Feb 26, 2020 | Columnas de Opinión
Por: Diego Chávez*
@ChavezBalvino
Durante la campaña
presidencial del año 2018, especialmente para segunda vuelta, el temor ante el
regreso del uribismo al poder movilizó como nunca a millones de personas. Una de las principales
preocupaciones era la posibilidad del retorno de las violaciones masivas y
sistemáticas de derechos humanos que durante los años de gobierno de Álvaro
Uribe fueron cometidas por parte del mismo Estado, entre ellas estaban las
interceptaciones ilegales, más conocidas como chuzadas. Este temor tenía muchos
argumentos, bien fundamentados en hechos del pasado.
Las chuzadas o
interceptaciones ilegales contra líderes de oposición, dirigentes sociales,
periodistas y defensores de derechos humanos fueron una modalidad de violación
de derechos humanos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó de manera
planificada y centralizada durante sus dos periodos, usando los recursos de
inteligencia y contrainteligencia del Estado en cabeza del antiguo Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS). Esta
práctica criminal desató uno de los mayores escándalos de su gobierno y llevó a
procesar un poco más de cuarenta altos funcionarios, de los cuales una veintena
resulto con condenas penales y otro tanto con sanciones disciplinarias, entre
ellos todos los directores del DAS de 2002 a 2010[1].
Sin embargo de ese
selecto grupo de altos funcionarios, quedaron en la impunidad un poco más de la
mitad, entre ellos el propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez, principal
beneficiario del espionaje e intimidación ilegal que realizaba el aparato del
Estado contra sus opositores, para generar terror, desprestigio y
estigmatización; prácticas que se enmarcaban dentro de su concepción de la
seguridad democrática. En su caso, por estos hechos hay total impunidad, los
cientos de procesos en su contra se encuentran en la Comisión de Acusaciones de
la Cámara durmiendo el sueño de los justos.
Muchos
ingenuamente creyeron que Iván Duque con su talante de centro y su hoja de vida
sin antecedentes judiciales inauguraría una nueva forma de gobernar desde el
uribismo, más respetuoso de la legalidad. Pero esta esperanza se fue
disolviendo de manera silenciosa desde el nombramiento de su gabinete. El nuevo
presidente Duque, les concedió a varios de los funcionarios del Gobierno de
Uribe que estuvieron involucrados en las chuzadas y que salieron impunes, el
retorno a posiciones importantes en el gobierno nacional.
Entre ellos la más
destacada funcionaria, sin duda es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez
Castañeda: Ministra del Interior del Gobierno Duque durante más de un año y
medio, y actual Consejera presidencial para los derechos humanos, quien fuera
Presidenta del Congreso de la Republica entre 2007 y 2008. Ella, según algunos
directivos del DAS, recibió información producto de los seguimientos ilegales
en contra de la senadora Piedad Córdoba con el propósito de realizar un debate
en el Congreso para desprestigiar a la oposición política[2]. Sobre su caso, la Fiscalía
compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigarla por el delito
de tráfico de influencias en el escándalo de las Chuzadas, no obstante la Corte
la absolvió en junio de 2012.
Otro
caso para destacar es el de Jorge Mario Eastman Robledo, quien fue Secretario
General de la Presidencia de la República desde la posesión de Iván Duque y
hasta junio de 2019, cuando fue nombrado como Embajador de Colombia en el
Vaticano. En el gobierno de Álvaro Uribe fue asesor de comunicaciones de
la Presidencia entre el año 2006 y
2009. La corte Suprema de Justicia
compulsó copias para investigarlo por asistir a la reunión contra el
paramilitar alias «Job» en la Casa de Nariño para la planeación del
montaje contra la Corte Suprema de Justicia y filtrarlas a los medios con mala
intención, pero hasta la fecha no hay avances en las investigaciones por estos
hechos[3].
Estos casos ejemplifican el talante del Gobierno de Iván
Duque, quien no tuvo ningún inconveniente a la hora de nombrar funcionarios con
antecedentes judiciales por vinculación en las Chuzadas, en importantes
carteras de su gobierno encargadas de la implementación del acuerdo de paz y
las garantías de seguridad para organizaciones sociales, defensoras de derechos
humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP.
Por otro lado, es un
secreto a voces que el uso ilegal de la Inteligencia del Estado nunca ha
desaparecido. El antiguo DAS fue liquidado en el año 2011 y sus funciones
fueron trasladadas a diferentes entidades[4],
siendo dependencias militares entre ellas la Dirección Nacional de
Inteligencia, quienes asumieron principalmente sus funciones en materia de
inteligencia y contrainteligencia[5].
En el año 2014 estalló nuevamente un escándalo por espionajes ilegales, esta
vez se llamó Andrómeda, un local en Bogotá, desde donde se pagaba para
interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz y otros políticos
relevantes en el país[6]. Otro escándalo fue el del
Hacker Andrés Sepúlveda, un experto en informática que
inicialmente fue presentado como asesor de publicidad de la campaña
presidencial de Óscar Iván Zuluaga, pero posteriormente se conoció que fue un
hacker que tuvo acceso a información confidencial que compraba a miembros de
organismos de inteligencia del Estado, quien fue contratado para entorpecer el proceso
de paz[7].
Estos dos hechos,
demuestran la continuidad de un sector de las fuerzas militares muy poderoso
comprometido ideológicamente con el uribismo y su oposición al proceso de paz. Es
decir que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de la liquidación
el DAS, no se logró evitar que se realizaran interceptaciones y seguimientos
ilegales.
Pero el retorno al
poder del Uribismo a través de Iván Duque, significó que ese sector guerrerista
que dirigió y ejecutó las chuzadas en el pasado, volvía a tener a su
disposición el control de todos los aparatos de inteligencia y
contrainteligencia del Estado. ¿Qué puede suponer uno? que era muy probable que
los usaran contra sus antiguos y nuevos opositores, entre ellos los
funcionarios judiciales que adelantan numerosos procesos en su contra.
Por eso las
escalofriantes revelaciones hechas por la revista semana sobre el uso ilegal de
los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército dirigidos a
espiar a periodistas, líderes políticos y defensores de derechos humanos,
encabezado por el mismo comandante el general Nicasio Martínez Espinel (la
verdadera razón de su remoción)[8], son la confirmación de
una sospecha y un temor que existía en buena parte de las organizaciones
sociales y defensoras de derechos humanos.
Como lo evidencia la Revista
Semana, los equipos con los que actualmente se adelantan las operaciones
ilegales de interceptación de comunicaciones, son mucho más sofisticadas que las
realizadas por el antiguo DAS. Equipos como el hombre invisible, poseen una
capacidad tecnológica que supera la sofisticación de cualquier aparato conocido
anteriormente[9]
Dirigentes políticos
como Roy Barrera[10]
y Humberto De La Calle[11], organizaciones defensoras de derechos humanos
como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[12] y la Comisión Colombiana
de Juristas[13],
abogados defensores de víctimas como Daniel Prado[14] ya han denunciado
seguimientos ilegales. Sobre esta nueva política de interceptaciones ilegales
hasta ahora se empieza a conocer, queda por establecer sus verdaderas
dimensiones y alcances.
Sobre los espionajes
ilegales cometidos por el DAS y otras dependencias de inteligencia del Estado
en el pasado queda mucho por conocer, son delitos sobre los que hay que esclarecer
los máximos responsables, la magnitud de los hechos y su impacto en las víctimas.
La lección que queda de esta historia cíclica es que sin justicia y verdad van
a volver a ocurrir los mismos hechos una y otra vez. Esta tarea puede aportar
más elementos sobre los espionajes ilegales que cometen en la actualidad de lo
que nos imaginamos.
La JEP tiene la competencia para acceder a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Cada vez existen más elementos que muestran la necesidad de que la JEP abra un caso sobre las interceptaciones ilegales cometidas por el Estado en el marco del conflicto armado. Esto es más que una necesidad para avanzar en la superación del círculo vicioso de impunidad sobre el uso ilegal de la inteligencia del Estado.
*Columnista invitado de la dirección de Construcción de Paz de Alcentro.
[1] Martínez,
Julián F. Chuzadas, ocho años de
espionaje y barbarie. Ediciones B Colombia S.A. Bogotá. 2016
[2]
Ibídem
[3]
Ibídem
[4]
Ley 1444 de 2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan
precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para
modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de
la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada
mediante Decretos 4057 al 4070 de 2011.
[5] Decreto 4179 de 2011 “Por el cual se crea un
Departamento Administrativo y se establece su objetivo, funciones y
estructura”.
[6]
Revista Semana, “Chuzadas: así fue la
historia”, febrero 8 de 2014, disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3
[7] El Espectador, “Vienen Capturas de altos
mandos del Centro Democrático”, mayo 31 de 2016, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/vienen-capturas-de-altos-mandos-del-centro-democratico-articulo-635374
[8]
Revista Semana. Chuzadas sin cuartel. Enero 13 de 2020. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-por-que-se-retiro-el-general-nicacio-martinez-del-ejercito/647810
[9] Ibídem.
[10] Semana. Roy Barreras publica las pruebas de amenazas contra él y su familia.
Diciembre 11 de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/roy-barreras-denuncia-amenazas-contra-el-y-su-familia/639907
[11] El Tiempo. Con dron estarían espiando la vivienda de Humberto de la
Calle. Enero 25 de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/humberto-de-la-calle-denuncia-que-dron-habria-espiado-su-vivienda-455364
[12] El Espectador. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo dice que hay
«indicios» de que fueron chuzados. Enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colectivo-de-abogados-jose-alvear-restrepo-dice-que-hay-indicios-de-que-fueron-chuzados-articulo-900293
[13] Gallón, Gustavo. Blancos del hombre invisible. Enero 29 de 2020.
Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/blancos-del-hombre-invisible-columna-902010
[14] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En residencia del defensor
Daniel Prado se halla dron. 30 de enero de 2020. Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-residencia-del-defensor-daniel-prado-se-halla-dron/
Feb 25, 2020 | Columnas de Opinión
Por: Julián Gutiérrez*
@jackmulligan
Como psicólogo, siempre me causa escozor usar
categorías diagnósticas en la conversación cotidiana. Siento que reducen la
discusión del tema a un absolutismo innecesario al mismo tiempo que resulta
irrespetuoso con quienes padecen el trastorno citado. En este caso me voy a
permitir una excepción porque, francamente, no se me ocurre otra manera para
describir la relación entre la sociedad y la docencia (tanto la profesión como
quienes la ejercen) distinta a decir que es una relación esquizofrénica.
Por un lado, siempre que se habla de las profesiones mas importantes en una sociedad, la docencia encabeza la lista y siempre suelen citarse las mismas razones que son alguna variación de una frase como ‘El docente tiene en sus manos el futuro de la sociedad y su recurso mas importante’. Al mismo tiempo, abundan los memes sobre la importancia de la profesión, como el que circula de cuando en vez sobre como en Japón, los docentes son los únicos que no se inclinan ante el emperador (Aunque nunca he encontrado evidencia al respecto), al tiempo que los columnistas y líderes de opinión gastan ríos de tinta (o pixeles si es en línea) sobre lo importantes que son los maestros y el menosprecio histórico a la profesión. De hecho, hemos investido a la docencia de tantas virtudes que durante las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, uno de los candidatos usaba como gancho de campaña su pasado como educador y hasta cierto punto, le sirvió.
Bajo estos imaginarios, la docencia, es decir,
la profesión en si misma, es vista como una labor virtuosa que debe
recibir todo nuestro respeto y admiración. Sin embargo, al darle una mirada a
los imaginarios alrededor de quienes ejercen la profesión, la situación
toma un giro de 180 grados y resultamos en un extraño contraste en el que la
profesión es vista con alta estima, pero quienes la ejercen no son vistos como
profesionales de alta calidad. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, cabe
anotar, como lo demuestra esta
investigación del BID que identifica varias causas sobre el declive en el
prestigio de ser maestro y la incidencia que esto tiene sobre los aspirantes. El
informe cita tres causas principales con respecto a dicho declive:
- La incapacidad de la profesión
docente de atraer candidatos idóneos
- El efecto de la expansión en
cobertura escolar
- Los cambios en el mercado laboral para
las mujeres
En lo que tiene que ver con la primera causa, las
diferencias salariales a favor de otras profesiones y las condiciones laborales
(Ubicación de los colegios, modalidad de contratación, número de estudiantes)
han hecho que los bachilleres de mejores desempeños opten por otras profesiones
a la hora de elegir carrera, dejando a los programas de licenciatura con un
pool de aspirantes el cual no es el mas idóneo. Este declive en las condiciones
laborales se ha unido al imaginario tradicional que ve al oficio del docente
como ser simplemente un cuidador de estudiantes dentro del salón sin que esto
requiera (de acuerdo con el imaginario), un esfuerzo muy grande y como
consecuencia, termina alejando a los aspirantes antes mencionados que se
encuentran en búsqueda de una recompensa profesional significativa.
Además, en la medida que la cobertura
educativa aumenta a partir del número de colegios que se construyen, el sistema
educativo en Colombia (y en otras partes de Sur América de hecho) se ha visto
en la necesidad de incorporar mas y mas docentes. Esta incorporación, sin
embargo, se ha hecho a un ritmo acelerado que ha traído como consecuencia la
llegada de profesionales que no necesariamente cumplen con los estándares de
calidad requeridos reforzando el falso dilema de la relación excluyente entre
calidad y cobertura. Finalmente, en la medida que se han abierto mas y mas
opciones laborales para las mujeres, las bachilleres con otros intereses mas
allá de la docencia (Una profesión vista como patrimonio exclusivo de las
mujeres) han optado por otros caminos que han terminado por absorber aún mas potenciales
aspirantes a docente. Este último hecho pone de manifiesto la necesidad de
incorporar un enfoque de género a la hora de abordar los problemas asociados a
la carrera docente.
¿Cuál es la consecuencia entonces de esta
combinación esquizofrénica entre los imaginarios sobre la profesión docente y quienes
la ejercen? Tiene que ver con la noción de exigencia a los docentes y rendición
de cuentas. Hemos creado un ambiente en el que el pedestal moral de la
profesión hace que quienes la ejercen no pasen por un proceso de rendición de
cuentas, o lo que es peor, le demos carta blanca al mal desempeño bajo la
explicación de que ‘Pobres profesores, antes logran algo’. Independientemente
de las condiciones laborales de los docentes del sistema público y privado
(Realidad que merece una discusión aparte), la falta de una exigencia de
resultados y desempeño tanto a nivel institucional como social ha terminado por
crear un ambiente malsano que, de hecho, favorece
la falta de calidad en el ejercicio de la profesión docente.
El primer paso en la mejora de la calidad de la educación, entendiéndola desde las prácticas que los docentes llevan a cabo en sus respectivas aulas, pasa por reconocer a la docencia no como una especie de vocación ascética similar a la de los caballeros jedi, sino como una profesión de alta exigencia que requiere un conocimiento especializado, así como una formación en servicio constante. Cuando empecemos a entender la necesidad de tener sistemas de evaluación y rendición de cuentas para nuestros profesores, podremos pedirles un mayor estándar profesional y de conducta, que empezará una movilización para darle a este país la educación que merece y desesperadamente necesita.
*Columnista invitado de Alcentro.
Feb 24, 2020 | Columnas de Opinión, Transporte e Infraestructura
Por: Arturo Rincón*
Mejor educación reclamamos los manifestantes, educación superior de calidad, incluyente, con amplia cobertura y que atienda a las necesidades y a la vocación agropecuaria del país. Mejor educación reclaman los de FECODE aun cuando no logran que los alumnos
obtengan mejores resultados en las pruebas SABER o en las pruebas PISA, mejor educación reclaman los estudiantes eternos que pueden durar más de una
década disfrutando de cupos en las universidades públicas sin terminar ninguna carrera. No obstante, enfoquémonos en los reclamos justos y válidos de los manifestantes que reclamamos sin capuchas, de los
que reclamamos sin vandalismo, de los que reconocemos que los problemas actuales son el resultado de décadas de
despreocupación, corrupción y abandono de los Gobiernos, de los que no nos sentimos representados ni por el comité del paro ni por los incendiarios que poco contribuyen al diálogo o al consenso.
El gobierno del Presidente Duque esgrime con confianza el argumento de haber
asignado más de 4,5 billones de pesos para el sector educación durante el cuatrienio y
haber aprobado para el 2020 el presupuesto más alto de la historia para dicho sector, pasando de los 38,5 billones en 2019 a 44,1 billones en el 2020, un aumento de 6,41% y de 11% en comparación con el año 2018; un logro importante, sin embargo, se hace
insuficiente ante los enormes retos que enfrenta el sector.
Uno de estos retos es precisamente el que despierta el clamor de los manifestantes: mejorar la educación superior pública. La cobertura actualmente en educación superior no supera el 53%, la meta de alcanzar el 75% en 2025 luce bastante lejana, no sólo en tiempo sino en posibilidades, como tampoco parece lograble la meta propuesta de llegar al 60% en el presente cuatrienio, de hecho, según información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior el número de matriculados se redujo en un 7% del 2017 al 2018, adicionalmente la deserción por cohorte según datos del Departamento Nacional de Planeación, fue en el 2016 del 45,1%; en cuanto a graduandos, de cada 100 estudiantes que empezaron una carrera, sólo 37 la terminaron.
Una de las principales dificultades radica en que, aunque el Sistema Universitario Estatal se compone de 32 universidades, 9 departamentos carecen de establecimientos de educación superior, pareciera un indicador desestimable, pero se explica mejor al evidenciar que para dos enormes regiones del país, la Amazonía y la Orinoquía, que suman entre las dos el 77% del territorio nacional, con amplios terrenos cultivables e importantes zonas de conservación, existe una sola universidad pública, la Universidad de Los Llanos, ubicada en Villavicencio en el Departamento Meta, la cual apenas alcanza un 0,97% de participación en la cobertura nacional. La desigualdad, la inequidad y el abandono se pueden medir con la participación de las universidades estatales en la cobertura, la única universidad que está por debajo de la Universidad de Los Llanos, es la Universidad del Pacífico (0,42%) que se encuentra ubicada en Buenaventura.
Un dato adicional: tan sólo el 57% de los municipios del país tienen al menos un estudiante matriculado en educación superior. Como agravante está que solamente el 47% de los programas académicos acreditables de la Universidad de Los Llanos están acreditados como de alta calidad, pero la problemática es mayor, según datos del Departamento Nacional de Planeación sólo 38 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior en el país acceden a instituciones y programas acreditados como de alta calidad. Esta es una de las razones por las cuales, expertos explican, se ha reducido la tasa de estudiantes matriculados, ya que el ICETEX, acertadamente, otorgó créditos sólo para las instituciones de educación superior acreditadas.
Se pensaría que la solución es aumentar los incentivos para el programa Ser Pilo Paga, nada más lejos de la realidad, sin querer profundizar en los graves problemas de este programa se puede afirmar que, con el costo de un beneficiario, se podrían generar 3 nuevos cupos en universidades públicas. Muchos apuntarán que la crítica siempre va a ser la calidad de la educación pública, pero es de resaltar que 10 de las mejores 20 universidades del país son del Sistema Universitario Estatal, 2 de las cuales están dentro de las mejores 20 de Latinoamérica, de modo que ofrecer educación superior pública de calidad, no sólo es posible, sino que ya es una realidad que requiere ser replicada para ser extendida.
Las Universidades del Pacifico y de Los Llanos podrían ocupar un lugar igual de relevante, si se aprovechara adecuadamente su potencial. En el caso de la Universidad de Los Llanos, su ubicación no puede ser mejor, Villavicencio a pesar de ser una ciudad intermedia con cerca de medio millón de habitantes, es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Meta es el segundo departamento con mayor PIB per cápita y aunque su participación en el PIB nacional no es de las mayores, es sobradamente el departamento que más regalías percibe; su ubicación geográfica no sólo lo hace importante para la Orinoquía y la Amazonía sino también para la región central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta).
Villavicencio del mismo modo en que es un paso obligado para insumos y alimentos, también podría ser anfitrión de una comunidad académica diversa, su creciente desarrollo urbano podría dar lugar al establecimiento de campus universitarios y zonas de investigación agroindustrial y ambiental, además de tener uno de los costos de vida más bajos del país.
Con esos antecedentes y en el contexto del actual paro nacional, propongo al presidente Duque y a su gobierno, como solución al requerimiento ciudadano de una mejor educación superior, de calidad e incluyente, la creación de un nodo universitario y de investigación que tenga centro en Villavicencio, fortaleciendo en todos los aspectos la Universidad de Los Llanos al punto de poderla llevar al nivel de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, centrándose en áreas de conocimiento fundamentales para el país, tales como Agronomía, Veterinaria, Economía, Administración, Ingenierías,
Biología, Genética, Deportes, etc. Pero no basta con fortalecer la Universidad de Los
Llanos, tiene que crearse un nodo que compita con Bogotá como centro académico, con sedes también de universidades privadas que contribuyan con una red académica y de investigación, enfocada en el desarrollo agropecuario del país, en el aprovechamiento de los terrenos cultivables, la materialización de la vocación tantas veces proclamada por la FAO, y la protección de los ecosistemas y la diversidad de nuestro país.
Tuve la oportunidad de plantear esta idea en el encuentro de la Conversación Nacional en la Mesa de Crecimiento con Equidad, que se llevó a cabo el 9 de diciembre. Ojalá el Gobierno escuche, ojalá Duque escuche.
*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Feb 23, 2020 | Columnas de Opinión, Ernesto Forero
Por: Ernesto Forero.
@ErnestoForero
Recientemente el DANE publicó las proyecciones de la población colombiana para el año 2020, las cuales fueron realizadas con base en el censo nacional adelantado en el año 2018. Dichas proyecciones estiman que Colombia llegará a 50 millones de habitantes en el año 2020 y Santa Marta a 538.000.
El hecho de tener más de 500.000 personas asentadas de manera permanente en un espacio físico limitado tiene efectos en todos los aspectos de la vida de quienes allí conviven; son 500.000 personas que comen, que viven, que se relacionan, que trabajan, que no trabajan, que tienen necesidades, que las cubren, que no las cubren, que sueñan, que fracasan, que estudian, que roban, etc.
La historia ha evidenciado que el crecimiento poblacional lleva implícito cambios sustanciales en la dinámica social y económica de la sociedad respectiva. Por ejemplo, hacia el final de la Edad Media, el crecimiento de los pueblos trajo consigo la aparición de una nueva clase en la sociedad, diferente de las tres clases o estamentos en que se encontraba dividida la misma: el estamento nobiliario, el clero y el pueblo llano, conformado este último por todos los que no hacían parte de las dos categorías anteriores. Esa nueva clase fue denominada como la “burguesía”, palabra utilizada para llamar de manera genérica a los habitantes de los “burgos” como se denominó a las nuevas “ciudades” en crecimiento de la época. Esta burguesía agrupaba a quienes se dedicaban a actividades esencialmente comerciales, las cuales no giraban en torno a la propiedad o terrenos de los nobles o del clero.
El surgimiento de esta nueva clase, que con el tiempo fue acumulando recursos e influencia, introdujo a la sociedad nuevos intereses, nuevas percepciones de la realidad, nuevas exigencias y nuevas visiones de lo que era y debía ser la organización social, generando una situación de crisis con el establecimiento. Esta situación de agitación intelectual y social logró generar y acumular el vapor suficiente para hacer pitar, hasta estallar, la olla del ordenamiento social, legal y económico imperante, dando origen a las revoluciones burguesas, siendo la Revolución Francesa la principal de ellas. Estas revoluciones evidenciaron cómo la fuerza de una nueva clase emergente logró cambiar por completo y de un tajo la forma en que se organizaba la sociedad, dejando atrás el Antiguo Régimen, como lo denominaron los burgueses revolucionarios.
Una ciudad como Santa Marta, que en el año 2020 llegará a aglomerar a más de 500.000 personas de manera permanente, sin sumar la población flotante asociada a su vocación turística, empieza a sumergirse en dinámicas sociales y económicas propias de las ciudades medianas, con todo lo que ello implica. Ese tránsito trae consigo, entre otros, cambios en el perfil de su habitante medio, pues el crecimiento poblacional y la dinámica económica que genera abre la posibilidad de supervivencia a un mayor número de actividades profesionales, comerciales o industriales, diversificando así los intereses y visiones que interactúan en la sociedad.
Hoy, por ejemplo, un ingeniero de sistemas programador de softwares puede tener la expectativa legítima y fundada de poder desarrollar su carrera de manera independiente en Santa Marta, lo cual era antes inimaginable, salvo que fuese contratado directamente por una empresa. Lo mismo sucede con diferentes profesiones “no tradicionales”, por llamarlas de alguna manera que permita ilustrar el punto. Como el ingeniero del ejemplo, hoy es económicamente posible (no sin dificultades, ¡pero antes era imposible!) que un diseñador de interiores, un artista, un cineasta, un chef, o un emprendedor contemplen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Santa Marta.
Ese nuevo perfil de habitante samario, producto de una ciudad en crecimiento, es la nueva burguesía. Una burguesía conformada por estudiantes universitarios, por jóvenes profesionales especializados, emprendedores, trabajadores preparados, amantes del arte, de la cultura, defensores del ambiente, profesores con maestría y doctorados.
Esa nueva burguesía samaria, que trae la herencia de la burguesía de las revoluciones del siglo XVIII, viene incluso con más ebullición que aquella, pues la tecnología y la globalización han puesto al servicio de sus intereses mayores y mejores herramientas. Hoy esa nueva burguesía tiene acceso a un mayor conocimiento que antes, viaja de manera más fácil y económica, está comunicada y conectada de manera casi instantánea con el mundo, todo lo cual le permite analizarse a sí misma y a su entorno, comparar su realidad con la realidad de la población de otras ciudades colombianas o extranjeras, y, finalmente, le permite llegar a la conclusión de en qué realidad se encuentra y en qué realidad quiere estar.
Cuando evidencia que la realidad en la que se encuentra no lo satisface, la ebullición incrementa y el silbido del pito empieza a subir su volumen; la presión cae entonces sobre los hombros de los gobernantes de turno y las expectativas del futuro son depositadas en los brazos de los aspirantes a gobernantes. Esta compleja situación en la que se mezclan inconformidades del presente, historias y prejuicios del pasado, con expectativas del futuro, abonan el terreno para caudillajes politiqueros que terminan alimentando el ciclo vicioso de la defraudación de expectativas y creando nuevos prejuicios.
Los gobernantes actuales y quienes aspiren a ser los gobernantes de estos burgos del presente como Santa Marta, que en 2020 albergará a 500.000 habitantes, tienen el reto inmenso de estar a la altura de las exigencias de la nueva burguesía, mucho más ilustrada y consciente que la del pasado, y deberán sintonizarse con la forma como ese nuevo estamento percibe su realidad y proyecta su futuro. La población en general, por su parte, deberá permanecer exigente, aunque atenta para no caer en caciquismos que terminen por defraudar, nuevamente, sus expectativas.
*Director Temático del Departamento del Magdalena.
Feb 22, 2020 | Columnas de Opinión, Juanita Peñuela Cadavid
Por: Juanita Peñuela y Diana Zerda*
Dictar clases no es tan fácil como saber instruir un tema. Para cualquier profesor que haya pisado el salón de clases es una verdad que el manejo de grupo o gestión de aula es algo que se lleva una tajada grande del tiempo cada día y se interpone a los objetivos académicos de aprendizaje.
Claro está que los contextos varían así como lo hacen las dinámicas entre los grupos, y las condiciones generales que rodean a los estudiantes. Los conflictos se manifiestan de formas tan diversas e inesperadas que un profesor está de antemano prevenido a cualquier evento. Al fin y al cabo, como adulto responsable los menores de edad están a su cargo es él o ella quien debe responder por ellos.
Pero, ¿de qué manera sortean los profesores los conflictos del salón de clases a diario? No hay una sola fórmula secreta, pero sí varias iniciativas y propuestas que queremos dar a conocer. Tenedor, cuchara y cuchillo Para ningún profesor es un secreto que muchas de las actitudes que sus estudiantes tienen en el aula provienen de sus experiencias en casa. Es por ello que los padres de familia juegan un rol fundamental en aspectos como la forma de resolver conflictos. Por eso, realizar talleres de padres en las Instituciones Educativas resulta una estrategia de gran importancia para el desarrollo diario de las actividades de los estudiantes.
Una manera creativa y útil para abordar este tema es mediante el uso del tenedor, la cuchara y el cuchillo como analogías de formas violentas y no violentas para tratar un conflicto. Así, el cuchillo y el tenedor representan instrumentos generadores de tensión y de mayor violencia que no reconocen en sí mismos ni en el otros emociones y posibilidades de transformar la situación hacia una solución funcional para todas las partes involucradas. La cuchara, por el contrario, tiene la facultad de unir, acompañar y crear nuevos caminos. Después de una breve explicación, cada padre y madre es confrontado con una pregunta: ¿con qué elemento se identifican a la hora de tratar conflictos con sus hijos? En una aula en el Urabá, sin pensarlo, la mayoría de padres se reconoció en el cuchillo, pues en sus palabras “es la mejor manera de cortar el conflicto/problema de raíz”. Tras esta breve escuela de padres, poco a poco se vislumbraron actitudes nuevas en algunos estudiantes de 3A. Empezaron a relacionarse de otra forma con sus compañeros debido a que la manera como sus padres se relacionaban con ellos se transformó.
Pequeñas victorias como esta son un recordatorio para los docentes que en regiones como el Urabá, están trabajando con distintos actores de su comunidad educativa en búsqueda de herramientas y estrategias relevantes dentro y fuera del aula en torno a la construcción de paz local. GuardianesOtro de los grandes desafíos que se viven diariamente en el aula es el de las relaciones interpersonales.
De nuevo, lo que los niños aprenden en casa, sumado a sus contextos y realidades más inmediatas necesariamente permea en la manera como se relacionan con sus pares en el colegio. Así, es posible que los profesores se vean enfrentados a situaciones en las que sus estudiantes de primaria repliquen acaloradas discusiones sobre, por ejemplo, quienes son más fuertes para combatir la nueva amenaza en la región del Urabá: si el Ejército o la Policía Nacional.
Rápidamente este tipo de situaciones se traducen en fricciones entre compañeros, diferencias que se agudizan con el pasar de los días. Situaciones como estas constituyen el escenario perfecto para probar nuevas estrategias que permitan a los niños transformar sus relaciones a partir de sus realidades individuales sin desconocer el contexto social y político en el que viven.
Así, nació el plan de aula “Guardianes” en una Institución Educativa del Urabá Antioqueño, pensado para trabajar a través de la disciplina positiva en habilidades de trabajo en equipo, gratitud y empatía. La rutina diaria cambió. Los días iniciaban en círculo, para que cada uno reconociera al otro y se reconociera como parte de un grupo. Cada estudiante traía al círculo su “Libro de los Guardianes” y un palito de paleta con el nombre de quien había sido asignado como su guardián, como símbolo de cuidado y protección. En su libro, escribían lo que sentían y por qué se sentían agradecidos, con su guardián y con algún otro compañero o compañera de clase. Además, todos los viernes hacían un intercambio de gratitud que quedaba plasmado en un mural al lado derecho del salón. Con el tiempo, los niños empezaron a adquirir pequeñas rutinas de organización del espacio con el fin de prepararlo para iniciar el día con gratitud.
Además, la relación entre guardianes se fortaleció, permitiendo que acaloradas situaciones como la descrita, no irrumpieran con la misma fuerza en las relaciones de los niños. Aprendieron a reconocer y a reconocerse como miembros importantes para la sana convivencia de su curso y a expresar lo que sentían hacia el otro en un lenguaje de empatía universal: el de la gratitud.
La colmena
El salón de clase tiene un fuerte potencial para transformar realidades, hablar y reflexionar en torno a temas como la resolución de conflictos desde la realidad de los estudiantes. Se trata de ser creativos con los recursos humanos, culturales y naturales disponibles, teniendo presente que son los estudiantes quienes tienen el potencial para guiar la actividad y generar alternativas de transformación.
Así como los cubiertos se convirtieron en una analogía para la resolución de conflictos, en esta experiencia fue el panal de abejas el elemento seleccionado por los profesores para reflexionar en torno a la resolución de conflictos y al fortalecimiento comunitario. Los chicos recibieron un octágono en el cual escribieron un conflicto que recientemente hubieran tenido con algún compañero o familiar y cómo lo resolvieron. Tras una breve reflexión, el otro lado del octágono escribieron cómo les habría gustado resolverlo. Los profesores les pidieron que tomaran los extremos de cada octágono, en los cuales había colgada un pedazo de lana, para que formaran una gran colmena que representara su comunidad. Sin embargo, algunos estudiantes recibieron una herramienta extra: unas tijeras.
Ningún otro compañero sabía que las tenían, pero su objetivo era claro: cortar las recién formadas relaciones. Hubo confusión. Quienes estaban formando la colmena se molestaron con quienes intentaron, en muchos casos con éxito, cortar la lana de sus octágonos. En algunas esquinas se escuchó una queja: “profe, están dañando mi unión” o, “profe ¡vea! Quítele las tijeras” Lo que no sabían era que todo hacía parte del mismo ejercicio y que ellos, quienes estaban cortando su colmena, eran sus conflictos, peleas y discusiones. Para estos estudiantes de noveno grado fue claro que su comunidad en la Zona Norte de Cartagena y las relaciones que se gestan en ella son más fuertes que un tercero con intención de desintegrarla. Así, con la poca lana que les quedó, volvieron a unir su colmena, transformando la “herida” en un insumo de unión.
Ceder, evadir, negociar o usar la fuerza
Al preguntarle a los niños cuáles son las formas en que se deben resolver los conflictos y los problemas la mayoría responderá que con el diálogo o hablando. Sin embargo, en el día a día las emociones ganan terreno haciendo que las peleas y agresiones sean las formas más usadas por los estudiantes. El uso de la fuerza perpetúa la violencia y aunque da una solución a las cosas, daña la relación entre las dos personas. Por eso, usar la reflexión que hace la cartilla “Secuencias Didácticas de Educación para la Paz” en el salón de clase permite tener una herramienta útil para darle a conocer a los estudiantes mejores maneras de resolver los conflictos que diariamente se presentan en sus vidas en su interacción con las demás personas.
Al trabajar esta herramienta con los grados sexto y séptimo los estudiantes reconocieron el valor de mantener las relaciones entre las demás personas que hacen parte de una comunidad. A través de ejemplos los estudiantes mencionaron las situaciones en las que consideraban que era necesario ceder, o evadir. Usamos situaciones de la vida cotidiana como el trato con los papás o los ciudadanos o compañeros del colegio.
Por ejemplo, consideraron que cuando un papá o una mamá les pide que lleguen a cierta hora a la casa es mejor ceder, pues es una precaución que ellos toman para cuidarlos. También nos cuestionamos sobre cuáles eran las formas más comunes en las que solíamos resolver los conflictos en el salón, y las consecuencias que esto traía para el ambiente de clase; el uso de agresiones físicas o verbales creaba rencores y pensamientos y actitudes negativas entre ellos. Ante la negativa de varios estudiantes que manifestaban no estar interesados en tener buenos lazos afectivos con otras personas del salón se usaron anécdotas sobre personas que se vuelven a encontrar más adelante y cómo cambian las circunstancias para ambos.
Algunos concluyeron que era necesario mantener los buenos tratos “pues no se sabe qué vaya a pasar más adelante”. Al finalizar la sesión se hicieron compromisos personales en los que los estudiantes escribían algo nuevo que hubieran aprendido y que quisieran poner en práctica en sus vidas diarias. No obstante, como profesor es necesario recordar constantemente estas formas de resolver conflictos a los estudiantes y crear consciencia sobre las consecuencias que trae usar una u otra forma para la vida en comunidad.
¿Resolver o transformar los conflictos en el aula?
Las experiencias educativas aquí expuestas son una pequeña radiografía de los cientos de iniciativas que profesores en todas las esquinas de Colombia están sacando adelante para formar a sus estudiantes en valores, un elemento esencial en materia de educación para la paz.
Hoy en Colombia la educación para la paz encuentra una ventana de oportunidad para constituirse como un elemento, no para resolver el conflicto, sino para transformarlo desde sus raíces estructurales. Transformar implica tener una mirada a largo plazo, primando el fortalecimiento de relaciones y la transformación de las mismas hacia espacios de reconocimiento de realidades propias y ajenas.
Esta perspectiva propuesta por John Paul Lederach permite abordar los conflictos desde sus causas más profundas, reconociendo la multiplicidad de actores que lo componen y generando espacios para que todos actúen hacia la construcción de paz iniciando por su entorno más inmediato. Pero, ¿cómo hacerlo en el aula de clases? Permitiendo que los estudiantes cuenten con espacios para reconocerse y reconocer al otro desde lo que los une y lo que los diferencia, así como apostándole a la formación docente en y para la educación para la paz.
Así, el aula tiene el potencial de convertirse en un espacio seguro, a partir del cual los estudiantes aprendan no solo a sumar y a restar, a leer y a escribir, también a construir relaciones y a reforzar las existentes a través de una pedagogía basada en valores para la paz que abarque distintos niveles de la sociedad colombiana.
Feb 21, 2020 | Columnas de Opinión
Por: Ramón Abel Castaño*
@rafaelmirandaj
La importancia y el impacto de la enfermedad mental ha sido inadecuadamente reconocida en las políticas públicas y de salud de todos los países del mundo. La Organización Mundial de la Salud[1] estima que esta causa representa el 13% de la carga global de la enfermedad y la depresión por sí sola es la segunda causa de carga de la enfermedad global. Este problema no es ajeno a Colombia, donde la atención a problemas y trastornos mentales en el sistema de salud es altamente centrada en el psiquiatra y otras profesiones de la salud mental, y en la atención de episodios agudos. Este abordaje doctor-céntrico y hospitalo-céntrico ignora el contexto comunitario, con lo cual pasa por alto esta gran oportunidad para hacer un abordaje oportuno y efectivo de estas condiciones médicas.
Otra razón que
explica este abordaje limitado es el hecho de que el Plan de Beneficios en
Salud (PBS) otorga una cobertura limitada, y siempre haciendo referencia a que
los servicios de salud mental serán prestados por el profesional tratante,
médico especialista competente o psicólogo. Esta definición de los
profesionales de la salud mental como prestadores de estos servicios deja por
fuera otras disciplinas relacionadas, así como a técnicos, auxiliares y
personas de la comunidad (lay persons)
que pueden contribuir de manera importante en la prevención, detección oportuna
y atención de los problemas y trastornos mentales.
Por su parte, la Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud
Mental) menciona la rehabilitación psicosocial pero solamente para definirla,
pues no establece con claridad su contenido. El artículo 19 menciona la
capacitación y formación de los equipos básicos en salud, con el fin de que
adquieran habilidades para el manejo de problemas de salud mental en la
comunidad. Adicionalmente, el artículo 31 menciona la necesidad de una política
pública de salud mental, dentro de la cual se deberá incluir “…la
rehabilitación psicosocial y continua en la comunidad con apoyo directo de los
entes de salud locales.”
En los modelos de atención para enfermedades crónicas
no transmisibles en Colombia, se identifican grandes vacíos de coordinación y
de continuidad, así como una inexistente estrategia de atención comunitaria.
Estos dos problemas, y en especial el segundo, son más severos aún en los problemas
y trastornos mentales, pues en estos el componente comunitario es mucho más
crítico que en las enfermedades crónicas no transmisibles.
En consecuencia, es urgente implementar estrategias de gestión comunitaria en salud mental en general, y en especial en gestión de problemas y trastornos mentales, no como substituto del manejo convencional sino como complemento. Estas estrategias de gestión comunitaria incluyen la creación de capacidades y competencias en la comunidad, así como la inserción de los actores comunitarios en los modelos de atención de la enfermedad mental. Colombia necesita urgentemente este tipo de intervenciones para disminuir la dependencia del hospital y de los profesionales de la salud, pues estos son claramente insuficientes para responder a las necesidades del país en esta materia.
Ramón es Máster en Gestión y Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard. PhD en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
[1] World Health Organization
(2009). Improving health systems and services for mental health. WHO. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598774_eng.pdf?ua=1
