Mar 8, 2020 | Columnas de Opinión, Discapacidad Funcional e Inclusión, José A. Hofmann
Por: José A. Hofmann
Los tiempos de redes, nos obligan a ser breves. Así tan simple y sencillo, como dicho en verso. Leer, más allá de 140 caracteres en tiempos actuales es una actividad extraña. En consecuencia los textos -y esta columna no es la excepción-, deben ajustarse a esa nueva realidad.
Así en el presente texto, mencionaré unas breves impresiones sobre la decisión de la Corte Constitucional, en la cual la misma Corporación decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre el tema del Aborto, considerando que sobre el particular ya había cosa juzgada y manteniendo, en consecuencia, las 3 causales excepcionales para su práctica legal que la opinión pública bien conoce: violación, peligro para la vida de la madre y malformación del feto.
Lo primero, es indicar que es preocupante, por decir lo menos, que los medios de comunicación hablen ya de “bancadas” al interior de la Corte Constitucional y que sus decisiones no se estén dando a conocer por medio del texto de sus sentencias, como es lo correcto en un Estado de Derecho, sino por filtraciones de medios, ruedas y/o breves comunicados de prensa, los cuales aparecen antes que la providencia que los debe originar. Eso hace daño a la democracia y al andamiaje institucional del país. En la República, los jueces como garantes de la paz social, deben ser ajenos al debate público, pronunciarse únicamente por medio de sus providencias y las corporaciones donde laboran, es deseable que sean las únicas instituciones donde no deben existir jefes de prensa. Haría bien el Alto Tribunal Constitucional en retomar esta sana práctica que se dio en el pasado.
Ahora bien, dicho lo anterior, al ser la Corte Constitucional un ente jurídico y no político, su decisión de declararse inhibida para pronunciarse sobre el aborto alegando cosa juzgada sobre el particular, parece ser responsable desde el punto de vista técnico a simple vista, mas sin embargo, como abogado, haría mal en
pronunciarme de fondo sobre la determinación del Alto Tribunal, como quiera que no conozco el texto que la sustentó.
Ese es el problema de las decisiones de las Cortes cuando se dan a conocer por filtraciones y ruedas de prensa, no por sentencias, más aún en tiempos de redes sociales y especialmente en un país de personas ligeras como Colombia, donde por alguna extraña razón, no es mal visto hablar de aquello que se desconoce.
Lo cierto, es que con la decisión de la Corte, las cosas quedaron como antes; que el aborto sigue siendo un tema de palpitante actualidad; que 300.000 mujeres se lo practican en forma clandestina cada año, de las cuales la mitad quedan con secuelas permanentes o mueren; que su prohibición, a la fecha ha sido completamente inefectiva, pues el fenómeno del aborto ilegal, según todos los estudios, continúa expandiéndose y de 5.833 denuncias por el delito de aborto, ninguna ha sido llevada a juicio, habiendo sido el 29% de las procesadas víctimas de abuso sexual; que incluso, en las causales permitidas por la Corte Constitucional, debido a vacíos regulatorios que sólo puede llenar el Congreso en ejercicio pleno de sus atribuciones, han ocurrido grandes abusos, como siempre, en contra de los derechos de las mujeres.
Ante este panorama, basado en la evidencia científica, no en ideologías ni moralismos, sería más que conveniente las autoridades asumieran la regulación del aborto, no para incentivarlo, sino para prevenirlo integralmente desde la educación básica y en última instancia, regular su práctica, partiendo para ello del conocimiento científico y la legislación comparada. Sobre este último particular, quisiera decir, en Uruguay la Ley 18.987 de 2012 prevé claramente que el aborto a) únicamente en las 12 primeras semanas de gestación por entidades de salud autorizadas; b) una vez la mujer ha sido valorada por un equipo interdisciplinar -médico, psicólogo y trabajador social-, y c) cuyo principal objetivo sea superar las causas de diversa índole que pueden llevar a la mujer al aborto y en última instancia, respetando su autonomía, practicarlo, pero en forma segura para su integridad. ¿Suena mejor que los “abortaderos” actuales, cierto?
*Miembro Dirección de Justicia y Seguridad
Mar 8, 2020 | Columnas de Opinión, Comunicación Política, Laura Herrera
Por: Laura Herrera
Las últimas declaraciones de la ministra del interior, Alicia Arango, dejaron sorprendidos a la mayoría del país que ya no sabe a qué mas atenerse frente al trato que el gobierno le está dando a sus ciudadanos. A la comunicación no hay que ponerla en un segundo plano, debe ser una de las herramientas principales para gobernar y construir una relación con los gobernados. A estas alturas del partido parece que la comunicación gubernamental del Gobierno Duque está todo menos enfocada en generar consenso. Parece que su estrategia es confortar, y en este momento, no es la solución
Confrontar es una estrategia de comunicación, pero siempre y cuando se cuente con el respaldo suficiente para implementarla, es decir, un gobierno que solo cuenta con el 23% de aprobación no puede darse el lujo de confrontar a sus ciudadanos generando provocaciones que solo seguirán ampliando el disenso con la opinión pública. Con urgencia su prioridad debería ser buscar consenso.
El país ha cambiado y el gobierno no ha logrado entender el contexto. Lastimosamente se han quedado en la lectura de un comportamiento electoral que todos los días le pasa factura porque atacar no es la solución mientras se gobierna. La comunicación gubernamental tiene como objetivo generar consensos y esto no es lo mismo que a como de lugar buscar convencer. Es realmente sorprendente la gran carga de confrontación que contiene la forma de comunicar del Gobierno Nacional, parece como si gran parte de los gobernados fuéramos sus enemigos y no sus ciudadanos.
Varios han sido los escenarios en que han dado pruebas de su estrategia de confrontación, las pruebas están en, por ejemplo, la estrategia de estigmatización de las protestas, en las primeras reacciones al paro nacional que contuvieron solo medidas de seguridad y no la búsqueda de un consenso concreto sobre la situación, el desafortunado #NoPudieron de la entonces MinInterior Nancy Patricia Gutiérrez, las estrategias de ataques digitales a periodistas y opositores del gobierno, el tono de confrontación de Alto Consejero para las Comunicaciones que tildó de hipócrita y doble moral a la opinión pública ciudadana, respondió amenazando con revelar una información de su entrevistadora y terminó por deteriorar las relaciones de prensa con el Gobierno Duque. La lista es aún más amplia y al parecer se seguirá llenando.
Esta es una reflexión urgente para darle un timonazo a la estrategia. Han creado una grieta enorme entre los ciudadanos y el gobierno. Una grieta que no es irreparable, pero si lenta -muy lenta- de sanar. Es hora de parar, de ser autocríticos, de aceptar errores y recalcular. El mundo pide a gritos nuevos liderazgo que contengan humildad y una comunicación de doble vía, escuchar y consensuar; pero basta de atacar.
* Directora Dirección Comunicación Política
Mar 7, 2020 | Carlos Orlas, Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Carlos Orlas y Jorge Andrés Forero-González
Colombia, como país de regiones, tiene una deuda histórica con sus comunidades que pasa por no escuchar las múltiples voces de los actores sociales en los territorios. En el caso de la construcción de paz territorial en el marco del posacuerdo con las FARC-EP, se abre una posbilidad de saldar esa brecha, en lo que Sergio Jaramillo denominó Paz Territorial y que inspira el punto 1 y 4 del Acuerdo Finali. Esto concuerda con lo que Manuel Marulanda nombraba como un muro que separa la ciudad del campo: la exclusión política, el centralismo y la mirada al campo como fuente de materias primas, es decir, un campo sin campesinos. Este escenario, a su vez, exige el necesario acuerdo con el ELN y con los paramilitares de las AGC que han manifestado su interés de somerse al Estado colombiano en la búsqueda de la llamada #PazCompleta.
En Al Centro se abre la posibilidad de que voces de las regiones confluyamos en un proposito común que es el diálogo social desde diferentes orillas. Principalmente en clave de alimentar el centro de pensamiento y aumentar la masa de información crítica para la toma de decisiones. No hay que ser poder, o estar en el poder, para pensar y actuar sobre la política. Al Centro se perfila, entre otras cosas, como una cantera de ideas para la construcción de paz territorial, en el entendido que la transición generacional que exige vencer la narrativa de la guerra, piensa la paz más allá de los acuerdos firmados y afronta la incidencia política desde lecturas alternativas y nacidas de los mismos territorios. Para Al Centro aglomera diferentes expresiones de lo político capaces de leer y sentir el país en clave transformadora.
Ante el rechazo que los partidos políticos y el sistema político colombiano le generan a la ciudadanía en general, es necesario construir plataformas y confluencias que permitan relanzar la política en su sentido genuino, a saber, como el arte de servir. Ya Fals Borda hablando con los pescadores de Bolívar había dado una pista clave para entender la Colombia profunda, y es con lo que llamó el sentipensamiento. Esta postura encara la posibilidad de leer nuestros territorios desde una orilla diferente a la del poder homogenizante y centralizado, generalmente en las voces de expertos que no dialogan con las realidades sociales de las comunidades, y si lo hacen es desde un escritorio en las capitales.
Por lo anterior es que celebramos el primer encuentro nacional de Al Centro y su voluntad de construir desde la diversidad, desde la amplitud de visiones y con la vocación de juntarnos con esa potencia que es la otredad, una “multitud proliferante” como la llamaba Carlos Enrique Restrepo, filósofo antioqueño (Q.E.P.D).
i. Los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas.
*Director y miembro de la Dirección de Construcción de Paz
Mar 6, 2020 | Asuntos Laborales, Columnas de Opinión, Felipe Quintero García
Por: Felipe Quintero García
En Colombia es legal, y legítimamente viable, contratar laboralmente a un trabajador por horas.
La legislación laboral tiene un límite máximo en la jornada de trabajo, pero no regula un mínimo de horas en las que se pueda desarrollar el trabajo contratado, con independencia del tipo de contrato laboral que se utilice. (Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002, artículos 161, 163 y 165 del Código Sustantivo de Trabajo)
Ahora bien, la novedad que vale la pena estudiar, teniendo en cuenta los beneficios que conllevaría su implementación, es avalar el pago a la seguridad social sobre una base menor a la del salario mínimo, de acuerdo a las horas efectivamente laboradas por los trabajadores.
El verdadero debate está en torno a la cotización a la seguridad social por horas, y no al contrato laboral por horas, el cual, como ya se explicó, existe en nuestra legislación.
Es muy importante que pensemos en los retos que trae la sociedad, las diferentes formas de negocio, las nuevas tendencias de flexibilidad horaria y la necesidad que tenemos de responder ante la alta informalidad que existe hoy en día.
La flexibilización en las cotizaciones al sistema de seguridad social, implementando la viabilidad de liquidar sobre las horas efectivamente trabajadas permite para el trabajador, una forma legal de contratación laboral, que protege de manera proporcional todos sus derechos y asegura el cubrimiento del sistema de seguridad social.
Por su parte, para el empleador traería enormes ventajas, la viabilidad de contratar de manera directa, legal, asumiendo el lleno de los requisitos del sistema de seguridad social, con una carga proporcional al trabajo que se ejecuta en su favor y por el cual, asume la debida remuneración.
Si las formas de contratación laboral en Colombia permiten el trabajo por horas, ¿por qué el pago a la seguridad social se aleja de esta realidad?
El derecho laboral debe renovarse junto con las necesidades sociales, con el fin de que sea siempre el camino más seguro para generar contratación formal. Legalizar el pago a la seguridad social por horas responde a las necesidades actuales del mundo laboral, y asegura así, que no se incurra en otras figuras ajenas a esta especialidad para contratar la prestación de un servicio.
La modificación que se requiere puede resolverse por vía de Decreto, y tiene relación con avalar una modificación en la plataforma Pila, toda vez que, como ya fue mencionado, el Código Sustantivo de Trabajo desde su existencia, ha permitido que el contrato laboral se ejecute por horas, por lo que no es necesaria una reforma legislativa.
Demos un paso a la modernización, y permitamos que el derecho laboral se modernice con la sociedad, para incrementar la empleabilidad, ajustar las cargas a los tiempos efectivamente laborados y asegurar caminos legales de contratación directa.
*Director Dirección de Asuntos Laborales
Mar 5, 2020 | Columnas de Opinión
Por: Andrés Camilo Rodríguez
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una paz estable y Duradera logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP permitió configurar una serie de tensiones y rupturas históricas provenientes del tránsito político que fue emergiendo en la última década y que se manifiesta en el ascenso de los sectores alternativos, el surgimiento de nuevos actores en la vida nacional, en una actuación disímil en el bloque de poder hegemónico, en una convulsión social producto de las recientes movilizaciones y en una creciente ola de violencia política en el territorio nacional.
A pesar de que existió una estructura fundamental en la solución política representada en cinco grandes dimensiones del conflicto armado y social como lo fueron los asuntos del campo, la participación política, el fin del conflicto, las drogas y el narcotráfico, y, una ruta de implementación, verificación y refrendación, en la actualidad no se han recreado las condiciones adecuadas para una puesta en marcha pertinente que contribuya a emprender las transformaciones que hoy requiere el país de manera más eficiente.
El difícil contexto en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz se debe adjudicar principalmente a la situación de inestabilidad política que gira en el entorno del presidente Iván Duque; su falta de liderazgo, los cambios en el gabinete, la relación regional a partir de la crisis venezolana, la falta de consenso con el Congreso de la República, el impulso de las reformas tributaria, pensional y laboral, las tensiones con sus copartidarios como el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Liberal, los recientes escándalos de quienes lo rodean sobre corrupción, crímenes y mafias regionales, la situación de violencia contra líderes sociales y excombatientes, y, las movilizaciones, son los aspectos más relevantes, que sumados todos juntos, conjugan una manifiesta falta de voluntad del gobierno actual por el cumplimiento de los puntos del acuerdo, el desarrollo normativo y el diálogo político con otros actores armados como el ELN, entre otros; así las cosas, encontramos un estancamiento global en la consolidación de la paz que evidencia una tendencia en la actitud permanente en lo que resta en el tiempo del actual periodo presidencial.
Alrededor de los elementos señalados con anterioridad, encontramos escenarios regionales y locales, que evidencian un comportamiento diferente, por un lado, se encuentran algunos territorios que han apostado por darle continuidad desde una dinámica local al proceso de implementación y reconstrucción del tejido social a pesar de las adversidades, a su vez, la nueva reconfiguración de los gobiernos departamentales y municipales a partir de los resultados de las elecciones de octubre de 2019, evidencian una clara apuesta por programas y gestiones permanentes que se encaminan hacia nuevos relatos de democracia, justicia social, defensa de la vida, generación de productividad y paz (DLP, 2020).
Hoy encontramos fenómenos importantes que tienden a reconfigurar los escenarios políticos en las regiones del país y que provienen de los resultados de las ultimas elecciones del 2019, pero también, de experiencias que anteceden los comicios pasados que vienen desde el plebiscito por la paz en el 2016, las elecciones a cámara y senado, las elecciones presidenciales y la consulta anticorrupción del 2018; por ejemplo, en las gobernaciones y ciudades capitales, hubo una preponderancia en la participación y victorias mediadas por coaliciones y grupos significativos, desplazando con un margen relevante las formas de participación tradicional que se daban de forma directa por parte de los partidos; junto con el aumento significativo de jóvenes, las dinámicas particulares de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDTS), la participación de mujeres y la proyección de programas coherentes con el contexto de paz, son elementos que permiten hacer énfasis en las nuevas realidades que comienzan a emprender rutas posibles de consolidación de la paz desde una perspectiva fundamentalmente local (MOE, 2019).
Allí, las capitales también juegan un papel relevante, casos como el de Daniel Quintero en Medellín, Jorge Ospina en Cali y Claudia López, por señalar solo algunos casos, han permitido establecer rumbos diferentes y abrir un campo de oportunidades para el desarrollo de las ciudades y su comprensión de la mano de sectores alternativos y emergentes.
El anterior contexto permite afirmar que hoy la construcción de paz en el país no permite avanzar con el deseo ideal de eficacia en la implementación a nivel nacional, pero que sí, posibilita trazar caminos en el marco de las oportunidades que genera la reconfiguración sociopolítica que se viene gestando en varias de las regiones y territorios significativos que han estado marcados por la violencia política y la intensidad de la guerra entre diferentes actores ilegales y armados.
En este sentido, se han posibilitado un conjunto de herramientas que brindan un marco lógico a este esfuerzo que se ha señalado y que los nuevos gobiernos municipales y departamentales pueden adaptar a partir de la formulación de sus planes de desarrollo y programas de gestión gubernamental en la medida en que el Acuerdo Final se ha venido incorporando progresivamente en el marco jurídico-constitucional del país y que por lo tanto, merece de total vinculación a las responsabilidades departamentales, municipales y locales; sobre el particular, es importante tener como marco de referencia nacional el Acto Legislativo 02 de 2017, la Sentencia C-630/17, el CONPES 3932, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 y la Regionalización del presupuesto de inversión vigencia 2020; cada uno de estos componentes establecen entre sí, la obligatoriedad, los instrumentos de planificación, la presupuestación, el seguimiento y demás disposiciones vinculantes al orden nacional y territorial para la consolidación de la paz estable y duradera como principio esencial (DLP, 2020).
En relación con Bogotá y el nuevo gobierno de Claudia López, es importante señalar que ha sido uno de los acontecimientos más importantes en el país por la generación de rupturas políticas, culturales y económicas a partir de los acuerdos que le permitieron llegar a la Alcaldía Mayor, hoy esta experiencia que inicia, representa formas significativas de entendimiento sobre el devenir para la ciudad en el próximo cuatrienio.
Por un lado, existe un especial énfasis por mantener una conciliación con el modelo económico y la defensa de la institucionalidad bajo un relato de la transparencia y oportunidades, y por otro, una agenda social que ha iniciado con una apertura de campos posibles para incentivar procesos de ejecución y programas de gobierno que contribuyan a la superación de la desigualdad social y la consolidación de la paz en la ciudad. Así las cosas, la administración Distrital hoy se viene integrando bajo una visión de estabilidad política rodeada por diferentes sectores, que, por lo pronto, tienen la tarea de avanzar en el proceso de armonización administrativa, la construcción del Plan de Desarrollo Distrital, el diálogo con el nuevo Concejo y afianzar el equipo se secretarios(as), subdirectores (as) y prestadores de servicios en los próximos años.
El Programa de Gobierno de Claudia López y 5 dimensiones para la paz.
Desde la campaña, la actual alcaldesa ha sido enfática en posibilitar todos los mecanismos posibles para que la ciudad pueda dar cumplimiento a las metas que ella trazó en su programa en el marco de la actuación estratégica de diez puntos, los cuales refieren a la atención de la corrupción, el diálogo, el construir sobre lo construido y destruido, la cultura ciudadana, la defensa de lo público, la reducción de las brechas de desigualdad, la equidad de género, la defensa de la estructura ecológica, el ordenamiento territorial democrático y la reconciliación (López, 2019); a partir de estas dimensiones estructurantes de lo que se prevé será la actuación del gobierno distrital, junto con las cuatro metas-plan que orientan ejecutivamente la ciudad como lo son Vivir sin miedo, Tiempo para la familia y el desarrollo, Reverdecer Bogotá y Unidos como el mejor hogar se pueden ubicar cinco dimensiones provechosas para la consolidación de la paz en la ciudad de Bogotá.
1. Participación y diálogo: debe ser entendida como la principal apertura de la ciudad después de cuatro años donde se restringió la vinculación de la ciudadanía en los asuntos públicos, ahora, es un reto reabrir los diferentes canales de diálogo mediante una participación activa y directa desde las localidades, las expresiones sectoriales y distritales.
2. La exaltación de una generación: el relato por la incidencia permanente y continua de los jóvenes, las mujeres y buenos profesionales es un estímulo a la generación que ha transitado por la defensa de la paz en los últimos años en el país, ésta se encuentra emergiendo aún, pero constituye un esfuerzo por la renovación de la actividad política y gobernabilidad con un sentido de respuesta a una época situada en la paz.
3. Cultura y reconciliación: la acción colectiva entre la administración y la ciudadanía en su conjunto, permite llevar a la ciudad a ubicarse como el epicentro de la paz y la reconciliación, el reconocimiento sobre las identidades, proyectos diversos y actuaciones plurales, debe garantizar canalizar a los diferentes actores sociales que convergen en Bogotá en una relación dialógica que experimente la paz con profundidad.
4. La cuestión de lo público: la política como asunto común fortalece los diferentes escenarios de democracia y participación; la transparencia y la lucha contra la corrupción, son expresiones que cada vez más, están dirigidas hacia la construcción de nuevas formas de convivir, dialogar y decidir.
5. Sostenibilidad urbana: la interpretación adecuada de los retos globales entorno a la ecología, el cambio climático, la tecnología, la vida y la democracia, nos debe llevar a tejer progresivamente una ciudad en clave de desarrollo continuo y universal, coherente con la contemporaneidad que asalta a la humanidad.
Éstas cinco dimensiones deben ser transversales y ser comprendidas como oportunidades que posibilitan la construcción de paz en la ciudad; los primeros seis meses de gobierno son una ruta común que implican la vinculación del conjunto de los habitantes de Bogotá, por esta razón, la existencia de una sinergia entre lo público y la ciudadanía en un primer momento, debe dirigirse hacia los escenarios de participación local que hoy están a disposición de la construcción del Plan de Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Locales; en este sentido, las localidades cuentan con los Consejo Locales de Participación, los Encuentros Ciudadanos y la apertura de diferentes instancias de participación sectorial en el marco del Sistema Distrital que deben ponerse en sintonía de la paz. En un segundo nivel, éstas cinco dimensiones deben integrarse a la incidencia por medio del fortalecimiento participativo con escenarios de formación ciudadana y hacia generación de diálogos que contribuyan a intercambiar entre el conjunto de actores implicados en la consolidación de paz Bogotá como lo son el Concejo, el Movimiento Social, las Víctimas, la población Excombatiente, las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, la institucionalidad y las iniciativas particulares sobre reconciliación, paz y Derechos Humanos.
Posibilidades de implementación del acuerdo de paz en Bogotá.
La gestión de políticas sobre la paz está condicionada no sólo por variables del entorno, sino también por las “reglas del juego” y los intereses de los actores en cualquier proceso; los movimientos tácticos y estratégicos que los actores juegan en el proceso de implementación dan lugar a la estructuración de tipos de acción a partir de las cuales éstos desarrollan sus discursos y prácticas que configuran iniciativas que son el resultado de un proceso altamente complejo de interacción estratégica entre quienes ponen en marcha las políticas y sus respectivas adaptaciones. Este punto es particularmente relevante, ya que los tipos de acción que se pretendan realizar sobre la paz y el Acuerdo Final posibilita la estructuración de relatos comunes y prácticas facilitadoras por parte de los actores e impactan sobre la decisión de política pública en el distrito.
Por lo anterior, en la ciudad y las más de 43 políticas públicas con las que hoy cuenta, debe concebir la paz como un elemento transversal para su proceso de implementación, éstas deben implicar la gestión de los sectores del gobierno distrital articuladamente, junto con las posibilidades locales y territoriales de los espacios de participación e incidencia ciudadana. La transversalidad debe ser diseñada a partir de la construcción del Plan de Desarrollo y de la voluntad de los sectores políticos y las disposiciones que orienta el marco normativo general a partir del Acto Legislativo 02 de 2017.
A continuación, se señalan algunas de las posibilidades centrales para la construcción de paz en la ciudad en el marco del Acuerdo Final.
1. Adecuación de la Política Pública de DDHH: ésta fue formulada y aprobada en el año 2019, fue producto de un esfuerzo principal por parte de la administración de Enrique Peñalosa, sin embargo, las limitaciones actuales obedecen al alcance del enfoque de paz y el fortalecimiento de su gestión, implementación y seguimiento de manera integral con las instancias de participación, organizaciones sociales, sectores políticos y acción local; de tal manera que, los ejes de Igualdad y no discriminación, Construcción de paz, Derechos civiles y políticos, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y el Acceso a la justicia que están consignados en ésta, deben permitir brindar una orientación clara para garantizar el objetivo de convertirse en una política amplia e incluyente que logre transversalizar planes, programas y proyectos de todos los sectores para la incorporación y garantía de los derechos humanos en el distrito capital.
2. Estatuto de la oposición: la nueva conformación del concejo de Bogotá y dinámicas actuales de movilización social en la ciudad deben propender por ejercer un desarrollo dialógico acorde al marco jurídico que se viene consolidando como ley 1909 de 2018, resoluciones 3085 y 3134 de 2018, y 3941 de 2019, que establecen específicamente los derechos adquiridos por ser oposición; éstas garantías políticas y de seguridad no solo son parte de una visión centrada en la acción partidaria de quienes se declaran bajo esta figura, sino también, se debe exaltar el reconocimiento de los escenarios de las organizaciones y movimientos sociales, garantías para la protesta, acceso a medios de comunicación y escenarios de interlocución y convivencia permanentes.
3. Participación ciudadana y fortalecimiento democrático: el Acuerdo Final establece “contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente.” (Acuerdo Final de Paz, 2016, pág. 46)., la Constitución Política de Colombia, artículos 339 y 340, el Sistema Nacional de Planeación, y el desarrollo de un enfoque transversal de una participación activa en la ciudad también puede fortalecerse por medio de la Ley 152 de 1994, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y ley 388 de 1997 (Consejos Nacional y Territoriales de Planeación), Ley 134 de 1994, los mecanismos de participación ciudadana como el Decreto Ley 1088 de 1993, el Decreto 1953 de 2014, la Ley 70 de 1993, la Ley 338 de 1997 y Ley 1454 de 2011 Planes de Ordenamiento Territorial y consultas ciudadanas, la Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015 y la Promoción y protección del derecho a la participación democrática y dinamismo del Sistema Distrital de Participación,
4. Protesta social: establecer unas formas de incidencia conjunta entre las instituciones y la ciudadanía para la revisión del marco normativo respecto a la movilización y la protesta; garantizar la atención temprana de peticiones y propuestas ciudadanas a las autoridades y promover la creación de garantías para el diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, debe ser armonizado principalmente en la ciudad con el protocolo impulsado por la Alcaldía Mayor que aún no cuenta con resorte normativo, el decreto 563 del 2015 que fue formulado y aprobado por diferentes sectores de la sociedad civil y la reactivación inmediata de la Mesa Distrital de Derechos Humanos son herramientas de diálogo social e interlocución permanente para blindar la protesta social y que se haga un adecuado seguimiento al proceso de vulneraciones contra los Derechos Humanos en relación con los actores vinculados directamente a los ejercicios de movilización social.
5. Enfoque de género: de la mano del fortalecimiento institucional de la Secretaria para la Mujer debe liderarse integralmente la implementación de la transversalidad del género y participación de las mujeres, garantizando su seguridad y construcción de una política de solución y cultura hacia los problemas de género, la atención y oportunidades para la población LGBTI y demás identidades sexuales. Hay un robusto marco normativo que contribuye al estímulo de decisiones eficaces sobre el tema y que lo podemos ver recogido en el CONPES 3932/2018 –PM, el Decreto 1418/2018, el Decreto Ley 2017/2016 sobre el Consejo Nacional de Reincorporación, el Decreto 896/2017, Decreto 893/2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 202 referente al “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”.
Sin ser éstas las únicas posibilidades de implementación del Acuerdo Final y construcción de paz en la capital, son unos instrumentos centrales que se pueden ubicar en el momento particular de la alcaldía mayor y la construcción ciudadana que implica el primer y segundo semestre del año en curso teniendo en cuenta el periodo de armonización y construcción del Plan de Desarrollo Distrital. Así como existen estas herramientas, también podemos ubicar los PDTS para la región del Sumapaz, la activación del cuerpo especial policivo para la desarticulación de grupos criminales y pos-desmovilización del paramilitarismo, el fortalecimiento de la política distrital de víctimas, el estímulo a programas de prevención y atención integral al problema de las drogas, entre otros instrumentos que deben garantizarse que estén consignados directamente en la formulación del PDD.
La ciudad de Bogotá debe sufrir de un entendimiento común entorno a los principios generales del proceso de implementación y construcción de paz a partir del Acuerdo Final; el territorio urbano como centro económico, realidades de desigualdad social, convergencia de identidades culturales diversas y como espacio central de la política, hoy se constituye como un potencial para las transformaciones que requiere el país en sintonía con un sentido de época para la paz mediante la consolidación de una nueva generación capaz de liderar las transformaciones requeridas en los espacios de incidencia bajo un enfoque de derechos, integración e inclusión territorial, fortalecimiento institucional, priorización, transparencia y el sentido de lo público, armonizado esto, en el marco de un principio dialectico entre el respeto a la vida, la construcción democrática y la justicia social.
Referencias: Defendamos La Paz, Viva la Ciudadanía, Común Acuerdo. (2020). Caja de herramientas para la formulación de planes de desarrollo para la construcción de Paz Territorial. Recuperado de: Versión Digital. Misión de Observación Electoral. (2019). Panorama político, tercer informe de resultados elecciones de autoridades locales 2019. Recuperado de: https://moe.org.co/panorama-electoral-2019/ López, C. (2019). Programa de Gobierno Claudia Alcaldesa 2020 – 2023. Recuperado de: https://bogota.gov.co/miciudad/administracion-distrital/programa-de-gobierno-de-claudia-lopez Centro de Estudios Territorio y Ciudad. (2017). 122 acciones del movimiento social y popular en la ciudad para implementar los acuerdos. Bogotá, Colombia: CETC. Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP. (24 de agosto de 2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Recuperado de: http://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/acuerdo-finalhabana.pdf
*Miembro número de la Dirección de Construcción de Paz
Mar 4, 2020 | Columnas de Opinión
Por: Juan Felipe Grillo
Aquella frase cliché que a diario escuchamos respecto que ”la educación es un derecho humano, motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza” se ha quedado simplemente ahí para los diferentes gobernantes; aun cuando estudios internacionales han demostrado como los niveles de ingresos de las personas, aumentan 9% por cada año adicional de escolarización.
El momento que afronta la ciudad en la
construcción de sus planes de desarrollo distrital y local se convierte en factor
decisivo y en reto para la nueva Alcaldesa, si se tiene en cuenta que la
segunda meta de su Plan de Gobierno, plantea reducir las brechas de desigualdad
que crean la discriminación, exclusión y pobreza a través de una educación
inclusiva, equitativa y de calidad. Es claro que la formulación y ejecución de
políticas públicas en materia de educación tiene como pilar fundamental,
satisfacer la demanda potencial del sector educativo y así garantizar el
derecho constitucional, de acceder a la educación para las niñas, niños y
adolescentes entre los 5 y los 16 años.
Históricamente las diferentes
administraciones distritales, han excluido al sector no oficial en los procesos
de diseño de una educación de calidad, cuando este sector ha sido fundamental
sí se tiene en cuenta que suple más del 40% de la oferta educativa, en
localidades como Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá que concentran
el 62% de la población en edad escolar (Secretaría de Educación Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2018).
Hay que resaltar, como a través de la de
educación y administración contratada, el Distrito ha logrado reducir el
déficit de cupos que se presenta en algunas localidades, proporcionando a los
estudiantes la posibilidad de acceder a instituciones con altos estándares en
calidad e infraestructura, además es válido evaluar cómo esta opción es costo
efectiva para el Distrito, si se tiene en cuenta que en las localidades
deficitarias donde se ha acudido a este modelo de servicio, siendo una solución
para niños y jóvenes que no requieren ser remitidos a colegios de otras
localidades, a través de servicios de rutas escolares, generando costos
adicionales no solo monetarios, sino de congestión para la ciudad, siendo más
favorable, en términos de comodidad para alumnos y padres.
No menos importante, es el hecho que la
actual administración debe llevar a cabo la revisión general del POT, en la que
es necesario generar instancias de participación y soluciones de fondo, frente
a la armonización del Plan Maestro de Equipamientos Educativos y los procesos
de regularización, en el cumplimiento de la norma urbana y la realidad de la
ciudad, desde la óptica del diseño y planeación bajo postulados de equidad y
desarrollo.
Es importante resaltar como la solución a las situaciones que se han planteado, se encuentran dentro de la órbita de la gobernanza distrital y no hay excusas como en el caso del desempleo, cuya solución depende de la ejecución de políticas macroeconómicas, por ello es pertinente exhortar al diálogo y la construcción de un futuro en torno a la educación.
*Columnista invitado.
