La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en
inglés) es la asociación de los países que son parte de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual entró en vigencia el año
1994, y donde se han logrado importantes acuerdos vinculantes, como el protocolo de Kioto
que entró en vigencia en 2005, y más recientemente el Acuerdo de París, que entró en vigencia en 2016.
La COP se realiza todos los años desde 1995 en
distintas sedes. Este año la COP25 se realizó en la ciudad de Madrid, con la presidencia
de Chile.
¿Cuál era el objetivo de la COP25? Básicamente revisar
los asuntos pendientes para lograr el funcionamiento total del Acuerdo de París
(COP21). Uno de los principales puntos era resolver y establecer reglas para el
Artículo 6 del Acuerdo, en relación a la implementación del mercado de carbono.
¿Y qué pasó? Lamentablemente nada nuevo. En pocas
palabras, los grandes países emisores de carbono bloquearon el acuerdo, entre
ellos Estados Unidos, India y China. Además, Australia y Brasil propusieron que
las reducciones de emisiones anteriores a este acuerdo fueran consideradas como
parte de las metas que supondría este nuevo régimen.
Con estos antecedentes, no estaría segura de que
estamos todos convencidos aún que el Cambio Climático es real y está pasando
ahora. O si es así, tal vez la incertidumbre en las consecuencias concretas de
este fenómeno, no permite crear conciencia aún. Tal vez algunos de estos
grandes países, con gran poder adquisitivo, están ya calculando cómo salvarse a
sí mismos ante los efectos del Cambio Climático, y poner así los esfuerzos más
bien en comenzar a mitigar las consecuencias de forma local, en lo que les competa
solo a ellos.
El caso de Estados Unidos es interesante, ya que se
han visto esfuerzos loables por parte de algunos de sus estados, tales como California, Nuevo México, Washington o el
Distrito de Columbia (DC), los que quizás logren cumplir metas bastante
ambiciosas en la disminución de emisiones. Sin embargo, el hecho de que como
país se reste de este tipo de acuerdos, desalienta el compromiso de muchos
otros.
El desarrollo de las negociaciones para detener el
Cambio Climático, muestran que no hay un objetivo ni un propósito común, tal
vez porque los efectos del mismo no serán iguales para todos. Mientras algunos
países-isla serán los primeros en ser los más afectados pudiendo llegar a
desaparecer, para otros bastará quizás con mover a parte de su población de un
lugar a otro en el peor de los casos. Sin embargo, causarán cada vez mayores
tensiones internacionales las migraciones forzadas por este efecto, las cuales
ya se están viendo en varias partes del mundo, tales como Siria en el Medio Oriente, o Guatemala en América Central.
El problema sin duda tiene muchas aristas. Mientras
tanto, seguimos inmersos en una economía que promueve el consumo, el uso
excesivo e innecesario de todo tipo de artefactos, el deshecho fácil y
gratuito, y la falta de conciencia de que vivimos en un planeta con recursos
limitados. ¿Es posible seguir pretendiendo que cada país puede crecer
infinitamente a través del consumo, como una medida de que vamos por “buen
camino”?
¿Y qué podemos hacer entonces contra el Cambio
Climático?
Una opción sería intentar encontrar un propósito común,
algo que aspiremos genuinamente como sociedad global y que realmente impacte a
todos los países, porque claramente las consecuencias del Cambio Climático por sí
solas no está haciendo la labor de generar conciencia y movilizar políticamente
a todos por igual.
Sin embargo, en el nivel de gobernanza local y
empresas privadas con responsabilidad social ya se están viendo cambios y
esfuerzos a favor del medio ambiente. Pero debiera ser el consumidor final
quien tenga la última palabra, no solo disminuyendo emisiones en lo que es más
evidente, como transporte o energía, si no también ser muy conscientes de dónde
proviene lo que consumimos, con qué tipo de fuente primaria se genera la energía
para producirlo, qué cantidad de emisiones se liberaron en el ambiente cuando
adquirimos nuevos productos, y preguntarnos, desde un estado mucho más
consciente e informado, si vale la pena o no.
¿Será posible que un cambio profundo y a conciencia surja
desde el consumidor individual, tal que nos permita mover economías completas
en virtud de lograr detener el Cambio Climático? Ya que el “top-down” y la
política macro parece no estar alineada con el bienestar global en el largo
plazo, ¿Será posible que un esquema “bottom-up” funcione, donde sea el
consumidor individual hiperconectado y organizado el que impulse los grandes
cambios hacia arriba, pasando por su comunidad, gobierno local, industria, para
llegar a lo más alto de la política nacional?
Tal vez la única solución posible pase por crear una
profunda conciencia a nivel de sociedad, e impulsar el cambio desde abajo hacia
arriba, para dejar de destruir lo que nos queda de planeta.
*Columnista invitada del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Johanna es profesional del sector energético, especialista en operación de sistemas interconectados, planificación del sistema de transmisión y regulación del mercado de energía en sus distintos sectores.
Recientemente la
alcaldesa electa de Bogotá realizó su primer anuncio en asuntos relacionados
con animales: no habrá más perros en el servicio de vigilancia privada que se
presta en el sistema Transmilenio. Aunque tal decisión se reflejaría en la
próxima licitación que abra el Distrito para contratar la prestación de este
servicio, el anuncio puede interpretarse como una respuesta al creciente interés
de la ciudadanía por el bienestar y la protección de los animales con los que a
diario convivimos.
Dentro de las
campañas políticas que tuvieron lugar este 2019 a raíz de las elecciones
territoriales, hubo numerosas propuestas relacionadas con animales. Candidatos
a alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales y
distritales consideraron en sus programas asuntos atinentes al bienestar
animal, enfocados principalmente en animales de compañía, así como también a
animales usados en producción de alimentos, animales silvestres, animales de
trabajo y animales usados en espectáculos.
Varias de estas
agendas políticas que tienen en cuenta los animales lograron obtener altas
votaciones en las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cali,
Cúcuta, Manizales, Pasto, Popayán, Tunja y Armenia eligieron concejales con reconocida
trayectoria animalista. En lo relacionado con las alcaldías, en el caso de
Bogotá y Medellín los elegidos para el período 2020-2023 expresamente
manifestaron su interés en la protección animal, e incluso en la capital del país
la alcaldesa electa firmó un pacto por el trato digno de los animales
silvestres y domésticos, que contiene 9 puntos que plasman su compromiso para
mejorar las condiciones de los animales que habitan el territorio distrital.
Dado que es la
primera vez que los animales han tenido tanta relevancia en las campañas
políticas y en los resultados electorales, es inevitable preguntarse si esto se
debe a un interés genuino por su bienestar o a la necesidad de atraer nuevos
electores que ante el desolador panorama de la política tradicional, optan por nuevas
alternativas que atiendan sus intereses y las nuevas realidades a las que el
mundo hoy se enfrenta. Ojalá la respuesta a este interrogante al cabo de los
próximos 4 años nos deje más satisfacciones que preocupaciones.
Lo anterior, si
se tiene en cuenta especialmente que la década que está por terminar fue la que
más avances presentó en materia animal en el país. En estos 10 años pasaron
cosas tan importantes como la eliminación del uso de animales en circos, la
penalización del maltrato animal, el reconocimiento de los animales como seres
sintientes, la inclusión de mandatos en dos Planes Nacionales de Desarrollo en
torno a la creación de una política nacional de bienestar animal, la creación
de centros e instituciones locales enfocadas en la protección animal, la
generación de políticas públicas territoriales sobre bienestar animal y la
reciente creación del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal en
la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, en esta década las altas cortes han
tenido dentro de sus discusiones en repetidas ocasiones asuntos, tan icónicos
como problemáticos en la cuestión animal, como las corridas de toros y el
reconocimiento de derechos para los animales.
Esto implica
entonces un reto para los elegidos por sus propuestas animalistas, ya que por
un lado, existe un marco normativo e institucional más consolidado al que deben
ceñirse para tomar las decisiones que afecten a los animales, y por otro lado,
deben estar al tanto de los pronunciamientos que sobre esta cuestión hagan las
altas cortes en casos que actualmente se encuentran pendientes de decisión como
el del oso Chucho, para adelantar las acciones que les correspondan en el marco
de sus competencias.
A esto se suman
otros desafíos tal vez más complejos. En primer lugar la discusión política que
deberá tener lugar en concejos y asambleas, que enfrentará las ya conocidas
posiciones ideológicas, institucionales y económicas en torno a los animales.
En segundo lugar, el presupuesto con el que deberán contar para cumplir sus
propuestas de campaña, pues de eso depende que estas puedan o no
materializarse. Y en tercer lugar, las capacidades humanas y tecnológicas de
sus territorios, pues para llevar a cabo acciones a favor de los animales se
requiere gente capacitada en distintas disciplinas y ayudas tecnológicas que
permitan optimizar ciertos procesos que los involucran.
No obstante, para los electores también hay una tarea a realizar y es la de ejercer veeduría ciudadana al cumplimiento de los programas de aquellos a quienes elegimos para que desarrollen acciones a favor de los animales. Podemos incidir en que ellos “se pongan las pilas” y cumplan con la responsabilidad política del elegido con sus electores, máxime cuando se trata de asuntos que están empezando a tener relevancia en la política pública y que deberían tener vocación de continuidad y no depender del gobierno de turno. Y especialmente, debemos vigilar que los intereses que primen en estas discusiones y decisiones sean principalmente los de los animales, de quienes somos su voz.
*Columnista invitada del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Laura Patricia Torres es abogada de la Universidad de los Andes, Especialista en Gestión Pública, Magíster en Derecho Público de la misma Universidad, y Magíster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El servicio de Radiodifusión Sonora es único en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país al continuar ostentando una gran cobertura de todo el territorio colombiano (casi del 90%) e influencia en la transmisión de noticias. Aún somos de los pocos países donde nos enteramos con mediatez de lo que sucede, por la radio y no por twitter.
En Colombia, el servicio de la radio lleva 90 años donde se ha destacado como factor de comunicación esencial de todos los territorios, ya que nuestro país aún tiene metas por cumplir en cuanto a cobertura de Internet y transformación digital. No obstante, tal como se proyecta, estos factores crecerán en grandes proporciones, lo que generaría grandes ventajas para todos en un mundo digital, pero colocaría en riesgo la continuidad de servicios análogos como la radiodifusión sonora.
De igual manera, los efectos de la Ley de Modernización del Sector TIC respecto al Servicio de Radiodifusión Sonora, traerá grandes retos de análisis e interpretación en los procesos de selección objetiva para la radio comercial frente a la maximización del bienestar social en la asignación de espectro radioeléctrico, el aumento de las concesiones del servicio a 20 años con prorrogas de este mismo plazo en relación al mercado del servicio de la radio y además el papel que jugara el nuevo regulador convergente como lo será la Comisión de Regulación de Comunicaciones en aspectos tan fundamentales para el servicio como análisis de fórmulas de contraprestación, compartición de infraestructura y estudios del mercado del servicio de la radio.
Ahora en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial donde el internet y la transformación digital han cambiado nuestra vida y la percepción de la misma, incluyendo como captamos las noticias, música y asuntos de interés, lo que ha producido grandes crisis en la continuidad de la prensa escrita, producción de libros en papel y algunos servicios, como el de la radiodifusión sonora que al ser un servicio análogo a nivel mundial debió evolucionar digitalmente en conjunto con nuevas tecnologías para continuar su operación, lo que no acontece en Colombia al permanecer totalmente análogo sin tener componentes digitales en su transmisión.
Por lo tanto, la radio al ser una tecnología análoga debe evolucionar en esta era digital, en conjunto con una regulación bien interpretada, regulación nueva adaptada a la era digital y desarrollo en su asignación y concesiones, se logrará que el servicio siga evolucionando al lado de tecnologías y mercados dinámicos tecnológicos.
Por lo tanto, estamos en el tiempo perfecto para cambiar las discusiones de la radio, no solo recordando la influencia y grandes aportes de este servicio o la importancia de las inversiones a las redes análogas existentes o aumento de más prestadores análogos, sino pensando en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la radio en Colombia.
La radio se enfrente a un gran reto que es sobrevivir en la cuarta revolución industrial ya que si solo evoluciona en nuestro país como un servicio análogo donde la prioridad es crecer la oferta análoga y donde la única opción de pensar en el futuro digital, es transmitir radio a través de internet llegara prácticamente a su mayor crisis de continuidad.
En consecuencia todos los que intervienen en este maravilloso servicio deben pensar en la cuarta revolución industrial de la radio que son las nuevas tecnologías para este servicio como la radio hibrida, la radio digital, AM Estereo, instalación de chip F.M en dispositivos móviles, entre otras nuevas tecnologías digitales que están permitiendo a nivel mundial que el servicio de la radio evolucione al mundo digital sin perderse en el mundo del internet y donde este servicio continuaría su influencia esencial en los medios de comunicación ahora digitales.
Requerimos discursos y planteamientos de todos los sectores que hacen parte del servicio de la radiodifusión sonora frente a la obligatoriedad de evolucionar digitalmente no solo en la producción de contenidos sino en la forma de transmisión ya que de lo contrario tendríamos un servicio análogo fuera del mundo digital; mundo que sería en unos años el dominante en todos los sectores sociales y económicos.
Hablar de la necesidad de como evolucionamos digitalmente el servicio de la radio en Colombia no es fácil ya que debemos cambiar paradigmas en este servicio pero es necesario y obligatorio desde ya hacerlo porque esta evolución digital no solo trae efectos en la infraestructura del servicio como tal sino en los mismos usuarios ya que deben recibir estas señalas a través de nuevos receptores, nuevos formatos y cambios en la programación debido a las posibilidades que ofrecen estas tecnologías que a través de una sola frecuencia, se puedan recibir varias señales a la vez.
Nuestro país merece que la radio continúe y siga consolidándose, pero necesita que todos los sectores planteen y discutan programas y políticas que incluyan a los prestadores, órganos reguladores, entidades competentes y a los usuarios hacia una evolución digital de los servicios radiodifusión sonora a través de sus nuevas tecnologías.
*Director de Radiodifusión Sonora del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Hoy todo el mundo habla de emprendimiento, parece que está de moda, pero es necesario fomentar el espíritu emprendedor de un modo responsable. Este no sólo debe perseguir que existan más emprendedores, también hay que asegurarse de que estos sean de mayor calidad y que quienes lideren sus proyectos cuenten con las herramientas mínimas necesarias para no fracasar en el intento. Animar a emprender a personas que no estén preparadas no es fomentar el espíritu emprendedor, por el contrario, puede llegar a ser un ejercicio de irresponsabilidad.
Ahora bien, las empresas no solo fracasan por falta de competencias técnicas de sus emprendedores, también lo hacen por factores más mundanos, como problemas personales, desavenencias con los socios, exceso de expectativas, miedos y errores. Otros, por falta de “sentido común” que con el tiempo se convierten en factores determinantes que arrastran los negocios a la inviabilidad en el ecosistema productivo. El riesgo de no obtener éxito, tiene que ver igualmente con la falta de una política pública que articule correctamente los diferentes esfuerzos de los gobiernos y de la empresa privada para apoyar el emprendimiento y que son claves para el éxito.
La verdad es que el emprendimiento es tendencia en esta época. A diario se dan miles de conversaciones sobre el tema en los cafés de nuestras ciudades y en nuestro circulo social más cercano siempre hay más de un emprendedor rondando.
Desde la academia se oferta formación sobre el tema, ya sea en pregrados, especializaciones, maestrías, diplomados y otros cursos que le apuntan a lo mismo: al fomento de la cultura del emprendimiento. También, existe un marco legal como es la Ley 1014 de 2006, que lleva su nombre, aunque tristemente languidece ante el nuevo contexto de la economía, del conocimiento en pleno furor de la revolución 4.0 que demanda un nuevo orden y que requiere de una nueva hoja de ruta que este en concordancia con la nueva realidad de las empresas.
Obsérvese los siguientes datos: en América Latina un 90% de los emprendedores fracasan antes de los cuatro años, otras fuentes arrojan cifras más lamentables, como 95% de fracasos antes de los cinco años. En España se disuelven cada año cerca de diez mil sociedades mercantiles.
En el estudio denominado “Determinantes de la Supervivencia Empresarial en Colombia”, se analizaron las trayectorias de vida de 48.740 sociedades que nacieron en 2011; sólo en el primer año desaparecieron, en promedio, entre el 20 y 30% de las empresas nacientes. A partir de ese año, el porcentaje de compañías que fenecen aumenta cerca de 10 puntos porcentuales cada periodo, de suerte que, después de cincos años solo permanecen activas alrededor del 50% según informe de Confecámaras.
En el estudio mencionado, se propone como solución aplicar la metodología de modelos de duración que permitan analizar el tiempo transcurrido desde la creación de las empresas hasta su salida del mercado, a partir de técnicas como el estimador de Kaplan-Meier, para el cálculo de funciones de supervivencia, y el modelo de riesgos proporcionales de Cox, para el análisis de las circunstancias o factores que afectan la probabilidad de supervivencia.
Y es que las alarmantes cifras de emprendimientos que fracasan en Colombia llevan a la imperiosa necesidad de que se cree el interés científico de desarrollar una metodología que permita mejorar el índice de supervivencia de las MyPymes. Recuérdese que no existe en el país un solo mecanismo efectivo que permita atenuar los factores que afectan la consolidación de estos nuevos negocios. Adicional, estos tienen un importante componente social, ya que existen familias que con sus unidades productivas afrontan a diario el problema del desempleo y que requieren que se les brinden herramientas para optimizar sus emprendimientos y así mejorar su calidad de vida.
Emprender es un asunto realmente serio, se trata de apostarle a un proyecto de vida, de jugarse sus propios recursos, de arriesgar en algunos casos una carrera profesional, de comprometer la economía familiar y su patrimonio propio, por esto, los emprendedores no pueden seguir aguantando la improvisación de los gobiernos de turno. El tema amerita seriedad por parte del Estado.
Por tanto, urge por parte del gobierno nacional, una política pública actual seria y coherente con la nueva realidad de los negocios. Una política donde la era digital mande la parada, pero que sea integral y aborde los diferentes aspectos como la formación, la asistencia técnica, la financiación, el seguimiento y el acompañamiento para asegurar que el riesgo de fracaso se mitigue.
Pero no solo en algún sector de la economía, sino de manera general y haciendo énfasis en las MiPymes, que prácticamente mueven la economía, con una metodología igualmente vigente y de vanguardia y por supuesto todo en un pacto que involucre a las regiones y comprometa sus agendas locales. Sin esto, tristemente seguiremos asistiendo al sepelio de nuevas generaciones de emprendimientos que se pierden sin hacer nada para salvarlos.
*Miembro de número de la dirección de Emprendimiento del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Por estos días la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme responsabilidad: escoger al fiscal general de la nación. Esta decisión es de gran trascendencia, no sólo por la relevancia del cargo, sino también porque de su elección dependerá el norte de la política criminal en Colombia y, más aún, el destino de diferentes procesos que tienen una gran connotación e impacto nacional.
Si bien para muchos el segundo cargo más importante en Colombia es el del alcalde de Bogotá, a mi juicio, el funcionario que mayor poder e influencia ostenta después del presidente es el fiscal general. Éste no sólo cuenta con una entidad de más de 29.000 servidores, fuero constitucional, iniciativa legislativa, participación en múltiples instancias de alto nivel, presencia en todo el territorio nacional, salas de interceptación, un cuerpo técnico de investigación y un presupuesto jugoso, sino que también tiene una visibilidad enorme. En promedio, 3 de cada 5 noticias en nuestro país tienen que ver con temas asociados a la delincuencia o a procesos judiciales, donde inevitablemente él es un protagonista.
El poder que ostenta el fiscal general es directamente proporcional a sus responsabilidades, muchas de las cuales, así no esté previsto en nuestra arquitectura constitucional, son de carácter político. Es por eso que escoger una figura que no tenga conflictos de interés, que esté preparada para el cargo y que sea garantía de imparcialidad e independencia, es fundamental. Al respecto, la terna presentada por Duque está compuesta por juristas probos, pero ninguno de ellos es penalista y será difícil determinar cuál será su grado de independencia respecto al presidente. Todos, tal vez excepto por Camilo Gómez, son de su entera confianza y vienen de trabajar con él en el Palacio de Nariño.
Pero al margen de las cualidades de la terna presentada, lo que sí queda claro es que la Corte Suprema de Justicia está decidida a votar pronto para que Colombia tenga un fiscal en propiedad. Es improbable que se repita la jugada que le hicieron a Álvaro Uribe cuando era presidente y le devolvieron la terna. Ello sólo conllevaría a dilaciones que resultan dañinas para la institucionalidad y para la misma entidad.
Es así que para el 2020 tendremos un nuevo fiscal. Éste deberá enfrentar sendos retos en circunstancias no menos difíciles. Dentro de las tareas del ente investigador se encuentran, nada más ni nada menos, que aquellas relacionadas con el proceso de paz. Habrá que ver cuál será la posición del próximo fiscal frente a la JEP y cuál será el grado de colaboración con dicha dependencia. Así los procesos hayan sido trasladados con sus respectivos informes a la jurisdicción especial de paz, es indudable que para el éxito del modelo de justicia transicional se requiere de una relación solidaria y colaborativa por parte del ente investigador.
Otro tema importante donde el fiscal general deberá intervenir es en la reforma a la justicia. Ya viene siendo hora de que el gobierno nacional concerte con los organismos de la rama una reforma estructural que resuelva los problemas de la justicia en Colombia. Las soluciones no sólo pasan por un aumento del presupuesto o por tramitar pañitos de agua tibia. Acá se necesitan soluciones que mejoren el acceso y la calidad a este derecho fundamental. Se precisa responderle de manera ágil a la ciudadanía y mejorar los índices de impunidad, que en estos días rondan alrededor del 98%, en especial en lo que tiene que ver con delitos asociados a la seguridad ciudadana.
Además de los temas estructurales que se deberán abordar en la próxima administración, como por ejemplo la corrupción al interior de la entidad, el régimen de carrera, el coto a las interceptaciones ilegales y la modernización del ente investigador, el próximo fiscal encontrará en su despacho varios chicharrones. Casos como el de Odebrecht y los demás escándalos de gran corrupción, la financiación de campañas políticas, la muerte de Enrique Pizano, los abusos del ESMAD, las chuzadas ilegales, el narcotráfico y demás economías ilegales, los bombardeos a las GAO y bandas residuales, los procesos en contra de allegados al ex presidente Uribe, entre muchos otros casos polémicos donde hay tanto de justicia como de política.
No es una tarea fácil la que le espera al próximo fiscal. Tendrá que saber balancear una coyuntura política con complejidades pocas veces antes vistas y, una ciudadanía que exige más y mejor justicia, menos impunidad y resultados contundentes frente a la criminalidad rampante. Son muchos los que han perdido la confianza en las instituciones de la rama judicial y para recuperarla se necesitará de una persona que asuma el cargo con responsabilidad y sin aspiraciones políticas y pantalleras.
*Director de Seguridad y Justicia del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Gabriel es Doctor en derecho penal de la Universidad de Roma, con Maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, Maestría en derecho internacional (LLM) de la Universidad de Nueva York. Es Abogado y magister de la Universidad de los Andes.
(Parte 2: experiencias locales para “cambiar el chip”)
Por: Paulius Yamin* @PauliusYamin
En mi columna anterior sobre integridad pública y la confianza en el Estado afirmé que los cambios sostenibles se crean a partir de movimientos colectivos, no de mandatos impuestos desde arriba. También, que un punto clave para lograrlo es transformar las creencias y comportamientos de los servidores públicos y los ciudadanos.
Como lo anuncié en esa misma columna, quiero presentar tres iniciativas locales en las que he trabajado en los últimos años. No escribo sobre ellas porque sean las mejores iniciativas en esta materia, o las más efectivas, sino porque son ejemplos simples, efectivos y fáciles de implementar que han sido creados por servidores públicos y ciudadanos (y no impuestos desde arriba). Porque a pesar de su escala limitada, muestran ejemplos concretos de cómo instituciones, servidores públicos y ciudadanos pueden generar procesos de acción colectiva para aumentar la integridad pública y la confianza en el Estado en sus ámbitos cotidianos.
Al leerlas, recuerde que, como ha demostrado la investigación psicológica, pequeñas acciones como recordar a la gente los 10 mandamientos, o añadir una imagen de ojos en la pared, han demostrado ser efectivas para reducir el porcentaje de personas que se comportan de manera poco ética.
Una institución pública. En una entidad del Gobierno Nacional, servidores públicos de todos los niveles rompen piñatas que contienen brazaletes que los identifican con los procesos institucionales. También crean escenas teatrales sobre situaciones cotidianas que les causan miedo al cambio. Con intervenciones innovadoras como éstas, la «Estrategia de Cambio Cultural» del Departamento Administrativo de la Función Pública intentó transformar las creencias y comportamientos de los servidores públicos a nivel nacional.
La piñata de la reforma administrativa – foto por el autor
2.Una alianza entre una institución pública y un movimiento cívico. En una oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un grupo de servidores públicos entra inesperadamente y distribuye flores frescas con el mensaje «Puedes hacerlo mejor». Así, varias intervenciones fueron aplicadas de forma independiente por los servidores públicos en sus lugares de trabajo por toda la ciudad. Esta y muchas otras acciones parecidas fueron diseñadas en un taller creado conjuntamente por un colectivo ciudadano especializado en intervenciones pedagógicas (Hacker Ciudadano) y una institución pública local especializada en integridad pública (la Veeduría Distrital).
Servidores públicos listos a cambiar sus organizaciones – foto por el autor
3. Un grupo de ciudadanos. En Quibdó, un grupo de estudiantes universitarios marchó por la ciudad antes de las elecciones locales y pidió a la gente que compartiera imágenes con el hashtag #YoNoVendoMiVoto. En sólo unos días, lograron que gente de todo el país enviara fotos con el hashtag, incluyendo a varios de los candidatos, que se comprometieron públicamente a abstenerse de comprar votos.
Aunque es cierto que estas intervenciones no lograrán transformaciones sostenibles y a gran escala sin cambios más profundos en marcos regulatorios y herramientas de política, lo contrario también es cierto. Los cambios en las leyes y políticas suelen ser ineficaces para transformar las creencias y los comportamientos de los ciudadanos si no van acompañados de estrategias sostenibles de cambio cultural y de comportamientos.
Intervenciones que reconozcan que aumentar la integridad pública, la confianza en el Estado y el control social puede beneficiarnos a todos, pero que también es responsabilidad de todos. Que seguir creando leyes que imponen valores éticos o establecen medidas anti-corrupción basadas en la desconfianza tendrá muy poco impacto si no las acompañamos de estrategias claras y basadas en evidencia para involucrar a sectores amplios de la sociedad alrededor de cambios sostenibles en la cultura y los comportamientos de las personas. Y finalmente, que aunque necesitamos actuar juntos, no es necesario esperar a que los demás se decidan a hacerlo: podemos empezar a transformar nuestras acciones y ámbitos cotidianos ahora mismo, y a inspirar a otros a hacer lo mismo.
*Director de Cultura Ciudadana de AlCentro. La investigación de contexto fue realizada por Lara Geerman
