La política pública debe generar condiciones para impulsar el mercado digital, pero así mismo, para innovar y competir en este escenario, el sector empresarial requiere desarrollar capacidades para transformarse digitalmente.
La evolución de la economía digital, así como sus dividendos sociales y económicos son el resultado de la interacción de diversos factores y actores del mercado. Un recurso de análisis para abordar el tema es el índice de evolución digital desarrollado por The Fletcher School – Tufts University. Este índice mide la transformación de las economías en el mundo avanzado y en desarrollo, mediante el análisis de los que considera como principales factores que rigen la evolución de un país en una economía digital: Demanda, oferta, entorno institucional e innovación.
De acuerdo con los resultados del índice 2013 y 2017, Colombia es clasificada en la zona de trayectoria donde se encuentran los países que tienen el potencial de desarrollar economías digitales fuertes. No obstante, ocupa la posición 44 del ranking que mide las trayectorias digitales de 60 países en su más reciente edición, en la cual, en los primeros lugares se ubican Noruega, Suecia y Suiza, y de América Latina la mejor posición la ocupa Chile en el puesto 30.
En este contexto, el CONPES 3975 de 2019 Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia artificial, es un componente a tener en cuenta en el entorno institucional de Colombia para el avance de su economía digital. Entre las acciones definidas se encuentran la inclusión en la oferta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de servicios dirigidos a empresarios y emprendedores, para acompañar procesos relacionados con transformación digital, así como la articulación de iniciativas del Ministerio TIC en esa línea. De otra parte, indica que realizaran ajustes normativos para promover y consolidar un ecosistema de pagos electrónicos, así como para la actualización de la normativa relacionada con el surgimiento de modelos de negocios basados en nuevas tecnologías.
Es preciso señalar que el CONPES citado también considera un posible impacto de la transformación digital en la profundización de diferencias sociales e inequidad, teniendo en cuenta que “las industrias basadas en tecnologías de punta superan los niveles de productividad y rendimientos de las industrias tradicionales.”
Frente a lo anterior, es necesario resaltar que la oferta nacional hace parte de un mercado global, por tanto, el sector empresarial requiere desarrollar capacidades que le permitan incorporar tecnologías digitales y uso de datos para evolucionar sus modelos de negocio, es decir, optimización de procesos, desarrollo de bienes y servicios, así como la forma de relacionamiento con los grupos de interés. Este escenario de transformación de las organizaciones y su operación implica también la necesidad de realizar ajustes de acuerdo con las normas vigentes y, prepararse para las que eventualmente se introduzcan.
Por su parte el Estado, no puede quedarse rezagado en “la actualización de la normativa relacionada con el surgimiento de modelos de negocios basados en nuevas tecnologías.” Colombia requiere acciones instituciones coordinadas y oportunas, tanto en materia normativa como en la promoción de la innovación, el desarrollo de nuevas industrias y la atracción de inversión en estos sectores fundamentales para el crecimiento y el desarrollo económico. Es estar a la vanguardia en el escenario de la cuarta revolución industrial, identificando cambios e incorporándolos en beneficio de las personas, y así mismo, para promover la generación de valor y oportunidades de mercado.
La noción de desarrollo territorial en proporción con la historia de Colombia es relativamente corta, no es hasta la constitución del 91 que se crean los niveles de gobierno territorial, y desde hace 20 años que se empezó a involucrar la descentralización en la agenda política del país, como resultado se dio la creación de la Subdirección General Territorial del Departamento Nacional de Planeación, entidad encargada de liderar la elaboración de políticas públicas en función del desarrollo, en especial a través de Plan Nacional de Desarrollo.
De igual manera en función del desarrollo territorial se han creado leyes, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y recientemente la Ley de Regiones. También el actual PND tiene en cuenta los Pactos Territoriales como la manera de articular las políticas públicas en los territorio, y esta en curso la creación de la misión de descentralización que abre la ventana de oportunidad para reinventar un nuevo esquema territorial pensando desde las subregiones funcionales, las provincias, las Regiones Administrativas de Planificación, entre otras nuevas figuras.
Ahora bien, el mensaje que quizá no se ha tenido en cuenta en la coyuntura del debate de la planificación territorial, es la implementación de una agenda visionaria en relación con la dinámica mundial. Las grandes ciudades y ejemplos de Smart Cities han afrontado retos en innovación, desarrollo de economías locales, nuevos esquemas de gobernanza, provisión de infraestructura, oferta de servicios, generación de recursos, conectividad y resiliencia a través estrategias de un desarrollo dirigido y de largo plazo, y en sobresalto el papel de movilización global desde un escenario local.
En Bogotá, por ejemplo, la Fundación ProBogotá Región esta hacienda una apuesta interesante en establecer un set de políticas públicas que transcienda los gobiernos de turno hacia el año 2051. Estrategia que se deberían replicarse en la agenda territorial a nivel nacional, en especial cuando en el primer semestre de 2020 se apresura la elaboración de más de 1.100 Planes de Desarrollo Territorial a nivel municipal y departamental, como también la elaboración de la Hoja de Ruta de las 16 subregiones PDET. Esto carecen de una visión y sinergia en función del desarrollo, dado que tradicionalmente los planes se han convertido en una colcha de retazos para cumplir la obligación de la planeación.
En este orden, y en función de la oportunidad de repensar la agenda territorial, como también el acertado acercamiento de parte del gobierno nacional con las entidades territoriales; es pertinente utilizar las herramientas que existen para mejorar la planificación territorial como la existencia de 237 nodos de desarrollo, 101 subregiones funcionales, y 16 regiones PDET identificadas que requieren la implementación de políticas públicas diferencias y a largo plazo según su predominancia urbana, rural remota, rural cercana, intermedia y con mayor grado de afectación por el conflicto.
Según Strategic Intelligence del Foro Económico Mundial la manera en como se afronta los riesgos locales tienen un impacto global, sobre todo cuando se busca mejorar la provisión y eficiencia de los recursos en materia de energía, conectividad con los mercados, financiación de proyectos, sostenibilidad ambiental, participación y democracia, relación con inversionistas, justicia y estabilidad jurídica, fortalecimiento de habilidades y capacidades, disrupción en el mercado laboral, incursión de nuevas tecnologías, y en general una nueva orientación de los gobiernos a menor nivel.
En conclusión, Colombia tiene una oportunidad inmensa de planificar los territorios con rigurosidad en función de las dinámicas mundiales del desarrollo, y en donde además la elaboración de los nuevos Planes de Desarrollo Territorial, la misión de descentralización, los pactos territoriales, entre otras ventanas; permite que la agenda publica de planificación se mencione la beta de mejorar e involucrar una visión programática del desarrollo territorial como nudge unit hacia la promoción de mejor calidad de vida de los territorios. Solo hay que hacerlo con criterios técnicos por arriba de la cultura política local.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Sobre Jorge Iván: Es economista de la Universidad de la Salle y asesor-contratista de la Subdirección General Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Con experiencia en el sector financiero como analista de riesgos para BBVA y Banco AV Villas. Laboró como consultor y asesor en la elaboración de planes de desarrollo y programáticos para organizaciones no gubernamentales como la Asociación Ante Todo Colombia, Cordecoso SAS, Ford Foundation, y 4P Consultores. Ponente invitado a la Cumbre de Comunicación Política.
No hay buenos gobiernos que comuniquen mal, ni malos que lo haga bien; sin embargo, la comunicación es el aliado clave para construir puentes con los ciudadanos. Volviendo a lo básico, a las claves de los profesores Riorda y Elizalde, aquí presentamos algunos tips para la buena comunicación gubernamental.
1.Tener un mito de gobierno. El mito sera el mensaje central, el marco de la comunicación. El mito o relato será el proyecto general de gobierno para que sea asumido por la sociedad, el que otorgará sentido a la gestión que se realiza, el símbolo, la bandera, el sentido del gobierno. Esta bandera debe ser alcanzable y entendible para los ciudadanos porque será la suma de políticas públicas lo que la gente juzgará, por eso mito o relato de gobierno requiere coherencia entre el hacer y el decir.
2.Apuntar a construir consenso. Entienda que ya no está en campaña, ahora esta gobernando para todos por eso nunca pierda de vista el objetivo de la comunicación gubernamental que es el de construir consenso, más no vender como buena o mala la gestión de gobierno. Si se logra consenso, se disminuyen los bloqueos, se consigue la aprobación y el respaldo de la gestión, esto automáticamente le otorga gobernabilidad a los mandatarios, es decir, le dará vía libre para ejecutar sus proyectos.
3.Por favor, profesionalicen sus equipos de comunicaciones. Ojo a este punto, es hora de dejar de pensar en el grupo de comunicaciones como un área más de apoyo y otorgarle su relevancia. El equipo de comunicaciones debe estructurarse con profesionales preparados en comunicación política. Ser periodista no es garantía de saber comunicar, ser ser analista político no hace a nadie experto en comunicación política, y hacer publicidad no es comunicarse con la gente. Busque talento humano preparado, que no solo comprenda la realidad política sino que sepa gestionar la comunicación, la convergencia y los desafíos de generar consensos. Este grupo será su aliado para construir puentes con los ciudadanos.
4.Asumir y responder a la convergencia. Poder responder a los desafíos del nuevo sistema de medios, las nuevas tecnologías y las innovaciones que a diario se dan, para no solo informar, sino, lo más importante interactuar; escuchar a la ciudadanía, construir puentes y usar estas herramientas para retroalimentarse.
5.Tener y ejecutar una estrategia de comunicación. La planificación de una estrategia de comunicación es fundamental, es la hoja de ruta de cómo generar consenso y aprobación de la gestión. Es saber qué objetivo se tiene, con qué se cuenta, qué medios se usarán y qué efectos se alcanzarán.
6.Lograr establecer una comunicación cada vez más directa. Poner en marcha alternativas de comunicación que no hagan necesaria la mediación de la prensa. En un mundo globalizado, con un ciudadano hyperconectado e hyperinformado hay que buscar la forma llegar a él y acercar el Estado.
7.Intentar no caer en la comunicación egocéntrica. Un alcalde o un gobernador no es un monarca, el mundo no gira en torno a Usted. Personalizar demasiado los mensajes no los hace incluyentes, por el contrario, pueden generar resistencia de la ciudadanía si su imagen esta demasiado ligada a cada una de las acciones. Adicionalmente, si se tiende a la comunicación personalista, en momentos de crisis será más difícil desligar a la figura y el costo para su imagen puede ser más alto.
8.Gestión de crisis. Entender acertadamente la comunicación de crisis. Saber gestionarla con el único objetivo de generar certidumbre sobre la situación y clausurarla. No significa que gestión una crisis sea salir ileso de la situación que la genero, pero al menos lograr hacerlo con el menor daño posible. No se trata de crear un protocolo, pues cada crisis es diferente, pero sí de entender cuál el plazo de gestión, qué tipos de mensajes usar, qué medios, qué voceros, entre otros. Es clave madera riesgos, que cada una de las acciones se analicen desde todos de ángulos posibles.
9.Tener políticas de acceso a la información, veracidad de datos fidedignos. En un mundo hyperconectado, con cada vez mayor apropiación tecnología, es importante tener una política de datos abiertos que no solo permitirá verificar los datos que se comunican, también propician la veeduría ciudadana, las posibilidades de gestiones periodísticas y acentúa la transparencia.
10.Gestión de redes sociales para gobernar. Hay que dejar de entender las redes sociales como solo canales para difundir información, en ellas está la grandiosa oportunidad de interactuar con los ciudadanos, construir relaciones, resolver dudas y leer a la opinión pública de manera más fácil para la toma de decisiones. Es necesario definir y gestionar estratégicamente la comunicación digital, elevando su importancia y estructurando la coordinación de un equipo digital para trabajar de manera articulada, que no solo se dedique a la publicación, sino que participe en las gestión y producción de los contenidos. Es imprescindible tener un equipo profesional, que cuente con los conocimientos en comunicación digital, capaz de diseñar estrategia de social media, ejecutarlas y retroalimentar. El mundo digital, es el nuevo uno a uno con la gente y hay que saber gestionar la comunicación en él.
Una reflexión que con
seguridad se dará más allá de la coyuntura, consistirá en pensar, cómo la
dinámica de la participación de la sociedad colombiana no es la misma desde
hace algunos pocos años. El plebiscito de 2016, el paro camionero de 2017, el
paro del sector educación del 2018, las elecciones regionales y el paro
nacional del 21N de 2019; han sido sólo algunos puntos de inflexión en la
materialización de procesos de indignación y construcción de conciencia
colectiva, en un proceso innominado que resulta apenas gestante.
Los procesos
sociales nacidos con las manifestaciones del 21N, no sólo han dado a la luz una
generación de colombianos más reflexivos, activos y convergentes, sino que han
revivido un discurso de diálogo y discusión participativa, objetiva y crítica,
lejana de ismos y polarización. Sin embargo, ¿cómo participa la cuestión sobre
el mundo del trabajo en este proceso?
De golpe y por
cuestiones de espacio, en esta columna únicamente se analizará el punto tercero
de las peticiones de Comité del Paro del 21N, consistente en: “Derogar la
circular de Mintrabajo sobre cuándo las empresas pueden terminar los contratos
laborales de personas en condiciones de debilidad”.
La circular 049 de
2019
El pasado 1 de
agosto de 2019 el Ministerio de trabajo promulgó la Circular 049, en virtud de
la cual definió las directrices y procedimientos a seguir por empleadores e
inspectores de trabajo, en los casos en los que se pretenda la terminación de
una relación laboral, con un trabajador que se encuentre en estado de
discapacidad o debilidad por su estado de salud.
Si bien este
instrumento inicia con una reseña normativa dentro de la que se encuentran la
Ley 361 de 1997 y la Ley estatutaria 1618 de 2013, uno de los aspectos
principales está en que adopta el estándar de aplicación sobre la garantía
de estabilidad laboral reforzada, construido por la Corte Constitucional, y
no el de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, a
pesar de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido
reiterativa en su jurisprudencia, en no
exigir a empleadores la autorización de inspector de trabajo en los casos en
los cuales tenga una justa causa de despido del trabajador enfermo; la
mencionada Circular adopta la línea de interpretación de la Corte
Constitucional en tanto: No exige un proceso previo de calificación de
porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL); no exige acreditar por parte
del trabajador un porcentaje de PCL al momento del despido y tan sólo le será
necesario demostrar que sufre de una disminución física, psíquica o sensorial
en grado relevante, que se traduzca en una afectación grave en su salud que le
impida sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares.
En segundo momento,
la Circular define los casos en los cuales se podrá adelantar el trámite
administrativo de autorización para el despido del trabajador discapacitado a
saber: (i) Cuando el empleador solicita la terminación del
vínculo y manifiesta que existe justa causa de despido. (ii)
Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo y manifiesta que existe
una causal objetiva. (iii) Cuando la discapacidad o situación de sea incompatible e insuperable con el cargo
que desempeña. Y (iv) cuando el empleador solicita la terminación
del vínculo laboral pero no alega justa causa de despido, causal objetiva, ni
acredita haber agotado el proceso de reincorporación del trabajador en
situación de discapacidad; este último, en el cual el inspector negará la
solicitud de plano.
El debate
Si bien esta
directriz fue promulgada hace algo más de cuatro meses, su contenido representó
una serie de manifestaciones previas de protesta, que encontraron cabida en las
solicitudes que el Comité del Paro del 21N actualmente ha presentado al
Gobierno Nacional como requisito para su terminación. En este sentido, la
propuesta del Comité está en que el Gobierno Nacional a través de su cartera de
trabajo derogue y deje sin efecto dicha Circular, por las siguientes
razones:
Se
atenta contra la garantía de estabilidad laboral reforzada de los trabajadores
enfermos, en tanto el concepto de “causal
objetiva” resulta ambiguo y podría representar la puerta de entrada a
diferentes causales que pueda tener o crear el empleador, en detrimento de los
intereses y necesidades del trabajador enfermo.
Se
vulneran derechos fundamentales del trabajador pues una vez el empleador logra
tener una “causal objetiva” podría
dar por terminada la relación laboral, dejando en un estado de indefensión al
trabajador enfermo quien perdería la posibilidad de continuar sus tratamientos
médicos, procesos de rehabilitación y de calificación de PCL. Pues se considera,
que sin estas alternativas de despido dichos contratos estarían llamados a ser
renovados, como garantía de estabilidad.
Se
transgreden derechos constitucionales como el debido proceso, en tanto no
resultan claros los escenarios de participación de trabajadores y sindicatos en
el trámite de despido, resultando así excluidos y marginados de la posibilidad
de intervenir y controvertir la causal de despido.
El Gobierno Nacional
ha dado respuesta a las inconformidades de las asociaciones de trabajadores,
manifestando que con la promulgación de la Circular se protegen los derechos de
los trabajadores enfermos, puesto que los empleadores deberán agotar un
procedimiento previo para dar por terminada la relación laboral, so pena de la
declaratoria de ilegalidad del despido por el Juez de Tutela o el Juez laboral.
En igual sentido, los
representantes del Ministerio de Trabajo han manifestado la necesidad de
mantener la Circular, pues consideran que la misma crea seguridad jurídica, pues
empleadores, trabajadores e inspectores de trabajo ya sabrán el escenario
jurídico y procedimental para terminar una relación laboral con un trabajador
enfermo.
Dicho lo anterior, ¿cómo encontrar puntos de acuerdo entre la posición del Comité del paro y el Gobierno Nacional con relación a esta petición? A continuación, algunas propuestas de solución.
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PUNTO TRES DE LAS
PETICIONES DEL COMITÉ DEL PARO: CIRCULAR 049 Y DESPIDO DE TRABAJADORES ENFERMOS
Previo a conocer las
propuestas de solución al punto tres de las peticiones del Comité del Paro que
aquí se desarrollan, oportuno resulta comprender el contexto de este debate, en
la primera parte de esta columna disponible aquí (Nota: para el editor crear
hipervínculo parte uno).
Ahora, con el
propósito de crear una salida metodológica para la construcción de un escenario
de convergencia entre las posiciones del Gobierno y el Comité del Paro, como requisito
para dar por superadas las razones del paro del 21N, la primera tarea estará en
reconocer sentido y razón en las posiciones expuestas por lo actores de la
discusión, así como analizar el fondo de dichos argumentos.
Con relación a lo
expuesto por el Gobierno Nacional, es cierto que la mencionada Circular
representa un avance normativo en el sentido de interpretar el alcance de la
Ley 361 de 1997. En igual sentido, es cierto que esta directriz crea mayor
seguridad jurídica, en comparación con el derecho preexistente su expedición,
en tanto los actores de las relaciones de trabajo (empleadores, trabajadores e
inspectores de trabajo) conocerán de ante mano, una serie de procedimientos,
escenarios y requisitos para dar por terminada una relación de trabajo.
No obstante, si bien
la Circular crea un mayor grado de seguridad jurídica, en tanto dota de
contenido una serie de presupuestos normativos que antes se encontraban vacíos,
mayor contenido no es sinónimo de calidad, ni garantía de mejor interpretación.
Por su parte, de lo
manifestado por los integrantes del Comité del Paro, resulta aceptable la idea
de que el concepto de “causal objetiva” adoptado en la Circular, resulta
ambiguo e inútil en la tarea de definir un escenario más claro para los actores
de la relación de trabajo. Lo anterior, en tanto la referida Circular no hace
una mención clara sobre lo que podría interpretarse cómo causal objetiva y se
limita a considerar como ejemplo, el cumplimiento del término en los contratos
a término fijo o la expiración del objeto contractual en los contratos de obra.
Igual suerte correrá
el argumento que sostiene que, dada la ambigüedad del concepto de “causal objetiva” se permitiría despedir
un trabajador enfermo, dejándolo en un estado de mayor desprotección puesto que
con la terminación del vínculo laboral cesaría la cotización al sistema de
seguridad social en sus diferentes subsistemas.
Finalmente, le
asiste parcialmente la razón a los representantes del Comité del Paro cuando
manifiestan que la Circular no es clara en definir los momentos y escenarios de
participación del trabajador en el proceso de autorización del despido, pues si
bien afirma que en la causal primera, que el inspector considerará “la posibilidad otorgada al trabajador en
estado de discapacidad o debilidad manifiesta de controvertir las pruebas y
motivos por los cuales se procede a solicitar la autorización de despido” y
en momento seguido se menciona la constatación del “agotamiento previo del procedimiento consagrado en la convención
colectiva en el reglamento interno de trabajo o el contrato individual”. No
se conocen con claridad los momentos de defensa y contradicción que tendrá el
trabajador, adicionales a la notificación del inicio del trámite administrativo
y de la autorización del despido.
Se dice que es
parcial la razón, puesto que si hay proceso disciplinario o el despido es sanción, se siguen las
reglas del proceso disciplinario o el trámite establecido para el despido,
escenario en el cual el trabajador podrá controvertir las pruebas, únicamente
cuando se habla de que existe una justa causa, y no para las demás causales
contempladas en la Circular.
Como propuestas de solución se consideran las siguientes:
No eliminar la Circular 049 de 2019, sino depurar concertadamente su contenido en los aspectos que resultan problemáticos para los trabajadores, en el entendido que hay fallos en el proceso de representación, pues no se ven con claridad las propuestas del Comité con relación a los trabajadores beneficiarios de la garantía de estabilidad ocupacional reforzada.
Extender
la protección de estabilidad laboral reforzada, a una nueva garantía de
protección y acceso al sistema de seguridad social, en igualdad de condiciones
a las que el trabajador gozaría si se encontrara en vigencia de la relación
laboral. Como sería el caso de una Ley de protección al trabajador cesante en
situación de discapacidad. De manera que el trabajador enfermo cuya relación de
trabajo fuera terminada, tuviera una garantía en el tiempo para la continuación
de los servicios médicos sin distinción al origen de la discapacidad (de origen
común o laboral) y sin consideración al momento en el que el trabajador se
encuentre el proceso de la calificación.
A
fin de garantizar el debido proceso del trabajador discapacitado, se considera
oportuno crear una segunda instancia de revisión de las autorizaciones de
despido solicitadas ante el inspector de trabajo, la cual estuviera en cabeza
del juez del trabajo municipal o de pequeñas causas, con el propósito de dar
mayor legalidad a la solicitud, de manera que: Por un lado, se desincentive la
probabilidad del uso en masa de la acción de tutela que pueda generar una mayor
congestión judicial. Y por el otro, se elimine la condición en la cual, se
pueda dejar al trabajador discapacitado en el escenario del proceso ordinario
laboral con mora judicial, para que alegue o cuestione la justeza del despido.
Que con
el propósito de subsanar los posibles vacíos o desequilibrios con relación al
derecho al debido proceso, se haga mención de manera expresa de la necesidad de
seguir y aplicar el estándar de protección definido por la Corte
Constitucional, puntualmente en lo que tiene que ver con las sentencias T-330
de 2007, T-632 de 2007, C-593 de 2014, entre otras.
Finalmente,
a fin de dar cumplimiento a postulados constitucionales y en particular
garantizar una protección del derecho a la igualdad, es necesario incluir de
manera expresa no sólo los trabajadores beneficiarios de la garantía de
estabilidad laboral reforzada sino todos aquellos que se enmarquen dentro de la
estabilidad ocupacional reforzada.
Queda demostrado que la coyuntura del 21N no sólo ha generado una serie de reclamaciones legítimas, sino que servido como excusa para elevar el nivel de producción de normas y la visión de sus creadores. Pues si bien, ambas partes tienen razón en algunos de los argumentos expuestos, queda la tarea de vislumbrar opciones sensatas, en un proceso de concertación equitativo para todos los actores; para lo cual estas propuestas puedan servir de esbozo.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Sobre el columnista: Nicolás es abogado consultor, litigante, profesor universitario e investigador. Director de asesoría Almena Jurídico con experiencia laboral como asesor jurídico de empresas locales y multinacionales. Con amplia experiencia en procesos judiciales y extrajudiciales en materia laboral. Y vasta trayectoria en el sector académico como asistente, coordinador e investigador en proyectos de investigación jurídica en asuntos del trabajo. Ganador de concursos nacionales en Derecho laboral.
Mi nombre es Paulius Yamin. Cuando estaba en el colegio, sufrí mucho con lo que los expertos llaman “acoso escolar” o “bullying”. Me decían muchas cosas, pero una de las que más me dolía (y por eso una de las que más usaban) tenía que ver con el color de mi piel. Parece que para esas tres o cuatro personas que hoy en día son abogados, administradores o artistas, mi piel no era suficientemente blanca para ir a un colegio de clase alta en Bogotá.
El bullying o acoso escolar es un problema grave en el mundo, y produce consecuencias importantes para los millones de niños y niñas que lo sufren. Según un estudio reciente de UNICEF, más del 30% de los estudiantes entre 13 y 15 años han sufrido algún tipo de acoso escolar. En Colombia, aunque existen distintas medidas y cifras, una encuesta realizada por la OCDE encontró que alrededor del 20% de menores de edad reportan haber sido víctimas de acoso escolar, mientras que el 7.6% asegura que sufre diariamente de algún tipo de maltrato físico. Para estos millones de niños y niñas, ir al colegio todos los días es una fuente enorme de ansiedad y miedo. Los estudiantes que reportan ser víctimas frecuentes de bullying tienen peor desempeño en lectura, matemáticas y ciencias comparado con los que no lo sufren (como mostró un estudio en Estados Unidos), mientras que en Colombia, 3 de cada 5 estudiantes que sufren bullying han pensado en suicidarse.
En mi caso, duré mucho tiempo sin decirle nada a mis papás. Sentía vergüenza por lo que pasaba y por no poder solucionarlo yo mismo. Solamente llegaba a mi casa, me encerraba en el baño, y me ponía a llorar frente al espejo. Varias veces pensé en suicidarme. Después me lavaba la cara y trataba de hacer como si no pasara nada. En el colegio, unos profesores no se daban cuenta, otros sí y no les importaba, y uno se burló de mi con ellos. Solamente tuve que contarles a mis papás el día que llegué a la casa con una quemadura de segundo grado en la cara. Para la psicóloga del colegio, eran “pilatunas de niños”. El colegio siempre estuvo más preocupado por su imagen que por protegerme, y solamente aceptaron intervenir cuando amenazamos con demandar al colegio y contar lo que había pasado en los medios. Después de eso recibimos llamadas amenazantes de padres a la casa, pero el acoso paró.
Como muestra mi caso, y como pasa con muchos otros problemas sociales y colectivos, las mejores leyes y políticas públicas seguirán fallando si no incluyen estrategias para transformar el comportamiento y la cultura de las personas. Como argumenté en una columna anterior, estrategias que mejoren la cultura ciudadana y, con ella, nuestra capacidad de vivir juntos y cooperar para lograr beneficios comunes. Y eso incluye a los estudiantes que lo hacen, pero también a los que lo sufren y a los que miran sin decir nada, a los profesores que lo ignoran y a los que lo apoyan, a los psicólogos y directivos, y a los padres que siguen el ciclo de agresión.
El acoso escolar es un problema con fuertes componentes culturales y comportamentales. Investigaciones han mostrado cómo el acoso tiene poco que ver con las creencias y valores personales de los estudiantes, y que suele ocurrir en todos los niveles jerárquicos sin importar los valores personales. Más bien, los contextos donde es común el acoso escolar se caracterizan porque los estudiantes creen que el maltrato es aceptable e incluso valorado positivamente por los demás. La violencia física y psicológica, y las actitudes racistas, homofóbicas, misóginas o clasistas, se ven como “pilatunas” o como un símbolo de estatus. Por eso, el acoso es generalmente un ciclo en el que unos maltratan a otros, que responden y maltratan a otros, y así sucesivamente. La mayoría de nosotros, así hayamos sufrido de maltrato durante varios años, también recordamos haber maltratado a otros en ocasiones.
Por eso, también, las acciones y medidas para reducir el acoso en los colegios deben ir más allá de transformar las creencias y valores de los estudiantes. Deben, sobre todo, enfocarse en transformar la cultura y los comportamientos que hacen que el acoso parezca normal o aceptable. Sin ir tan lejos: investigaciones en Estados Unidos han mostrado que para detener más de la mitad de los casos de bullying (57%), es suficiente que otro estudiante intervenga en favor de la “víctima”. Por eso son tan necesarias las campañas como #NoMasBullying que recientemente lanzó la empresa Totto, o el programa de competencias ciudadanas que lleva varios años implementando el Ministerio de Educación basado en los trabajos de Enrique Chaux. Pero aunque muy valiosas, sus efectos seguirán siendo limitados si no involucran de forma suficiente a los estudiantes como actores clave en la creación y aplicación de soluciones.
Hay varios ejemplos alrededor del mundo de campañas que han logrado reducir significativamente el bullying y el acoso en los colegios transformando esas percepciones e involucrando a los estudiantes en procesos de acción colectiva. Uno de los casos más interesantes para mí, por ejemplo, son los estudios publicados por Elizabeth Levy Paluck y Hana Shepherd sobre las campañas de la Anti-Defamation League en los colegios públicos de Estados Unidos. En estas intervenciones, a los estudiantes más populares del colegio se les ofrece la oportunidad voluntaria de ser capacitados y acompañados para crear y aplicar campañas contra el bullying y el acoso. Los estudiantes discuten y escriben ensayos sobre sus experiencias y opiniones en foros abiertos, presentan obras de teatro, hacen anuncios en los altavoces de los colegios, posan para posters y volantes, visten camisetas y venden brazaletes con mensajes de la campaña a los demás estudiantes. En un estudio que incluyó 56 colegios, al final del año escolar los reportes disciplnarios por bullying descendieron en un 30%. Según los participantes, las acciones más efectivas de la campaña fueron las que se basaron en conversaciones informales y espontaneas entre los estudiantes, y no las aplicadas a través de canales institucionales.
La única iniciativa contra el acoso que recuerdo en mi colegio fue mucho más corta y desafortunada. Se trató de una conferencia en la que el conferencista les pidió a los estudiantes que se pusieran de pie si eran víctimas de acoso. La única consecuencia fue que los que nos pusimos de pie sufrimos más maltrato cuando terminó. Y aunque hoy, casi 20 años después, todavía se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en todo eso, también me siento muy orgulloso. Orgulloso de haber entendido a tiempo que la vida sigue y que como dice la campaña, “it gets better” (todo mejora). Orgulloso de quien soy, de mi piel y de mis raíces. De haber nacido en Colombia de una mezcla improbable entre familias que decidieron hacer su hogar ahí después de tener que emigrar de Lituania (un país pequeño del Noreste de Europa) y el Líbano (un país pequeño del Medio Oriente) en la primera mitad del siglo XX. De haber encontrado después en el colegio a amigos que admiro y que me enseñaron mucho. De tener un hijo, una esposa, una hijastra y una perra a los que amo.
Mi experiencia me enseñó mucho y, en algún sentido, me hizo quien soy hoy en día. Me enseñó el valor de la bondad y me enseñó a tratar a todos con respeto. Me enseñó a sentir náuseas con la violencia y la discriminación. Me enseñó a ser empático con las injusticias que sufren los demás y me hizo querer dedicarme a cambiar el mundo (así sea un poquito, así sea para una persona). Hoy estoy terminando un PhD en Ciencias del Comportamiento en el London School of Economics, soy asesor de la Organización Internacional del Trabajo y Socio del Behavioural Lab de Lituania, donde ahora vivo. Pero aun así, ningún niño ni ningún adulto deberían pasar por eso. Y no hay ninguna excusa.
El bullying y el acoso escolar son problemas complejos que requieren normas y políticas integrales de largo plazo. Pero también requieren procesos de acción colectiva y de cultura ciudadana que logren transformar la cultura y los comportamientos de todas las personas involucradas. Y aunque eso suena complicado y abstracto, la campaña de la Anti-Defamation League muestra que no es tan complicado ni tan costoso como muchas veces creemos. Como dice la reciente campaña de la ONU: “racism stops with you & me” (el racismo termina contigo y conmigo). En este caso, como en tantos otros, la solidaridad y la empatía pueden salvarnos.
En Colombia la infracción de transito más cometida por los ciudadanos es la que corresponde a parquear en espacios restringidos; de las 700.000 multas emitidas durante el 2018, 227.783 correspondieron a esta práctica. Si partimos de la literatura económica clásica, tendríamos que afirmar que la razón por la que esto ocurre radica en que los individuos actúan basados en sus propios intereses, y esto hace que se generen externalidades que bien pueden ser positivas o negativas. En el caso del parqueo en lugares restringidos las externalidades son más bien negativas, ya que se traducen en trancones, bloqueo de espacios de carga, afectación del flujo de peatones, y en otros sucesos que afectan negativamente el funcionamiento de la ciudad.
Según algunos expertos del Centro de Gestión de Transito,
el hecho de que un carro se parquee bloqueando un carril en una autopista de
tres carriles por la que pasan 3000 carros hace que se reduzca la movilidad a
la mitad. Esto demuestra que el parqueo en zonas restringidas no es solo un
problema de gran magnitud, sino que un solo infractor genera un caos absurdo
que pareciera poco proporcional. Ahora bien, a pesar de que el parqueo en
espacios restringidos cuenta con sanciones legales y económicas que deberían
extinguir estas dinámicas, esto pareciera no ser suficiente para disuadir a los
infractores; el cobro de 15 salarios mínimos legales, y la posibilidad de que
el carro sea inmovilizado pareciera no haber generado todavía un cambio en el
comportamiento de las personas.
Es a partir de este contexto, que la siguiente pregunta surge naturalmente:
¿Cuál es el camino que debemos tomar para evitar que este problema siga
ocurriendo? Hay dos conceptos usados en el sector de la inteligencia militar que
encajan a la perfección con los dos tipos de soluciones que podemos encontrar:
las medidas proactivas, que se basan en atacar el problema antes de
que ocurra, y las medidas reactivas, que buscan reducir al máximo
las externalidades, o atacar el problema después de que ocurra. Hay un
extenso debate que discute las bondades de ambos enfoques, pero acá nos
centraremos en el primero, que se basa más en reducir los incentivos que hay
detrás de cada practica. Es en este punto en el que vale la pena introducir el
concepto de cultura ciudadana, ya que promoverla es una de las formas más
efectivas de generar incentivos o desincentivos que modelan el comportamiento
de los ciudadanos.
Sin embargo, el concepto de cultura ciudadana se ha
vuelto tan común, que a veces es usado de forma indebida para referirse a
cualquier dinámica que no corresponde a los mecanismos tradicionales de
solución de problemas. Es por esto que me referiré a una definición muy breve pero
contundente del concepto. Según la
alcaldía de Bogotá, la cultura ciudadana “es el conjunto de
costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de
pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”. Promover la cultura
ciudadana es entonces cerrar la brecha entre el interes personal y el beneficio
común, acortando las distancias entre lo que dictamina la ley, lo que
representan las normas morales, y lo que se normaliza con las costumbres culturales;
todo esto teniendo como fin el beneficio de la sociedad, y una convivencia
ciudadana más sana.
En Colombia se han hecho varios intentos por solucionar el problema del
parqueo en espacios restringidos, pero el sistema de valores de las personas
pareciera mantenerse estático. Una de las más recientes iniciativas que tuvo la
Alcaldía de Bogotá es El poder del cono, y consiste en funcionarios
disfrazados de conos que buscan generar consciencia sobre el parqueo ilegal de
los carros. A partir de una denuncia por twitter, los conos llaman al
propietario del carro mal estacionado para hacerle algunas preguntas y reflexiones
acerca de su comportamiento. Si el infractor no reacciona positivamente, los
conos proceden a llamar a la policía. La iniciativa se caracteriza por su un
tono burlesco y juguetón que raya un poco con el ridículo de parquear mal.
Sin embargo, según RCN Radio, actualmente cerca del 28% de la ciudadanía considera que desde que empezó a actuar este programa el problema se agravó, y alrededor del 50% de las personas consideran que este no ha generado ningún efecto en la movilidad. Las principales razones tienen que ver con una importante falta de cobertura sesgada hacia unos pocos lugares que recibieron la mayoría de la atención. La falta de autonomía de la iniciativa – ya que depende exclusivamente de las denuncias de los ciudadanos- se prestaba para que se dejaran pasar lugares en los que debería haber mayor intervención, pero ante la falta de denuncias esto no fue posible.
Por otra parte, hubo varias situaciones en las que la iniciativa perdió credibilidad, ya que el comportamiento de los conos no fue siempre el esperado, y esto erosionó las bases de la iniciativa. Además, fue una iniciativa que se enfocó primordialmente en atacar el problema, y no las bases del mismo, ya que tuvo pocas estrategias que afectaran las costumbres (se enfocaron más en recurrir a la moral), por lo que se hizo un tratamiento incompleto.
Bajo la misma premisa, tanto la experiencia como la teoría nos han
demostrado que es necesario ejercer presión sobre las transformaciones morales
pero también sobre las culturales, de forma que se genere un verdadero cambio
de comportamiento; así como evitar que la gente pierda la credibilidad en estas
iniciativas, porque eso es lo único que las mantiene firmes. Durante la
alcaldía de Antanas Mockus, los mimos tuvieron un impacto supremamente positivo
al momento de modificar los comportamientos ya que se enfocaban más en una
actuación colectiva y no tanto en una reflexión 1 a 1. De esta forma, se
cambiaba la cultura junto con la moral de las personas; y ya que esta
iniciativa fue acompañada de muchas otras como las tarjetas de ciudadanía, la
sociedad se involucró directamente en el cambio. No solo se acudía al deber de
las personas -con denuncias por ejemplo-, sino que también se trabajaba desde
la generación de incentivos relacionados con la diversión y el placer -a
diferencia de lo que ocurre con el poder del cono-. Esto generó un
sentido de pertenencia que sin duda afectó positivamente el comportamiento de
las personas.
En conclusión, es necesaria una aproximación completa a la generación de cultura ciudadana si se busca generar un cambio real. Sin embargo, tampoco se trata de casarse con una única iniciativa que mejore las situaciones, sino que tal y como pudimos apreciar durante la alcaldía de Mockus, es ideal diversificar las estrategias para generar efectos más impactantes. Explorar intervenciones en el espacio como la creación de las parking boxes en Estocolmo puede ser una forma de optimizar el espacio de parqueo permitido, y que de esta forma haya menos gente que deba parquear en espacios restringidos; o el sistema de precios que permite parquear en muchas de las zonas que antes se caracterizaban por ser de parqueo restringido, pero cobrando precios ligeramente elevados para desincentivar la practica tal y como se hace en San Sebastián, España. Sin embargo, la participación de iniciativas que involucren a la cultura ciudadana es fundamental, con sistemas como las tarjetas de Mockus que permitían a la gente participar activamente en el cambio, con participaciones como la del poder del cono, pero con autonomía y una cobertura mucho mayor que no solo sea visible para los infractores, sino para las personas alrededor, y cuidando siempre la reputación de las iniciativas.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
