Por: Adriana María Carrillo Moreno y Nicolás Iregui Sanclemente*
Cada vez es más común ver cómo las rampas destinadas para que las personas con discapacidad puedan acceder a los andenes, son usadas por la mayoría de ciclistas y motociclistas. Adicionalmente, estas son obstaculizadas por todo tipo de vehículos quienes estacionan al frente y no dimensionan el esfuerzo que deben hacer las personas con discapacidad para lograr subir a los andenes teniendo en cuenta su gran altura, lo que refleja la insuficiente accesibilidad para estas personas.
El ejemplo anterior refleja el egoísmo de la ciudadanía en general hacia las personas que tienen discapacidad, falta ir a un centro comercial y ver cómo personas sin ninguna de estas condiciones parquean su vehículo en los parqueaderos azules ante la incapacidad del personal de vigilancia para sancionar este tipo de comportamientos.
En algunas ciudades de Estados Unidos, las calcomanías azules son de distribución exclusiva de las entidades gubernamentales, facilitando el control de las personas que tienen permitido el uso de los espacios azules.
Lo opuesto ocurre en Colombia donde estas calcomanías son de venta libre. Solo hasta el año pasado el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 583 con el fin de que las personas con discapacidad se registren de manera voluntaria ante la entidad y accedan a los beneficios estipulados por la ley.
También podemos ver cómo en los centros comerciales, tanto la gente que los visita como el personal que allí trabaja no dan prioridad en el uso de los ascensores a personas que realmente lo necesitan, por ejemplo, personas con discapacidad física que tiene que movilizarse en sillas de ruedas, camillas o muletas.
En ocasiones he escrito correos a dichas administraciones expresando mi inconformidad por el mal uso de ascensores sin recibir respuesta alguna. De esta forma, son necesarias nuevas prácticas en nuestros entornos para que todas las personas podamos compartir los espacios de una forma equitativa.
En el 2018 en Barranquilla, la fundación ItiaD implementó una campaña para conmemorar el Día de la Discapacidad a nivel mundial donde se repartían tarjetas con la frase “Amiguito no seas despistado” en los principales centros comerciales de la ciudad como una forma de recordar a la gente de hacer buen uso de los lugares dedicados a personas con algún tipo de discapacidad.
Ahora que el presidente designó a Jairo Clopatofsky como Consejero para la Discapacidad, es el momento de tomar correctivos, hacer una política seria y exigir que los espacios tengan mayor accesibilidad para las personas con discapacidad y no solo personas que se movilicen en sillas de ruedas, sino aquellas que no puede ver o escuchar, o con alguna discapacidad cognitiva, como el autismo.
Además de esto, este tipo de espacios se deben exigir en los centros comerciales, supermercados y comercios en general no solo para ser usados por personas con discapacidades sino por adultos mayores, mujeres embarazadas y familias con niños en brazos que puedan hacer uso de los espacios azules y de esta forma se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Constitucional 553/11, la cual ordena garantizar el derecho a la accesibilidad física y derecho a la libertad de locomoción de las personas con discapacidad.
Es urgente que la empatía supere el egoísmo y nuestra sensibilidad reconozca que somos diferentes y tenemos necesidades diversas. Y como dice la profesora y Doctora en salud pública Maribel Moreno “Independientemente de que se pueda ver, oír, caminar, sentir, oler, aprender, participar entre otras actividades, las personas son personas y poseen dignidad, tienen una forma de acceder de manera distinta, pero igualmente humana”.
*Columnista invitada y Miembro de número del Tanque de Pensamiento AlCentro.
La última encuesta de Gallup e Invamer mostró que las personas ven que la situación en Colombia está empeorando. No solo la gestión del presidente Duque, que alcanzó el 70% de desaprobación, sino también hay una disatisfacción con la corrupción y unos malos resultado económicos. Todo ello redunda en una una alta aprobación a los motivos del paro. Es decir, los colombianos aceptan que hay múltiples razones objetivas para protestar. Parte del problema reside en la presidencia. Pero no es el único.
Esto se ve reflejado en que los colombianos ya no ven un sólo problema, como por ejemplo el orden público o la economía. De forma predecible, el período de consolidación del pos-conflicto trae ese inconveniente. Ya no hay un enemigo. Ya no hay un otro responsable de todos los males. El lastre de problemas estructurales del país se decanta cuando las armas dejan de agitar las aguas.
¿Qué hacer entonces? Se necesita diálogo y análisis: para escuchar las protestas de las personas y para identificar causas y factores de la desigualdad que vemos todos los días. Este es un llamado al Centro Político a identificar, medir, evaluar y proponer soluciones a problemas complejos y estructurales. No a proponer soluciones simplistas y populistas como “3 días sin IVA”. Sino a medir realmente el progreso que estamos haciendo como país.
Es un llamado al Centro Político, porque ya está demostrado que los extremos sólo ofrecen soluciones simplistas. En este interesante artículo, varios historiadores plantean sus reflexiones acerca de si el mundo está volviendo a una época de extremismos.
La respuesta es no. La política mundial no tiene actores buscando grandes revoluciones. Lo mismo pasa en Colombia. Salvo algunas contadas excepciones, las personas no están buscando revertir el orden social. Están buscando mejorar sus condiciones de vida. Un mejor servicio de salud, acceso a una pensión justa, que sus salarios alcancen para vivir.
La verdadera encrucijada de la política no es sobre el personalismo. Es sobre si vamos a caer en las respuestas facilistas a problemas complejos que ofrecen los extremos políticos o no. Aquí yace el verdadero cambio.
*Miembro Fundador del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Nancy* se despierta en la mañana y prende su radio en el que oye la noticia: hay protesta. De nuevo, ese día no podrá ir a trabajar en una de las casas en el norte de Bogotá porque Transmilenio “está muy complicado”. Dado que es una trabajadora doméstica por días y que recibe su salario por día trabajado, este mes la plata no le alcanza.
Ha dejado de trabajar ya varios días porque las estaciones están cerradas, pero aún tiene que pagar las cuentas de su casa y ayudarle a comprar los medicamentos a su hija que acaba de dar a luz. Le preocupa la protesta porque, aunque está de acuerdo con algunas de las cosas que ha oído sobre la marcha, no puede darse el lujo de protestar ni mucho menos de dejar de trabajar.
La historia de Nancy* es la misma de las cientos de miles de trabajadoras domésticas que por estos días ven seriamente limitada su economía familiar porque los buses no han estado funcionando como de costumbre.
Pero, además, esta historia se parece a la que cuenta la señora que trabaja en un salón de belleza en el norte de la ciudad, que sí fue a trabajar y ahora no sabe cómo volver a su casa, en el suroccidente de la ciudad, porque cerraron el sistema. Está muy preocupada porque tiene que ir a recoger a su niño de la guardería y no sabe quién lo hará en su lugar. Ya sea porque los vándalos lo hayan atacado y destruido en algunos sectores, porque los manifestantes lo hayan obstaculizado, o porque el gobierno local haya decidido suspenderlo, el punto es que el transporte público en la ciudad se ha visto fuertemente afectado durante los días de protesta.
La protesta es un derecho constitucional que debe protegerse. Miles de personas de diferentes sectores sociales y en múltiples ciudades del país han hecho oír sus voces de inconformidad. Han salido con música y baile, han meditado en las calles, y hasta han dejado oír el fuerte ruido de sus cacerolas de manera pacífica. Pero ¿qué hacemos con tantas mujeres de estratos socio-económicos bajos que, aún con motivos, no pueden darse el lujo de protestar, sino que tienen que seguir trabajando?
Precisamente, como en casi todo, los bloqueos del transporte afectan de manera desproporcionada a las mujeres de bajos ingresos. Primero, porque un amplio porcentaje trabaja de manera informal –datos del Ministerio de Salud y Protección Social revelan que en el trabajo doméstico la informalidad ronda el 80%- , lo cual hace que muchas no reciban un salario estable y las prestaciones debidas, sino que tengan que ganarse el sustento día tras día. Segundo, porque son las mayores usuarias del transporte público. Incluso, lo usan más que los hombres de escasos recursos, que pueden usar más la bicicleta, o la motocicleta, por ejemplo. Esto se muestra en las figuras a continuación.
Figura 1. Distribución modal de viajes de trabajo de mujeres p or estrato del hogar (día típico 2015). Fuente: Elaboración de las autoras con datos de la encuesta de movilidad para Bogotá 2015.
Figura 2. Distribución modal de viajes de trabajo de hombres por estrato del hogar (día típico 2015). Fuente: Elaboración de las autoras con datos de la encuesta de movilidad para Bogotá 2015.
Además, en un día típico en Bogotá, según la Encuesta de Movilidad de 2015, las mujeres se demoran un 11% más de tiempo promedio en los viajes de trabajo que los hombres. Un bloqueo al transporte público hace que esta diferencia aumente exponencialmente, lo cual para muchas hace imposible siquiera viajar.
Cuando cualquiera de los actores involucrados limitan la conectividad a través del bloqueo del transporte público afectan a los ciudadanos y ciudadanas que la protesta trata de defender. Cuando los vándalos destruyen estaciones, queman y roban buses del SITP, incomodan primero a los funcionarios que trabajan en el tema de movilidad. Pero, sobre todo, limitan el ingreso e, incluso, impiden el acceso de miles de personas –sobre todo mujeres- de bajos recursos que son quienes mayoritariamente usan el transporte público en Bogotá.
Figura 3. Densidad de destinos de viajes en la hora pico de la tarde (hacia donde la gente va en la tarde). Transmilenio arriba a la izquierda, bus arriba a la derecha, estratos socioeconómicos abajo a la izquieda y carro abajo a la derecha.
El derecho a la protesta, que el Estado debe garantizar y los ciudadanos pueden ejercer, debe considerar las dificultades diarias de trabajadoras y trabajadores que se ganan el sustento por día trabajado. No deja de ser irónico que ese derecho afecte a una gran masa de la población para la cual no existe empleo ni ingresos sin un transporte público que los lleve hasta sus trabajos. Reconocer las dificultades de este sector de la población y permitirles moverse es vital para su subsistencia. Garantizar su acceso al empleo empieza por permitir que el sistema de transporte público opere con regularidad y normalidad aún en medio de las protestas.
*Columnistas invitados del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Valentina es Candidata a SJD en Derecho de la Universidad de Harvard José Segundo es Investigador de Worls Resources Institute.
Las artes y la resistencia siempre han tenido una relación estrecha. No olvidemos el reciente escándalo sobre la censura al mural de Lucas Ospina y Power Paola, o la polémica en torno a los columbarios intervenidos por Beatriz González en el cementerio Central. Doris Salcedo lo viene haciendo otros tanto de años.
En la música, Alcolirykoz en una de sus canciones habla sobre la persecución a grafiteros (“si hacer grafiti es un delito viviré maldito”), o cuando leemos a Mario Galeano en twitter reivindicando una y otra vez el origen de los sonidos colombianos y el deber ser de los medios en su distribución. O cuando Aterciopelados en el concierto Radiónica de 2016, agradeció por fin la firma del acuerdo de paz.
En el cine pasan cosas similares, la película de Jorge Navas Somos Calentura en donde se hace evidente las condiciones en las que viven en Buenaventura cientos de jóvenes producto del tráfico de drogas y ese mercado maldito producto de la narco-guerra de nuestro país. Las letras no han sido una excepción en este proceso, Evelio Rosero narra la guerra en un pueblo en su libro “Los Ejércitos”, que después fue leído en la Plaza de Bolívar de Bogotá como un acto simbólico durante las conversaciones de paz. ¿Y cómo no? Son las artes ese elemento que incomoda, que confronta y que por supuesto aporta en la transformación y construcción del tejido social.
Históricamente sabemos que los tambores y los sonidos de ciertos instrumentos de vientos como las ocarinas y las voces estaban relacionados con actos sagrados o religiosos. Ha habido evidencias de hacerle templos a instrumentos en la antigua Mesoamérica en donde se le adoraba al lado de figuras y deidades de la música y la danza.
Estamos en ese mismo lugar y en estas manifestaciones la música se ha convertido en una protagonista importante. Cientos de miles de personas acompañan el sonido de tambores con cacerolas y arengas. Muchos nos preguntamos el límite entre la protesta pacífica y la fiesta. No debemos confundir, bien lo dijo Brigitte Baptiste en un trino “lo que está fallando es la comunicación.
La pregunta es entonces… ¿Quiénes están siendo escuchados? ¿Acaso el sector de las artes y la cultura está propuesto para sentarse en las mesas de diálogo?
¿Serán las preguntas que están surgiendo sobre la economía naranja socializadas en esas mesas? ¿Existe un interés por parte del Gobierno entender lo que la gran mayoría de artistas han hecho manifiesto?
Mi reflexión: ¿Por qué las artes y la cultura dejan de ser una herramienta de construcción del tejido social y se convierten en una plataforma denominada economía naranja?
*Directora de Cultura del Tanque de Pensamiento AlCentro.
El fenómeno de los colados en Transmilenio (TM) se ha convertido en un constante caos para las administraciones distritales y, en general, para el funcionamiento mismo del transporte público bogotano. El gran problema que representa para la seguridad y, en especial para las finanzas del sistema, lo convierte en un tema prioritario para el Distrito pero a su vez en una coyuntura ideal para la anhelada evolución de nuestro sistema de transporte masivo.
Es pertinente que el Distrito continúe aplicando sanciones económicas ejemplares y reforzando las barreras de seguridad en las estaciones. No podemos permitir más casos de violencia en las estaciones que generen consecuencias como el asesinato del funcionario de Recaudo Bogotá Leonardo Licht en 2017. Sin embargo, los esfuerzos no deben detenerse allí, también es pertinente trabajar y analizar el problema como un tema socioeconómico.
Un reciente estudio de la Universidad Nacional dio a conocer que cada 384.000 personas evaden el pago en el SITP [el 15,36% del total de viajes que se realizan a diario (2’500.000)]. El mismo estudio, realizó la caracterización de los colados, identificando seis tipos de ciudadanos que acceden de manera indebida al sistema: Quien accede por oportunidad, por inconformidad, por influencia, por necesidad económica, por costumbre y migrantes nacionales y extranjeros.
La actual gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, asegura que la empresa invierte cerca de 63.000 millones de pesos al año en la implementación de programas y medidas anticolados. Entre las principales medidas, se resalta la adopción de barreras de control de acceso, puertas anticolados, imposición de comparendos, vigilancia e inclusive la utilización de perros para persuadir a los ciudadanos a no colarse.
Las estrategias se focalizan en el control de acceso y castigo, pero no desde una orilla de incentivos, mejora en la calidad del servicio y trato al usuario. Ante esta difícil situación y considerando cada problema como una oportunidad de mejora, se presentan cinco alternativas para usar fenómeno de colados como la coyuntura perfecta para mejorar todo el sistema:
Diferenciación tarifaria y modelos de inscripción al sistema
Es justamente el déficit financiero en el que puede entrar el sistema, el que nos obliga a dimensionar la gravedad del problema. Según las cifras de colados presentadas por la Universidad Nacional, serían aproximadamente 1.000 millones de pesos diarios los que deja de percibir el sistema, (esta cifra alcanza para comprar un bus de TM articulado diario, o en un año, para construir 2 hospitales, 4 colegios o para haber pagado gran parte del proyecto de Cable Aéreo en Ciudad Bolívar).
No se comprende cómo no se han implementado tarifas diferenciales e inscripciones por mes, semestre o año, a un costo menor soportado en un ingreso anticipado. A grandes rasgos y a modo de ejemplo, se podría pensar en desarrollar el siguiente modelo tarifario ya desarrollado en otras capitales del mundo como París y Londres:
Adultos: Tarifa plena, únicamente con incentivo en precio a quienes se inscriban y paguen mensualidad, semestre o año. La tarifa mensual no podría exceder valor de auxilio de transporte.
Estudiantes (Instituciones públicas o privadas): Reducción en la tarifa, sustentada con el carnet vigente de su institución.
Igualmente, estudiantes podrán inscribirse semestralmente o anualmente en sistema con tarifa especial con sus respectivas matrículas vigentes.
Niños: Menores de 3 años exentos y menores de 10 años con reducción en tarifa y posibilidad de inscripción mes, semestre o año.
Tercera edad: Mayores de 65, reducción en tarifa y posibilidad de inscripción mes, semestre o año.
Persona en condición de discapacidad: Reducción en tarifa y posibilidad de inscripción mes, semestre o año.
Evolución de los sistemas de pago.
Es momento que los sistemas de pago evolucionen y puedan ofrecer otras alternativas que permitan descongestión en estaciones y facilidad para los usuarios de TM y SITP. Esta solución la abordamos en una columna publicada anteriormente en el Tanque, titulada “¿Quién me vende un pasaje?” en donde propusimos aumentar los lugares de recarga, los medios de pago y habilitar canales digitales para realizar la misma.
Rutas 24 horas.
Quienes trabajan hasta tarde, los que deciden salir de fiesta o los que realizan cualquier otro tipo de actividad y vuelven a sus casas después de medianoche, están condenados a movilizarse en carro particular, taxi o Uber sin la posibilidad de tener acceso a rutas nocturnas de TM y SITP, que puedan funcionar a modo de ruta fácil. Una ciudad cosmopolita como Bogotá, debe iniciar a dar pasos hacia los servicios 24 horas, empezar con su movilidad sería un gran acierto.
Rediseño de estaciones y paraderos.
Las estaciones hoy en día no brindan un espacio amigable con el usuario. Es común verlas llenas de gente sin espacio incluso para salir o entrar de ellas. Deben rediseñarse y acoplarse a la demanda actual de usuarios, con más espacio, más canecas de basura, apertura al comercio formal en grandes estaciones y portales (esto da la posibilidad de obtener ingresos adicionales), lugares donde sentarse, baños públicos y mejores accesos para usuarios y sobre todo personas en condición de discapacidad.
Igualmente, la información de rutas y frecuencias en tiempo real debe ser suministrada tanto en paraderos de SITP como en estaciones TM. Actualmente, se está implementando un piloto en carrera 11 entre Calles 100 y 82, con pantallas informativas sobre frecuencias y rutas de SITP, sin embargo, la gran mayoría paraderos y de estaciones no ofrecen tiempos de espera o mapas de las rutas lo que ocasiona incertidumbre y desconocimiento del sistema para nuevos usuarios.
Reorganización de rutas y frecuencias.
Urge reorganizar las rutas y las frecuencias tanto de TM como del SITP ya que en la ciudad existen diversos puntos en donde se presenta una sobre oferta con rutas muy similares entre buses azules, naranjas o SITP provisionales; por el contrario otros puntos de gran afluencia en la ciudad carecen de una frecuencia adecuada para satisfacer la demanda.
*Miembro de número de la Dirección de Gestión de Territorios del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Las elecciones del pasado 27 de octubre en Colombia dejaron
como una de las grandes conclusiones que se abrieron espacios para nuevos
liderazgos. Tanto porque muchos jóvenes candidatos resultaron elegidos, como
porque muchos de ellos fueron electos sin contar con el apoyo de los grandes y
tradicionales partidos. En este sentido, vale la pena que nos preguntemos ¿cómo
pueden los jóvenes acceder cargos de toma de decisiones y participar activamente?
Nuestro país en 2013 expidió la Ley 1622, un estatuto de
ciudadanía juvenil que establecía los lineamientos para que los y las jóvenes
pudieran participar y sus voces fueran tenidas en cuenta a la hora de formular
las políticas públicas para ellos. La ley 1622 estableció espacios para que los
jóvenes puedan participar, hacer recomendaciones y hacer veeduría cuando una
política pública los afectará directamente: por un lado las plataformas de
juventudes, en las cuales se hacen presentes procesos de juventudes entendidas
como organizaciones formales o no formales donde las y los jóvenes se agrupan,
y los consejos de juventudes donde las y los jóvenes se hacen elegir con votos
de otros jóvenes en los departamentos, municipios y localidades.
Tristemente la Ley 1622 quedó mal escrita y la Corte
Constitucional dijo que era ambigua al no establecer si las curules para los
consejos de juventudes se establecían por cifra repartidora o cociente
electoral por lo que se tuvo que expedir la Ley 1885 de 2018 para darle
claridad a ese y otros temas.
La ley modificadora estableció que el Registrador Nacional
tenía hasta dos años -desde la promulgación de la ley- para establecer una
fecha para la realización de las elecciones en la que los jóvenes escojamos a los
jóvenes que nos representen ante gobiernos locales y el Consejo Nacional de
Políticas Públicas de Juventud.
Ese plazo vence el 1 de marzo
de 2020 y es claro que el registrador saliente deja su cargo sin haber
adelantado la tarea. El
nuevo Registrador Nacional, Alex Vega, empieza su período de 4 años en un año
no es electoral, pero tendrá que coordinar con el Ministerio de Hacienda los
recursos para adelantar la pedagogía, insistir al DANE para que entregue las
cifras del censo juvenil y liderar la logística de un día de elecciones en todo
el país.
Es recurrente que cada vez que pasa una consulta interna o interpartidista
que no coincide con el día de elecciones parlamentarias la opinión pública
salga a desmeritar la necesidad del proceso ante una votación que no se compara
con la de las elecciones típicas, la respuesta de ante mano no puede ser otra: ¡sí,
la democracia cuesta!
En un país como el nuestro en el que pensar diferente ha
llevado a que se comentan crímenes atroces y la apertura en espacios de toma de
decisiones y partidos políticos ha sido difícil para las minorías hay que
garantizar espacios de participación efectivos para la juventud, que no somos
el futuro sino el presente del país, y que sólo el pasado 27 de octubre sumamos
13 millones de colombianos aptos para votar, sin contar que el estatuto
establece que se es joven desde los 14 hasta los 28 por lo que otra buena parte
de jóvenes podrían escoger a sus representantes ante los consejos de juventudes
de sus territorios.
Mucho se habla de cómo los jóvenes somos apáticos a los
procesos políticos y como la abstención es alta, pero valdría la pena
preguntarse el porqué. ¿No será que los jóvenes no estamos preparados para ser
ciudadanos? ¿No será que aquellos que quieren participar no encuentran los
espacios y se decepcionan del sistema? ¿No será que muchos aplauden las normas
que permiten que las y los jóvenes participen pero no trabajan en su aplicación
y los dejan siendo jóvenes sólo en el papel?
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento AlCentro.
