El análisis de los impactos de las reglas del mercado de energía mayorista resulta vital para valorar los ingresos o posibles pérdidas económicas que puede tener un proyecto de generación de energía eléctrica. Por esta razón, mencionaré las principales implicaciones y los cambios que deben considerar los generadores de energía con fuente eólica y solar, esto a partir de la entrada en vigencia de la resolución 060 del 2019 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Lo primero que se
debe tener presente es que las plantas de generación de energía tienen una
franja de tolerancia para cuando se desvían de las cantidades de energía que se
comprometen a entregar a la bolsa de energía. Es decir, las plantas de
generación declaran ante la bolsa de energía, un día antes del despacho, una
cantidad determinada de energía, pero entre el momento de la declaración y el
instante en que se genera realmente la energía –el día siguiente a la declaración-, pueden ocurrir variaciones.
Esas variaciones deben estar por debajo de un porcentaje, en caso contrario, el
agente generador paga una penalización que se convierte en un costo a cargo del
agente generador. Si la generación está dentro de la franja de tolerancia de
desviación, a la planta de generación
que ofertó su energía no se le evaluará su desviación.
La principal implicación que se ve en las nuevas
reglas es frente a la despachabilidad de las plantas solares fotovoltaica y
eólica, porque establece un proceso para el cálculo de las penalizaciones
aplicables a los agentes que no honren la energía que declaran entregar el día
de operación. Aquí la exposición a la penalización se incrementa para las
plantas de generación de energía variable, como es el caso de la energía
renovable solar y eólica, dado que son las mas dadas a desviarse por encima de
los rangos de tolerancia. Pues bien, las reglas para las penalizaciones de
plantas solares y eólicas entraron a ser aplicadas desde este mes de enero del
2020 y una manera de mitigar los altos costos de las penalizaciones es
analizando con detenimiento los nuevos estudios y resoluciones publicadas por
la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Asimismo, dentro de las reglas y obligaciones que
deben identificarse en la resolución CREG 060 de 2019, se encuentra que todo
agente debe reportar en los contratos de energía a largo plazo la hora a hora
las cantidades de energía exigibles bajo estos contratos y los precios
respectivos, tipo de contrato y período de vigencia del contrato. Por otro
lado, los comercializadores de energía eléctrica deben presentar la información
de demanda de energía a nivel horario. A su turno, la obligación de los agentes
generadores de energía eléctrica es reportar, tambien diariamente, la
generación horaria de cada una de sus plantas de generación de energía.
Por último, una de las consecuencias que puede ser onerosa para los agentes generadores de energía solar o eólica es que si la generación real de su planta de generación está por fuera de la franja de tolerancia de desviación definida en la resolución CREG 060, el generador de energía deberá entregar el valor de la diferencia entre la cantidad de energía que realmente generó y la que anunció que iba a generar.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Una mirada desde los empleos indirectos que pueden verse amenazados.
Por: Nicolas Osorio G @NicolasOsorioG
El 20 de diciembre del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tomó la decisión de ordenar a Uber cesar la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros a través de la aplicación. Este fue el resultado de un proceso en contra de dicha compañía por supuestas prácticas de competencia desleal. El pasado 10 de enero, Uber envió un mensaje a los usuarios de la aplicación informando que, como resultado de dicha situación, dejaría de prestar su servicio a partir del 31 de enero de este año.
Tras el anuncio los medios de comunicación y las redes sociales se
fueron inundados con mensajes de apoyo a la aplicación en los que los usuarios,
en términos generales, expresan su opinión acerca del servicio prestados por
los socios conductores que usan las aplicaciones en comparación con los
conductores de taxi.
A partir de entonces, el debate se ha centrado en lo importante
que es para una sociedad la existencia de competencia en todos los sectores de
la economía y, de manera especial, en servicios tan importantes como el
transporte. Mientras del lado de los taxistas se alega que Uber y las otras
aplicaciones de transporte individual de pasajeros son ilegales y se argumenta
que éstas no pagan impuestos, la defensa desde la opinión pública y algunos
otros sectores ha intentado mover el centro del debate hacia la calidad del
servicio afirmando que, mientras los taxis prestan un servicio cada vez peor,
las aplicaciones garantizan un servicio más eficiente, amable y seguro.
También se ha buscado llamar la atención pública hacia un hecho
innegable: Muchas personas usan las aplicaciones de movilidad, especialmente
Uber, como medio de subsistencia ante la ausencia de empleos formales en sus
profesiones u oficios. Indudablemente, la salida de Uber de Colombia afectará
de forma importante la economía de muchas familias.
Esto tendrá un impacto, que aún está por medirse, en la economía
del país. Como es obvio, personas con menos ingresos demandan menos bienes, lo
cual lleva a que las empresas reciban menos ingresos y tengan menos incentivos
para contratar empleados o para mantener a los que tiene en sus puestos de
trabajo. Menos personas con empleo implica menos personas con capacidad de
consumo, haciendo que demanden menos bienes. El ciclo se repite y la economía
sólo tiene un lugar a donde ir: Abajo. Llamemos a esto “Espiral descendente del
desempleo”.
Por si fuera poco, empresas con menos ingresos, implica empresas
con menos utilidades, lo que a su vez implica empresas pagando menos impuestos
(uno de los puntos clave de quienes atacan la “ilegalidad” de estas
aplicaciones).
Ahora bien, habrá quienes piensen que es exagerado sentenciar a la
economía nacional al desastre por la salida de una aplicación de movilidad.
Parcialmente pueden tener razón, pero si damos unos pasos atrás para intentar
ver el panorama completo. Estamos hablando de alrededor de 88.000 socios
conductores de Uber (Revista Dinero. 11/01/2020), de los cuales cerca del 60% serían cabezas de hogar, es
decir, unos 52.800.
En 2019, El Tiempo, hizo un estudio citado posteriormente por
Publimetro (Publimetro. 18/07/2019)
según el cual un conductor de Uber, que no fuera propietario de su vehículo,
obtenía, en promedio, unos $90.000 diarios después de pagar gasolina, cuota al
propietario y el descuento por uso de la aplicación.
Supongamos que unos 50.000 conductores se dedicaran exclusivamente
al uso de Uber. Supongamos también que lo hicieran solamente 20 días al mes
(Aunque si usted vive de eso, tal vez lo haga 25 o hasta 30 días así sea con
intervalos más cortos). Supongamos además que debido al Pico y Placa, las
personas no pueden obtener las mismas ganancias todos los días y que estas se
reducen a un poco más de la mitad de lo que serían en caso contrario, pasando
de $90.000 a $60.000.
Si uno de esos conductores hiciera el ejercicio de manera juiciosa
durante los 12 meses del año obtendría algo más de 14 millones de pesos
(Después de los gastos que mencioné anteriormente). De nuevo, esto puede
parecer no ser mucho dinero. Pero no estamos hablando de un conductor, sino de
50.000 ya que decidimos sacar al 40% de ellos de nuestro ejercicio. Al hacer la
multiplicación el resultadoson $720.000.000.000 (Setecientos veinte mil
millones), un monto significativo.
¿Recuerdan nuestra “Espiral descendente del desempleo”? Pues bien,
estos 720 mil millones son el dinero que las familias que viven del uso
de esta aplicación gastaría en un año. Este dinero se dedicaría en buena medida
a bienes de consumo (Alimentos, implementos de aseo, vestido, etc…). Si ese
dinero no entra a la economía en forma de consumo, muchos de esos bienes no
necesitarán ser producidos, así que no se necesitará gente que los produzca. De
nuevo nuestra “Espiral”. El panorama podría verse peor, pero no estamos
considerando el dinero que estas personas ya no pagarán, por ejemplo, en
gasolina.
Es posible que a pesar de estas cifras exista quien piense que el
impacto no sería de tal magnitud, ya que los conductores que usan Uber pueden
simplemente empezar a usar otras aplicaciones para obtener sus ingresos.
Adicionalmente, podría pensarse que, dado que dichos ingresos no son obtenidos
como resultado de un empleo formal, no se puede hablar de una “Espiral descendente
de desempleo”.
Si bien no es del todo cierto que automáticamente los conductores
que se pasen a otras aplicaciones empiecen a obtener los mismos ingresos que
estaba consiguiendo, debido entre muchos otros factores a la diferencia en el
posicionamiento que tienen éstas frente a Uber en la mente de los consumidores,
aceptemos como cierto que eventualmente la situación se equilibre y los
consumidores también se pasen a otras aplicaciones de movilidad, de modo que,
después de un intervalo de ajuste, las ganancias de los conductores que usaban
Uber recuperarán sus nivel previos a la salida de éste.
Propongo que movamos el eje del debate a un sector que poco o nada
ha sido tenido en cuenta en este caso, pese a las cifras que representa.
Hablemos de los empleos indirectos que genera Uber (aunque todas las
aplicaciones de movilidad también lo hacen en proporción a la magnitud de su
operación en el país) para el sector de BPO (Bussiness Process Outsourcing), es
decir, la tercerización de servicios, especialmente en términos de servicio al
cliente por medio de contact center.
Según un artículo publicado por Revista Dinero, en 2019 (Revista Dinero. 04/12/2020) este sector representó el 2,8% del PIB en Colombia y
genera unos 260.000 empleos formales. De acuerdo con las proyecciones de Frost
& Sullivan el sector generará ingresos por US$1.604 millones en 2020, unos
$5.3 billones al cambio vigente.
Uber, como muchas otras aplicaciones, ha contratado buena parte de
su servicio de soporte o servicio al cliente en Contact Centers ubicados en
diferentes ciudades de Colombia. Esto representa alrededor de 1.500 empleos
indirectos que genera la aplicación. Cabe anotar que se trata de empleos
formales. Cerca de la mitad de estas personas son menores de 25 años y éste
constituye su primer empleo. Adicionalmente, es de público conocimiento que,
dada la falta de seguridad y estabilidad regulatoria a las que este tipo de
aplicaciones se ven expuestas en Colombia, Uber tuve que desistir del proyecto
de abrir su tercer Centro de Excelencia (COE) en Latinoamérica. Se estimaba una
inversión de US$40 millones y la generación de 600 empleos directos.
Sobra decir que en un país como el nuestro, no podemos darnos el
lujo de desperdiciar cerca de 2.000 empleos formales. Sin embargo, demos
nuevamente algunos pasos atrás para poder ver el panorama completo.
Por los menos el 80% de los 1.500 empleos que se generan en
Contact Center corresponden a Representantes de Servicio al Cliente, el
restante 20% puede corresponder casi por completo a staff operativo. El salario
de dicho agentes puede oscilar entre $1.100.000 y $1.600.000 dependiendo si son
contratados o no como bilingües. Podemos asumir que al distribuir entre unos y
otros, tendríamos un salario promedio de $1.300.000.
Si tomamos esta cifra y la multiplicamos por los 1.500 empleados y
los 12 meses del año, tendremos cerca de $23.400.000.000 como total de salario
básico. No se necesita ser un gran experto en negocios para inferir que la
situación actual podría llegar a poner en riesgo algunos de esos empleos
formales.
Según el estudio realizado por BBVA “Perfilamiento del consumidor colombiano. 2019”, los colombianos dedican cerca del 23% de sus ingresos a
consumo no frecuente. Es decir, estamos hablando de unos $5.300.000.000 que
volverían a la economía vía consumo. Si a esto le sumanos el 23% de los
$720.000.000.000 ($165.000.000.000) que dejarían de recibir los conductores que
no puedan usar más la aplicación durante el tiempo que les cueste encontrar una
fuente similar de ingresos, estaríamos hablando de algo más de $170.000.000.000
que la economía va a dejar de percibir por vía consumo.
Para hacernos una idea de lo que esta cifra representa, el
Gobierno divide su presupuesto de inversión en una serie de “Pactos por la
legalidad”. Uno de ellos es llamado ”Pacto por la protección y promoción de
nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja” el cual, como es bien
conocido, estaría relacionado justamente con el tipo de innovaciones, entre
otras, que son eje de este debate. El presupuesto total para dicho pacto es de
6 billones de pesos. Y el presupuesto para una de sus ramas, llamada “Colombia
naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y
tecnológica para la creación de nuevas industrias”, es de 0,026 billones, unos
$26.000.000.000. En otras palabras, los ingresos que la economía va a dejar de
percibir por vía consumo, equivalen al 650% del presupuesto de inversión del
Gobierno Nacional para una de las ramas de lo que fue una de sus banderas de
campaña.
$170.000.000.000 que no van a ser utilizados en consumo de bienes.
$170.000.000.000 en productos que no tendrán que ser producidos. Menos empleos
requeridos. Menos gente con empleo para consumir bienes ¿Recuerdan nuestra
“Espiral?.
La decisión de la SIC afecta a Uber en primera instancia, pero
podría llegar a constituir un precedente para sacar del país a otras
aplicaciones de movilidad, lo cual podría llegar a generar un impacto similar
al que hemos estado planteando en este artículo. ¿Recuerdan la “Espiral”? Bien,
ahora multiplíquenla por 3 o 4 o quizás más. En ese punto, no estoy seguro que
existan tantas personas que sigan pensando que lo que aquí se plantea es
exagerado.
Pero no nos quedemos en los números. En últimas no dicen nada.
Pensemos en que pueden hacer las personas con esos números. Ya sabemos que una
parte se usa en consumo de bienes ocasionales. Pero otra parte se usa en
recreación, viajes, adquirir medios de transporte propio, eduación. Para
ponerlo en corto, una parte de sus ingresos se puede usar en cumplir sueños, o
al menos intentar cumplirlos.
No nos quedemos en los $170.000.000.000. Fijémonos en las personas
que hoy pagan un técnico o una carrera profesional con el ingreso que obtienen
trabajando en un Contact Center. O quienes adquieren un vehículo para el bienestar
de su familia y lo pagan utilizando estas aplicaciones. Pensemos en la persona
que puede ir a conocer otras ciudades o quizás otros países gracias a tener uno
de estos oficios. O pensemos en la persona demasiado joven o demasiado vieja; o
demasiado calificada; o muy poco calificada que no consigue un empleo
fácilmente y tiene de donde agarrarse, ya sea como empleado en un Contact
Center, o usando una aplicación de movilidad como Uber o tantas otras.
Que tal si pensamos no solo en una economía de un país que va a
dejar de recibir una suma importante de dinero en consumo de bienes. Que tal si
pensamos en un país que va a dejar de recibir el conocimiento y la capacidad de
muchos de sus ciudadanos que no van a poder hacer poco más que sobrevivir
porque su país cerró las puertas a la innovación y el emprendimiento.
¿Recuerdan nuestra “Espiral”? Bien, multiplíquenla ahora por los sueños y la posibilidades de una cantidad de colombianos que tal vez ni siquiera podamos imaginar.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Inicia una década de acción para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030. El plan de acción global aprobado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, requiere para su implementación, decisiones efectivas de los gobiernos, y la apropiación por parte de la ciudadanía, movilizándonos como sociedad en torno a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, y las alianzas.
Las brechas de desarrollo entre países, así como al interior de sus territorios, continúan acentuando diferencias en la calidad de vida de las personas, su acceso a servicios del Estado y oportunidades de progreso. De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2019), en el mundo la pobreza extrema en zonas urbanas es de 5,3%, y en zonas rurales es del 17,2%. En Colombia, según cifras del DANE, para el 2018 el porcentaje de personas clasificadas como pobres extremas correspondió al 7,2%; siendo también mayor en los centros poblados y rural disperso (15,4%), que en las cabeceras (4,9%).
También debemos insistir en la necesidad de actuar frente al deterioro de las condiciones para la vida en el planeta. Análisis independientes de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – NOAA, indicaron que las temperaturas de la superficie global de la tierra en 2019 estuvieron 0.98° C (1.8° F) por encima del promedio de 1951-80, las segundas más cálidas desde que se comenzó el mantenimiento de registros en 1880.
Las actividades humanas continúan afectando el ambiente y generan un efecto bumerán en perjuicio de la prosperidad. Esta es la realidad y sus detractores no la pueden desconocer, cada vez se cuenta con mayor evidencia. Por ejemplo, los indicadores establecidos por NOAA para analizar los efectos del clima en la sociedad y la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta factores climáticos como la temperatura, la lluvia, las nevadas, la nubosidad y los vientos, permiten identificar efectos en los campos de cultivo, el consumo de energía en los hogares, así como en el impacto económico.
De otra parte, como sociedad hemos sido testigos y víctimas de conflictos internos y entre naciones que sólo han dejado destrucción. La construcción de sociedades en paz, con instituciones sólidas y justicia social son la base para el desarrollo. En esta esfera Colombia ha avanzado en medio de posiciones e intereses contrapuestos; por eso, es preciso insistir en la necesidad como país de no retroceder, consolidar los esfuerzos y hacer frente a las nuevas amenazas.
Finalmente, las alianzas no se deben asociar exclusivamente con movilizar recursos económicos a través de la cooperación internacional. Las manifestaciones que invitan a la unión en asuntos esenciales y de interés universal como los derechos humanos y las reivindicaciones sociales, se deben acompañar de otras acciones, reconociéndonos sujetos de derechos, pero también de deberes. Es pasar del asombro e indignación ante la dimensión de los problemas, a asumir compromisos en comunidad -en el barrio, colegio, universidad, o lugar de trabajo-, para liderar acciones en temas como solidaridad, equidad, consumo y producción responsable, disposición de desechos, y la promoción de diálogos ciudadanos para informarse, reflexionar y así contar con más y mejores herramientas para participar en la construcción colectiva de sociedad. Las alianzas son un mecanismo para generar soluciones e inspirar a otros a actuar, son fundamentales para alcanzar el desarrollo en sus dimensiones económica, social y ambiental.
A diferencia del anterior gobierno donde eran jóvenes pero con ideas muy cercanas al pensamiento conservador (sobre todo en el tema de orden público), este gabinete promete mayor cercanía con los territorios y una lectura renovada de los mismos.
Y es que ser joven no es garantía per se de renovación. Sin embargo varios secretarios y secretarias de esta administración entrante muestran en su hoja de vida una experiencia académica y social que dejan ver cierto aire de cambio, y es la mirada hacia la juventud. Medellín ha padecido cerca de tres gobiernos locales a los que les ha quedado grande el tema de la prevención de la violencia juvenil en las comunas. Y ni si quiera en la administración que inaugura lo “alternativo”, la de Fajardo, se logró integrar a los jóvenes de las márgenes en el proyecto de ciudad.
Con este gobierno se abre la ventana de oportunidad para gestionar proyectos que le arrebaten jóvenes a la muerte criminal en los barrios, no solamente con la cacareada oferta de oportunidades educativas sino con la dignificación de su vida en los territorios, con la posibilidad de brindarles un ingreso social por sus labores comunitarias y con su articulación en términos de innovación social con el proyecto de ciudad futuro.
Según se plantea en el programa de gobierno Medellín Futuro 2020-2023, “cerca de 60 mil jóvenes están en riesgo de ser víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados delincuenciales”. La solución pasa también por innovar en lo social. “Hoy al menos 50 mil jóvenes entre los 14 y 28 años sufren los efectos de la desnutrición crónica en su infancia. Con este dato no sorprende que 60 mil jóvenes están hoy en riesgo de ser víctimas de desescolarización, violencia sexual y consumo de drogas” (p. 131).
Frente a la realidad de este diagnóstico queda la posibilidad de gestionar ante la administración propuestas concretas de trabajo con los jóvenes en sus territorios, incentivando el arraigo y el amor por sus barrios en tanto ellos mismos son sujetos del cambio.
En otro aspecto, con Quintero se proyecta una ciudad articulada al megaproyecto de ciudad-región o metropolis, y en clave de aprovechar las ventajas de ser sede de la cuarta revolución industrial. Es decir que se va a profundizar la apuesta por la innovación en todos los campos, priorizando la implementación del POT y la modernización de las herramientas de planificación urbana.
Para esto, también, es necesario articular a los jóvenes y a los habitantes de los bordes de las laderas con sus propuestas de cinturon verde pero de comida y de agroecología urbana. Basta acercarse al barrio Bello Oriente, Comuna 3, entre Manrique parte alta y Santa Elena, donde campesinos asentados hace más de 20 años tienen una apuesta de soberanía alimentaria exportable a los demás barrios de ladera.
Finalmente, llama la atención el vacío en el programa de gobierno respecto al tema de la paz urbana y el posacuerdo en la ciudad. Según datos de Cosejo Nacional de Reincorporación, la ciudad cuenta con cerca de 342 reincorporados de las FARC-EP, muchos de ellos a la deriva y sin un proyecto de ciudad que los integre en condiciones dignas a la vida civil.
Ante los problemas de seguridad en los ETCR de Antioquia muchos de los excombatientes siguen migrando a la ciudad y las oportunidades son escasas y marginales, pues no hay un plan que articule los esfuerzos institucionales entre la Unidad de Paz de la U. de A., Farc, gobernación y la administración municipal. Ahí también se abre un escenario de inclusión y de innovación social para la construcción de paz. Tal vez sea necesaria la creación de una zona especial de reincorporación urbana en la ciudad.
*Columnista invitado al Tanque de Pensamiento Al Centro.
Politólogo de la Universidad de Antioquia y periodista de la Alianza de Medios Alternativos (AMA). Coautor del libro «Parar la guerra, parir la paz: crónicas de mujeres sobrevivientes al conflicto armado», Ediciones Desde Abajo, 2014.
La conectividad aérea es uno de los principales factores que habilitan tanto el turismo como los negocios. Estar a un vuelo de distancia de los centros de poder mundial le permiten a las ciudades articularse a las oportunidades que le brindan dichas urbes. Por algo, el negocio de las rutas es altamente codiciado y es motivo de conversación hasta en las reuniones entre Presidentes, Primeros Ministros y Reyes. Puedo decir que he sido testigo de primera mano de lo importante que es para un país negociar una nueva ruta o conectarse con un país.
Lastimosamente en Colombia aún seguimos pensando en chiquito, en que la torta solo se reparte entre lo que hay y nunca entre lo mucho que puede haber. Nos llenamos la boca hablando de nuestro país como el nuevo destino, pero la mezquindad por democratizar las rutas aéreas es absoluta. Es bien sabido que El Dorado se quedó pequeño, aún con los mayúsculos esfuerzos económicos de los dos Presidentes pasados. Por ende, se rumora una fuerte disyuntiva central por la consecución de los rubros necesarios para su expansión. Probablemente hay una preocupación en la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el concesionario OPAIN por este motivo y qué bueno que se preocupen. Sin embargo, el crecimiento en Colombia no puede seguir siendo a costa del otro.
Debemos ser responsables con las demandas del mercado y no terminar por matar el naciente boom turístico que hemos cosechado en los últimos años. Por ello, fue sorpresa cuando se hizo pública la noticia de que Avianca cancelaba su ruta Cartagena – Miami. Una ruta que tiene una rentabilidad promedio superior al 80% y que ha sido motor del turismo regional. Mientras tanto, aerolíneas del mundo entero piden ingresar a Cartagena porque ningún vuelo despega del Rafael Núñez con menos del 70% de ocupación.
Todavía está fresca en la memoria la batalla campal librada por bajar la tasa aeroportuaria de Cartagena – en su momento la más alta del país sin justificación alguna – y que logramos rebajar en un esfuerzo conjunto de ciudad. Ese hecho nos debe dar luces para nuevamente enfrentar una emboscada centralista. Porque no puede ser que utilicen la ciudad para promover Colombia, pero cuando toca defender sus intereses siempre sea Bogotá la estrella y Cartagena que se acomode.
Creo que es momento de iniciar un fuerte lobby desde la Alcaldía, la Corporación de Turismo, SACSA, Investin Cartagena, Consejo Gremial, la Gobernación de Bolívar, ICULTUR y la bancada del Congreso ante Avianca. Debemos manifestarle al Presidente de Avianca la importancia de seguir contando con su aerolínea y la disposición de ofrecerle más en nuestra ciudad. El Concejo Distrital podría por fin aprobar incentivos tributarios y un mejor presupuesto para que la Corporación de Turismo, con su Presidente actual, invierta más en la conectividad internacional del destino con otras aerolíneas.
Lo anterior, entonces, parecería indicar un fuerte lobby de las autoridades nacionales ante Avianca para que esta aerolínea centralice sus operaciones en El Dorado y se financie así el plan de expansión. Ojalá y no sea este el caso porque promover el crecimiento sacrificando a Cartagena sería un gesto centralista y canalla. Matar la conectividad de Cartagena por privilegiar El Dorado puede terminar matando los números del nuevo aeropuerto de nuestra ciudad, y no creo que OPAIN se ponga feliz con esa posibilidad al ser parte interesada.
Que este no sea un momento de señalamientos propios de un balde de cangrejos, más bien unámonos por este tipo de iniciativas que mucho beneficio le traen a la ciudad. Que sea este el primer hecho de unidad de los nuevos gobiernos territoriales porque el turismo sí es un norte que vale la pena.
El Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, también conocido como el Acuerdo del Colon, firmado entre el Gobierno
de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP, le abrió a
Colombia la posibilidad de construir cimientos solidos hacia la edificación de
una paz que pudiese ser completa, en donde las causas que han generado (durante
toda esta historia republicana) y reproducido el conflicto armado en nuestro
país, tuvieran un final.
Entre sus seis
puntos el acuerdo contempla medidas para enfrentar las paupérrimas condiciones
de vida y de subsistencia de la sociedad rural, la ampliación del régimen democrático
y por tanto la reorganización del poder en Colombia, la sustitución de cultivos
de uso ilícito, el desminado humanitario, el juzgamiento y sanción a los
responsables de violaciones a los Derechos Humanos, la recuperación de la
memoria y el esclarecimiento de la verdad, así como la búsqueda de personas
desaparecidas en el marco del conflicto armado, sin olvidar por supuesto, la
reincorporación de excombatientes y su entrega total de armas.
Es entonces que,
solo unos puntos se ciernen entorno a la antigua guerrilla de las FARC-EP, solo
unos acuerdos hablan de factores económicos, sociales y políticos que les
permitan obtener una serie de derechos y garantías para su retorno y
mantenimiento en la civilidad. El resto de puntos son acerca de lo que algunos
denominarían las causas objetivas del conflicto, aquellas que de manera
estructural han potenciado una sociedad inequitativa y excluyente, llevándonos
así a asumir la violencia como una herramienta para dirimir los conflictos y de
su uso en la lucha política por parte de diferentes actores.
Ese acuerdo y esa
oportunidad de iniciar un camino hacia una paz que vincule a todos los grupos
armados con un carácter político y reivindicatorio, que los impulse junto con
el Estado a la eliminación de la violencia como eje transversal para la
conquista política, es la que tenemos entre manos. Una que parece perderse
entre la cantidad de excombatientes asesinados como reporta Naciones Unidas[1]
(razón por la cual experiencias de procesos de paz en Colombia y en el mundo
han fracasado). Una que también se extravía por la alarmante cifra de
asesinatos a líderes y lideresas que representan diferentes causas sociales (que
en la lista de la Revista Semana[2]
son 21, pero con el de Luis Darío Rodríguez en Córdoba sumarian ya 22 en los 19
días que van del año). A lo anterior se añade
la contundente evidencia de la reactivación de los grupos paramilitares en
territorios como el Bajo Cauca Antioqueño[3]
y Bojayá[4]
(entre muchos otros), el nubloso desenlace de las circunscripciones especiales
para la paz, el hundimiento de la reforma política y electoral, así como la
reincorporación productiva en donde los proyectos han sido reducidos en
términos presupuestales y, por tanto, en su alcance, eliminando su dimensión
comunitaria y así su intensión de reconstrucción del tejido social.
El 21 de noviembre
del año pasado, en el marco de un paro nacional indefinido[5]
y dentro de un listado de exigencias que múltiples y muy variados sectores de
la sociedad colombiana sienten como propias al ver vulnerados sus derechos por
las medidas que el gobierno de Iván Duque viene llevando a cabo, aparece la
implementación efectiva del acuerdo de paz. Preocupados por la reactivación de
la guerra en nuestro país y por tanto de la generación de víctimas, muchos
salieron a las calles a gritar y muchas también a cantar y bailar, quienes
entienden que el país ha cambiado y no es momento de volver a la violencia.
Esa paz que también
surgió, la que dio la posibilidad del reordenamiento del poder en el país se
vio reflejada en las votaciones para elegir autoridades y representantes
territoriales y locales, en donde fueron elegidos y elegidas personas que
representan y abanderan la paz como una de sus principales apuestas, que
representan lo diferente a lo tradicional y que le abren la posibilidad a la
construcción de la paz territorial. Una evidencia de esto es Bogotá, en donde
solo fueron reelegidos 72 ediles de los 184 que tiene toda la ciudad, y en
donde estos 112 restantes que llegan a las Juntas Administradoras Locales
representan partidos que participaron y participan en la agenda de paz.
Lo explícito del acuerdo y, lo implícito que este ha desencadenado, seguirá en la agenda del país durante el 2020. Ya se avizoran nuevas protestas como parte de este paro nacional y depende de una sociedad que recientemente se ha empoderado el lograr que el acuerdo mismo se materialice. El ascenso de las fuerzas alternativas, de la protesta, la movilización y la participación ciudadana ya es de por si, en un régimen que ha sido restringido, una conquista de la paz, fuerzas que se encargarán de empujar la materialización de una sociedad sin violencia, en donde unas chuzadas, más asesinatos, más amenazas y la represión solo la catalizarán. Es sin duda que el país vive un momento histórico determinado por el inicio de una época de cambio marcada por la paz que surgió y la que también tenemos entre manos.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
[1] Siendo el 2019 el más violento para los excombatientes y al cual se le
suma un asesinato de un excombatiente este año: https://news.un.org/es/story/2019/12/1467341
[2] Como Semana reporta en este articulo por cada día un líder ha sido
asesinado en lo que va del año: https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-uno-por-dia-en-2020/648542
[3] El 17 de enero El Espectador registra una nueva incursión y masacre en
Taraza: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-incursion-armada-y-nueva-masacre-en-taraza-bajo-cauca-articulo-900307
[4] El 31 de diciembre del 2019 Bojayá ve el regreso de los paramilitares:
https://www.semana.com/nacion/articulo/bojaya-el-regreso-del-terror-por-cuenta-de-paramilitares-y-guerrillas-al-choco/647123
[5] En diferentes ciudades del país se vieron las masivas movilizaciones
que El Tiempo describe: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-se-vivio-el-paro-nacional-del-21-de-noviembre-en-colombia-436138
