La reciente granizada en Bogotá y sus efectos en la ciudad nos recuerda que nuestras vidas y el funcionamiento de la ciudad siempre están a merced de las condiciones meteorológicas. Afortunadamente, los efectos de esta granizada no fueron mayores, pero eventos más extremos en el pasado, como las inundaciones que sufrió Bogotá entre 2010 y 2011 por la ocurrencia del Fenómeno de la Niña, nos recuerdan que la ciudad debe estar preparada para enfrentar las diferentes condiciones climatológicas que se esperan en el futuro próximo y lejano.
Gracias al activismo
climático que presenciamos en 2019 causado por una lectura quizás un poco
alarmista de un reporte especial del Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas publicado en 2018, el cambio climático
ha vuelto a tomar un papel importante en la política global. Este reporte titulado
“Calentamiento Global de 1.5℃”, tiene dos mensajes principales. El primero, es que existe la
necesidad de implementar medidas efectivas en todos los países para disminuir
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 si
queremos evitar un cambio climático con altas probabilidades de ser
catastrófico. Y el segundo mensaje, quizás el más importante, es que en términos
de cambio climático ya no podemos seguir pensando si lo podemos parar o no,
sino que ahora la pregunta que nos debemos hacer es qué tipo de cambio
climático queremos experimentar en los próximos años. En otras palabras, ya
existe un consenso por parte de la comunidad científica de que el cambio
climático es inevitable y que debemos es preocuparnos en encontrar maneras de vivir
bajos sus efectos y evitar que su magnitud sea catastrófica.
Este último
mensaje muestra que la adaptación al cambio climático cada vez se vuelve una
mayor protagonista de la acción climática. En la acción climática existen dos
tipos principales de acciones: la mitigación y la adaptación. Las acciones de mitigación
son todas aquellas acciones relacionadas con el proceso activo de combatir el
cambio climático al tratar de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a las actividades humanas (por ejemplo, incrementar el
uso de energías limpias). Por su parte, las acciones de adaptación son todas aquellas
acciones relacionadas con el proceso de lidiar con los riesgos asociados con el
cambio climático (por ejemplo, plantar más árboles en las ciudades para lidiar
con el aumento en las temperaturas). Hasta el momento, la mayoría de los
esfuerzos e inversión en temas de acción climática se han centrado en la
mitigación, pero como lo muestra el informe especial del IPCC más atención se
le debería prestar a la adaptación.
En un mundo
que es cada vez más urbano las ciudades van a tener un papel protagónico en los
esfuerzos en contra del cambio climático en el siglo XXI. Las ciudades son grandes
consumidoras de recursos y grandes emisoras de gases efecto invernadero.
Además, las ciudades son altamente vulnerables al cambio climático debido a una
serie de factores que incluyen su gran dependencia a infraestructuras
interconectadas, la presencia de poblaciones vulnerables y la concentración de
bienes culturales y económicos. Por esto, cualquier acción de mitigación o
adaptación que se desarrolle en las ciudades tiene el potencial de tener un
gran impacto.
Bogotá debe
sumarse a los esfuerzos globales de otras grandes metrópolis para enfrentar el
cambio climático. Según la más reciente comunicación nacional del IDEAM sobre
cambio climático publicada en 2017, Bogotá es una de las ciudades más
vulnerables al cambio climático en Colombia. Debido a su localización
geográfica y su población, los efectos del cambio climático van a producir
altos riesgos al suministro de alimentos, al suministro de agua y a la
infraestructura de la ciudad. La ciudad ha producido varias políticas de cambio
climático siguiendo el ejemplo y los requerimientos de la nación. Los primeros
esfuerzos se realizaron durante la alcaldía de Gustavo Petro cuando se modificó
el sistema de gestión del riesgo de la ciudad y se creó el Instituto Distrital
para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (IDIGER). Desafortunadamente,
debido a las diferencias políticas entre la administración de Enrique Peñalosa
y la de Gustavo Petro y por la poca atención que se les dieron a los temas
ambientales durante la administración de Peñalosa, la ciudad no avanzó efectivamente
en temas de adaptación al cambio climático en los últimos años. La creación del
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) pudo ser una oportunidad para consolidar
la estrategia de la ciudad para enfrentar al cambio climático, pero con el
rechazo del proyecto en el Concejo Distrital, la ciudad se encuentra de nuevo a
la espera de saber cómo se incluirán acciones de mitigación y adaptación en la
construcción de la ciudad en el próximo POT. Adicionalmente, aún no es clara la
posición de la actual administración de Claudia López en estos temas.
Para concluir, como he mostrado en esta columna, la adaptación cobra cada día más importancia en nuestra lucha contra el cambio climático. Las ciudades van a ser protagonistas en la lucha contra el cambio climático en el siglo XXI y Bogotá debe pensar cómo sumarse a los esfuerzos que ya otras metrópolis en el mundo han iniciado. Nos debemos hacer varias preguntas como quién y qué se debe adaptar, cómo se deben adaptar, con qué recursos, qué barreras existen para la adaptación, qué incentivos se necesitan o qué oportunidades existen. Todos estos son aspectos de lo que se denomina planificación de la adaptación al cambio climático. En una próxima columna pienso explicar cuáles son los principios la planificación a la adaptación y cómo Bogotá podría usarlos para prepararse para enfrentar el cambio climático.
*Columnista invitado de la Dirección de Infraestructura.
Es muy importante en la gestión de territorios valorar el conocimiento para construir de la mano de las nuevas tecnologías sobre lo construido, con bases sólidas que desarrollen a las localidades bogotanas, en la actualidad se puede afirmar que el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en la sociedad compone, muy posiblemente, el acontecimiento más relevante de los últimos tiempos, cada persona en nuestra sociedad es cada vez más digital y no se puede ser ajeno a esta realidad que es cada día más fuerte. En un contexto de cambio, cada vez es más estrecha la relación entre los individuos y las tecnologías digitales, es el elemento de más largo recorrido y de mayores alcances en los distintos órdenes de la vida cotidiana como lo es el económico, el político, el laboral, el lúdico, el social o el individual, enlazados en torno a la nueva dimensión de la comunicación que se está mediando, caracterizada por una serie de impactos que se pueden analizar desde tres perspectivas.
La primera perspectiva podría ser referida a los cambios en el ecosistema mediático, ya que, las tecnologías digitales permiten integrar en un mismo marco cognitivo a las diversas formas comunicativas existentes en la sociedad, tanto las derivadas de la comunicación con el entorno inmediato a los cuales se concentra la audiencia como las de masas, social o colectiva con la suma de toda su información. Entonces, podemos considerar la evolución de mecanismos comunicativos anteriores y el auge de otros, desarrollados específicamente en Internet y generadores de flujos comunicativos novedosos, los cuales, desde diversos puntos de vista, cuentan con una característica de comunicación de mucha información en red, y, por tanto, generar la ruptura de las coordenadas espaciotemporales, la multimedia, la hipertextualidad y la interactividad.
En la segunda perspectiva se puede mencionar que los nuevos medios de comunicación surgidos a raíz del desarrollo de las tecnologías digitales, fue un complemento, se trata de medios que se caracterizan necesariamente por ser parte de los distintos niveles de la comunicación de la información, potenciando la comunicación incluso en aquellos casos en los que parten de un referente claro en los medios convencionales, es decir, debemos pensar por un momento si este documento se publica en Internet en un archivo de libre acceso, cualquier usuario interesado en campos relacionados con los temas de apropiación de gobierno abierto que aquí se tratan, puede consultarlo a través de la Internet, descargarlo y editarlo en el formato que más se ajuste a sus necesidades y así, contribuir a su difusión; así mismo también puede encontrar todo tipo de información y acceder a datos de muy diversas formas como en los buscadores web, enlaces en otras páginas web, foros, a través de redes P2P, entre otras; y si esto es así, imaginemos el caso de publicar la misma información en papel, es indudable que su difusión sería mucho menor, no solo por tratarse de un producto físico con información valiosa de un individuo o de un colectivo y porque se ajustaría a un ámbito más específico, y derivaría además, de un marco de audiencia como más específico también como técnicos o investigadores. Entonces, Internet ha tenido, sin duda, un impacto evidente en la globalización de la información en la sociedad colombiana, y aunque hay aun limitaciones derivadas de aspectos como el idioma y lo cultural, su disponibilidad, es en todo caso, es mucho mayor hoy en día.
En la tercera perspectiva se debe considerar a las nuevas generaciones de personas, con un nuevo pensamiento y formas de interpretar la misma información en sí, que interactúan con las TIC activamente así como con otros usuarios e incluso para constituirse en emisor de la información, en este mismo caso al publicar un documento, vemos a un público que tiene la posibilidad no sólo de ejercer las acciones relacionadas a la lectura, sino también de interactuar directamente con los autores y lectores a través del correo electrónico, de una mensaje de Twitter o inbox, o de debatir sus contenidos en el foro del grupo de análisis creado en Facebook o WhatsApp, habilitado para tal efecto, o de cualquier otro espacio donde la información más que texto, se vuelva un conocimiento con una opinión y un análisis.
Lo anterior nos lleva a pensar que debemos entender el conocimiento como un factor clave en la sociedad y en los territorios de las localidades, dado que hoy en día, con la evolución del internet y el despertar de la curiosidad de las personas por incluirse en una sociedad de la información, se ven nuevos y diferentes modelos de inclusión digital; no es fácil en nuestra sociedad colombiana, hay mucha prevención, la resistencia al cambio y la brecha digital, pero hay que apuntar a que sean fuentes de un desarrollo humano y sostenible para nuestro entorno. Cada localidad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de conocimiento, por consiguiente, es necesario actuar para que los conocimientos, de que son ya depositarias las distintas sociedades, se articulen con las nuevas formas de elaboración, adquisición y difusión del saber valorizadas por el modelo de emprendimiento de la mano de las nuevas tecnologías que permitan la coocreacion y colaboración.
En el marco de una transformación Digital, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más profundas; el hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la intención de rechazar un modelo listo para su uso, que no tenga suficiencia en la diversidad cultural y lingüística, que es lo que nos permite a todos reconocernos e involucrarnos en los cambios que se están produciendo día a día. Hay diferentes formas de conocimiento que intervienen en la edificación de las sociedades, muy influidas por el progreso colaborativo, científico y técnico, entonces no se puede admitir que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación nos conduzca, a prever una forma única de sociedad posible.
De parte de cada ciudad no se debe construir a diario, una sociedad del conocimiento que integre a cada uno de sus miembros y promueva nuevas formas de pensamiento con las generaciones presentes y venideras de la mano de la tecnología; no deberían existir personas sin apropiación en las sociedades del conocimiento, ya que éste es un bien público, que ya está a disposición de todos y por eso en lo cotidiano vemos que los jóvenes están llamados a desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que suelen hallarse a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías y contribuyen a insertar la práctica de éstas en la vida diaria en los diferentes ámbitos locales, aunque las personas con mayor experiencia también están destinadas a desempeñar un papel importante, porque cuentan las vivencias necesarias para compensar la relativa superficialidad de la comunicación en tiempo real, toda sociedad posee la riqueza de un vasto potencial cognitivo que conviene valorizar en cada una de las localidades y que sea el insumo para que los lideres promuevan acciones que apalanquen el desarrollo en la ciudad.
“¡Profe!” gritan dos niñas corriendo hacia mí. “Profe, mire que en el salón se están insultando, y mire que….”, dicen mientras vamos caminando al salón en el cambio de clase. Al llegar me encuentro con dos estudiantes que están gritándose. Uno de ellos ha perdido su lápiz y no tiene nada más para escribir en clase. El otro es acusado de haberlo tomado, pero dice que no es verdad, y ahí se forma la gritería, mientras los demás solo miran o toman partido de uno u otro bando.
Cada uno de estos conflictos tiene varias capas por pequeños y sencillos que parezcan. Para solucionarlo no solo se necesita que aparezca el lápiz, también se necesita dar unos minutos de clase para entender por qué se enfrentan, cuáles son los valores e intereses que están en juego, y las razones que hacen que cada uno de los dos esté tomando esta posición. En ocasiones hay instituciones que manejan estudiantes mediadores* que ayudan a tratar las situaciones, mientras que la mayoría de veces el profesor a cargo de la clase es quien debe mediar en las situaciones que estén pasando en ese momento; es decir, apagar los incendios.
Pero, ¿qué debe tener en cuenta todo profesor (y directivo) para entender este tipo de conflictos dentro del salón de clases? ¿Qué factores están coincidiendo en ese instante en cada uno de los estudiantes y cómo provoca esto que estallen diferentes situaciones? Sabemos que cada uno de nuestros estudiantes es “un universo en sí mismo”, por lo tanto, proponemos adoptar una perspectiva ecológica como la de Bronferbrenner que permite pensarse este universo como algo más complejo, inmerso en otros sistemas que lo condicionan con reglas y/o valores morales, pero también otras particularidades para las cuales la empatía y la escucha son las puertas principales que permiten conocerlos.
El modelo de ecológico de Urie Bronferbrenner
El Modelo Ecológico de Bronferbrenner (MEB)** parte de la distinción de cuatro sistemas que componen el contexto en el cual se desenvuelven e interactúan las personas. En esta oportunidad hablaremos de los individuos que hacen parte de la comunidad educativa y volveremos al caso presentado anteriormente. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia la comunidad educativa está compuesta por estudiantes, padres de familia, educadores, administradores escolares, directivos docentes y egresados de la institución educativa. De ahí que el MEB permite entender cómo es la interacción de cada uno de estos actores cuando están influenciados por el entorno inmediato en el que se desenvuelven y también por sus ambientes de procedencia, lo que quiere decir que ambientes como el entorno familiar, la nacionalidad, las características del barrio y demás son esenciales a la hora de entender cómo se relacionan unos con otros dentro y fuera de la escuela.
Además, este modelo permite entender la relación interdependiente entre los ambientes *** en los que se desenvuelven los individuos que componen la comunidad educativa para poder comprender mejor las distintas capas que componen los conflictos dentro del aula. Entonces, cuando los actores de dos o más ambientes a los que pertenece el estudiante -por ejemplo colegio, familiares y/o acudientes- dialogan entre sí, están generando espacios de retroalimentación entre ambos contextos que permiten un flujo de información más completo, permitiendo una mejor comprensión en la actuación de los estudiantes; en particular cuando sus entornos más inmediatos están permeados por realidades complejas como desplazamiento forzado o migración.
Por eso, cuando los estudiantes tienen conflictos dentro del aula como el descrito con anterioridad, el profesor no solo debe parar su clase para determinar, en este caso, dónde está el lápiz. También debe hacer y hacerse preguntas como ¿quién lo tomó?, ¿por qué lo tomó?, ¿es una acción recurrente en ese estudiante?, ¿son compatibles las medidas que adopta el colegio en estos casos con las que se tomarían en su casa?, ¿existe algún antecedente familiar o contextual que impulse al estudiante a tomar sin permiso un objeto que no le pertenece?
Como lo mencionamos, no se trata únicamente de encontrar el lápiz, sino de poder entender de dónde viene la decisión que llevó a que el estudiante decidiera tomarlo, y entre todos construir soluciones que incluyan las dinámicas personales que cada estudiante tiene a partir de sus ambientes más cercanos (familia, barrio, nacionalidad) y conjugarlos con un contexto en común: el colegio y las normas que lo regulan. Este entendimiento es posible lograrlo cuando los profesores y directivos docentes tienen presente los ambientes de origen de sus estudiantes, los cambios en los mismos y la forma como cada uno los percibe. De esta manera, la comunidad educativa puede aproximarse a conflictos en el aula como el descrito al principio desde una perspectiva sistémica; realizando las preguntas correctas y permitiendo afrontar la situación de tal manera que se genere un espacio propicio para la construcción de entornos que permitan el desarrollo de habilidades socioemocionales cruciales para la solución de conflictos en el aula como la empatía.
El papel de la empatía, el dialogo y la escucha
Todos conocemos que la definición de empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto realmente? Brené Brown, trabajadora social e investigadora de las relaciones humanas y lo que genera conexión entre las personas nos dice que “empatizar es sentir con las personas (…), para poder conectarme contigo tengo que conectar con algo conmigo que conoce ese sentimiento que estás mostrando****. Este proceso pareciera ser fácil aunque la mayoría de las veces no somos conscientes de los pasos que generan esa empatía y permiten conectar mejor con la otra persona.
En ese sentido, la escucha, el diálogo y preguntas claves son dos herramientas que permiten una mejor interacción con las personas de la comunidad educativa. Además, hay que tener un conocimiento previo sobre el lugar o situación en que se encuentra el otro, o hacer las preguntas necesarias para comprender mejor sus sentimientos y lo que está enfrentando. También, las cuatro cualidades que debe tener una persona empática según Theresa Wiseman***** son:
Reconocer la perspectiva de la otra persona como la verdad que ella tiene.
Evitar juzgar.
Reconocer la emoción que tiene la otra persona .
Comunicárselo.
Ahora, retomando el ejemplo del inicio, la empatía en ese caso debería estar representada en el docente, quien debe pensar como niño/a, como los estudiantes, y desde allí intentar comprender el conflicto que surge. Sus preguntas, por lo tanto, en lo posible deben ser claras y con ánimos de esclarecer la situación. Su interlocución o mediación es propicia también para enfatizar a los demás estudiantes sobre la importancia de buscar alternativas distintas a los gritos, peleas o quejas para resolver conflictos que surgen en el aula, así como para promover la empatía en los chicos con el fin de fomentar el ejercicio de esta habilidad socioemocional cada vez que surja un nuevo conflicto.
Para terminar, sabemos que mediar las situaciones conflictivas es inherente al quehacer de los docentes y directivos en el día a día de la escuela. Si bien no hay una única solución para todas las circunstancias la escucha, la empatía y el diálogo constructivo son herramientas que permiten abordar la complejidad de los ambientes que confluyen en el salón de clase y generar ambientes educativos más comprensivos que a futuro den respuestas más adecuadas a cada situación particular. Por eso, invitamos a compartir estas herramientas con los mismos estudiantes, para replicar en la importancia de la escucha y la práctica de la empatía y que esto sirva también para prevenir conflictos más que para solucionarlos.
*** Por ambientes entendemos los contextos independientes que componen un sistema determinado. La familia, el barrio, nacionalidad y colegio son ejemplos de ambientes que componen microsistemas en los cuales un individuo se desarrolla. Cuando uno o más de estos ambientes interactúa, se generan nuevos flujos de información que se retroalimentan entre sí, construyendo sistemas más amplios.
En días pasados la ministra de justicia Margarita Cabello dio a conocer ante la opinión pública el borrador del proyecto de reforma a la justicia. Aunque éste se compone de un acto legislativo y de otras reformas ordinarias, la impresión que deja es que la iniciativa no será estructural y tampoco resolverá de fondo los problemas del sistema.
Es imposible negar la buena voluntad de la ministra y de su equipo de trabajo, pero el país está esperando una transformación radical de la rama judicial. Es insostenible mantener un estado de cosas como el actual, donde las decisiones tardan años y donde los ciudadanos han perdido por completo la esperanza de ver resueltas sus necesidades jurídicas ante un órgano que parece haber sido cooptado por la corrupción y la ineficiencia. Baste ver la imposibilidad que ha mostrado la misma Corte Suprema en llenar sus vacantes, resultado de las pugnas políticas que se gestan al interior de dicha corporación.
El acto legislativo es tibio, por decir lo menos y, en muchos de sus artículos, parece más responder a una coyuntura política que a los verdaderos problemas del sistema. En el proyecto se incluye una norma para evitar que los jefes de los órganos de control puedan aspirar a la presidencia apenas dejen su cargo. Esta es una iniciativa loable, pero de prosperar en el Congreso, parece ser más una zancadilla para las aspiraciones de Fernando Carrillo, quien ha resultado incómodo para el establecimiento en los últimos meses. Asimismo, el acto legislativo pretende avanzar de manera tímida en la consolidación de un sistema de precedentes. Sin duda, esta es una necesidad que se viene clamando a gritos desde hace ya tiempo en aras de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas. Habrá que ver si esta iniciativa prospera, teniendo en cuenta que ya ha sido tachada de inconstitucional en anteriores oportunidades.
El proyecto también avanza en la modificación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el aumento de la edad en sus términos que pasaría de 8 a 12 años y una propuesta por aumentar el presupuesto de la rama con base en reglas aún poco claras. Quizás lo que más llama la atención es la cosmética reforma al Consejo Superior de la Judicatura que, en vez de desaparecer, atornillará a sus magistrados; ahora se llamarán consejeros.
Sumado al acto legislativo, la ministra ha dicho que se está avanzando en la reforma de los consultorios jurídicos, agilización y ampliación de las funciones de los centros de conciliación y una reforma a la justicia agraria. Estas reformas se están adelantando a través de proyectos de ley ordinarios dado que no exigen cambios en la constitución. Al ser tramitados separadamente, el riesgo de que sólo uno de ellos sea enterrado en el trámite legislativo, rompería la coherencia de la propuesta del ministerio y volveríamos a tener reformas aisladas con un impacto mínimo en la estructura judicial.
Ese Frankenstein que se están inventando desde el gobierno recoge algunas cosas que sí resultan importantes en cualquier conato de reforma a la justicia. Sin embargo, son del todo insuficientes de cara a los enormes retos del sistema. No se habla, por ejemplo, de la especialización de jueces o de creación de unidades especiales de coordinación con la fiscalía y los grupos de investigación judicial; se dejan por fuera propuestas por avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, minería de datos, justicia inteligente y predictiva; tampoco se le hecha mano a los procesos y procedimientos, a la formación de los jueces o a la implementación del modelo de carrera judicial. No se aborda en ningún momento una estrategia para aumentar la eficiencia de la rama, combatir la corrupción, eliminar funciones nominadoras y la despolitización del sistema. Se quedaron por fuera temas tan importantes como el acercamiento al ciudadano, pedagogía de los derechos de acceso a la justicia, los modelos de justicia rural o incluso la desjudicialización de la litigiosidad en nuestro país.
En fin, son innumerables los problemas de la rama y son contadas con los dedos las propuestas presentadas por el gobierno. A todos nos conviene la reforma del sistema judicial, en particular a los ciudadanos más humildes que únicamente pueden acceder a sus derechos mediante acciones judiciales. Sin una justicia eficiente, transparente y oportuna, es difícil consolidar el Estado de Derecho que proclama nuestra constitución. Sin un modelo de justicia fuerte y que le responda a la ciudadanía para resolver sus necesidades lo que está en riesgo es el mismo sistema democrático colombiano.
Se necesita una reforma a la justicia y se necesita ya. Desafortunadamente lo que está en curso parece más una colcha de retazos que le sirva al gobierno para decir que, a diferencia de sus antecesores, logró finalmente avanzar en el mejoramiento del sistema judicial. Mucho, nos hace falta todavía mucho para que eso sea una realidad.
PERSPECTIVA DESDE EL ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Las ciudades son un conjunto de factores económicos, sociales y políticos cuyas unidades de administración y gobierno son las que están más próximas a las personas. Por tal razón, la responsabilidad primordial de los gobiernos locales es promover y sostener en el largo plazo procesos de desarrollo local sostenible, entendido como aquel que armoniza los entornos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y equidad social.
En la actualidad, el uso de los sistemas de transporte en las ciudades refleja una parte de las condiciones de calidad de vida de la población, es decir, que si existe un uso adecuado y eficiente de los sistemas de transporte (transporte público, transporte privado, ciclorutas y peatones), la población presentaran estados de bienestar significativamente altos y esto a su vez armoniza todos los sectores económicos de la misma.
Desde hace una década en el contexto internacional se están planteando soluciones a los problemas ambientales y sociales relacionados con la contaminación ambiental. En ciudades como Barcelona existe un Plan de Movilidad Urbana y a través de su implementación han adaptado los espacios urbanos de la ciudad para garantizar un reparto más equitativo entre los diversos medios de transporte, esto se refleja en la ampliación de espacios para la circulación de bicicletas, ampliación en la cobertura de la red de buses y ampliación de aceras y calles con el fin de avanzar hacia la puesta en marcha de un modelo de movilidad sostenible.
Cali, que cuenta con cerca 2.252.616 habitantes, es una ciudad con un potencial económico enorme pero con una problemática social compleja. En las zonas periféricas de la ciudad se encuentran unos niveles bajos de desarrollo y esto se debe a que las inversiones respectos a proyectos de largo plazo no lograr resultados de alto impacto. En cada cambio de gobierno se instalan proyectos que, por lo general, duran los periodos del mismo, generando resultados negativos en el mediano y largo plazo, dado que se deben volver a destinar recursos económicos para solucionar los problemas estructurales de los proyectos y planes implementados en el corto plazo. Dentro de las inconformidades presentes en los caleños, es claro que el tema de movilidad y transporte urbano, es una problemática sin resolver, dado que aún persiste bajos niveles de cobertura del transporte público y congestiones viales en la ciudad.
En Cali, la idea de estar a la “vanguardia” en temas de movilidad y transporte público nació con la puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo, conocido como MIO. Esto generó una completa transformación de la estructura de la ciudad, dado que se creó todo una serie de vías y estaciones que van desde la zona norte a la zona sur. De acuerdo a un estudio realizado en 2011, la propuesta del sistema de transporte público masivo para la ciudad de Cali recibió el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, inicialmente, se planteaba la implementación de un tren ligero con una red básica de dos líneas, después se optó por la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo basado en buses de altas prestaciones, denominado Masivo Integrado de Occidente (MIO). Este sistema, que inició operación en marzo de 2009 después de varios años de retraso en la construcción y adiciones al presupuesto inicial, es el proyecto bandera en movilidad y transporte de la ciudad de Cali, movilizando unos 185.000 pasajeros diarios. Hasta el año 2019, el Sistema ha movilizado 1.208.648.818 pasajeros. Actualmente, la operación de los buses y la prestación del servicio de transporte en la ciudad no ha generado cambios significativos, dado que no se ha convertido en un incentivo para no usar transporte privado por las condiciones regulares a las que se expone el ciudadano usando el servicio. Este proyecto ha pasado por 2 alcaldías, se han destinado en inversión $2 billones, y ninguna ha logrado que la ciudadanía identifique el sistema de transporte como bueno, iniciando por la cobertura porque en la zonas periféricas de la ciudad no se cubren las rutas necesarias y en las zonas donde se cubre, la demanda del servicio supera la oferta de rutas de los buses pretroncales y troncales.
La alcaldía de Maurice Armitage tomó cartas en el asunto en mayo de 2019. A través del decreto 0332 actualizó el plan integral de movilidad urbana de la ciudad y definió de manera detallada los proyectos que se llevarán a cabo para la recuperación ambiental y paisajística de los elementos del sistema de movilidad. Por ejemplo, desde el contexto urbanístico se planteó un tratamiento especial para los separadores viales y andenes. El objetivo fue ampliar las zonas de espacio público en la ciudad, estructurar una red de infraestructura para la movilidad en bicicleta y permitir la intermodalidad con otros medios de transporte como el transporte público. Para esto analizó la cobertura y funcionamiento de los medios de transporte y los aspectos transversales a la movilidad como es la seguridad vial, la accesibilidad, los porcentajes de accidentalidad, las emisiones y el consumo de combustible.
Es importante mencionar que el objetivo establecido en el Plan Integral de Movilidad Urbana es fomentar un modelo de movilidad multimodal e intermodal con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la ciudad, pero es innegable que por la tardía en la estructuración de dicho plan, no se logró llevar a cabo las modificaciones necesarias para mejorar la movilidad y darle un cambio importante al sistemas de transporte.
Dentro de lo mencionado anteriormente es importante reconocer que en el gobierno de Armitage, Cali se convirtió en ciudad pionera en movilidad sostenible en Colombia debido a la llegada y puesta en marcha de 26 buses eléctricos para formar parte del sistema integrado de transporte. Sin embargo estas acciones aún distan de solucionar los problemas de congestión vehicular; por ejemplo, se han aprobado licencias de construcción en sectores del sur de la ciudad sin considerar el desarrollo de vías de circulación y tráfico. Además, hay muchos,los problemas de movilidad en el occidente: hay baja frecuencia de buses y el mal estado de los mismos que genera inconformidad en los usuarios; en tercera instancia, los problemas movilidad en bicicleta, a pesar de que la ciudad cuenta con 58 kms de ciclorrutas es necesario reubicar algunas de estas rutas para evitar generar un problema de congestión vehicular mayor al presentado y por último, el estado de las vías, dado que la capa asfáltica presenta deterioro y es necesario realizar un mantenimiento preventivo a las vías.
En conclusión, Cali ha avanzado en mejorar y adecuar las necesidades de movilidad de los ciudadanos, estableciendo horarios para la circulación vial en zonas congestionadas y ampliando la cobertura de rutas del servicio integrado de transporte masivo en el centro de la ciudad. Armitage plantó unas semillas con el Plan Integral de Movilidad Urbana pero Ospina debe pensar en prolongar las vías, por ejemplo la avenida ciudad de Cali, aumentar las rutas de los buses pretroncales y alimentadores hacia las zonas periféricas de la ciudad y destinar vías con especificación de ciclorrutas en puntos intermedios y de conexión con las estaciones del transporte masivo para incentivar el uso de la bicicleta como medio transporte, todo lo anterior, como estrategia para lograr que se materialicen los objetivos plasmados en el plan de movilidad, que se ha pensado desde hace cerca de una década.
*Miembro número Dirección de Transporte y Asuntos Urbanos.
¿Se imagina qué, para que un juez resuelva un proceso judicial, para que un médico atienda a su hijo de urgencias en un hospital o gestionar el documento que necesita para iniciar un emprendimiento económico tuviera que pagar una coima o dádiba en dinero? ¿Le resulta extraño que ocurra? ¿Y si no tiene dinero para pagar? ¿Qué sucedería si de manera adicional a esto la persona encargada de tomar la decision le pide ir al cine o a un bar? ¿Y, si ademas le coaccionan para que tenga que mantener relaciones sexuales con dicho funcionario como forma de pago? ¿Le es extraño que ocurra?
Algunos de estos comportamientos son formas de corrupción que
afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas en América Latina y el mundo. En
algunos constituyen casos de la
denominada ‘pequeña corrupción’, y otros forman parte de un fenómeno de carácter sistémico.
La extorsión sexual o «sextorsión» se produce
cuando los encargados del poder lo utilizan para explotar sexualmente a los que
dependen de ese poder. Es una forma de corrupción asociada al género, que
ocurre tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y que afecta a niños, adultos,
individuos vulnerables (como inmigrantes indocumentados que cruzan fronteras) y
profesionales. Si bien la evidencia muestra que las mujeres son afectadas
desproporcionadamente, los hombres, las personas transgénero y de género no
binario, también se ven golpeados por ello (Feigenblatt, 2020).
Según
la VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú, si una
mujer pide un soborno, es más probable que sea dinero en un 68% de los casos;
solo un 4% respondió que solicitaría favores sexuales. Si un hombre pide un
soborno, reclamaría dinero en un 62%, seguido de favores sexuales en un 52%. El
fenómeno se presenta para acceder a servicios como la educación, la justicia,
la salud y trámites diversos, en los cuales las mujeres son más dependientes,
ya sea a título personal o como cuidadoras de su núcleo familiar.
LA VISIÓN REGIONAL DEL PROBLEMA
El Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el
Caribe de 2019[1],
publicado por Transparencia Internacional, reveló que, en los países
encuestados, una de cada cinco personas manifiesta haber sufrido la extorsión
sexual al acceder a servicios públicos, o bien conoce a alguien que ha pasado
por esta situación. El setenta y uno por
ciento de los encuestados opina que la extorsión sexual se da, al menos
ocasionalmente, y solo un ocho por ciento piensa que nunca sucede. La encuesta también reveló que las mujeres
son significativamente más propensas a pagar sobornos por servicios de salud y
educación en escuelas públicas[2].
Esto es un indicativo de la importancia de la dimensión
que debe tener el género en las estrategias, planes y prácticas anticorrupción.
Debe profundizarse el entendimiento de la vinculación entre corrupción y
violencia de género, dos temas que afectan de manera especial a la región de
América Latina.
A propósito de la
importancia de dimensionar lo que significa el 8 M para la consecución de la
igualdad y empoderamiento de las mujeres, así como la necesidad de que dicha
celebración se traduzca en acciones para la obtención de este objetivo de desarrollo
sostenible (ODS No 5), es importante
reflexionar sobre una problemática que a penas empieza a ser visible pero que
socaba de manera importante el estado de derecho, el desarrollo social, económico
y la consecución de derechos fundamentales.
Precisamente la corrupción se constituye como un
impedimento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino, los
cuales son necesarios para fortalecer la gobernanza democrática, el desarrollo
social y el crecimiento económico. De allí que sea fundamental vincular el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, sobre la consecución de paz,
justicia e instituciones sólidas, y el ODS número 5, sobre igualdad de género y
empoderamiento femenino, con el apoyo entre otros del ODS 17, alianza para
lograr los objetivos.
Que sea esta una
oportunidad para visibilizar la manera en la que se vinculan estos dos flajelos
que afectan gravemente al país, poner de presente que la corrupción impacta de
forma diferenciada a las mujeres, de qué manera en qué dimensión, cómo
prevenirla y perseguirla. En línea con las conclusiones de la VIII Cumbre de
las Américas de 2018, en la cual se acordó “promover la equidad e igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras
políticas anticorrupción”.
ALGUNOS OBSTÁCULOS
La sextorsión tiene
dos caras: como delito asociado a la corrupción
y como violencia de género. La
problemática está, en gran medida, soterrada, pues no todos los países procesan
estos casos como de corrupción. En Guatemala, por ejemplo, la misma situación
posiblemente se entendería como un delito contra la mujer. Por su parte, en
Perú se entiende como manifestación de corrupción pero las víctimas no son las
resarcidas por el daño; lo que, hasta cierto punto, invisibiliza el componente
de delito contra la mujer. La escasa jurisprudencia
en Colombia, también presenta esta dicotomía. El
crimen no siempre es entendido de forma integral, como manifestación de la
corrupción que afecta de manera diferenciada al género femenino.
Existen pocos datos
para dimensionar y medir el problema ya que faltan mayores estudios empíricos,
rutas claras de detección, prevención, persecución y tratamiento a víctimas y
testigos. Y en caso de que una persona quisiera
alzar la voz, y poner de presente una situación de extorsión sexual, hay que
vencer muchos obstáculos desde la normalización de la conducta, el miedo a la denuncia
entre otras barreras invisibles que se enfrentan.
Sin embargo, se están dando avances en la región promovidos
desde diferentes redes como la Red Iberoamericana de Fiscales contra la
Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el
Grupo de Trabajo Conjunto Cumbre Américas, el G20, Transparencia Internacional,
ONUMUJERES, y también el apoyo de programas de cooperación como EUROsociAL+
entre otros.
Es importante trazar una hoja de ruta que permita
visibilizar el daño que la corrupción causa a las mujeres, desarrollar
herramientas prácticas para combatirla e implementar programas piloto en
diferentes países latinoamericanos. Se deben generar estrategias de
comunicación, sensibilización y educación que pongan de manifiesto las
prácticas corruptas que impactan en mujeres y niñas. También es preciso generar
datos con enfoque de género que permitan dimensionar la problemática en el
contexto de América Latina.
Asimismo, resulta prioritario fomentar la denuncia
y hacer visibles más casos de soborno, tráfico de influencias o cohecho en los
cuales la moneda de pago, además de dinero, son favores de naturaleza sexual u
otros, a lo que están principalmente están expuestas las mujeres. Eso implica
revisar la política criminal de los Estados y estudiar la tipificación y el
tratamiento de la extorsión sexual como delito de corrupción.
Además, se debe plantear el desarrollo de políticas
de protección a los denunciantes de estos hechos y establecer formas
especializadas e integrales de investigación, las cuales deben estar
articuladas entre autoridades y entre otras medidas que empiecen a generarse en
la región.
Lo anterior, es un llamado a actores nacionales,
regionales y multilaterales en América Latina y el Caribe a que prioricen y
desarrollen una estrategia regional integrada para abordar las formas de
corrupción de género, incluida la extorsión sexual.
¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL PROBLEMA EN COLOMBIA?
Colombia no es ajena a esta problemática. Los datos
del Barómetro Regional muestran que el 16% de los colombianos manifestaron el haber
sufrido la extorsión sexual con un método para poder acceder a servicios
públicos o que conoce a alguien que lo ha experimentado.
Existen investigaciones sobre sextorsión asociadas al
acceso al agua en Bogotá. Este fenómeno funciona así: se entiende que las
mujeres son las principales responsables de garantizar el acceso al agua de la
familia. Si no llega al hogar, a través de tuberías, tienen que caminar varios kilómetros
hasta la fuente más cercana. Por otra parte, sobre las mujeres recaen también
las tareas que necesitan agua, tales como: limpiar, cocinar, cultivar. Lo anterior genera
presión en las mujeres y las expone a prácticas de corrupción que van desde el
pago de un soborno en dinero, hasta la obligación de tener relaciones sexuales
Así mismo, hay decisiones judiciales que evidencian la
vinculación entre funcionarios públicos y redes de trata de personas con fines
de explotación sexual y tráfico de migrantes. Estas son bases importantes para
reflexionar en el país sobre la dimensión en que la corrupción puede estar
afectando de manera diferenciada a mujeres y niñas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, presenta las
bases para el diseño e implementación de acciones concretas contra la
corrupción, el gran reto es ser capaces de incluir la transversalización del
enfoque de género en la Política Anticorrupción que se desarrollen documentos
CONPES y demás instrumentos para este fin.
Se debe también fomentar un diagnóstico sobre la
naturaleza y alcance del problema en nuestro país. Entender, si se requieren
ajustes normativos o de otra naturaleza frente a fenómenos como la sextorsión, todo
esto debe ir de la mano con instituciones tales como: la Fiscalía, el Poder
Judicial, la Procuraduría y la Alta Consejería de la Mujer.
Desde AlCentro hacemos un llamado a que en Colombia se dé
la oportunidad de abrir esta discusión y visibilizar una forma de corrupción
que afecta especialmente a las mujeres. La igualdad y empoderamiento femenino
son fundamentales para el desarrollo económico y social, y como se observó en
este documento, la corrupción es una de sus principales barreras.
*Directora Dirección Lucha Contra el Crimen Organizado
