no podía ser Rey, por ser mujer y el cargo de Reina era inexistente. 

A la muerte del padre, su hermano era un niño y no pudo asumir el trono, entonces, ella ocupó la regencia (hasta aquí, parece novela). Lo que me intriga de su historia, es que se representara como hombre, ¿Lo hacía para indicar que una mujer también podría ser Rey, usar atuendos y posturas de un rey? o ¿Lo hacía porque pensó que solo asumiendo comportamientos de hombre sería un digno y real Rey? La diferencia entre una razón y otra, es abismal. 

En el primer caso, se trata de una actitud de puro feminismo (acepto que se me trate de anacrónica), pero para mi, eso sería un comportamiento feminista —por lo menos, como yo entiendo el feminismo—.  Hatshepsut usaba los atuendos propios de un rey y se paraba como Rey, porque estaba convencida que siendo mujer, también podría ser Rey, sobre todo, dado que su primogenitura, así se lo debió permitir. 

En el segundo caso, es un comportamiento que en mi concepto, es contrario al feminismo (me vuelvo a excusar por el anacronismo). Hatshepsut pensó que debía despojarse de su identidad y de su calidad de mujer, para poder asumir un cargo. 

Esta situación que ocurrió en el antiguo Egipto, sirve para ambientar un debate de plena actualidad: a las mujeres que incursionan en política, se les juzga por cómo se visten. 

En el año 2018 un reportero de The Washington Examiner tuiteo, refiriéndose a la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, que: «Un miembro del personal del Congreso me envió esta foto de Ocasio-Cortez hace un momento. Les diré algo: esa chaqueta y el abrigo no se parecen a una chica que lucha». El comentario del reportero causó polémica en los Estados Unidos, pues en lugar de referirse al currículo o a las posturas de Ocasio-Cortez, se refería a cómo se vestía.  

En el año 2008, la canciller alemana Angela Merkel lució un vestido con escote en la inauguración de la Ópera de Oslo y algunos medios alemanes titularon sus notas de prensa así: «Merkel saca pecho» o «Merkel enseña escote». Pese a que a la canciller no le parecieron ofensivos los comentarios, expresó a través del viceportavoz del gobierno, lo siguiente: «La canciller federal continuará eligiendo su vestuario de noche para actos de gala según su gusto personal, a su antojo». En este caso, una vez más, una mujer política fue juzgada por cómo se viste, incluso en actos propios de su vida privada, pero el mensaje de la canciller fue claro: las mujeres pueden vestirse como lo deseen, incluso si son políticas. 

Doce años después (2020) la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fue duramente criticada por la prensa de su país, por posar en una foto con un blazer, sin usar brasier. Las críticas fueron calificadas por feministas como una muestra de desprecio hacía la mujer y generó el movimiento en redes sociales #ImWithSanna, mensaje acompañado de fotos con blazer sin brasier, no solo de mujeres, sino también, de hombres. 

Los casos reseñados muestran como a las mujeres políticas se les juzga por cómo se visten, algo que no sucede con respecto a sus colegas hombres. Ahora, la pregunta que surge, y aquí volvemos al tema de Hatshepsut, es si una mujer política debe adoptar atuendos de determinado tipo para tener un lugar en la política. En otras palabras, si las mujeres políticas deben lucir como lucen generalmente los hombres políticos, quienes, valga recordar, son quienes históricamente han ocupado cargos de este tipo.

En mi concepto, esta pregunta debe ser contestada negativamente. Las mujeres pueden vestirse como lo deseen, sin que sean obligadas a adoptar comportamientos contrarios a su libre desarrollo de la personalidad, para «encajar» en un mundo que históricamente ha estado dominado por hombres. Las mujeres políticas, o mujeres en cargos de decisión en todas las esferas en general, no deben ser constreñidas, directa o indirectamente, a usar determinados atuendos para que se les considere merecedoras de ocupar esos cargos. La igualdad de género, también cobija el reconocimiento de las mujeres como sujetos capaces de decidir sobre su propia vida, en temas tan básicos como la ropa que usan.  

 

*Director de Constitución y Democracia 
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Desafíos del comercio electrónico en 2021

Mar 4, 2021 | Columnas de Opinión, Columnistas invitados, María Fernanda Quiñones

Por: María Fernanda Quiñones

El covid-19 fue el punto de quiebre del comercio electrónico en Colombia y alrededor del mundo. Desde su propagación en 2020, el sector vivió un crecimiento acelerado, pues los comercios desplegaron sus operaciones a través del canal digital para responder a las necesidades de los ciudadanos en medio de la crisis sanitaria y los confinamientos. Situación que demostró la importancia del comercio digital para los hogares y la economía, así como los desafíos de la industria. 

Tras las cifras históricas en comercio electrónico que nos dejó el 2020, entre ellas ventas por encima de los $20 billones según proyectó Forbes y un crecimiento de aproximadamente 25% al cierre del año de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es tiempo de reflexionar sobre los retos que el eCommerce afronta en 2021:

Mejorar la confianza del consumidor para hacer transacciones digitales: La preocupación por la seguridad de los datos personales y bancarios al realizar transacciones digitales es constante. Aunque la pandemia representó una oportunidad para que numerosos compradores se animaran a adquirir productos por primera vez a través de Internet, disfrutando una experiencia satisfactoria, aún falta confianza en el sector para atraer a nuevos usuarios de eCommerce. 

Hacerle frente a este desafío es un trabajo conjunto. Por una parte, los comercios electrónicos deben invertir en mecanismos y tecnologías para proteger la información de sus usuarios. En tanto los consumidores necesitan apropiar buenas prácticas al comprar en canales virtuales para evitar posibles fraudes. Pasos simples como revisar si en la página web de un comercio hay un candado antes del HTTP, indicando que el sitio web es seguro, hacen la diferencia. 

Acceso limitado al sistema financiero: La inclusión financiera es determinante para el buen desarrollo del comercio electrónico y otras actividades económicas del país. Uno de los medios de pago más utilizados en eCommerce es la tarjeta de crédito, medio con el que cuentan pocos colombianos. De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2019 tan solo el 27% de la población adulta había adquirido este medio de pago, lo que impacta los procesos de digitalización.

Frente a esta realidad, otras alternativas de pago están tomando fuerza. Es el caso de las billeteras virtuales y el pago a través de códigos QR. Y es que los hábitos del consumidor han cambiado. Ahora es más conveniente y práctico realizar pagos de manera digital, así lo confirmó el último estudio de Visa sobre tendencias de pago en el que 78% de los encuestados se mostró interesado en utilizar tecnologías de pago online o sin contacto para futuras compras. 

Logística eCommerce: La cadena de valor del comercio electrónico integra diversos eslabones, todos ellos igual de importantes. En relación a la logística hay un gran desafío: responder a las expectativas del nuevo consumidor, un usuario digital que suele realizar compras y transacciones online de bienes básicos y/o suntuosos, que valora las alternativas rápidas de entrega y que desea mantenerse en contacto con quien lleva su producto y calificar su experiencia.

Ante estas demandas, fortalecer la logística en comercio electrónico a través de estrategias de última milla y economías colaborativas es una prioridad.

Poca cobertura en conectividad nacional: La conectividad es un requisito para impulsar la economía. El panorama en el país está marcado por una gran brecha entre las ciudades principales y las regiones apartadas como Vaupés, Vichada, Amazonas, Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, La Guajira y Cauca, que para 2019 contaban con 5 o menos accesos por cada 100 habitantes. 

Si bien se ha avanzado en el tema de conectividad, aún hay esfuerzos por hacer en conexiones fijas y móviles. Según la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en el 65% de los departamentos de Colombia la suscripción a Internet es del 10%. Estas carencias en acceso a Internet impiden la digitalización y el acercamiento de miles de colombianos a las oportunidades que ofrece el comercio electrónico.

Para que el crecimiento del eCommerce sea sostenido y continúe aportando a la competitividad y a la economía del país una vez la coyuntura acabe, debemos enfocarnos en las tareas pendientes, en brindar herramientas para hacer de la comercialización en Internet una experiencia agradable y segura, y en trabajar de manera conjunta, como sociedad, para articular los factores que nos llevarán a una economía digital e incluyente.

*Columnista Invitada
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