¿Se nos salió de las manos el Catatumbo?

Ene 3, 2020 | Columnas de Opinión

Por: Pablo Trujillo A.
@pablotrujilloa

Cuando oímos hablar del Catatumbo, tendemos a asociar esta región con la violencia desbordada que lo atropella, con las guerrillas que controlan este territorio y con el narcotráfico del que estas se abastecen. Sin embargo, poco se habla del abandono del Estado colombiano en esta región marginada y solitaria como la raíz de los problemas del Catatumbo.

Para entender la situación actual de esta subregión en el Norte de Santander, hay que remontarse a principios del siglo pasado, cuando en 1905 el gobierno de Rafael Reyes firmó los primeros acuerdos para la explotación petrolífera en lo que hoy son las poblaciones de El Tarra y Tibú. En la medida que el petróleo adquiría más utilidad y valor, los gobiernos siguieron concediendo una explotación acelerada y agresiva del petróleo en esta región. Si bien había bonanza, prosperidad económica y ganancias, en el Catatumbo nunca se vieron reflejadas las regalías y beneficios económicos, que pasaban directo de los enclaves extranjeros a Bogotá.  El Estado se olvidó de la gente y permitió que las empresas, en su mayoría petroleras ejercieran el papel del Estado, que para los años 40 ya poco se aparecía por el Catatumbo.

La segunda mitad de los años 70 se vio marcada en su mayoría por el crecimiento de las guerrillas. Las FARC avanzaron con ritmo vertiginoso hacia el oriente del país, siendo la primera fuerza guerrillera dominante en el Catatumbo, seguida por el ELN que también empezaba a incurrir en la zona. El Catatumbo era y sigue siendo un territorio neurálgico para las guerrillas por su lejanía al Estado central y la institucionalidad, y su cercanía a los vulnerables capitales extranjeros que fueron saboteados y atacados sistemáticamente por las guerrillas. El ejército intervino a finales de la década del 70 en un intento por sacar a las guerrillas del Catatumbo, pero los esfuerzos fueron en vano, ante la falta de presencia del gobierno, los grupos armados se habían convertido en amos y señores en gran parte del Catatumbo formando un Estado paralelo donde la ley y el orden habían quedado en manos de la insurgencia.

Para agravar el asunto, llegó el auge del narcotráfico, al que las guerrillas se sumaron gradualmente hasta convertirse en jefes del narcotráfico en el oriente del país. El Catatumbo es tal vez el sitio soñado para cualquier guerrilla que participe en el narcotráfico; como ya fue mencionado, el Estado pocas veces hace presencia en formas diferentes a las fuerzas armadas, la cercanía a la Costa Atlántica permite una salida ágil para la mercancía ilegal, y sumado a esto, es una zona de frontera que, a pesar de su importancia, nunca se ha custodiado con el rigor necesario.

Desde los años ochenta se han presentado altos y bajos en la disputa por el Catatumbo tanto entre las guerrillas como con el Estado, nunca mediando soluciones que trascendieran lo militar. Los cultivos ilícitos crecían, la dictadura en Venezuela debilitó aún más la frontera, abriendo las puertas del vecino país como un refugio para los grupos ilegales, ya dedicados a tiempo completo al narcotráfico, la lucha por territorios y el sabotaje a la industria petrolera, de la cual el ELN saca el mayor provecho al instalar válvulas para el robo del crudo que pasa por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que además ha sido objeto de cientos de ataques con explosivos perpetrados por las guerrillas. No hace falta mencionar las incoherencias de estos grupos ilegales cuando de petróleo se trata: es evidente que las causas socialistas las sacrificaron cuando advierten que de la droga y el petróleo son sus mejores posibilidades para la subsistencia económica.

 El Catatumbo se le salió de las manos al Estado cuando le confió su autoridad como garante y protector de los derechos las multinacionales que hoy siguen explotando los recursos de la región. El Estado cedió su responsabilidad y su autoridad a esas empresas, y permitió el espacio propicio para que los grupos al margen de la ley se robaran esa autoridad. El interrogante que surge ahora es ¿cómo recuperamos al Catatumbo? ¿Aún estamos a tiempo para emprender la lucha política, social y militar? ¿El Estado colombiano perdió la autoridad? Y si es así, ¿A quiénes rinden obediencia sus habitantes?

Tras la firma de los acuerdos de La Habana, la lucha por el territorio se exacerbó mientras los grupos al margen de la ley se codean por la custodia del territorio, los cultivos ilícitos y todo lo que alguna vez era controlado por las extintas FARC, que dejaron atrás disidencias y paradójicamente, un enorme vacío de poder. En este escenario la presencia de las fuerzas del Estado es por supuesto, muy importante para conservar el orden público y mantener en cintura a los actores armados -cada vez más dispersos- que ponen en peligro a la población; pero con ejército no solucionamos el problema de fondo: la desigualdad y la marginación que sufre el Catatumbo y que origina los problemas de orden público ya mencionados

La implementación juiciosa del Acuerdo de Paz es fundamental para sacar al Catatumbo y a sus habitantes del socavón en el que se encuentran. Fortalecer la economía del Catatumbo debe ser lo primero; ofrecer alternativas y salidas a la siembra ilegal le quita trabajadores al narcotráfico y aprovecha las cualidades geográficas y topográficas que el Catatumbo ofrece para la agricultura. El Estado es el único con la capacidad, pero también con el deber de proporcionar la infraestructura vial que conecte al Catatumbo con el resto del país, y de liderar un programa de inversión social que ofrezca las alternativas que la gente necesita para alejarse de las dinámicas del conflicto. En la inversión social como complemento de la confrontación militar está la clave para empezar a dejar atrás el conflicto.

*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.

Enero, 2020.

La Capital de la inseguridad

Dic 31, 2019 | Columnas de Opinión

Por: Pablo Soler*
@soler_pablo

La situación actual de Bogotá evidencia diferentes problemáticas que afectan día a día la vida de los ciudadanos, la invasión al espacio público, la movilidad, la ausencia de cultura ciudadana, la llegada masiva de extranjeros, y, sobre todo, la inseguridad. Es una realidad, que el hurto a personas es uno de los delitos que más ha impactado y preocupa a los bogotanos.

Según el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ, el hurto a personas en la ciudad de Bogotá en 2018 presentó un aumento del 35% en comparación con el 2017, al pasar de 76.904 denuncias a 103.792, siendo Kennedy la localidad con mayores casos de hurto, seguida de Suba y Chapinero. En el 2019 entre enero y noviembre ha aumentado 19% en comparación con el mismo periodo del 2018, al pasar de 96.646 denuncias a 114.929. En este año, Chapinero encabeza con mayores casos de hurtos, seguida de Kennedy y Suba.

Estas cifras, aunque son alarmantes, están lejanas de la realidad, teniendo en cuenta que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 71% de las personas que sufren hurtos no denuncian. Esto no sólo se debe a las complicaciones en términos de tiempo y movilidad para denunciar, sino a la poca credibilidad que tienen los ciudadanos en el sistema judicial colombiano.

Una prueba de ello es lo sucedido con la conocida banda de “Los rompevidrios”, quiénes sembraron el miedo en Bogotá, no sólo por los constantes hurtos, sino también por la violencia como cometían el delito. Esto llevó a que la Policía Nacional capturara a uno de los miembros llamado alias “el Bizco”. Sin embargo, a pesar de tener más de dos denuncias en su contra, de haber sido capturado en el lugar de los hechos, el fiscal encargado lo dejó en libertad.

El panorama no es para nada alentador, Bogotá actualmente cuenta con tan sólo 221 uniformados por cada 100.000 habitantes, una cifra muy baja si se compara con capitales del mundo con similitud de población, o incluso, en comparación con ciudades como Tunja, Pereira, entre otras, presenta un déficit significativo, permitiendo que el hurto aumente cada año en la ciudad.

Lo anterior ha sembrado un miedo generalizado en los bogotanos, donde muchos, por no decir todos, se han visto obligados a cambiar sus rutinas diarias por miedo a que los roben. Solo para mencionar algunos ejemplos, las personas evitan hablar por celular en las calles, salir a ciertas horas de la noche, manejar con las ventanas abiertas, entre otras.

En términos legislativos, en cabeza del Representante José Daniel López se viene tramitando la Ley de Seguridad ciudadana, que busca aumentar las sanciones y eliminar la casa por cárcel a los reincidentes en casos de hurto callejero. También, contempla la creación de delitos como el “sexting” para castigar a quienes revelen vídeos íntimos de terceros sin consentimiento, y “tocamiento”, para sancionar actos sexuales en los transportes públicos.

Es fundamental complementar estas iniciativas con un plan de seguridad ciudadano local, que permita la articulación entre la Policía Nacional, las instituciones locales y distritales y los ciudadanos. Esto se puede ejemplificar por medio de la creación de frentes locales de seguridad por barrios, generando que la base ciudadana tenga mayor participación y apropiación del territorio, y una comunicación inmediata con las autoridades. Éstos van acompañados con protocolos de seguridad específicos, como cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, aplicaciones y chats de seguridad, botones de pánico, entre otros.

Como ciudadanos es necesario que dejemos de justificar el delito, que dejemos a un lado el famoso “dio papaya”, y comencemos a apropiarnos de nuestros parques, de nuestros barrios, de nuestro territorio. Esto lo debemos hacer de la mano de las autoridades, conectándonos y permitiendo que la comunicación y la confianza entre las partes sea efectiva. Tal y como lo evidencia uno de los principios de seguridad ciudadana, “la ventana rota”, por medio de la apropiación, el cuidado del espacio público y el mejoramiento de la iluminación, los índices de seguridad aumentan. Lo anterior, es un medio disuasivo y preventivo. Con los frentes de seguridad ciudadanos, si bien se busca mejorar la reacción de las autoridades, lo verdaderamente importante es la prevención del delito.

En un país polarizado, podemos encontrar algo en común, todos queremos más calidad de vida en la ciudad, y sin lugar a duda, la seguridad es un factor determinante para alcanzarlo. No importa su inclinación política, debemos ser capaces de unirnos, de articularnos, de preocuparnos por nuestro barrio, de solidarizarnos y conocer a nuestros vecinos, de trabajar juntos por nuestra sociedad.

*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento AlCentro.

El violador eres tú

Dic 30, 2019 | Columnas de Opinión

Las estadísticas detrás del himno que se tomó el mundo femenino.

Andrea Carreño Lozano*
@anpicalo

Con una venda en los ojos que representa una justicia y sociedad invidentes,  y sus dedos índice apuntando a aquellos que creen que el problema es residual, las mujeres exigen un nuevo orden social. No pretenden más que un mundo libre de violencia para todas y todos. No buscan más que hacer conciencia a través de un cántico de la problemática para construir una sociedad igual, justa y equitativa. En pocas palabras: el respeto a la vida, a sus vidas. El machismo mata, mientras que la equidad de género propicia condiciones dignas de vida.

Nuestra sociedad está infectada de machismo. Se estima que el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de la vida y diariamente, 137 mujeres son asesinadas en el mundo, según cifras de la Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU mujeres). En algunos países, el 70% de la población femenina ha sido víctima de esta violencia. Estas mujeres presentan tasas más altas de depresión, más posibilidades de tener un aborto o de contraer el VIH que las que no han experimentado este tipo de violencia.

El himno interpretado por primera vez por el colectivo chileno LasTesis el pasado mes de noviembre ha sido replicado en el resto del mundo hasta hoy. Este tiene varias frases interesantes que vale la pena analizar. Juzguen ustedes si estas valientes activistas exageran:

“El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves”.

Estimado lectora o lector: ¿Sabía usted que entre enero y octubre del presente año, 97.354 mujeres en Colombia fueron víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, personal o de pareja, según datos de Medicina Legal? ¿O que en el primer semestre del año se presentaron 159 feminicidios en el país y 5 mujeres colombianas fueron asesinadas en el exterior por el mismo motivo, según cifras de la Fundación Feminicidios Colombia?

Pues es la cruda verdad y las malas noticias no paran ahí. Las cifras pueden llegar a ser mucho mayores, solo que las víctimas no denuncian por desconfianza en la institucionalidad y revictimización por parte de las dependencias de la justicia. Preguntas como ¿por qué salió en la noche de su casa?, ¿cómo estaba vestida?, ¿qué hizo para que le pegaran?, ¿usted estaba consumiendo alcohol?, ¿usted fue voluntariamente? son revictimizantes y hacen que la culpa recaiga en la mujer siendo ella la víctima de tan aberrantes delitos.

Un estudio realizado por ONU Mujeres Colombia en el año 2014 reveló que ante las denuncias de violencia intrafamiliar, el 54% de los servidores públicos encuestados consideraban que era un tema privado que debía arreglarse en casa.

Según la  Fiscalía General de la Nación, a noviembre del 2017, de los 26.270 casos de delitos sexuales denunciados, solamente 17% fueron imputados y el 5% fueron juzgados. En los casos de asesinatos contra mujeres, sólo el 16 por ciento llegan a imputación, y sólo el 13 por ciento de los feminicidios terminan en condena. Los estereotipos de género y la falta de enfoque diferencial son factores que influencian a las autoridades judiciales al momento de emitir sus decisiones, por lo cual hay un amplio desconocimiento de la situación de desigualdad que la mujer enfrenta y, en lugar de ser escenarios de justicia, se convierten en espacios de discriminación.

El solo inicio del canto acusa al estado de indolente e indiferente ante el sufrimiento y asesinato de las mujeres. Le exigen que pague una deuda acumulada con quienes constituyen más de la mitad de la población mundial. Y guiadas por la premisa de que “es tan culpable quien comete un crimen como quien lo calla”, las mujeres gritan al estado que su falta de políticas públicas efectivas lo convierten en agresor. Es un llamado a que el sistema judicial haga un mea culpa, se eduque en un enfoque diferencial y respete los protocolos que ya existen.

“Es feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación”.

Entre los 25 países del mundo con mayores tasas de asesinatos de mujeres, 14 están en nuestra región, de acuerdo con el ultimo informe del Small Arms Survey.

En México, tres mujeres son asesinadas y 49 sufren de abuso sexual diariamente, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). En Guatemala se registraron 243 feminicidios en solo el primer semestre de 2019, según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En el Salvador, solo en los primeros tres meses del año, 120 mujeres ya habían sido victimas de feminicidio, de acuerdo al Policía Nacional Civil.

En Nicaragua, según el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, hasta la mitad de agosto de 2019, 44 mujeres habían sido víctimas de feminicidios en el país. Brasil, ‘el gigante sudamericano’, está clasificado dentro de los quince países con mayores tasas de feminicidios del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Y en Perú, una mujer muere cada día en el país, de acuerdo con el colectivo “Ni una menos”.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”.
“El violador eras tú. Son los pacos, los jueces, el estado, el presidente”.

Es así ccómo todos somos culpables cuando invisiblizamos y naturalizamos el problema: los jueces que ignoran las pruebas, hombres y mujeres que justifican la violencia contra sus semejantes y las personas que se niegan a ver que la vestimenta no es motivo de provocación.

En cuanto a este fragmento de la canción, me gustaría traer a colación un resonado caso que dio la vuelta al mundo: durante la celebración de las Fiestas Sanfermines en España, en 2016, cinco hombres conocidos como “la manada” violaron en grupo a una mujer de 18 años.

Los acusados afirmaron que la víctima mantuvo relaciones consensuadas. Por su parte, la defensa, durante el juicio, para desestimar la evidencia en video del hecho, aseguró que en la victima “no se ve asco, ni dolor, ni sufrimiento”; mientras tanto,  parte de los medios de comunicación y la opinión pública ponían en entre dicho el “honor” de la mujer haciendo alusión a sus exparejas,  “Ella no era ninguna santa. Me han dicho que se jactaba de haberse acostado con varios chicos”, argumentó una entrevistada por el canal TVE.

Así actúa y se consolida la cultura de la violación. Este pensamiento que justifica y normaliza las agresiones sexuales por la ropa que llevan las mujeres, su actitud, su estado de conciencia o su pasado. La vida privada de la mujer queda expuesta de manera minuciosa y es juzgada duramente por la sociedad. Mientras que el agresor es justificado, defendido y protegido, inclusive convertido en ídolo de una sociedad machista donde el comportamiento sexual agresivo del hombre es signo de su fortaleza y virilidad.

¡Cuánto falta por hacer, por transformar, por sensibilizar! Es necesario que se escuche nuestra voz para exigir protección. Mientras la violación  y el asesinato de mujeres no indigne a la sociedad en pleno y se culpe a los agresores con severidad, seguiremos muriendo en manos de nuestros pares de vida.

*Columnista invitada del Tanque de Pensamiento Al Centro.

Andrea es Máster en Periodismo y especialista en implementación del enfoque de equidad de género y diferencial en empresas públicas y privadas. Politóloga con énfasis en el área de gobierno e internacionalista de la Universidad del Rosario.

Gobierno Duque fracasa en la protección de líderes(as) sociales

Dic 27, 2019 | Columnas de Opinión

Diego Balvino Chavez Chaves
@ChavezBalvino

Iván Duque asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018. Por esos días el país se estremecía por la violencia desbordada y creciente contra los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Un mes antes, se había realizado una multitudinaria velatón en todas las principales ciudades del país y del mundo, reclamando por la vida de quienes estaban siendo asesinados[1].

El nuevo presidente, incluyó dentro de sus políticas el pacto por la vida, para garantizar la protección de líderes y lideresas sociales. Pero ha pasado casi año y medio desde la posesión presidencial y contrario a lo que afirma el gobierno nacional, la situación de derechos humanos ha empeorado en casi todo el territorio nacional con un agravamiento en el número y la sevicia de los hechos victimizantes cometidos contra líderes y lideresas sociales.

Si bien ha señalado en varias oportunidades la disminución del número de asesinatos de líderes sociales durante su gobierno (en junio de 2019 señalaron que la disminución había sido del 32%[2] y en el mes de octubre el consejero Barbosa señaló que la reducción había sido del 47%[3]); esto ha sido desmentido de manera contundente por diferentes organizaciones y la misma Defensoría del Pueblo, quien señaló en su informe de seguimiento a la alerta temprana 026 de 2018 que: “Se hace imposible determinar la reducción efectiva de los homicidios contra personas defensoras de los derechos humanos con tan solo una fuente de información (OACNUDH) y a esta situación se le suma que el gobierno nacional no ha tenido ni tiene en cuenta las cifras y casos reportados por la Defensoría del Pueblo mediante la AT 026-18 ni tampoco en otros espacios de articulación institucional”[4].

Son muchas las razones para afirmar que la política del Gobierno de Iván Duque para la prevención y protección de aquellas personas que defienden derechos humanos y se encuentran en situación de riesgo ha sido errada.

 Para empezar, dentro de su política de seguridad y defensa desconoció el enfoque de seguridad humana contemplado en el Acuerdo de Paz. Se ha empeñado en desconocer, debilitar o hacer inoperantes, gran parte de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad como ha ocurrido con el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, El Cuerpo élite de la Policía, La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, El sistema Integral para el Ejercicio de la Política, El Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los Territorios, El Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, Las Medidas de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, el Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales, entre otros.  

Dichos mecanismos fueron construidos cuidadosamente entre el gobierno y la insurgencia en la mesa de negociaciones, a partir de numerosos  diagnósticos, que contaron con la participación de comunidades y organizaciones sociales afectadas, ONG y expertos nacionales e internacionales. Estos mecanismos en su mayoría fueron creados mediante decretos emitidos durante la presidencia de Juan Manuel Santos, y a pesar de los múltiples incumplimientos por parte de su gobierno en la puesta en funcionamiento, su implementación normativa permitiría convertir en política de Estado las medidas de seguridad para construir la paz en Colombia.

Sin duda, el fracaso del presidente Duque en su deber de proteger la vida, libertad e integridad de todas las personas que defienden derechos humanos en Colombia, comenzó desde el momento en que desechó los importantes avances del Acuerdo de paz en materia de garantías seguridad, desconociendo la obligación constitucional que tienen todas autoridades del Estado de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final[5].   

Por el contrario, Duque se embarcó en una soberbia y ambiciosa estrategia a la que denominó “Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas” (PAO). Este Plan de Acción fue lanzado en el mes de noviembre de 2018 y cuenta con los siguientes componentes: i). La articulación y reingeniería institucional; ii. La actuación estratégica en el territorio; iii). Una estrategia de comunicación y capacitación; y iv). La formulación de una Política pública de prevención y protección integral, construida a partir de los tres ejes anteriores.

El PAO parte de un diagnóstico interesante, pero limitado, al reconocer únicamente como riesgos los actores y economías ilegales, desconociendo los riesgos originados por la estigmatización ejercida por funcionarios públicos, la acción y excesos de Fuerzas militares y de Policía, la continuidad de grupos paramilitares y sus nexos con agentes del Estado, la discriminación contra pueblos étnicos, mujeres y población LGBT, así como las acciones violatorias de los derechos humanos cometidas por empresas nacionales y extranjeras en Colombia.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna deja por fuera otros aspectos fundamentales que son parte del Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad, como el desmantelamiento y/o sometimiento a la ley para las organizaciones criminales o sucesoras del paramilitarismo. Duque no ha actuado como un estadista al desechar los avances alcanzados en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, o en el proceso de sometimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Si bien propone acciones necesarias como la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, entidad sobre la que recae la principal responsabilidad en materia de protección material de los líderes y lideresas en situación de riesgo, y sobre la que existen innumerables cuestionamientos; el proceso sigue en etapa de diagnóstico sin que se hayan realizado cambios institucionales significativos.

De igual manera, la construcción de una política de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos constituye una tarea muy importante que ha sido una exigencia histórica de las organizaciones sociales en Colombia. Pero el Gobierno nacional ha sido muy irresponsable en el proceso de construcción de dicha política. Al inicio de su mandato, Iván Duque pretendió desconocer los acumulados existentes en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos en espacios como la Mesa Nacional de Garantías, las Mesas territoriales de Garantías, la Subcomisión de Derechos Humanos de Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Ante la presión nacional e internacional, posteriormente el gobierno nacional convocó a los espacios de articulación en derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Estas a su vez decidieron participar del proceso a través de una gran articulación llamada La Confluencia, con quién estableció una metodología unificada y participativa para recoger diagnósticos y propuestas teniendo en cuenta los enfoques territorial, étnico y de género.

No obstante, este conjunto de organizaciones decidió suspender su participación en el proceso de formulación de la política de garantías el pasado 6 de noviembre, al constatar que no existía una voluntad política real de parte del Gobierno nacional para avanzar en la implementación de los mecanismos de protección existentes, incluyendo los establecidos en el Acuerdo Final de Paz. Esto lo evidenciaron con la reactivación del conflicto armado e intensificación de la violencia sociopolítica en muchas partes del país, la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico así como el creciente nivel de connivencia de sectores de la fuerza pública con estos grupos. De igual manera, denunciaron la reiterada estigmatización por parte de altos funcionarios del gobierno nacional contra las organizaciones sociales, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, así como las judicializaciones en contra de líderes y lideresas sociales[6].

Esta decisión tuvo como detonante el irrespeto y falta de diálogo en el Departamento del Cauca, ante la gravísima situación de agresiones contra los pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades campesinas, cuando ante el vil asesinato de la Gobernadora Indígena Cristina Bautista, la decisión del presidente fue enviar 2500 tropas más al departamento, en un acto que desconoce la realidad territorial del conflicto y los procesos de autoprotección de las comunidades.  

De igual manera, el retorno de los falsos positivos como práctica de la Fuerza Pública, con casos donde participaron miembros de la fuerza pública en el asesinato de la Candidata Karina García a la Alcaldía de Suarez, la ejecución extrajudicial de Flower Trompeta en Corinto, Cauca, o el complejo plan que involucró a diversos mandos del Ejército nacional en la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, en el Catatumbo[7], siendo solo la punta del iceberg de lo que han generado las directrices de “body counting” que fueron denunciadas por el New York Times[8]. Estos hechos fueron pruebas suficientes para la Confluencia, de la falta de interés por proteger los derechos humanos contenida en la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque.

Pese a la retirada de las principales plataformas de derechos humanos y de organizaciones sociales del escenario de construcción de la Política Pública, el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior siguió adelante sin atender ninguna de las peticiones hechas por las organizaciones como: Concertar y detener militarización, cambio de funcionarios y convocatorio extraordinaria de escenarios de garantías.

Por el contrario presentó el 10 de diciembre el Marco de política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH. en la ciudad de Cartagena[9], en un escenario manipulado que no contaba con la participación de las organizaciones más afectadas por la violencia.

Sin duda, esto deja un mal precedente frente a la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de los derechos humanos está siendo formulada por medio de un documento CONPES, durante el primer trimestre del 2020. Dicho documento quedará como un saludo más a la bandera sino existe la mínima coherencia por parte del Gobierno nacional en cuanto a su lineamiento de derechos humanos. 

Las falta de garantías por parte del gobierno nacional al ejercicio legítimo de defender los derechos y movilizarse por ellos, han sido especialmente evidentes desde el 21 de noviembre (día en que comenzó el paro nacional), con una oleada de movilizaciones nunca antes vistas en la historia de Colombia.

El tratamiento de guerra dado a las jornadas de paro y movilización, donde se violaron flagrantemente los protocolos de derechos humanos, evidencian la falta de compromiso real por parte del Gobierno nacional por encontrar una política de garantías para la Defensa de los derechos humanos.

El asesinato de Dylan Cruz por parte de un agente del ESMAD se convirtió en el hecho que causó la mayor indignación, pero las agresiones por parte de la fuerza pública han sido numerosas. La campaña defender la libertad contabilizó hasta el 3 de diciembre 914 detenciones, que en un alto porcentaje fue decretadas ilegales, por no existir los elementos que la justificaran, así como por las agresiones físicas cometidas durante su desarrollo[10]. También registró más de 300 heridos, entre ellos entre ellos algunos con arma de fuego por parte de la Policía, como lo es el caso de Duván Villegas, quien difícilmente podrá volver a caminar por culpa de un impacto de bala que recibió en su espalda.

El gobierno de Iván Duque, ante la crisis evidente en que se encuentra, continúa gobernando con oídos sordos, desconociendo el Acuerdo de paz y la participación de la social. Frente a la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, la sociedad colombiana ha ido superando la indiferencia, siendo el rechazo a la violencia en su contra y la exigencia de su protección uno de los puntos principales del Comité del Paro y las diversas manifestaciones que han ocurrido desde el 21 de Noviembre en el marco del Paro Nacional. Si el gobierno de Iván Duque no re plantea su política de seguridad y protección, en el año 2020 la sociedad colombiana no dejará de salir a las calles para exigir respeto y garantías para defender los derechos humanos.

*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento AlCentro

Diego es Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho de Tierras de la Universidad Externado de Colombia. Integrante del Colectivo Agrario Abya Yala. Actualmente se desempeña como investigador en derechos civiles y políticos de la Comisión Colombiana de Juristas.

[1] Revista Semana. Las velas que por nuestros muertos se encendieron en el mundo. Julio 7 de 2018. Disponible en:  https://www.semana.com/nacion/galeria/fotos-de-la-velaton-por-la-vida/574389

[2] Presidencia de la República. Durante el Gobierno del Presidente Duque los homicidios de líderes sociales se han reducido el 32%, reveló el Consejero para los Derechos Humanos. Junio 5 de 2019. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190605-Gobierno-Presidente-Duque-homicidios-lideres-sociales-reducido-32-Consejero-Derechos-Humanos.aspx

[3] Presidencia de la República. Hay una reducción del 47% en los homicidios de líderes sociales en Colombia, reveló el Consejero para los Derechos Humanos. Octubre 23 de 2019. Disponible en:  https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/reduccion-del-47-homicidios-lideres-sociales-Colombia-Consejero-Defensa-Derechos-Humanos.aspx

[4] Defensoría  del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas. Informe de seguimiento alerta temprana 026 -18. Agosto de 2019.

[5] Acto Legislativo 02 de 2017 “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

[6] La Confluencia. La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS. Noviembre 6 de 2019.

[7] Ibídem

[8] The New York Times. Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Mayo 18 de 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/

[9] Ministerio del Interior. Presentación Marco de política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH. Diciembre 10 de 2019. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/presentacion-marco-de-politica-publica-de-proteccion-integral-y-garantias-para-lideres-sociales-comunales-periodistas-y-defensores-de-ddhh

[10] Campaña Defender la Libertad es un Asunto de Todos. Boletín informativo #9: Paro Nacional. Diciembre 3 de 2019. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-9-paro-nacional/